El asesinato del jefe de inteligencia militar de las fuerzas orientales y los ataques con drones contra instalaciones energéticas en Zawiya fueron a colocar a Libia frente a una evidencia incóómoda: quince años después de la intervención de la OTAN y la caída de Muammar Gaddafi, el país no ha reconstruido un Estado nacional sino un equilibrio entre poderes armados, familias, instituciones paralelas y actores extranjeros.

El asesinato del general Fawzi al-Mansouri, jefe de la inteligencia militar de las fuerzas asentadas en el este de Libia, no puede leerse únicamente como un episodio más dentro de la larga secuencia de violencia que atraviesa el país desde 2011. Al-Mansouri murió el 10 de agosto en Benghazi cuando un explosivo colocado en su vehículo detonó en el área de Hawari. Hasta el momento no existe una reivindicación pública del atentado ni evidencia suficiente para atribuir responsabilidades. Esa ausencia obliga a evitar conclusiones apresuradas, pero no disminuye la dimensión política del hecho: quien fue alcanzado pertenencia al núcleo de seguridad de la estructura militar construida por Khalifa Haftar en el este del país.

Casi simultáneamente, a cientos de kilómetros de Benghazi, una sucesión de ataques con drones tocando instalaciones petroleras y eléctricas de Zawiya, uno de los principales centros energéticos del oeste libio. Tanques de combustible, instalaciones de la refinería y posteriormente infraestructura eléctrica fueron alcanzados durante varios días consecutivos. Tampoco en este caso existe una autoridad públicamente comprobada. Vincular ambos acontecimientos como partes de una misma operación sería avanzar más allá de las evidencias disponibles. Sin embargo, observados en conjunto revelan algo quizás más importante que la identidad inmediata de sus responsables: la fragilidad del equilibrio sobre el cual se construyó la aparente estabilización libia de los últimos años.

Libia no está nuevamente en guerra civil abierta. Pero tampoco está en paz. Lo que existe desde el alto el fuego de 2020 es una armada de paz, sostenida por un reparto territorial, militar y económico que permitió congelar el conflicto sin resolver ninguna de sus causas. Durante años funcionó porque los principales actores comprendieron que intentar conquistar todo el país podía resultar más costoso que administrar una parte de él. Ese equilibrio comienza ahora a mostrar fallas.

Dos Libias, pero cada vez más fracturas

La descripción habitual presenta a Libia dividida entre dos grandes polos. En el oeste, el Gobierno de Unidad Nacional de Abdul Hamid Dbeibah mantiene su sede en Trípoli y conserva el reconocimiento internacional. En este caso, el Gobierno de Estabilidad Nacional encabezado por Osama Hammad funciona bajo la protección política de la Cámara de Representantes y, principalmente, bajo el poder militar de Khalifa Haftar y sus Fuerzas Armadas Árabes Libias. La división existe y continúa siendo determinante. Pero ya no alcanza para explicar el país.

El Gobierno de Dbeibah nunca consiguió transformar su reconocimiento internacional en monopolio efectivo de la fuerza. Trípoli y buena parte del oeste permanecen atravesados ​​por redes armadas con autonomía económica, territorial y política. Algunos se integraron formalmente a estructuras estatales; otras negocian con ellas; varias hacen ambas cosas simultáneamente. La frontera entre instituciones estatales y grupo armado se volvió deliberadamente borrosa. El Estado paga salarios, distribuye cargos y estructuras financieras que, en determinadas circunstancias, pueden desafiarlo.

Zawiya expresa de manera particularmente clara esa contradicción. Allí convergen la refinería, instalaciones estratégicas para el abastecimiento nacional, redes comerciales y grupos armados locales que disputan territorio, rentas y posiciones dentro del aparato de seguridad. Que infraestructura energética fundamental pueda ser atacada repetidamente sin que el Estado pueda impedirlo ni establecer inmediatamente responsabilidades muestra hasta qué punto la soberanía libia continúa fragmentada.

El este parece, una primera vista, diferente. Khalifa Haftar logró construir allí una estructura militar mucho más centralizada que la existente en Trípoli. Desde Benghazi ampliando su influencia hacia buena parte del sur, aseguró posiciones sobre corredores estratégicos y construyó una red de alianzas tribales, empresariales y militares. Esa concentración permitió presentar al territorio oriental como el espacio más estable del país. Pero estabilidad no significa institucionalización.

Gran parte de ese orden depende de una persona de 82 años y de la capacidad de su familia para administrar la estructura construida alrededor de ella. Por eso el verdadero interrogante estratégico de este libio ya no es solamente cuánto territorio controla Khalifa Haftar. Es qué ocurrirá con ese territorio cuando Haftar deje de ser el árbitro del sistema.

La respuesta comenzó a construirse antes de que la pregunta pudiera formularse abiertamente.

Saddam Haftar se convirtió progresivamente en una de las figuras centrales del aparato militar y diplomático del este. Khaled Haftar consolidó responsabilidades dentro de las fuerzas armadas. Belgacem Haftar ocupa posiciones vinculadas a la reconstrucción y la administración económica. Otros integrantes de la familia participan en distintas áreas del sistema. Lo que inicialmente fue una estructura militar organizada alrededor de Khalifa Haftar está adquiriendo rasgos de arquitectura familiar del poder. La sucesión, por lo tanto, no es un problema futuro. Ya está ocurriendo.

El creciente protagonismo de Saddam resulta especialmente significativo. No solamente ocupa posiciones militares: se transformó en interlocutor de potencias extranjeras y participó en negociaciones que atravesaron la división territorial. El acuerdo alcanzado este año para establecer el primer presupuesto nacional unificado desde 2013 fue negociado, en buena medida, entre Saddam Haftar e Ibrahim Dbeibah, sobrino del primer ministro de Trípoli. La imagen resulta reveladora: mientras formalmente existen dos gobiernos enfrentados, miembros de las dos familias políticamente más poderosas pueden negociar directamente la administración de los recursos nacionales.

Aquí aparece una transformación fundamental. La libia ya no es exclusivamente horizontal —este contra oeste— sino fractura también vertical: dentro de cada bloque se desarrolla una competencia por quién administrará el poder, las rentas y las alianzas internacionales durante la próxima etapa.

El asesinato de Fawzi al-Mansouri adquiere importancia dentro de ese contexto. No porque existe evidencia que permita atribuirlo a una disputa sucesoria —no la hay— sino porque demuestra que incluso el aparato de seguridad construido alrededor de Haftar puede ser penetrado. En un sistema cuya legitimidad descansa en buena medida sobre la capacidad de garantizar el orden, alcanzar al responsable de inteligencia militar constituye necesariamente una señal política.

A esta arquitectura hay que sumar otro actor frecuentemente subestimado: las corrientes gadafistas. La muerte de Saif al-Islam Gaddafi en febrero de 2026 eliminó a quien podía reunir electoralmente una parte significativa de la nostalgia política por el Estado anterior a 2011, pero no hizo desaparecer su base social. Sectores tribales, antiguos cuadros administrativos y franjas de población que asocian la etapa gadafista con estabilidad, soberanía y funcionamiento estatal continúan formando parte del escenario. Sin una figura capaz de unificarlos, permanecen dispersos, pero pueden transformarse en una reserva política disputada por otros actores.

El tablero extranjero también está cambiando

Sería imposible comprender esta estructura sin regresar a 2011. La intervención de la OTAN no produjo simplemente la caída de Muammar Gaddafi . Destruyó el centro político y militar que articulaba el Estado sin construir una estructura capaz de reemplazarlo. La fragmentación posterior no fue un accidente separado de aquella intervención: fue una de sus consecuencias históricas. Sobre ese vacío se instalaron potencias regionales y globales.

Rusia se convirtió en el territorio controlado por Haftar en una pieza importante de su estrategia africana y mediterránea. La presencia rusa no debe analizarse únicamente en términos libios: el país ofrece profunda logística hacia el Sahel, proximidad al Mediterráneo central y acceso a posiciones estratégicas frente al sur europeo. Tras el repliegue occidental de varios países sahelianos, esa dimensión adquirió todavía mayor importancia.

Egipto considera al este libio parte de su profundidad estratégica. La frontera común, la circulación de armas y grupos armados y la necesidad de impedir la instalación de fuerzas hostiles explican su relación histórica con Haftar. Emiratos Árabes Unidos también fue durante años uno de los principales apoyos políticos, económicos y militares del bloque oriental.

Turquía construyó inicialmente su posición desde el extremo opuesto. Su intervención militar en 2019 y 2020 fue decisiva para detener la ofensiva de Haftar contra Trípoli. Ankara aseguró la presencia militar, acuerdos económicos y, principalmente, el convenio de delimitación marítima firmado con las autoridades occidentales, pieza central de su estrategia en el Mediterráneo oriental.

Turquía comenzó a desarrollar relaciones cada vez más visibles con el este y particularmente con Saddam Haftar. El movimiento no significa abandonar Trípoli. Significa algo más cómodo: Ankara intenta garantizar que, cualquiera sea la futura arquitectura libia, sus intereses permanezcan protegidos. La vieja ecuación que ubicaba automáticamente a Turquía detrás del oeste ya Egipto, Rusia y Emiratos detrás del este explica cada vez menos.

Las potencias extranjeras también comprendieron que la reunificación libia puede no ser condición necesaria para hacer negocios en Libia.

Italia necesita energía, estabilidad mediterránea y control de las rutas migratorias. Francia mantiene intereses energéticos, económicos y de seguridad regional. Estados Unidos intenta evitar que Rusia convierta su presencia militar en una plataforma permanente sobre el Mediterráneo mientras procura recuperar capacidad de mediación política. La Unión Europea, mientras tanto, continúa observando a Libia principalmente desde dos preocupaciones: hidrocarburos y migración.

La contradicción resulta evidente. Las mismas potencias occidentales que participaron de la destrucción del Estado libio en 2011 reclaman ahora instituciones capaces de controlar las consecuencias de aquella destrucción, especialmente cuando esas consecuencias alcanzan las costas europeas.

Pero existe una diferencia todavía más profunda. Durante los primeros años posteriores a 2011, las potencias externas intentaban influir sobre quién gobernaría Libia. Hoy varias parecen haberse adaptado a una realidad diferente: no necesitan necesariamente controlar todo el Estado libio si pueden garantizar sus intereses negociando con quienes controlan fragmentos estratégicos del territorio.

Rusia puede negociar seguridad y posiciones militares en el este. Turquía puede preservar sus acuerdos marítimos desde Trípoli mientras abre canales con Benghazi. Italia puede negociar energía y migración. Estados Unidos puede impulsar acuerdos económicos entre las dos estructuras. Egipto puede asegurar su frontera occidental. Los actores libios, a su vez, utilizan esas relaciones internacionales para reforzar sus propias posiciones internas.

La fragmentación dejó entonces de ser solamente un problema a resolver. Para algunos actores comenzaron a transformarse en un sistema administrable. Y allí reside quizás el principal obstáculo para la reconstrucción del Estado.

Libia posee las mayores reservas probadas de petróleo de África. Su producción petrolera continúa siendo el corazón de las finanzas públicas y prácticamente el único mecanismo capaz de sostener simultáneamente las administraciones, salarios, subsidios y redes clientelares de los distintos territorios. Por eso la disputa fundamental no ocurre solamente alrededor de ministerios o parlamentos: ocurre alrededor de quién controla la producción, quién administra los ingresos y cómo se distribuyen. Paradójicamente, el petróleo es al mismo tiempo lo que mantiene unido al país y aquello que financia su fragmentación.

La Corporación Nacional de Petróleo continúa funcionando como una de las pocas estructuras reconocidas nacionalmente. El Banco Central cumple otra función semejante. Pero alrededor de ambas instituciones existe una negociación permanente entre poderes políticos y militares que necesitan acceder a una renta producida por un Estado cuya reconstrucción ninguna ha logrado completar.

Los ataques contra Zawiya introducen precisamente esa dimensión. Golpear infraestructura energética significa tocar el nervio económico que permite sostener todo el sistema político libio. Por eso, aún sin conocer todavía quién ordenó los ataques, su importancia estratégica excede ampliamente los daños materiales provocados.

Quince años después de 2011, Libia continúa pagando el costo de una intervención presentada entonces como humanitaria y concluida militarmente mucho antes de que existiera un Estado capaz de sobrevivir a ella. El resultado no fue la democracia prometida sino la multiplicación de centros de poder, fuerzas armadas, gobiernos paralelos y tutelas extranjeras.

Sin embargo, reducir la crisis actual exclusivamente a aquella intervención también sería insuficiente. Durante estos quince años se consolidaron élites locales que aprendieron a obtener beneficios de la fragmentación. Familias políticas, comandantes militares, empresarios, redes de contrabando y administradores de instituciones públicas construyeron intereses propios dentro del sistema. La dependencia externa y las disputas internas terminaron alimentándose mutuamente.

La gran fractura entre Trípoli y Benghazi continúa existiendo, pero debajo de ella aparecen otras. Dbeibah debe administrar un oeste atravesado por grupos armados que no controlan completamente. Haftar necesita garantizar que la estructura que construyó sobreviva a su propia figura. Sus hijos disputan posiciones dentro de una sucesión que todavía no ha sido formalizada. Los gadafistas buscan reorganizarse después de la desaparición de Saif al-Islam. Las potencias extranjeras diversifican sus alianzas para no depender de un único actor.

Mientras tanto, las elecciones nacionales prometidas desde 2021 continúan desplazándose hacia adelante. Los mecanismos internacionales proponen nuevas hojas de ruta, diálogos y acuerdos institucionales, pero el problema central permanece: quienes deberían transferir poder mediante una elección son, precisamente, quienes más tienen que perder si el reparto actual termina.

El asesinato de Fawzi al-Mansouri y los drones sobre Zawiya no anuncian necesariamente una nueva guerra civil. Sería prematuro afirmarlo. Pero sí advierten que la paz armada construida durante los últimos seis años comienza a encontrar sus límites.

La próxima crisis libia podría no reproducir la guerra anterior. Quizás no veamos nuevamente dos grandes ejércitos avanzando uno contra otro desde extremos opuestos del país. El escenario potencialmente más peligroso puede ser diferente: la fragmentación de la fragmentación, una disputa dentro de los propios bloques por controlar las estructuras económicas, militares y territoriales que surgieron después de 2011.

En ese escenario, la sucesión de Khalifa Haftar será una variable decisiva. También lo será la capacidad de Dbeibah para conservar el equilibrio de fuerzas en el oeste y la posibilidad de que los ingresos petroleros continúen funcionando como mecanismo de negociación nacional.

Libia sigue figurando en los mapas como un único Estado. Tiene bandera, Banco Central, empresa nacional de petróleo y representación internacional. Pero debajo de esa formalidad existe un territorio donde distintas estructuras armadas y políticas administran soberanías parciales y donde las potencias extranjeras han aprendido a negociar con ellas.

Ese puede ser el legado más profundo de la guerra de 2011: no solamente haber destruido un gobierno, sino haber convertido la disputa por el Estado en una disputa por sus fragmentos.

Los acontecimientos de Benghazi y Zawiya muestran que tampoco ese orden fragmentado está garantizado. La pregunta que comienza a plantearse ya no es únicamente cuándo volverá Libia a reunificarse. Es otra, más inmediata y quizás más inquietante: cuánto tiempo puede seguir funcionando el equilibrio que evitó una nueva guerra sin haber construido todavía una verdadera paz.

Fuente: PIA