La ofensiva “libertaria” contra la educación pública, la investigación científica impulsada por el Estado y la producción de tecnología desde el aparato estatal es el correlato de una política general de privatización de los bienes públicos con beneficio primordial para las grandes empresas.

El gobierno “libertario” contra los contenidos educativos progresivos

Los programas de enseñanza son otro campo de depredaciones en marcha por parte del extremismo “libertariano”. Como en el caso del régimen franquista u otras experiencias de extrema derecha originadas en la primera mitad del siglo XX se aspira a una “depuración”.

Una “limpieza” que para el pensamiento y la práctica reaccionaria debe desplegarse, de modo coordinado, en dos campos de acción.

Uno es el del propio cuerpo docente. Sólo maestros y profesores no sospechados de “izquierdismo” o posiciones contrarias a la “libertad de mercado” merecen estar al frente de un aula. “Libertad para los liberales”. El resto son “zurdos que van a correr”.

Dispénsesenos la reproducción de planteos tan elementales. Ocurre que son todas frases que han estado o están en boca de altos funcionarios, legisladores y dirigentes partidarios enrolados en el actual oficialismo.

La Educación Sexual Integral (Esi); la formación ligada a la memoria la verdad y la justicia sobre el terrorismo de Estado y la educación ambiental deberían pasar por la trituradora de programas educacionales.

En parte para dar paso a valores regresivos en la visión de familia y de género, “biologistas”. Que abominan de lo que denominan “ideología de género”.

La prédica de la “memoria completa”, por su parte, tiene la aspiración de convertirse en discurso ya no de gobierno sino de Estado.

Que se retorne a discursos afines con las elucubraciones “antisubversivas” que farfullaron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y otros criminales en masa durante el nefando “Proceso de Reorganización Nacional”.

Lo ensayaron los entonces candidatos a presidente y vice en la campaña electoral de 2023. Y sigue reflejándose en la cotidianeidad de desmantelamiento de los contenidos escolares ligados a los “derechos humanos”.

Y en el propósito de que los “hombres de armas” (nunca las mujeres), sean homenajeados en las instituciones de formación como “héroes” de una “guerra sucia” que libraron porque no tuvieron otro remedio. Y efectivizaron así su “deber patriótico”.

Discuten el número de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, exaltan a asesinos de masas como “víctimas de la subversión”. Y retornan a la tesis de que las acciones criminales no fueron tales. Apenas “errores” o “excesos” comprensibles dentro de la supuesta situación bélica por la que transitaba la sociedad argentina.

Vivimos tiempos en que se asiste al flamante relanzamiento del combate mundial contra el “terrorismo de izquierda” por parte de Estados Unidos y su panda de aliados. Con el secretario de Estado Marco Rubio que recuerda en tono celebratorio la “victoria” contra Tupamaros y Montoneros en Uruguay y Argentina, entre otros países que fueron víctimas del “Plan Cóndor”.

Esto deja el presagio de futuras ofensivas contra los contenidos históricos y cívicos de la enseñanza. Es probable que pretendan el regreso a una instrucción que busque la identificación de alumnas y alumnos con el proyecto de las clases dominantes argentinas anterior a 1916.

La asociación subordinada con Gran Bretaña y la concentración en la producción primaria, a las que ya nos referimos, debería exaltarse de nuevo en las escuelas. Lo mismo el exterminio de originarios, gauchos y afros.

En el mejor de los casos “decisiones dolorosas” que debieron tomarse para la consolidación de la unidad nacional, el progreso económico y la defensa de la soberanía. Y del eterno duelo entre “civilización” y “barbarie”.

Similar justificación desearía para la represión implacable de la clase obrera, incluidas deportaciones y quitas de ciudadanía. Con la defensa de las grandes masacres antiobreras de las primeras décadas del siglo XX. Y de las leyes que habilitaron medidas de expulsión contra trabajadores de origen migrante que hubieran participado en huelgas u otros conflictos sociales

La educación sexual integral (ESI) ha sido desde el primer día un blanco para los disparos del gobierno. Como una parte de la agenda ultraconservadora que acompaña en lo sociocultural a las políticas ultraliberales en economía.

Como se expresó en un artículo muy reciente: “…todo el movimiento de las conquistas y los avances en el campo del género y la sexualidad, de los derechos sexuales, (no) reproductivos, identitarios y civiles, hoy se ve en jaque bajo el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), en coherencia con las agendas antigénero que se vienen gestando desde las elites económicas y los movimientos políticos neoconservadores encarnados en gobiernos y posiciones de la extrema derecha. (Zemaitis, 2026).

Categóricas declaraciones contra la ESI pueden ser rastreadas hasta la campaña electoral que condujera a Milei a la presidencia, En la plataforma electoral de la LLA, presentada ante la Cámara Nacional de ese fuero, se leía para el sector educativo la “eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza”.

En agosto de 2023 durante la campaña presidencial, el actual jefe de Estado explicitó su oposición sin mayores eufemismos y prometió: “Si fuera presidente, anularía la Educación Sexual Integral. Es un mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente”. (Zemaitis, 2026)

A despecho de esas injurias, la ESI tiene componentes inequívocos que viabilizan un balance positivo. Entre los cambios de sentido progresivo generados por la educación sexual en las escuelas se cuenta que el embarazo adolescente tuvo una disminución de casi el 50% entre 2014 y 2020.

Allí la ESI fue parte integrante de una política pública intersectorial, el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia). Sus pilares fundamentales, junto con la ESI, fueron las consejerías de salud en escuelas y la distribución de anticonceptivos. Ese plan fue desarticulado por el gobierno de LLA, incluidos 700 despidos entre sus empleadas y empleados.

También a partir de las clases e intercambios, muchas niñas, niños y adolescentes llegaron a la identificación de situaciones de abuso sexual.

Asimismo aumentó la percepción y denuncia de la violencia entre pares. Lo ha informado así UNICEF, entre otras fuentes. Este es un tema que viene de una larga época de invisibilización o naturalización bajo la tapadera de “peleítas entre chicos” y hasta como “formas de hacerse hombres.”, en el caso de los varones.

En Argentina, millones de niñas, niños y adolescentes crecen expuestos a distintas formas de violencia: física, psicológica y sexual, en hogares, escuelas, comunidades y entornos digitales. Entre las causas se mencionan la aceptación social del castigo corporal, la discriminación (por discapacidad u origen étnico) y el desequilibrio de poder entre géneros y edad

La violencia está extendida y se agrava en algunos grupos: 59% de las niñas y niños sufrió castigos físicos y/o agresiones verbales. Esa cifra asciende al 72% entre quienes tienen discapacidad. (UNICEF, 2023).

Los avances que hemos reseñado no obstaculizan los repetidos ataques contra la ESI. Hay fuertes indicios de que más bien los fomenta.

Esto por odio y resentimiento de los actuales gobernantes frente a cualquier asomo de derechos y libertades auténticos. Prefieren la divagación sobre abusos sexuales en masa contra niños “envaselinados” en manos de “pedófilos” (léase gays).

El gobierno nacional agrede a la educación sexual de manera reiterada. Como parte de una línea de impugnación que abarca a la expansión de la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) y a la permisividad hacia los cambios de identidad de género.

También se atribuye desde la extrema derecha a la educación sexual en las escuelas concomitancias con la reducción de la natalidad y las alteraciones en las estructuras familiares.

La que tendría como factor prevaleciente la “locura de los pañuelitos verdes”. Forma desquiciada de referirse a uno de los movimientos sociales y culturales más masivos y sostenidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La enorme capacidad de movilización y educación por el ejemplo de la brega por el derecho al aborto queda descalificada como “locura”. En base a nociones arbitrarias y regresivas de los que constituirían signos de salud mental y “normalidad”.

A esta línea se suman figuras del gobierno de CABA. En una muestra de que no estamos frente a un emprendimiento partidario de LLA. Es una campaña del conjunto de la derecha. El espíritu reaccionario no reconoce barreras partidarias. Es “transversal”. Ha penetrado incluso en partidos de tradición popular y de convocatoria mayoritaria.

Claro que hay problemas pendientes en campos vinculados a la ESI. Como el incremento de contagios de algunas de las enfermedades de trasmisión sexual. En particular la sífilis. Cierto es asimismo que la respuesta radicaría en mayores recursos para las acciones de prevención, desfinanciadas hoy. Y al afinamiento en esa dirección de la labor educativa, hoy puesta en tela de juicio.

Lo evidente es que los cuestionamientos no tienen su fuente en las transformaciones pendientes. Apuntan a los aportes de la ESI en materia de identidad de género y una actitud abierta ante las disidencias sexuales.

La reacción vigente también se orienta contra cualquier postura crítica frente a los estereotipos tradicionales en materia de relaciones sexoafectivas y familia.

Otro campo de “reforma de contenidos” puede ser el de toda noción ligada con la protección del ambiente que forme parte de los programas escolares. Por el contrario, se procura la negación del cambio climático, y la “libertad” para la contaminación ambiental.

Así como que se margine cualquier intento de preservación de la naturaleza y las relaciones humanas no signadas por prácticas mercantiles.

La instauración de programas y acciones educativas despojadas de contenidos críticos y de perspectiva de cambios progresivos está a la orden del día. Forma parte de la “batalla cultural” que desde el gobierno se libra en torno a las mentes de las mayorías populares.

A las que se busca aherrojar con una mentalidad de falso “tradicionalismo”. Atravesada a su vez por un sesgo individualista.

Esa brega reaccionaria no se detiene en los establecimientos educativos. Se extiende a mecanismos complementarios. Así hemos asistido desde el primer día de mandato de Milei al ataque contra el canal oficial Encuentro. Lo mismo hace con el portal Educ.ar. La supresión o privatización se cierne sobre esos ámbitos.

Nótese que las supresiones, reducciones y desfinanciamientos van contra instituciones y políticas que han tenido origen en variadas gestiones de gobierno, con distintos idearios y diversas pertenencias partidarias. Al actual oficialismo no le importa ese “detalle”.

Su espíritu es el del “odio al Estado” y su destrucción “desde adentro”. El modelo, como vimos más arriba, la sociedad argentina anterior a 1916. Lo que equivale al período anterior a un aceptable ejercicio del sufragio popular con respeto a sus resultados.

Ese discurso no resiste el análisis. Las reducciones, supresiones, desregulaciones y privatizaciones denotan una gran “selectividad”. Languidecen los salarios de las fuerzas armadas. Pero se adquieren en gran número aviones, helicópteros y tanques de dudosa utilidad. Existen tratativas para la compra de dos submarinos.

Mientras retroceden las dotaciones presupuestarias efectivas para numerosos organismos, las distintas agencias de inteligencia crecen. Con organigramas más frondosos; unidades y cargos de nueva creación, y recursos materiales y financieros reforzados. Cuyo manejo quedará signado por las opacidades de estos sótanos y cloacas del aparato estatal.

Los mecanismos de propaganda en órbita del Estado nacional se multiplican y fortalecen. Más de un influencer ha pasado del intercambio de insultos en las redes a cargos en oficinas estatales de nueva creación. Algunas instaladas en el interior de la propia Casa de Gobierno.

Lo que equivale a que los campos de acción estatal que están al servicio de la represión, el control social, el disciplinamiento y la conquista de las conciencias para el consenso hacia políticas antipopulares no sólo se mantiene. Se desarrolla e incluso se hipertrofia.

Los gobernantes del presente se jactan del “ahorro” en pauta publicitaria oficial. Lo que no tapa el gasto excesivo y la corrupción justo en el área comunicacional. Acaba de exponerse como nunca en las groseras manipulaciones del destituido funcionario que pasó en su momento de la vocería presidencial a la jefatura de gabinete.

Las y los trabajadores de la educación, la ciencia y la técnica frente a una agresión sistemática

Desde la asunción del Gobierno de LLA, tanto los docentes como el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo en sus salarios.

La mayor parte de esa caída se concentró en los primeros meses de 2024, entre diciembre 2023 (inclusive) y julio 2024 la inflación acumulada alcanzó 134,6%, mientras que los salarios aumentaron 80,4%. Esto implicó una reducción del 23,1% en términos reales respecto de noviembre 2023. Tomando ese mes como base, el salario real se redujo 24,4% hasta diciembre 2024 (inclusive).

Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales, llevando la pérdida de poder adquisitivo al 34,2% en comparación con noviembre 2023. (CEPA, 2026).

Para que se tome un parámetro, los salarios de la mayor parte de los docentes y no docentes están por debajo del nivel de ingresos requeridos para que una familia esté por encima de la llamada “línea de pobreza”.

Al comparar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) medidas por el instituto oficial de estadísticas en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se observa que solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza.

En ese mes, la CBT alcanzó $1.434.464. Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.555.834, apenas $121.370 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan la CBT, con ingresos que la exceden en $572.648 y $238.132 respectivamente.

Entre quienes practican la investigación científica y tecnológica el panorama de ingresos marca un deterioro aún superior. Durante lo que va del gobierno de LLA, los salarios de los investigadores y los becarios del Conicet disminuyeron un 40 por ciento en promedio.

En este caso la disminución de poder adquisitivo estuvo acompañado por pérdida de empleos. Según estimaciones del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el sistema nacional de ciencia y técnica perdió más de 6 mil empleos desde diciembre de 2023. (CEPA, 2026)

De ese total, aproximadamente la mitad corresponde a becarios e investigadores del Conicet que dejaron sus puestos.

Es innegable que la pérdida salarial y los despidos por variados canales se encuadran en la concepción general de “equilibrio fiscal” a rajatabla. El que sólo se busca mediante la reducción de los recursos que el Estado invierte con fines útiles como la contraprestación por los servicios laborales que utiliza.

Es presentada como una herejía inadmisible y un auténtico “robo” cualquier insinuación sobre incremento de impuestos a patrimonios considerables o ganancias elevadas.

La discusión acerca de medidas para la mejora de la eficacia recaudatoria sólo detiene su vista en el pequeño contribuyente. Con explícita intencionalidad, los grandes evasores son sujetos de un “blanqueo” de incumplimientos tributarios tras otro.

Lo que ahora se ha rebautizado y ampliado en sus alcances en la forma de “inocencia fiscal”. Ya se aprobó una ley y está en estado de debate parlamentario un nuevo proyecto en ese sentido.

Mientras, se propicia por todos los medios posibles e incluso con métodos innovadores (el régimen de inversiones conocido como R.I.G.I, p. ej) el incremento de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios.

Lo que abarca a grandes empresas y además a entidades a las que se formaliza como “sin fines de lucro” pero mal ocultan la búsqueda de utilidades.

Otro aspecto insoslayable es que la política económica “libertaria” utiliza los salarios, tanto los públicos como los privados, como “ancla” contra la inflación.

La reducción o estancamiento del consumo que genera la pauperización salarial es vista como instrumento privilegiado al servicio de la contención del índice inflacionario.

Como se ha dicho y escrito con justificada ironía ya al comienzo de la actual administración, pareciera que los únicos precios que no estaban atrasados (como sí las tarifas, los alquileres, los precios de alimentos en el mercado interno, etc.) eran los sueldos.

Esos encuadres generales no obturan la existencia de la orientación específica de desfinanciamiento en general y de licuación salarial en particular que se lleva adelante en el campo educativo y científico-técnico. Son espacios en cuyo desmantelamiento y privatización directa o indirecta existe un interés particular.

En esa línea se generan a conciencia falencias y dificultades a la hora de que el desempeño de les trabajadores pueda desplegarse en buenas condiciones. No interesa, al contrario, que produzca resultados satisfactorios y sea gratificante para quienes lo ejercen en términos morales y materiales.

Se busca una realidad de trabajadores mal pagos, agotados por el pluriempleo o la prolongación de la jornada para la obtención de algún adicional.

Con carencias de equipamiento y malas condiciones edilicias. Si escasea la electricidad, el gas y el agua en los lugares de trabajo, mejor para esta política de desgaste y deterioro permanente.

Si un artefacto se quiebra, que no se lo reemplace ni se lo repare en buenos términos. En el mejor de los casos el “lo atamos con alambre”. Esto último a veces adquiere visos de epopeya. Cuando se prolonga sin solución de fondo a la vista, mortifica el rendimiento y genera frustración.

Cuando se puede se generan a propósito ventajas relativas (o menor alcance de las desventajas) en el sector educativo privado. Incentivos claros para que docentes e investigadores busquen mejores condiciones en establecimientos no estatales. Se pasen por completo al ámbito privado o compartan tareas entre uno y otro sistema en búsqueda de una relativa compensación.

El camino de la protesta

La movilización por el financiamiento universitario, con cuatro marchas federales de carácter multitudinario constituyó el reclamo en el espacio público de mayor repercusión en estos dos años y medio de gobierno “libertario”.

Tuvieron repercusión más allá del ámbito educativo, científico tecnológico y cultural. Hubo diferentes escalas de masividad. Lo que no quita que las cuatro fueron de alcance nacional. Muy numerosas y con vasta repercusión en todo tipo de medios. Se realizaron el 23 de abril de 2024, el 2 de octubre de 2024, el 17 de septiembre de 2025 y el 12 de mayo de 2026.

También en el terreno universitario, pero extendido a todos los niveles educativos, se protestó contra los bajos salarios. Se enfrentó a los sucesivos subterfugios para la no aplicación de la nueva ley aprobada y luego insistida por el Congreso Nacional. Se contó para ello con respaldo multisectorial, dentro y fuera del campo específico.

Otros niveles y modalidades de educación se sumaron. Junto con partidos, sindicatos y movimientos sociales. La primera manifestación alcanzó un número inédito de asistentes. Las siguientes fueron también muy importantes.

La envergadura y la multisectorialidad de esas movilizaciones ratificaron con fuerza que la educación pública en general y la universidad estatal en particular son valores que una parte sustancial de la sociedad argentina defiende. Y está dispuesta a poner el cuerpo a la hora de hacerlo.

El ataque contra organismos científicos y tecnológicos. Algunos de los episodios más recientes

Hace sólo un par de meses recrudeció la ofensiva contra diversas unidades estatales vinculadas a tareas de investigación, recolección de información, trabajos de control, consultoría al sector productivo. No hay actividad que quede a salvo de la carrera por la generación de oportunidades de negocios para el gran capital de todos los ramos y procedencias.

El gobierno embistió contra organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS Malbrán). (Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, 2026) el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También fueron en contra de las y los investigadores del CONICET.

El propósito de desmontaje de las capacidades en cabeza de científicos y técnicos en la atención y desarrollo de áreas estratégicas de conocimiento es un empeño constante. El que tiende a acelerarse si no hay fuerzas que salgan a su encuentro en sentido contrario, con la decisión y el consenso suficientes.

En el INTI dieron de baja más de mil servicios industriales claves para pymes y grandes empresas. Lo que afecta certificaciones, asistencia técnica, ensayos de calidad, alimentos y procesos de innovación productiva.

En diciembre pasado se dispuso allí el cierre del área de Metrología Legal. Es la que realiza controles de balanzas, equipos médicos, surtidores de combustible entre otros servicios.

El objetivo es la transferencia de esas actividades al sector privado. La consultoría a empresas es una fuente creciente de negocios que no podía escapar al interés gubernamental por la búsqueda de nuevas fuentes de ganancias o ampliación de las ya existentes.

Hay expertos que señalaron que no se cuenta con experiencia y aptitudes en el sector privado para esas tareas. Esto compromete la eficiencia y competitividad del entramado industrial argentino y pone en riesgo miles de puestos de trabajo indirectos y 700 empleos en el organismo.

Ocurre que cuando no es negocio para empresas comerciales formalizadas o iniciativas “humanistas” que encubren el propósito crematístico, la tendencia es a la supresión de las regulaciones y controles. Aún a costa de la salud, la seguridad, el progreso económico o la producción y divulgación de conocimiento.

A la amplia mayoría de la población sólo se le ofrecen los sedicentes “beneficios” de una de las premisas básicas de la acción de gobierno: “donde haya una necesidad, nace un mercado.” Jamás un derecho que no sea el de propiedad, ni otra libertad que no sea la de comercio.

En la CNEA se aplicó un recorte profundo en los programas de investigación y desarrollo, lo que derivó en la paralización de proyectos estratégicos en los ámbitos nuclear, energético y médico. (Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, 2026).

Recuérdese que la Comisión está ligada a campos que no tienen relación directa con la producción de energía. E igual son muy valiosos.

Lugar destacado por lo deletéreo de la acción merece la desfinanciación y virtual desmantelamiento del reactor modular CAREM. Un proyecto que llevó muchos años de trabajo. Y una inversión estatal de entre 750 y 800 millones de dólares.

Un sitio oficial, el del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en jurisdicción del Ministerio de Defensa, proporciona una clara noción del carácter innovador y la suma utilidad de este equipamiento, en palabras de la gerenta de Área del proyecto CAREM.

Allí explica que

“La Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) es el primer reactor de potencia de diseño y construcción completamente argentino, enmarcado en el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Es una central nucleoeléctrica más pequeña que las tradicionales. Su principal objetivo es generar electricidad y cuenta con un diseño integrado y una serie de ventajas en términos de seguridad.”

Se agrega acerca de sus posibilidades de aplicación y uso:

“Esta clase de reactores se presentan como una de las principales opciones para la generación eléctrica de base, capaz de brindar grandes volúmenes de energía pero sin emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, aspecto fundamental en el proceso de transición energética…”. (Pedre, s/f)

Como puede advertirse con facilidad, el proyecto tiene todos los elementos para ser considerado una realización beneficiosa en materia de energía nuclear que presenta además ventajas ambientales.

La que asimismo podría adquirir un elevado valor comercial, ya que por su carácter desarmable y transportable presenta especial aptitud y facilidad para su exportación a otros países, incluso en geografías alejadas y muy disímiles a las nuestras. (Pedre, s/f.)

Asimismo, como en el resto del sector, la pérdida de poder adquisitivo del salario acentúa la expulsión de trabajadores, hecho que afecta la continuidad de equipos científicos altamente especializados, con un impacto directo sobre la soberanía tecnológica del país.

Se ha lanzado en el mes de agosto una “invitación” al retiro voluntario para 2800 trabajadores de la Comisión. Esa cifra corresponde a más del 92% del total de los empleados de CNEA. Tal proporción de retiros en ciernes es evidente que lleva aparejada la virtual clausura del organismo de investigaciones en materia nuclear.

En la ANLIS Malbrán el gobierno impulsó una fuerte reestructuración que incluyó el cierre de áreas, la disolución de institutos y la fusión de dependencias tales como el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN).

Lo que se suma a la eliminación del Instituto Nacional de medicina tropical (INMET) ya en años anteriores.

En el SMN despidieron a 140 profesionales, entre ellos meteorólogos, técnicos y personal especializado en monitoreo, pronóstico y alerta temprana. Conduce el organismo un director sin antecedentes de formación ni experiencia en el área.

En CONICET está demorado o retenido el ingreso a la carrera de investigador de muchas y muchos científicos que han concursado para su ingreso y cubren todos los requisitos.

En la misma línea no se renovaron las becas posdoctorales. Lo que deja sin trabajo y sin sueldo a alrededor de 400 personas que llegaron a ese elevado nivel de formación. El argumento fue el de costumbre, “falta de presupuesto”.

Las finalidades específicas del ataque a cada organismo no excluyen la gravitación de un objetivo general de los grandes capitalistas y la elite política de derecha.

Nos referimos a la erradicación de toda confianza en que el esfuerzo colectivo no sometido a una lógica empresaria alcance logros distintos y mejores a los generados dentro de las reglas del intercambio mercantil.

Con el respaldo del Estado en funciones diferentes a la represión y a la legitimación del discurso y las prácticas de las clases dominantes. Les interesa que ni se intente la generación de bienes y valores que mejoren y enriquezcan la vida de nuestras sociedades.

La “batalla cultural” tiene también esta dimensión. La quita de los cuerpos y las cabezas de la mayoría la confianza en las propias capacidades, en la acción solidaria, en la aptitud para las realizaciones en beneficio colectivo. Con vocación de continuidad. Y facilidades para su extensión al conjunto o al menos a la mayoría de nuestra sociedad.

A modo de muy provisoria conclusión

Nos enfrentamos a la distopía del poder absoluto de las corporaciones. Con la anulación de todas las mediaciones sociales que puedan entorpecer el desenvolvimiento del mundo de los negocios. Educación; ciencia y tecnología, cultura serían en gran parte inmoladas en aras no de su verdadera utilidad, sino de las “utilidades” de las empresas.

Para luchar de manera cabal contra ella se necesita claridad en cuanto a las directrices que se propician. Unas que rebasen el sentido de la resistencia para transmutarse en contraofensiva. Contra la antidemocracia, la verdadera democracia de abajo hacia arriba, superadora de la representación política desgastada.

Contra el individualismo, la acción comunitaria. Una educación y una ciencia al servicio del pueblo que retome las mejores tradiciones para convertirlas en vías hacia la renovación radical del pensar y el sentir.

No es una lucha argentina sino mundial. Se necesita sobremanera el internacionalismo y la comprensión planetaria de la destrucción capitalista que se cierne sobre el mundo. Tratan de engañarnos haciéndonos creer que esto es innecesario y por añadidura irrealizable. Una sostenida y creciente construcción de conocimiento es un requisito necesario para dar esa batalla.

La ciencia y tecnología, la educación, la producción y difusión cultural, son campos donde los trabajadores tienen su lugar en la lucha contra el supuesto imperio del “libre mercado” que en realidad encubre la dictadura de los monopolios y oligopolios. Son parte del combate por la emancipación social y un eslabón indispensable de un ideario y una práctica liberadores.

Es más que necesaria la reivindicación del propósito de un sistema de generación y trasmisión del conocimiento al servicio de una sociedad orientada por la búsqueda de igualdad y justicia.

Contraria al imperio irrestricto de los intereses del capital. Que esté regida por una concepción democrática a fondo, en la que el saber y la educación sean patrimonio colectivo. A la vez que camino para el desarrollo equitativo del conjunto social.

Fuente: Rebelión