La política venezolana atraviesa una nueva etapa de negociaciones en la que el Gobierno y un sector de la oposición han decidido volver a sentarse frente a frente para discutir asuntos que durante años estuvieron atravesados por la confrontación, las sanciones y la presión internacional.
El primer ciclo de conversaciones, concluido en agosto, colocó sobre la mesa la recuperación de activos venezolanos retenidos en el extranjero y la atención de las consecuencias materiales de los terremotos de junio. Al mismo tiempo, abrió el camino para una renovación del Tribunal Supremo de Justicia y una reforma de su marco legal. Un mes después, la negociación incorpora la libertad de expresión, la pluralidad del pensamiento y el derecho a la información, además de mecanismos destinados a verificar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.
LOS acuerdos SERVIDOS EN la mesa
El primer ciclo de conversaciones, cerrado el 12 de agosto, permitió establecer una agenda que combinó una emergencia concreta —las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio— con asuntos centrales de la arquitectura institucional venezolana. Después de cinco sesiones técnicas y cinco reuniones plenarias, el Gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 acordaron concentrar esfuerzos en dos frentes: la recuperación de activos venezolanos retenidos en el exterior y la transformación del sistema de justicia.
El primer asunto tiene como eje las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra. Las partes acordaron promover conjuntamente su recuperación y establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para administrar los recursos que eventualmente sean restituidos. El destino planteado para esos fondos está vinculado directamente con las zonas afectadas por los terremotos: vivienda, electricidad, atención médica y remoción de escombros.
La dimensión institucional del acuerdo apunta al Tribunal Supremo de Justicia. El entendimiento contempla reformar la Ley Orgánica del TSJ y otras normas del sistema judicial, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales y abrir un nuevo proceso para la selección de la totalidad de los magistrados. También se acordó crear un Consejo de Revisión encargado de evaluar las credenciales y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los postulados.
Este punto resulta especialmente significativo porque la discusión sobre el TSJ ya se encontraba en marcha antes de la instalación de la mesa. El diálogo, por tanto, no inaugura desde cero la discusión sobre la estructura del Poder Judicial, sino que incorpora a un sector opositor a un proceso de reforma institucional que ya estaba planteado. En palabras de los acuerdos difundidos por las partes, el objetivo es avanzar hacia una transformación integral del sistema de justicia y establecer un procedimiento renovado para la conformación de su máxima instancia.
La propia Presidencia encargada presentó estos resultados como un primer paso hacia una convivencia democrática entre distintos sectores políticos. Delcy Rodríguez llamó además a que otras fuerzas políticas se incorporaran al diálogo, colocando como horizonte la paz, la estabilidad y el desarrollo del país.
La segunda etapa amplía la agenda
El segundo ciclo de conversaciones comenzó el 17 de septiembre con una agenda más amplia que la de la primera ronda. A la discusión sobre la reforma del sistema judicial se sumaron las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión, la pluralidad del pensamiento y el derecho a la información. La delegación gubernamental volvió a estar encabezada por Jorge Rodríguez, mientras que Dinorah Figuera lideró nuevamente a los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Uno de los primeros resultados de esta etapa fue la instalación de una Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información. De acuerdo con el comunicado conjunto difundido el 18 de septiembre, esta instancia tendrá entre sus funciones desarrollar consultas con los actores involucrados, revisar las garantías existentes y verificar los avances alcanzados en esta materia.
El viernes pasado, las vocerías de ambos bloques acordaron continuar y expandir el levantamiento de restricciones administrativas contra medios electrónicos, agencias de noticias y páginas web que llevaban años censuradas. El regulador de telecomunicaciones (Conatel) ya venía ejecutando la restauración de accesos desde mediados de mes.
La segunda novedad es institucional; las delegaciones acordaron crear una Comisión Paritaria de Seguimiento encargada de vigilar el cumplimiento continuo de los compromisos alcanzados. Este mecanismo introduce una dimensión distinta respecto al primer ciclo, incorporando una estructura bilateral para verificar su ejecución. Ambas partes, además, acordaron mantenerse en sesión permanente hasta el 25 de septiembre y comunicar posteriormente los avances alcanzados.
Durante la segunda ronda de diálogo se concretó el nombramiento de una comisión específica denominada Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos. Esta instancia quedó integrada por siete juristas independientes encargados de evaluar rigurosamente los perfiles de los aspirantes a magistrados para la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los miembros fueron designados por mutuo acuerdo de las partes.
Además del Consejo de Revisión, las delegaciones pactaron que en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se procederá a nombrar la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Este paso permitirá publicar el cronograma electoral definitivo para renovar las plazas del Poder Judicial conforme a la reciente reforma de la Ley Orgánica del TSJ, la cual amplió el comité definitivo a 23 integrantes (11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil).
Como uno de los primeros resultados concretos de este nuevo marco de negociación, se concretó la liberación de 39 personas declaradas por los opositores como "presos políticos". Entre la primera y la segunda ronda, el Ejecutivo venezolano, en el marco de su Programa de Paz y Convivencia Democrática, efectuó liberaciones. Pero ahora las discusiones de estos casos se han trasladado a la mesa, quedando pendientes los casos de personas privadas de libertad acusados de delitos graves no incluidos en el proceso de Amnistía iniciado este año.
La agenda de esta segunda fase conecta así tres niveles del proceso. Por un lado, continúa la discusión institucional iniciada con la reforma del TSJ; por otro, incorpora garantías vinculadas con la participación política y los derechos civiles; y, finalmente, establece mecanismos para dar seguimiento a lo que se acuerde.
Un elemento destacado en este contexto, no ocurrió en la Mesa, sino en las declaraciones a la prensa luego de la cita. El Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que en Venezuela habrá elecciones, de gobernadores, de alcaldes, parlamentarios, e incluso, elecciones presidenciales, "dentro del marco que establece la Constitución".
La oposición que permanece fuera
Mientras el Gobierno y la delegación opositora encabezada por Figuera avanzan en una agenda que ya incluye activos nacionales, reforma judicial, derechos políticos y libertad de expresión, el sector extremista opositor decidió mantenerse al margen de este mecanismo.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron desde julio que no participarían en el proceso, argumentando que no habían intervenido en su diseño ni en su conformación. Al mismo tiempo, dijeron que observarían sus resultados en función de objetivos como la recuperación institucional, la liberación de presos políticos, las garantías políticas y la convocatoria de elecciones presidenciales.
Las demandas que este sector coloca como condición para cualquier avance forman parte precisamente de los asuntos que están siendo incorporados a la mesa. La segunda ronda de conversaciones, de hecho, abrió una instancia específica para discutir libertad de expresión, pluralidad del pensamiento y derecho a la información, mientras que el primer ciclo ya había incluido la reforma del TSJ y asuntos vinculados con las garantías políticas y electorales.
El argumento electoral ocupa, sin embargo, un lugar central en la agenda de quienes permanecen fuera. Machado insiste en establecer un calendario presidencial y recientemente respaldó incluso una propuesta para celebrar elecciones el 24 de julio de 2027. Una nueva plataforma opositora, la Alianza por Venezuela, también colocó la convocatoria de elecciones presidenciales entre sus principales exigencias y respaldó la candidatura de Machado.
Pero la insistencia en el calendario electoral aparece desvinculada de la construcción institucional que tendría que precederlo. Mientras dentro de la mesa se discuten mecanismos para reformar el sistema de justicia, ampliar garantías y establecer procedimientos de seguimiento de los acuerdos, el sector que se mantiene fuera continúa poniendo el alejarse de mecanismos de conciliación como punto de partida de su agenda.
La conducta no es nueva. La decisión de apartarse del diálogo se produjo pese a que Machado y González habían planteado previamente que estaban dispuestos a una negociación política y a un “gran acuerdo nacional”. Posteriormente, Machado afirmó que no sería un obstáculo para iniciativas que produjeran avances reales, pero tampoco se incorporó al mecanismo que comenzó a producir acuerdos concretos entre el Gobierno y otros sectores opositores.
Esta dinámica también ha profundizado las diferencias dentro del propio campo opositor. El proceso de diálogo ya había generado tensiones entre quienes decidieron incorporarse a la negociación y quienes cuestionaron el mecanismo por considerar que Machado debía encabezar la representación opositora. Las diferencias fueron descritas incluso por medios internacionales como una nueva fractura dentro de un espacio opositor que no ha conseguido mantener una posición común frente a las negociaciones.
La distancia de los sectores extremistas respecto de la mesa también expone una contradicción más profunda; se presentan como portadores de una salida política, pero cuando tienen un espacio concreto para discutir garantías, instituciones y un proyecto de país, optan por permanecer fuera. La falta de una participación cohesionada y de una propuesta capaz de ser sometida a negociación deja entonces como principal recurso la presión desde el exterior y la búsqueda de mecanismos distintos a la vía institucional. Frente a ello, el Gobierno vuelve a colocar el diálogo como mecanismo para procesar las diferencias y discutir garantías con los distintos sectores políticos.
Fuente: Misión Verdad