El riesgo de regresión política y civilizatoria ha llevado a multitudes a las calles. Pero convencer a la mayoría exige una visión de futuro por parte de Lula. Un compromiso que vincule la defensa de la democracia con la transformación material que la sociedad demanda.

Flávio Bolsonaro finalizó la primera vuelta con el 47,03% de los votos válidos; Lula, con el 45,16%. La diferencia de aproximadamente 2,22 millones de votos es lo suficientemente pequeña como para mantener la contienda abierta y lo suficientemente concreta como para exigir un cambio de rumbo. Otros 33,47 millones de votantes no acudieron a las urnas. Si bien no constituyen una reserva automática para ninguna candidatura, nos recuerdan que el resultado aún puede cambiar. La cuestión decisiva, sin embargo, va más allá de la aritmética: ¿Podrá Lula presentar una razón para el futuro más sólida que el deseo de terminar su ciclo?

La encuesta de Datafolha, realizada los días 2 y 3 de octubre, ofreció una instantánea previa a las elecciones: en una segunda vuelta simulada, Lula obtuvo el 47%, frente al 46% de Flávio, un empate técnico. Esta encuesta no describe la contienda posterior a las elecciones, ni puede compararse directamente con los resultados de la primera vuelta, que involucró a diferentes candidatos y una base de cálculo distinta. Su contribución más interesante reside en sus análisis sociales: nos permiten cuestionar las explicaciones simplistas sobre quién desea el cambio y por qué.

Una explicación es que la izquierda ha envejecido y perdido su juventud. De hecho, sus principales líderes nacionales arrastran la experiencia de la dictadura, las luchas sindicales y la redemocratización. Lula es la expresión más evidente de esta longevidad. Pero la edad de los líderes no determina la edad de sus votantes. La encuesta del día anterior mostró precisamente lo contrario de la hipótesis del abandono de la juventud: el presidente tenía ventaja tanto entre los votantes jóvenes como entre los mayores. El problema generacional es más complejo que una simple oposición entre la juventud conservadora y la vejez progresista.

En la simulación directa, Lula obtuvo el 52% frente al 40% entre los votantes de 16 a 24 años y el 51% frente al 42% entre los mayores de 60. Flávio lideró entre los de 25 a 34 años, con un 51% frente al 41%, y se mostró numéricamente por delante entre los de 35 a 44 años, con un 50% frente al 42%, en este caso al borde de un empate técnico. Entre los de 45 a 59 años, hubo prácticamente igualdad: 47% frente al 46% para Lula. La curva fue aproximadamente una U: el presidente más fuerte en los extremos, el oponente en la mitad de la vida adulta. Este patrón pone de manifiesto una dificultad; no explica, por sí solo, su origen.

La edad debe relacionarse con las condiciones materiales. En una entrevista con BBC News Brasil, publicada por Folha en enero de 2025, André Singer señaló la caída del apoyo al gobierno a medida que los ingresos familiares pasaban de dos salarios mínimos a entre dos y cinco. Su interpretación vinculaba esta insatisfacción con el costo de vida y la fragmentación del trabajo: las plataformas, la informalidad y las formas precarias de emprendimiento debilitaban la experiencia colectiva que había dado origen al PT (Partido de los Trabajadores). Esta hipótesis ayuda a formular la pregunta correcta: ¿qué expectativas de seguridad y movilidad social ascendente se vieron frustradas en la vida de algunos de estos trabajadores?

La relación con la historia también ha cambiado. Para quienes no vivieron la dictadura políticamente, la democracia es un punto de partida, incluso cuando está amenazada. Derechos que una generación tuvo que conquistar pueden parecer a la siguiente obligaciones fundamentales del Estado. Esto no significa ignorar las elecciones libres, la salud o la educación; significa exigir que funcionen y permitan el progreso. La defensa de la Constitución pierde fuerza cuando se reduce a la mera preservación institucional y deja de expresar sus promesas de igualdad, desarrollo y bienestar. Un logro histórico no puede justificar la disminución de las expectativas de las generaciones futuras.

Los primeros mandatos de Lula se asociaron con la experiencia concreta de la movilidad ascendente: entre 2003 y 2009, casi 30 millones de personas ingresaron al estrato de ingresos entonces llamado clase media. Esta clasificación no eliminó las vulnerabilidades ni convirtió a los trabajadores en propietarios de vivienda, pero registró un cambio material importante. En 2022, según el Director de FGV Social , siete años después de la crisis económica de 2015-2016, la situación de este segmento de la población era difícil, y había una nueva generación de clase C que no experimentó la escasez, lo que los hace más resentidos. En su tercer mandato, la mejora también se ve en los indicadores: según Tendências Consultoria, en 2024 las clases A, B y C comprendían una vez más más de la mitad de los hogares brasileños: 50,1% , una marca no alcanzada desde 2015. Este retorno, sin embargo, puede tener un significado psicológico diferente. Para quienes perdieron terreno durante los ciclos de recesión y estancamiento, recuperar ingresos y poder adquisitivo puede percibirse como la restitución de condiciones que ya consideraban un derecho adquirido, más que como el logro de una nueva etapa en la vida. Recuperar lo perdido es importante, pero no necesariamente evoca la misma sensación de transformación que experimentar un logro por primera vez. Este recuerdo ayuda a comprender la fuerza del movimiento político de Lula y también la magnitud de la presión ejercida sobre él: quienes simbolizaban la posibilidad de mejorar sus vidas ahora son juzgados por su capacidad para reabrir ese camino.

La paradoja ya se había percibido en 2014. Un análisis de los directivos de Datafolha describió a los «hijos de la inclusión» como un electorado más educado y exigente, cuyas transformaciones no encontraron suficiente correspondencia en las instituciones y los servicios. La inclusión no genera una gratitud electoral permanente. Genera ciudadanos con nuevas necesidades, capacidad de comparación y voluntad de exigir rendición de cuentas. Parte de la frustración puede provenir precisamente del éxito previo: tras acceder a la universidad, consumir más o mejorar la vivienda, es razonable esperar un trabajo acorde, mejores servicios y una vida menos precaria.

El problema radica en que las trayectorias posteriores han trastocado muchas de estas expectativas. Una parte de los adultos de hoy experimentó, en su infancia o juventud, la promesa de ascenso social, solo para llegar a la edad adulta en condiciones mucho menos favorables. Los títulos, el trabajo duro y las largas jornadas ya no parecen suficientes para acumular riqueza o alcanzar la estabilidad. No se trata de atribuir una única conciencia a millones de personas, sino de reconocer que el recuerdo de los logros pasados ​​no garantiza al PT (Partido de los Trabajadores) la eterna gratitud de la clase trabajadora .

La derecha radical ha encontrado terreno fértil en esta brecha entre promesa y realidad. Su discurso ofrece culpables identificables: impuestos, burocracia, corrupción, la izquierda, un poder judicial politizado y privilegiado, así como un «estado burocrático» presentado como un obstáculo para la prosperidad. Algunos de estos problemas son reales; la estrategia política consiste en reunirlos en una explicación que promete liberar al individuo eliminando los controles y protecciones colectivas. Se invita al trabajador sometido a relaciones económicas desiguales a creer que triunfará por sí solo si el poder público deja de obstaculizarlo. Una izquierda que solo responde celebrando su pasado deja sin respuesta la inseguridad que hace atractiva esta promesa.

La economía de 2026 refleja esta contradicción. Un informe de Folha, publicado en vísperas de las elecciones, describía avances en el empleo y los ingresos que coexistían con altos niveles de endeudamiento. En agosto, el 82% de las familias tenía obligaciones financieras pendientes; el 29,9% estaba en mora. Son conceptos distintos: tener un pago pendiente no equivale a ser incapaz de pagarlo. Aun así, la situación muestra por qué un mejor mercado laboral no se traduce automáticamente en tranquilidad familiar. Una parte del aumento de ingresos ya está comprometida con obligaciones anteriores.

Para quienes enfrentan deudas elevadas, alquileres altos y cuotas a plazos, la prosperidad se mide por lo que les queda y lo que pueden planificar. Un indicador nacional favorable no salda una deuda individual. Esto no invalida los resultados del gobierno, pero nos obliga a comprender sus limitaciones . Flávio explotó el endeudamiento y el costo de vida, mientras que Lula destacó el empleo y los ingresos récord. Así, la oposición logró dar expresión política a contradicciones reales, presentándolas como agotamiento del gobierno. Combatirlo requiere confrontar estas contradicciones, sin tratar la insatisfacción como un simple error de percepción.

La erosión institucional añadió otra capa a la inquietud. En la encuesta de Datafolha de septiembre , el 48% afirmó no confiar en el Tribunal Supremo Federal (TSF), frente al 43% de marzo, un récord para la serie que comenzó en 2012. Otro 14% confiaba mucho y el 35% algo. La desconfianza alcanzó el 69% entre quienes declararon que votarían por Flávio y el 22% entre quienes votarían por Lula. La encuesta muestra la relación entre la polarización y la credibilidad del Tribunal, sin demostrar qué fenómeno causó el otro. Defender la democracia, en este contexto, también exige defender la transparencia, investigar las sospechas y prevenir los conflictos de intereses. Sin embargo, si bien Lula defendió la investigación de todos los ministros implicados, hizo hincapié en aclarar que no es ni policía ni juez. Su aliado político, Flávio Dino, solicitó una revisión del proceso en la infame sesión que decidiría si se abría o no una investigación contra Alexandre de Moraes. Defendió de forma genérica los cambios en el nombramiento de ministros del Tribunal, pero no presentó una propuesta concreta de reforma política o judicial. Esta postura vacilante contribuyó a la desconfianza del votante «independiente», quien se inclinó por el candidato que lanzó los ataques más vehementes contra el Tribunal y ministros específicos.

Las apuestas deportivas profundizan la intersección entre la inseguridad económica y la desconfianza. Su trayectoria abarca tres gobiernos: la autorización de las apuestas deportivas de cuotas fijas fue aprobada por el Congreso y sancionada por Temer en 2018; Bolsonaro finalizó su mandato sin completar la regulación; Lula sancionó la Ley 14.790/2023, que estructura controles e incluye también los juegos de cuotas fijas en línea. Es inexacto atribuir el origen de todo el mercado a Lula, así como sería incorrecto ignorar su responsabilidad en la consolidación del marco legal para esta actividad. La supervisión y la recaudación de ingresos se combinaron con la aceptación de un negocio cuyos costos sociales ya exigían atención.

La promesa de dinero fácil encuentra terreno fértil donde el trabajo parece incapaz de satisfacer las necesidades materiales. Para algunos jugadores, las pérdidas conducen a intentos de recuperación, nuevas deudas y un sufrimiento que comienza a afectar a la familia. El acceso constante a través del teléfono móvil y los ciclos acelerados de los casinos en línea aumentan la exposición , lo que provoca endeudamiento, vergüenza y la asociación con ansiedad y depresión, que pueden preceder o acompañar a la adicción. No es necesario suponer que todo jugador tiene un trastorno para reconocer el problema: la explotación comercial de la esperanza puede exacerbar precisamente el sentimiento de fracaso del que promete ofrecer una salida. De esta manera, el juego, en el contexto actual, ha contribuido a aumentar el malestar económico, con un mayor endeudamiento y la desviación de recursos de sectores que podrían impulsar el crecimiento económico.

A pesar de la solidez del perfil ideológico del electorado, como bien demuestran Felime Nunes y Thomas Traumann en su libro «La biografía del abismo «, la fuerza electoral del candidato no demuestra que todos sus votantes compartan plenamente el proyecto de Bolsonaro. Es plausible, por lo tanto, que lo que decidió el resultado de la primera vuelta fuera un voto punitivo de aquellos votantes independientes que, en 2022, creían que con el regreso de Lula se volvería a una nueva era de prosperidad y movilidad social acelerada, como ocurrió en sus primeros gobiernos. Así pues, sería un error político presumir que todo el descontento pertenece definitivamente a la ultraderecha, así como imaginar que se disipará simplemente porque se recuerden los riesgos del oponente.

Sin embargo, el anhelo de cambio con Flávio encierra una contradicción ineludible: representa el regreso de una familia que ya gobernó el país y que tiene un claro proyecto de desmantelar la democracia. João Moreira Salles, en la edición de octubre de la revista Piauí de este año, realiza declaraciones en las que el candidato promete honrar el legado de su padre y reservarle un lugar en un posible gobierno. No es necesario suponer que Jair controlará cada decisión de su hijo para reconocer el carácter restaurador de esta candidatura. El deseo de dejar atrás el presente no indica, por sí solo, la dirección del cambio.

El mismo texto de Salles ofrece una crítica que el sector progresista debería tomar en serio. Tras exponer los riesgos del bolsonarismo, reconoce los logros de Lula, pero señala la ausencia de un proyecto de futuro. La fuerza de este diagnóstico reside en rechazar la falsa dicotomía entre autocrítica y defensa de la democracia. Es posible considerar peligrosa la candidatura de Flávio y, al mismo tiempo, juzgar insuficiente el horizonte que ofrece un tercer mandato. Esta segunda valoración ayuda a explicar por qué la primera, aislada, ya no resulta tan convincente como antes.

Lula no necesita un cuarto mandato para asegurar su lugar en la historia. Su biografía ya está grabada en la historia política brasileña. Lo que necesita justificar es la utilidad de cuatro años más para alguien que no solo quiere recordar lo que vivió o aprender sobre lo que sucedió antes de su nacimiento. Una elección no debería funcionar como una ceremonia de coronación. El recuerdo de un gobierno solo se transforma en una promesa convincente cuando permite imaginar el siguiente paso. La cuestión central ya no es cuánto le debe Brasil a Lula, sino qué tipo de país está dispuesto a ayudar a construir.

En este sentido, cabe anhelar el regreso de la «Lula del Antiguo Testamento»: menos complaciente en la gestión de límites y más dispuesta a explicitar los conflictos que los generan. No se trata de abandonar la negociación ni las garantías democráticas, sino de determinar quién gana y quién pierde ante decisiones económicas presentadas como inevitables. La política recupera su sentido cuando hace comprensibles estos conflictos y asume compromisos sobre cómo afrontarlos.

Desde esta perspectiva, la lucha de clases se manifiesta de forma muy concreta: la jornada laboral, el coste del crédito, los impuestos al consumo, la protección de activos y la asignación presupuestaria. En este sentido, resulta esclarecedor el contraste que Salles estableció entre la indignación empresarial respecto a las prestaciones sociales y la propia observación de André Esteves (BTG Pactual) sobre las subvenciones recibidas por el mercado financiero. Un proyecto de desarrollo nacional debe distinguir entre la remuneración de la inversión productiva y la protección de las ganancias que contribuyen poco a la expansión del empleo, la capacidad tecnológica y el bienestar.

Existe un espacio social para este debate, pero no una fórmula retórica infalible. En la encuesta de Quaest de julio de 2025 , el 63% apoyó el aumento de impuestos a los más ricos para reducir los de los más pobres; al mismo tiempo, el 53% rechazó el discurso de «ricos contra pobres», asociándolo con la exacerbación de los conflictos. La encuesta también registró un giro favorable a Lula tras las subidas arancelarias de Trump, sin aislar sus causas. El mensaje es más complejo que simplemente abogar por elevar el tono: las propuestas redistributivas pueden obtener apoyo incluso entre quienes rechazan el lenguaje utilizado para presentarlas. Por lo tanto, la confrontación debe tener un objeto, un propósito y un resultado comprensibles.

Una visión de futuro debe unificar este debate. La reindustrialización, la productividad, la ciencia, la inteligencia artificial, la soberanía digital, la transición energética, la infraestructura, la expansión masiva de la red de metro y ferrocarril y el programa «Minha Casa Minha Vida» no pueden presentarse como una simple lista de anuncios. Deben responder a una pregunta común: ¿cómo generará el país mayor riqueza, dominará las tecnologías y transformará estos logros en mejores condiciones de vida? La Constitución ya vincula el orden económico con la valorización del trabajo, la soberanía nacional y la reducción de las desigualdades. Transformar estos objetivos en una dirección estatal efectiva sería una forma de vincular la defensa de la democracia con la transformación material que exige parte de la sociedad.

Esto también exige cuestionar la reforma de las instituciones. Defender su independencia no significa considerarlas inmunes a la mejora ni indiferentes a los intereses que representan. La transparencia, el control del poder económico, la rendición de cuentas y la participación social forman parte de una agenda democrática. La alternativa a la captura autoritaria no puede ser la preservación de todos los sistemas existentes. El sector progresista debe demostrar que existen cambios institucionales capaces de ampliar los derechos y otros capaces de concentrar el poder, aunque ambos se presenten al público con el mismo discurso de renovación.

La primera ronda de votación hizo que esta distinción fuera más urgente. El Partido Laborista (PL) ocupará 28 de los 81 escaños del Senado. Folha identificó al menos a 49 senadores a favor de la destitución de magistrados del Tribunal Supremo, aunque con reservas, cinco menos de los 54 necesarios para la condena. Este grupo no constituye un bloque homogéneo ni garantiza votos en casos específicos. Aun así, demuestra que la posibilidad de destituciones ya no es solo una consigna lejana. Su ejecución dependería de alianzas, del liderazgo del Senado y de las circunstancias de cada caso, en un contexto de presión sobre el Tribunal.

La renovación ordinaria del Tribunal Supremo amplía el alcance de la elección. Además de la vacante dejada por Barroso, están las jubilaciones obligatorias de Fux en 2028 y Cármen Lúcia en 2029. Gilmar Mendes alcanza el límite de edad el 30 de diciembre de 2030, lo que genera incertidumbre sobre cuándo será reemplazado. Folha señaló la posibilidad de cuatro nominaciones . Cada nombre depende de la aprobación del Senado, y el nombramiento no garantiza lealtad futura. Pero la autonomía formal no exime de examinar la conducta: el comportamiento de los actuales nominados de Bolsonaro ofrece razones concretas para tomar en serio el riesgo de alineación política.

En el caso de André Mendonça, la publicación del informe sobre Vorcaro y Moraes a principios de septiembre sometió a su colega a una intensa presión en vísperas del 7 de septiembre, en plena campaña electoral. Reinaldo Azevedo interpretó la acción como una intervención guiada por el calendario electoral; Igor Gielow , en Folha de S.Paulo, también identificó un beneficio político para Flávio en el momento de la publicación. Considero que el episodio es un indicio relevante de convergencia con el proyecto de Bolsonaro. Esto no convierte la intención partidista en un hecho judicialmente probado, ni exime de la investigación de las sospechas contra Moraes. Sin embargo, nos obliga a examinar las acciones de quienes investigan con el mismo rigor aplicado a quienes son investigados.

Nunes Marques ofrece otro ejemplo. Según un reportaje de Folha de São Paulo del 5 de octubre, tiene la intención de juzgar la revisión penal de Bolsonaro tras la segunda vuelta de las elecciones, independientemente del ganador, y está considerando liberarlo mediante una orden judicial preliminar. El artículo señala que lo más probable es que el caso sea llevado ante el pleno del tribunal. Flávio cuenta con una decisión favorable para ascender a la corte acompañado de su padre; la Fiscalía General, por su parte, ha solicitado el rechazo de la revisión. Existe, por lo tanto, una clara intención por parte del ministro y una expectativa política explicitada por la familia. Sumado al historial de Mendonça, se observa una clara convergencia política de sectores de la Corte Suprema alineados con el proyecto de poder de Bolsonaro, dejando así de ser una mera preocupación abstracta.

La hipótesis de Reinaldo Azevedo es que los nuevos nombramientos, sumados a los de Mendonça y Nunes Marques, podrían generar una mayoría afín en el Tribunal Supremo; los juicios políticos posteriores amplificarían esta posibilidad. Esto constituye una importante advertencia de que podría producirse una profunda transformación del régimen político con una alineación entre el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo, a través de una nueva correlación de fuerzas altamente favorable a la ultraderecha. La mera existencia formal de las instituciones no garantiza que continúen funcionando como límites recíprocos al poder.

Las declaraciones de Flávio corroboran esta preocupación. En una entrevista con Folha en junio de 2025, afirmó que el candidato apoyado por su padre debía garantizar su indulto y afrontar cualquier resistencia del Tribunal Supremo, llegando incluso a mencionar el «uso de la fuerza». El problema va más allá de la influencia personal de Jair sobre su hijo. Radica en el compromiso de subordinar el funcionamiento de las instituciones a la reparación política exigida por una familia y su grupo.

En esta evaluación también debe considerarse la dimensión internacional. Las subidas arancelarias de Trump, sumadas a la presión ejercida a favor de Bolsonaro, ya han demostrado que los intereses familiares pueden buscar apoyo externo a costa del país. En este sentido, la injerencia extranjera se produce a través de un grupo político arraigado en el país, que actúa como una especie de «quinta columna». Una alianza política transnacional es, por lo tanto, capaz de interferir y dictar el rumbo político de Brasil desde un centro neurálgico en Washington. Un proyecto democrático brasileño necesita afirmar su capacidad para decidir soberanamente su propio rumbo, negociar internacionalmente y proteger a su población de los intereses extranjeros liderados por una potencia extranjera.

La tarea del sector progresista, por lo tanto, consiste en demostrar que la seguridad económica y la libertad política pueden avanzar de la mano. Cuando la defensa institucional parece exigir resignación ante el sufrimiento, se debilita. Superar este estancamiento requiere un programa capaz de dar una base material al concepto abstracto de democracia.

Por eso, la aprobación y puesta en marcha de un plan nacional de desarrollo constituye el mayor legado estructural posible de una Lula 4. La Constitución ya contempla la planificación estatal y los planes nacionales. Lo que falta es la transformación de principios abstractos en compromisos concretos a largo plazo, con objetivos productivos y sociales, financiación y responsabilidades definidas. El plan debería organizar la transformación industrial y tecnológica, la transición ambiental y la expansión de los servicios públicos en torno a ganancias de productividad distribuidas socialmente.

Desde una perspectiva jurídica e institucional, esto requeriría una agenda coordinada de reformas monetarias, cambiarias, fiscales y tributarias, con cambios constitucionales y legales específicos, lo que haría innecesaria una nueva Asamblea Constituyente. El crédito a largo plazo, el control eficiente de la cuenta de capital, la protección de la inversión pública y una tributación más progresiva tendrían que funcionar de manera coordinada, permitiendo, entre otras cosas, una reducción estructural de la tasa de interés básica de la economía mediante el aumento de la productividad. Superar las limitaciones neoliberales, desde esta perspectiva, significa crear un marco normativo-económico coherente con los objetivos de desarrollo democrático.

El debate en torno al real (moneda brasileña) ayuda a esclarecer esta diferencia. El fin de la hiperinflación fue un logro social duradero, especialmente para quienes no pudieron proteger sus ingresos. Pero los instrumentos utilizados para sostener la estabilidad tuvieron un costo. Un informe histórico de la Agencia Brasil examinó la carga de las altas tasas de interés sobre la deuda pública, una situación que permanece inalterada hasta el día de hoy , reduciendo así el margen presupuestario para las inversiones públicas, lo que ha disminuido significativamente la competitividad nacional. Superamos la hiperinflación, pero no garantizamos un camino continuo hacia la prosperidad. La estabilidad monetaria y el aumento de la productividad deben formar parte del mismo proyecto.

Un presidente no puede lograr esta transformación por sí solo. Las reformas duraderas dependen de una mayoría parlamentaria, coordinación federal, capacidad administrativa y apoyo social. Deben involucrar a trabajadores, universidades, organizaciones civiles y sectores productivos interesados ​​en ampliar la capacidad del país. El consenso necesario no es ni unanimidad ni una suspensión de conflictos: es un acuerdo suficientemente amplio sobre objetivos, instrumentos y responsabilidades. Sin un movimiento nacional, el plan corre el riesgo de convertirse en una mera declaración de intenciones. Sin metas, presupuesto, transparencia y evaluación, la movilización puede perder impulso y participación. El gobierno y la base social que lo eligió tienen roles distintos, pero deben actuar de manera complementaria.

La posibilidad electoral permanece abierta. Los más de 33 millones de ausentes y los votos atribuidos a otros candidatos permiten cambios significativos, sin garantizar su dirección. Ninguno de estos grupos pertenece ya a Lula. Reconocer este espacio no justifica minimizar el resultado de Flávio, pero impide considerar la derrota en primera vuelta como una sentencia definitiva. El reto de Lula es presentar una perspectiva convincente de cara al futuro hasta el día de las elecciones. La existencia de un proyecto nacional coherente es importante tanto para ganar las elecciones como para competir democráticamente en la sociedad si no se está en el poder.

Aunque el resultado electoral no cambie, esta formulación podría transformar una derrota electoral en el inicio de una futura victoria política. Un bloque democrático y soberano, unido por un proyecto de desarrollo nacional y social, sería capaz de organizar una oposición cohesionada durante los siguientes cuatro años. La victoria del proyecto de Bolsonaro implicará necesariamente un proyecto antipopular, con la subordinación de los intereses nacionales a los del centro político de la ultraderecha global establecida en Washington y a sectores de la burguesía brasileña que abogan por un ajuste fiscal agresivo con gran capacidad para debilitar las redes de protección social y económica, capaz de frustrar la expectativa de prosperidad que lo llevó al poder. Pero la erosión de un posible gobierno de Flávio no sería automática: la oposición tendría que demostrar la correlación entre sus acciones y consecuencias y ofrecer alternativas, sin esperar pasivamente el fracaso del adversario.

Este frente no tiene por qué limitarse a la izquierda. Puede reunir a los sectores centristas y democráticos de la derecha, siempre que también estén dispuestos a debatir nuevos marcos económicos. Una alianza que exige a los progresistas que revisen sus posturas, pero que declara intocables las opciones económicas de sus socios, es inherentemente desequilibrada. La amplitud democrática debe incluir la negociación recíproca y los compromisos públicos. Defender las instituciones es un punto de convergencia indispensable; construir un país capaz de ofrecer empleo, seguridad y perspectivas de movilidad social es el paso necesario para dar permanencia social a este encuentro.

Por lo tanto, un cambio de rumbo es posible de dos maneras. El aspecto electoral sigue siendo incierto. El aspecto político comienza cuando la defensa de Lula deja de limitarse a lo que representan sus logros pasados ​​y empieza a organizar lo que el país pretende alcanzar. El candidato de 80 años aún puede disputar la idea del futuro frente a una candidatura restauracionista. Para ello, necesita vincular la democracia, la soberanía y la transformación económica a un compromiso que trascienda su propia biografía. Ganar otras elecciones sería decisivo; dejar tras de sí una fuerza social organizada y un proyecto nacional capaz de trascender gobiernos sería un legado más duradero. Es esta posibilidad la que hace que la contienda sea relevante más allá de su resultado inmediato.

Fuente: Resumen Latinoamericano