Amparado formalmente en el argumento de un «desinterés deliberado en la lucha contra el terrorismo» por parte del ejecutivo provincial liderado por el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), el primer ministro Shehbaz Sharif decretó la emergencia para forzar el alineamiento de la provincia.

Sin embargo, detrás del discurso de seguridad nacional se revela una maniobra de disciplinamiento político que no solo agudiza la polarización civil-militar interna, sino que amenaza con dinamitar el consenso social indispensable para cualquier estrategia operativa frente al avance insurgente.

El frente de seguridad: Escalada del TTP y colapso de la coordinación
La justificación declarada por Islamabad responde a un panorama operativo alarmante. En lo que analistas y expertos en militancia como Abdul Basit califican como el año más volátil desde el inicio de la campaña antiterrorista tras el 11 de septiembre, el número mensual de víctimas atribuidas al Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) ha escalado a entre 270 y 300 personas.

Sin embargo, el enfoque militarista unilateral choca con la realidad local en donde la disputa partidista entre Islamabad y el gobierno provincial de KP fracturó la coordinación operativa en materia de inteligencia y contrainsurgencia, transformando la política de seguridad nacional en un «juego de culpas» funcional a la dispersión de las fuerzas estatales.

La asamblea provincial de KP aprobó resoluciones cuestionando la eficacia real de las ofensivas militares, mientras sectores tribales y ancianos locales en las áreas limítrofes con Afganistán han intensificado su rechazo a operaciones que históricamente implicaron desplazamientos forzosos de meses, abandono estatal y la destrucción del tejido socioeconómico de la población.

Como han advertido observadores estratégicos, una contrainsurgencia duradera depende de la legitimidad política, el buen gobierno y la rehabilitación integral de las zonas afectadas; pilares que el Estado paquistaní ha desatendido sistemáticamente al reducir la respuesta a incursiones armadas y estado de excepción.

La arquitectura híbrida y la persecución política contra el PTI
El trasfondo estructural de la crisis en KP es inseparable de la disputa por el poder real en Pakistán y el peso hegemónico de su estamento militar. Durante décadas, las Fuerzas Armadas han tutelado o gobernado directamente el país durante cerca de la mitad de su historia independiente, articulando y desmantelando coaliciones según sus intereses estratégicos.

El conflicto actual encuentra sus raíces en la confrontación abierta entre los mandos castrenses y el ex primer ministro Imran Khan que tras haber alcanzado el poder en 2018 con el respaldo tácito del ejército y la judicatura, la administración de Khan colapsó en 2022 al perder el sostén militar en medio del deterioro económico. La detención de Khan en mayo de 2023 por controvertidos cargos judiciales desató violentas protestas populares contra instalaciones militares, marcando un punto de quiebre definitivo.

A pesar de las trabas e inhabilitaciones impuestas por las autoridades federales, el PTI demostró una persistente base social y electoral, consagrándose como la fuerza mayoritaria en los comicios generales de febrero gracias a su bastión histórico en Jaiber Pastunjuá.

La imposición de la administración federal es calificada por la dirigencia opositora, encabezada por Gohar Ali Khan, como un grave error institucional que viola el mandato de las urnas. Al intervenir KP, Islamabad liquida el último resquicio de poder institucional del PTI, buscando cerrar por vía administrativa lo que no logró dirimir en las urnas.

Riesgo de implosión y consecuencias geoeconómicas
El intento de forzar la pacificación mediante la supresión de las instituciones provinciales entraña severos riesgos para la estabilidad del Sur de Asia, como señalan especialistas en la región, pretender ejecutar operaciones militares efectivas sin la cooperación ni la confianza de las comunidades afectadas es inviable. Al marginar a la representación política local mayoritaria, Islamabad corre el riesgo de convertir el descontento popular y el resentimiento hacia el ejército en un caldo de cultivo aún más complejo de contener.

El primer ministro Sharif ha justificado la intervención argumentando la necesidad de proteger la economía nacional de la desestabilización política. Sin embargo, analistas coinciden en que la fragmentación interna debilita el perfil del país en un momento en que Islamabad busca atraer capital internacional hacia sectores estratégicos, como la minería en Baluchistán y el noroeste. Ninguna promesa de desarrollo o infraestructura puede florecer sobre un territorio gobernado bajo estados de emergencia permanentes y sin cohesión política.

La intervención en Jaiber Pastunjuá desnuda la encrucijada del régimen de Islamabad: apelar a la coerción centralizada para maquillar fallas de seguridad estructurales y liquidar a su principal adversario político.

Lejos de aislar al terrorismo del TTP, la subordinación de la autonomía provincial a la lógica de confrontación interna erosiona la cohesión institucional del Estado y enajena a la propia población civil fronteriza. Sin un consenso político legítimo, sin rendición de cuentas del estamento militar y sin una atención real a las demandas socioeconómicas y humanas de sus pueblos, la estrategia de seguridad de Pakistán seguirá atrapada en un ciclo de violencia, ingobernabilidad y fragilidad estructural en el tablero regional.

Fuente: PIA