Como señalan Catherine Porter y Ségolène Le Stradic, las protestas se han extendido a más de cuarenta ciudades francesas, congregando a estudiantes tanto de suburbios de clase trabajadora como de barrios acomodados, así como de escuelas prestigiosas y universidades. Padres, docentes y sindicalistas se han sumado a las manifestaciones, convirtiendo una revuelta centrada en el deterioro de las escuelas en un movimiento de alcance nacional. Su solidaridad desafía las divisiones de clase que, durante mucho tiempo, han condicionado las oportunidades educativas en Francia, e integra la defensa de la educación pública en una lucha más amplia contra la austeridad capitalista.
Lo que confiere una importancia particular a este movimiento en desarrollo es la creciente participación del movimiento obrero organizado. Vračar informa que miembros de los principales sindicatos, incluida la Confederación General del Trabajo (CGT), se han unido a las manifestaciones estudiantiles; en algunos casos, han formado cordones de protección entre los jóvenes manifestantes y la policía. La CGT ha subrayado que los estudiantes de hoy son los trabajadores del mañana y que no deberían verse obligados a cargar con las consecuencias de la austeridad. Este reconocimiento abre la puerta a una alianza más amplia entre los jóvenes que luchan por oportunidades educativas y los trabajadores que se enfrentan al deterioro de los salarios, al debilitamiento de la protección social y a una creciente inseguridad económica. La participación de los sindicatos aporta al movimiento estudiantil experiencia organizativa, memoria histórica y vínculos con luchas que trascienden, con creces, el ámbito de las aulas. Como señala Vračar, la convergencia de organizaciones estudiantiles, sindicatos y sectores de la izquierda parlamentaria ha abierto la posibilidad de un movimiento colectivo más amplio, capaz de cuestionar las prioridades políticas y económicas del gobierno. A medida que la revuelta se extiende para hacer frente al aumento del coste de vida y de los combustibles, a los ataques contra las prestaciones de jubilación y al «deterioro de los servicios públicos», la posibilidad de un movimiento más vasto contra el poder capitalista se vuelve cada vez más concreta.
Francia posee una larga historia de resistencia estudiantil, en la que las protestas relacionadas con la educación se han convertido, en repetidas ocasiones, en catalizadores de una agitación política de mayor alcance. Como señala Barnay, la revuelta estudiantil de mayo de 1968 contribuyó a desencadenar una huelga a escala nacional, mientras que las protestas de los estudiantes de secundaria en 1990 demostraron la capacidad de los jóvenes para desafiar a la autoridad política. El gobierno de Macron se enfrenta ahora a la posibilidad de una «convergence des luttes»: una unión de reivindicaciones contra la austeridad, la caída de los salarios, el aumento del coste de la vida y la erosión de las protecciones sociales. El recuerdo del movimiento de los «chalecos amarillos» sigue acechando al establishment político. La perspectiva de que los estudiantes unan sus fuerzas a las del movimiento obrero organizado amenaza con transformar una revuelta centrada en la educación en un enfrentamiento mucho más amplio contra el poder capitalista.
Los intereses de clase que subyacen a las políticas de austeridad de Macron son imposibles de ocultar. Barnay señala que, según estimaciones del Tribunal de Cuentas francés (Cour des Comptes), los recortes en el impuesto de sociedades y en las cotizaciones a la seguridad social —aplicados desde 2018— suponían para las finanzas públicas un coste aproximado de 62.000 millones de euros anuales en 2023. Mientras las grandes empresas y los más ricos se benefician de estas medidas, se endurecen las condiciones de protección frente al desempleo, se retrasa la edad de jubilación y se priva a los servicios públicos de recursos. El gobierno invoca entonces la «necesidad fiscal» para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores, a los estudiantes y a los sectores más pobres. Se trata de lo que podría denominarse «capitalismo de gánsteres»: el Estado protege la riqueza acumulada, al tiempo que obliga a quienes tienen menos poder a cargar con los costes de la austeridad. La revuelta estudiantil pone de manifiesto que la austeridad no es una respuesta inevitable ante las necesidades económicas, sino un arma política empleada en favor de los intereses del capital.
Las protestas están adquiriendo, además, un carácter internacional. Barnay observa que los manifestantes franceses han portado pancartas que hacen referencia a movimientos de la «Generación Z» en Nepal, Marruecos y Madagascar. Estas alusiones sugieren que, entre los jóvenes, crece la conciencia de que sus luchas contra la austeridad, la corrupción y la exclusión política están interconectadas más allá de las fronteras nacionales. A través de estas diversas luchas en distintos países, los jóvenes desafían la concentración de riqueza y poder que condena a su generación a la precariedad económica, al despojo político y a un futuro cada vez más invivible.
Las protestas en Francia forman parte, asimismo, de una revuelta internacional más amplia contra el capitalismo neoliberal. Barnay señala que los manifestantes franceses han portado pancartas que hacen referencia a movimientos de la «Generación Z» en Nepal, Marruecos y Madagascar. Estas referencias sugieren un creciente reconocimiento entre los jóvenes de que sus luchas contra la austeridad, la corrupción y la exclusión política están conectadas más allá de las fronteras nacionales.
Los levantamientos en Italia y Albania otorgan una mayor fuerza política a esta revuelta, cada vez más extendida, contra el «capitalismo de gánsteres». Ana Vračar informa que, en Italia, manifestaciones masivas han sacado a las calles a estudiantes, docentes, trabajadores y sindicatos para desafiar las políticas de austeridad, la destrucción de la educación pública, la militarización y la agenda de extrema derecha del gobierno de Giorgia Meloni. En Albania, según informa Democracy Now!, los estudiantes se han sumado a un movimiento más amplio contra la corrupción, la precariedad económica, el deterioro de las universidades y el saqueo de los recursos públicos; esto incluye su oposición a un proyecto de complejo turístico de lujo respaldado por Jared Kushner e Ivanka Trump. En ambos países, al igual que en Francia, estos movimientos se han enfrentado a la violencia policial. Estas revueltas ponen de manifiesto las consecuencias acumuladas de más de cuatro décadas de políticas neoliberales que han transferido una enorme riqueza y poder a las élites gobernantes, al tiempo que desmantelaban el Estado social y condenaban a millones de personas —especialmente a los jóvenes— a una vida marcada por la inseguridad y la desposesión. La fuerza política de estas luchas reside en la creciente solidaridad entre estudiantes, trabajadores y educadores, quienes están transformando su indignación colectiva en una resistencia organizada contra un sistema capitalista que les ha arrebatado su dignidad, sus derechos democráticos y su futuro.
La violencia ejercida contra estos movimientos revela otro rasgo inquietante del orden neoliberal: la creciente dependencia de un «Estado punitivo» para aplastar la disidencia y proteger el poder establecido. En la India, el gobierno autoritario del primer ministro Narendra Modi ha desatado una represión policial masiva contra jóvenes manifestantes que denuncian una presunta manipulación electoral y la erosión de las libertades democráticas. Según informa Amnistía Internacional, la policía ha golpeado a los manifestantes, los ha arrastrado por las calles, ha detenido arbitrariamente a miles de personas y ha impuesto restricciones a la libre circulación y al acceso a internet. Lo que está ocurriendo en Francia, Italia, Albania y la India revela un preocupante patrón a escala internacional: los gobiernos tratan cada vez más a los jóvenes que exigen justicia, dignidad y rendición de cuentas democrática como «enemigos del Estado». El uso de la violencia policial contra la juventud constituye, además, una forma de «educación política» destinada a infundir miedo, imponer la obediencia y convencer a toda una generación de que desafiar al poder establecido conlleva un precio muy alto. A pesar de esta represión, los jóvenes siguen saliendo a las calles, negándose a renunciar a su capacidad de acción política o a abandonar la lucha por derrocar un sistema capitalista cimentado en la explotación, la desigualdad y la concentración de la riqueza y el poder. En lugar de atender sus reivindicaciones, el gobierno francés se ha sumado a Marine Le Pen y a la extrema derecha a la hora de dirigir la culpa hacia los estudiantes y la izquierda política.
El valor para resistir la violencia estatal no surge en un vacío histórico. Se forja a través de luchas políticas, memorias colectivas y tradiciones educativas que enseñan a los jóvenes que es posible desafiar la injusticia y exigir rendición de cuentas al poder. Como señala Will Bunch, los estudiantes franceses heredan una cultura política moldeada por sólidas tradiciones de resistencia colectiva y defensa de los derechos democráticos. Basándose en la socióloga Dana R. Fisher, Bunch subraya la importancia de los vínculos entre estudiantes, familias y sindicatos para sostener la protesta política. Las escuelas francesas también desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener vivas estas tradiciones. Tal como observa Kitty Sayers, los estudiantes aprenden desde una edad temprana sobre la historia revolucionaria de su país, las luchas que conquistaron los derechos democráticos y las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos.
La Revolución francesa y las revueltas estudiantiles de 1968 forman parte de su educación, mientras que los debates en el aula alientan a los jóvenes a desarrollar sus propias opiniones políticas y a defenderlas. Sayers escribe que «el lenguaje de los derechos, la ciudadanía y el poder colectivo está entretejido en la educación francesa». Estas lecciones proporcionan a los jóvenes un lenguaje con el que comprender la injusticia, cuestionar a la autoridad y reconocer la protesta como un derecho democrático fundamental. Asimismo, ayudan a cultivar un sentido de solidaridad y responsabilidad colectiva que desafía la exaltación neoliberal del individualismo posesivo, la competencia y la creencia de que cada individuo es el único responsable de su propio destino.
En esta tradición, la democracia es inseparable de la lucha por los derechos sociales, la rendición de cuentas de las instituciones públicas y el poder colectivo para hacer frente a la injusticia. Sayers añade que los jóvenes franceses, educados para participar como ciudadanos, están más que dispuestos a salir a la calle para exigir responsabilidades al poder. A través de manifestaciones, organización política y alianzas con trabajadores, docentes y sindicatos, los estudiantes franceses ponen en práctica estas lecciones. Su resistencia demuestra cómo el conocimiento histórico y la educación política pueden convertirse en herramientas en la lucha contra la austeridad, la represión estatal y la dominación capitalista.
El Estado punitivo y la criminalización de la resistencia juvenil
La respuesta del gobierno francés ante el levantamiento estudiantil pone de manifiesto la creciente brutalidad con la que el neoliberalismo adopta un modelo de Estado punitivo. Los jóvenes que exigen profesores, escuelas dignas y un futuro habitable se han topado con la policía antidisturbios, detenciones masivas, gases lacrimógenos y armas capaces de causar lesiones permanentes. A medida que se desmantela el Estado social, se expande el aparato represivo. Los estudiantes que reclaman derechos democráticos son tratados cada vez más como enemigos del orden público; su resistencia es criminalizada por un gobierno más dispuesto a castigarlos que a abordar las condiciones que los llevaron a salir a las calles.
Tal como informan June Loper y Harrison Stetler en The Nation, las autoridades francesas han respondido al movimiento estudiantil con un despliegue extraordinario de fuerza policial. A principios de octubre, el número de detenciones se acercaba a las 7.000; se estima que aproximadamente el 87 por ciento de los detenidos eran menores de 18 años. La magnitud de estas detenciones superó los niveles iniciales de prisión preventiva registrados durante el movimiento de los «chalecos amarillos», que a su vez se hizo notorio por los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dejó clara la postura del gobierno al declarar: «No hay órdenes de contención». Las consecuencias han sido devastadoras: jóvenes manifestantes han sufrido fracturas de mandíbula, graves lesiones en la cabeza, pérdida permanente de visión y mutilaciones en las manos. Un joven de quince años en Lens perdió una mano tras la explosión de una granada policial, mientras que otro adolescente en Tours quedó ciego de un ojo. Estas lesiones revelan la barbarie de un Estado dispuesto a mutilar a niños y adolescentes en defensa de su autoridad política. La represión policial intensificó la indignación pública, mientras que los actos de saqueo, incendios provocados y vandalismo —cometidos por grupos minoritarios— brindaron a gran parte de los medios de comunicación convencionales la oportunidad de desviar la atención de las reivindicaciones estudiantiles hacia el espectáculo del desorden.
La severidad de la represión ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de las libertades civiles. Loper y Stetler señalan que Amnistía Internacional Francia advirtió sobre el uso desproporcionado de la fuerza, citando pruebas de técnicas de estrangulamiento, el disparo de botes de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes y el uso generalizado de balas de goma. Para el 8 de octubre, los organismos franceses de control policial habían abierto dieciocho investigaciones sobre denuncias de mala conducta durante las manifestaciones. Tales abusos ponen de manifiesto un Estado que, cada vez más, trata los derechos democráticos de los jóvenes como algo supeditado a la preservación de la autoridad política. La criminalización de la protesta se convierte en un mecanismo para disciplinar a toda una generación cuyas demandas amenazan los intereses de quienes detentan el poder.
La represión también pone de manifiesto el odio racial y de clase que subyace en el ejercicio del poder policial. Como señaló el sociólogo Arthur Vuattoux a Loper y Stetler, el levantamiento estudiantil ha sido tratado como un disturbio urbano, en parte porque surgió en barrios desfavorecidos. Él describe un proceso de «adultificación», mediante el cual los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías son despojados de las protecciones que normalmente se otorgan a los menores, siendo presentados, en cambio, como delincuentes peligrosos que deben ser disciplinados y controlados. El contraste entre el modo en que la policía trata a los estudiantes en distritos de clase trabajadora, como Seine-Saint-Denis, y a los de instituciones de élite, como Sciences Po, exige un análisis más detenido. Las desigualdades de clase y raza que privan a los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías de una educación digna también los exponen a un mayor riesgo de ser criminalizados y de sufrir violencia estatal cuando deciden resistir. Para los jóvenes pobres y de minorías, la negación de oportunidades educativas se ve reforzada por un Estado que, cada vez más, los considera poblaciones peligrosas que deben ser controladas, en lugar de jóvenes que ejercen sus derechos democráticos.
El intento del gobierno de criminalizar el levantamiento ha intensificado el conflicto. El primer ministro Sébastien Lecornu advirtió que la «ultraviolencia» había llegado a las puertas de los institutos franceses, mientras que funcionarios gubernamentales acusaron a organizaciones de izquierda de aprovecharse de las reivindicaciones estudiantiles y avivar los disturbios.
Una vez más, la criminalización de la disidencia encuentra un eco inquietante en ciertos sectores de la prensa convencional. En un artículo del 19 de octubre en el New York Times, Amelia Nierenberg, Lynsey Chutel y Catherine Porter comenzaron su relato de las protestas con imágenes de disturbios, saqueos, cristales rotos y coches incendiados, relegando a un segundo plano las demandas de los estudiantes por una educación digna y justicia económica. Este tipo de cobertura transforma un movimiento masivo en favor de la justicia educativa en un espectáculo de desorden, ocultando las reivindicaciones políticas de cientos de miles de estudiantes tras imágenes de ventanas rotas y vehículos en llamas. Incluso The Guardian reconoció que las manifestaciones estuvieron «caracterizadas, en su mayor parte, por protestas pacíficas» en las que participaron cientos de miles de personas, incluidos estudiantes y sus familias.
Los actos de vandalismo, incendios provocados y saqueos fueron perpetrados por grupos mucho más reducidos. El espectáculo de la destrucción se convierte en un arma política, lo que permite al gobierno de Macron presentar una lucha contra la austeridad y el abandono educativo como una crisis de orden público. Cuando la quema de vehículos recibe más atención que la destrucción de la educación pública, y cuando los daños materiales se vuelven más visibles que las vidas arruinadas y los futuros arrebatados de los jóvenes, el periodismo se vuelve cómplice de una política de distracción que ayuda a legitimar la represión estatal. La violencia estructural de la austeridad capitalista, la explotación de clase y el abandono de la juventud quedan fuera del debate público, mientras que la represión estatal contra la disidencia se presenta como una defensa del orden público. Como sostiene Elijah Dale, poner fin a un bloqueo no resuelve la escasez de docentes, y restablecer el orden en el entorno de un centro educativo no contribuye en nada a reparar las condiciones que dieron lugar a la protesta. El énfasis del gobierno en la seguridad —reforzado por una cultura mediática atraída por los espectáculos de destrucción— amenaza con sepultar precisamente aquellas reivindicaciones que llevaron a cientos de miles de jóvenes a salir a las calles.
La criminalización de la disidencia también adopta formas económicas. Loper y Stetler describen una propuesta de ley de «quien rompe, paga», que podría exponer a los manifestantes a sanciones económicas por daños que no causaron personalmente, e incluso castigar a sus familias mediante deducciones de ciertas prestaciones sociales. De aprobarse, tales medidas impondrían una carga adicional a las familias de la clase trabajadora, que ya sufren las consecuencias de la austeridad. La crueldad de esta propuesta reside en su intento de extender el castigo estatal más allá de los propios manifestantes, dejando a las familias de la clase trabajadora financieramente vulnerables ante la criminalización de la disidencia. Bajo este «Estado punitivo», la pobreza se convierte en un factor de vulnerabilidad frente a nuevos castigos, mientras que el ejercicio de los derechos democráticos conlleva la amenaza de represalias económicas.
La violencia estatal constituye, además, una forma de pedagogía pública. La brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y los castigos económicos enseñan a los jóvenes qué intereses protege el Estado, qué vidas considera prescindibles y qué sucede cuando se desafía al poder capitalista. El espectáculo de la represión inculca miedo, obediencia y conciencia sobre los peligros de desafiar a la autoridad. Sin embargo, también puede generar indignación, solidaridad y la creciente convicción de que la injusticia debe enfrentarse mediante la lucha colectiva. Las calles se transforman en espacios de educación política donde los jóvenes descubren su poder colectivo y comienzan a cuestionar a las instituciones responsables de su sufrimiento.
La represión contra los estudiantes franceses pone de manifiesto que el Estado punitivo funciona como un instrumento de dominación capitalista. No obstante, la violencia ejercida contra estos jóvenes también ha contribuido a visibilizar a las fuerzas políticas responsables de su padecimiento. Su lucha trasciende ahora la defensa de la educación pública, orientándose hacia una confrontación más amplia contra un sistema que percibe los derechos democráticos como obstáculos para la acumulación de riqueza y poder.
Conclusión: reivindicar el futuro más allá del capitalismo
La revuelta estudiantil francesa conlleva una advertencia que trasciende, con creces, el ámbito de las aulas. Una generación a la que se le niegan la seguridad económica, unas escuelas dignas, los derechos democráticos y la posibilidad de un futuro habitable, se niega a aceptar su propia condición de «desechable». Estos jóvenes se enfrentan a un sistema de «capitalismo de gánsteres» que concentra la riqueza y el poder en manos de una élite dirigente, mientras trata las necesidades de la mayoría como algo prescindible. Su revuelta pone al descubierto la bancarrota moral y política de un sistema dispuesto a sacrificar el futuro de sus propios hijos para proteger las fortunas de los más ricos. La lucha que se desarrolla en Francia apunta a la necesidad de derrocar un orden capitalista cuya supervivencia depende de la explotación, la desigualdad y la destrucción del bien común.
Los escritos de Jean y John Comaroff sobre la juventud en el marco del capitalismo global arrojan luz sobre una de las contradicciones centrales de la sociedad neoliberal. Los autores sostienen que los jóvenes encarnan las contradicciones cada vez más profundas de una sociedad que los celebra como símbolos del futuro, al tiempo que les niega los medios para construirlo. Se recibe a los jóvenes en el mercado en calidad de consumidores, pero, al mismo tiempo, se les excluye cada vez más de la seguridad económica, de una ciudadanía plena y del poder político. Heredan un mundo en el que las promesas de progreso han dado paso a vidas precarias, al abandono social y a la destrucción de la responsabilidad colectiva. Su indignación se vuelve políticamente explosiva cuando comprenden que el sistema que exige su lealtad es, en realidad, el responsable de la destrucción de su futuro.
La forma en que una sociedad representa a sus jóvenes revela mucho sobre su carácter político y moral. Bajo el capitalismo neoliberal, los jóvenes son celebrados como consumidores y símbolos de innovación, siempre y cuando se sometan a las exigencias del mercado. Cuando se resisten, se convierten en objeto de temor, vigilancia y castigo. Tal como se expone en Youth in a Suspect Society: Democracy or Disposability? («Juventud en una sociedad bajo sospecha: ¿democracia o condición de desechable?»), el neoliberalismo ha generado una cultura política en la que los jóvenes —especialmente aquellos que viven en la pobreza o sufren marginación racial— son representados, cada vez más, como poblaciones peligrosas que deben ser vigiladas, disciplinadas y controladas. La respuesta del Gobierno francés ante la revuelta estudiantil pone de manifiesto la brutalidad de este mecanismo que convierte a las personas en algo «desechable». Los jóvenes que exigen escuelas dignas y un futuro habitable se topan con la violencia policial y la criminalización. Su negativa a renunciar a su futuro se convierte en motivo de represión, lo que revela hasta qué punto el «Estado punitivo» se ha transformado en un instrumento al servicio de la protección del poder capitalista.
La relevancia política de la revuelta estudiantil francesa reside en la creciente capacidad de los jóvenes para reconocer que sus dificultades personales tienen su raíz en estructuras de explotación capitalista y dominación política, para organizarse colectivamente y para imaginar un futuro más allá del orden existente. A través de la lucha colectiva, están rompiendo con la cultura neoliberal del individualismo posesivo y con la creencia de que el capitalismo marca los límites de lo políticamente posible. Sus alianzas con docentes, trabajadores y sindicatos apuntan hacia la formación de una conciencia política colectiva, capaz de transformar la indignación en una resistencia organizada. Mediante estas luchas, los jóvenes se afirman como actores históricos con el poder de cuestionar y transformar las condiciones de su propia existencia.
Pedagogía de la resistencia: contra la ignorancia fabricada sostiene que la educación es fundamental en la lucha por la conciencia, la capacidad de acción política y la facultad de imaginar y luchar por un mundo más allá del capitalismo. En una época en la que el «capitalismo de gánsteres» ha convertido la ignorancia en un arma política y la educación en un instrumento de conformismo y represión, la pedagogía crítica se vuelve indispensable para la resistencia colectiva. Los jóvenes necesitan el conocimiento histórico, la imaginación política y el valor necesarios para comprender cómo sus problemas personales están vinculados a estructuras más amplias de explotación y dominación. Requieren una educación que les permita cuestionar la autoridad, denunciar la violencia del poder capitalista y reconocer su propia capacidad para intervenir en la historia. Esta educación debe integrarse en una lucha más amplia, orientada a derrocar el poder capitalista y a construir una sociedad organizada en torno a las necesidades humanas, en lugar de al beneficio privado.
La revuelta estudiantil francesa ha comenzado a transformar una lucha contra las carencias en el ámbito educativo en una confrontación más amplia contra la dominación capitalista. Su importancia política reside en el reconocimiento de que, si bien reparar las escuelas, revertir las políticas de austeridad y restaurar las protecciones sociales son medidas esenciales, por sí solas no bastan para desmantelar las estructuras de poder responsables de la crisis.
Lo que se requiere es una ruptura radical con un sistema capitalista que antepone el beneficio privado a la vida humana, legitima desigualdades obscenas y condena a generaciones enteras a una existencia marcada por la precariedad y la desvalorización. La lucha que se desarrolla en Francia encierra la posibilidad de transformar la indignación juvenil en un movimiento de masas capaz de desafiar la dominación capitalista y de forjar nuevas formas de vida democrática. Esta lucha exige una educación crítica, una organización política a gran escala y lazos de solidaridad que trasciendan las fronteras nacionales y las brechas generacionales. Requiere, además, una imaginación política que se niegue a aceptar la ficción ideológica de que el capitalismo representa el «fin de la historia».
Los jóvenes que ocupan las calles de Francia nos recuerdan que la historia sigue abierta y que el orden vigente no es ni natural ni eterno. Una sociedad que declara la guerra a su juventud está declarando la guerra a su propio futuro. El rechazo de los estudiantes a aceptar ese destino conlleva una exigencia que trasciende las fronteras de Francia: el desmantelamiento de un sistema capitalista que ha convertido la desvalorización de los jóvenes en una condición para su propia supervivencia, y la creación de una sociedad radicalmente democrática en la que la dignidad humana, la justicia económica y el derecho a un futuro prevalezcan sobre las exigencias salvajes y crueles del capital.
Henry A. Giroux ocupa actualmente la cátedra de Estudios de Interés Público de la Universidad McMaster en el Departamento de Estudios Ingleses y Culturales y es Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Sus libros más recientes son: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review of Books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury 2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury 2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es también miembro de la junta directiva de Truthout.
Fuente: Rebelión