Un anuncio de reclutamiento publicado en Facebook por Global Security Services Group (GSSG) el 12 de diciembre de 2024 solicitaba a las agencias de reclutamiento de Colombia, Chile y Ruanda que proporcionaran personal para lo que la empresa describió como un “proyecto especial de guardias de seguridad”.
Detrás de la publicidad aparentemente rutinaria se escondía una empresa con sede en Abu Dabi cuyo nombre saldría a la luz más tarde en las investigaciones sobre el reclutamiento de mercenarios colombianos para la guerra en Sudán.
En su página web , GSSG se presenta como un proveedor independiente de seguridad privada, destacando su trabajo en materia de seguridad y logística para clientes públicos y privados, así como su condición de ser la primera empresa en los Emiratos Árabes Unidos en recibir una licencia de seguridad privada.
Las conexiones de la empresa con altos funcionarios emiratíes han suscitado desde entonces un mayor escrutinio sobre el papel de Abu Dabi en la guerra de Sudán y sobre los contratistas privados que operan en su nombre.
La ruta de la ONU conduce a Abu Dabi.
Desde que estalló la guerra en Sudán en abril de 2023, las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por Abdel Fattah al-Burhan, han estado luchando contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
La asistencia militar y logística extranjera ha contribuido a perpetuar el conflicto. Abu Dabi ha sido acusada repetidamente de abastecer a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), cuyos combatientes han estado implicados en asesinatos en masa, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Los Emiratos Árabes Unidos niegan proporcionar apoyo militar a la fuerza paramilitar.
El 5 de noviembre, el New York Times publicó detalles de una investigación confidencial de la ONU presentada ante el Consejo de Seguridad. Dicha investigación examinaba el presunto papel del GSSG en el reclutamiento de cientos de exmilitares colombianos y su traslado a Sudán.
Según los informes, los reclutas combatieron en el frente, operaron artillería, drones y vehículos militares, y entrenaron al personal de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Algunos se unieron a los Lobos del Desierto, que lucharon en Darfur, incluso durante el asedio de El Fasher.
Las fuerzas de Hemedti tomaron la ciudad en octubre de 2025 tras aproximadamente 18 meses de cerco, seguidos de informes de atrocidades masivas contra civiles.
La investigación también descubrió una red de vínculos políticos, comerciales y familiares que conectan a GSSG con figuras influyentes del liderazgo emiratí, lo que plantea interrogantes adicionales sobre la participación de Abu Dhabi en la guerra de Sudán y las afirmaciones de la empresa de operar como contratista de seguridad independiente.
Un informe de septiembre de 2026 de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán identificó redes de individuos y entidades que operaban desde, estaban registradas en, o estaban vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos, y que participaban en el reclutamiento, la financiación, el transporte y el despliegue de combatientes extranjeros.
Los investigadores de la ONU estimaron que hasta 2.000 exmilitares colombianos habían sido reclutados a través de estas redes.
Según el mismo relato, los investigadores identificaron a combatientes colombianos en los alrededores de El Fasher antes, durante y después de la toma del poder por parte de RSF.
Otra investigación de la ONU, publicada en julio de 2026, alegó que ciudadanos colombianos se habían entrenado en dos instalaciones militares de los Emiratos Árabes Unidos antes de ser enviados a Sudán. Abu Dabi rechazó las acusaciones y afirmó haber investigado a la empresa e informado de sus conclusiones al panel de expertos de la ONU.
De Bogotá a El Fasher
El desplazamiento de veteranos colombianos hacia Sudán ya estaba documentado mucho antes de las últimas conclusiones de la ONU.
Desde 2024, periodistas e investigadores de derechos humanos han seguido el rastro de soldados colombianos retirados a través de los Emiratos Árabes Unidos y su entrada en territorio controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) mediante Libia, Somalia y Chad. Detrás de ellos se encuentra una red de agencias de reclutamiento, empresas de seguridad e intermediarios financieros que facilitaron la entrada de combatientes extranjeros a la guerra de Sudán.
En una investigación detallada del 25 de mayo de 2026 , Human Rights Watch (HRW) documentó el papel aparente de GSSG en la contratación de cientos de contratistas militares privados colombianos que posteriormente prestaron apoyo a las RSF.
El reclutamiento comenzó con una agencia colombiana, A4SI, que contactó a soldados retirados con ofertas de empleo. Posteriormente, GSSG se encargó de gestionar sus contratos y su despliegue.
Una investigación realizada por The Sentry en noviembre de 2025 identificó vínculos contractuales entre A4SI y GSSG.
Basándose en registros corporativos y documentos filtrados, vinculó la operación de reclutamiento colombiana con el coronel retirado Álvaro Quijano, quien residía en los Emiratos Árabes Unidos. Otra empresa, Global Staffing, registrada en Panamá, gestionaba los pagos a través de acuerdos financieros extraterritoriales.
La división de responsabilidades entre varias empresas dificultó la identificación de quién controlaba la operación y dificultó el rastreo de los responsables del envío de combatientes colombianos a Sudán.
En septiembre de 2025, el gobierno de Sudán presentó una queja ante el Consejo de Seguridad contra GSSG y A4SI , acusándolos de facilitar la intervención extranjera en la guerra.
Las revelaciones tuvieron repercusión en toda Colombia, donde el expresidente Gustavo Petro condenó el reclutamiento de ciudadanos colombianos para conflictos en el extranjero y pidió disculpas a Sudán por su participación.
El 9 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a personas y empresas vinculadas a la red de reclutamiento. Identificó a Quijano como una figura clave en la incorporación de exmilitares colombianos a la operación.
También sancionó al ciudadano colombiano-español Mateo Andrés Duque Botero por su papel en la gestión de Maine Global Corp, que procesaba transferencias de dinero y pagos relacionados con Global Staffing y el empleo de los luchadores.
Las bases y los corredores del desierto
Las rutas dependían de instalaciones militares y puntos de tránsito en varios países, siendo los Emiratos Árabes Unidos una parada central.
Según las pruebas revisadas por Human Rights Watch, los contratistas pasaron por la base militar de Ghiyathi y una aparente instalación militar en Al Wathba, Abu Dabi. Algunos declararon haber recibido entrenamiento de ciudadanos emiratíes.
Un contratista declaró a Human Rights Watch que no le sellaron el pasaporte al entrar en los Emiratos Árabes Unidos. En su lugar, él y otros reclutas fueron trasladados directamente desde su vuelo a un autobús con destino a la base de Ghiyathi.
El uso de dichas instalaciones y la supuesta elusión de los controles migratorios rutinarios son elementos clave para la conclusión de la organización de que el despliegue parecía contar con el respaldo del Estado.
Otra ruta atravesaba el este de Libia. Los combatientes llegaron a Bengasi y otros lugares bajo el control de las fuerzas alineadas con Khalifa Haftar, antes de viajar por tierra a través del desierto hacia Darfur.
En noviembre de 2024, un convoy que entraba en Sudán procedente de Libia fue interceptado por fuerzas aliadas con el ejército sudanés.
Documentos de identidad colombianos y municiones vinculadas a arsenales militares emiratíes figuraban entre los artículos reportados posteriormente.
Una investigación de France 24 Observer realizada en abril de 2025 rastreó proyectiles de mortero de fabricación búlgara encontrados en un convoy en Darfur del Norte hasta su adquisición por la empresa emiratí International Golden Group. Los hallazgos plantearon interrogantes sobre el desvío de armas de fabricación europea y las restricciones que rigen su uso.
Human Rights Watch ha documentado por separado la existencia de municiones de fabricación serbia asociadas a drones de ataque que originalmente se vendieron a las fuerzas armadas de los Emiratos Árabes Unidos y que posteriormente aparecieron en manos de RSF.
Una segunda ruta atravesaba Bosaso, en la región de Puntlandia (Somalia), conectando con los Emiratos Árabes Unidos y luego con Yamena, en Chad. Posteriormente, los combatientes continuaban hacia Nyala, en Darfur del Sur. En conjunto, estas rutas ilustran cómo el despliegue dependía de aeropuertos, bases militares, intermediarios y corredores terrestres que abarcaban el Golfo Pérsico, el norte de África y el Cuerno de África.
Las conexiones de seguridad de la familia gobernante
La historia de propiedad de GSSG está directamente vinculada al estamento político emiratí. Según The Sentry , la empresa fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la Corte Presidencial de los EAU, institución presidida por el vicepresidente Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente Mohammed bin Zayed.
En 2017, Humairi transfirió sus acciones al empresario Mohamed Hamdan al-Zaabi, quien se convirtió en director ejecutivo de GSSG.
El cambio de propietario no puso fin a su relación comercial. Los investigadores descubrieron que ambos hombres seguían compartiendo intereses en otras empresas de seguridad, mientras que Zaabi mantenía amplias conexiones comerciales y familiares con figuras del establishment emiratí.
Un exempleado declaró a Human Rights Watch que miembros de alto rango de la familia gobernante probablemente se encontraban entre sus clientes, una afirmación que, según la organización, estaba respaldada por correos electrónicos filtrados.
Los vínculos comerciales de GSSG con el gobierno emiratí, junto con el presunto uso de instalaciones militares de los EAU para entrenar y transportar combatientes colombianos, generan dudas sobre la imagen que la empresa proyecta de sí misma como contratista de seguridad independiente.
Combatientes colombianos en el frente de Sudán
En Sudán, los contratistas colombianos operaron drones y artillería, brindaron apoyo a unidades de combate y entrenaron a reclutas. Según los informes de la operación, alrededor de 300 especialistas recibieron entrenamiento en operaciones con drones y guerra antiaérea en los Emiratos Árabes Unidos entre enero y octubre de 2025, antes de ser enviados a Sudán.
Un contratista colombiano declaró a Human Rights Watch que entrenó a reclutas de las RSF cerca de Nyala en abril de 2025 y que muchos de ellos eran niños.
El uso de niños en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional; reclutar o utilizar a niños menores de 15 años para participar activamente en hostilidades constituye un crimen de guerra.
Una investigación realizada por AP en julio de 2026 documentó el testimonio de ex niños soldados sudaneses que afirmaron haber sido entrenados por mercenarios colombianos.
Un joven, secuestrado por combatientes de las RSF en Omdurman a los 15 años, contó que lo encadenaron a un cañón antiaéreo durante los ataques aéreos mientras los combatientes colombianos se refugiaban. Otro describió haber sido golpeado por negarse a disparar la artillería.
Los reclutas colombianos también sufrieron maltrato por parte de quienes los contrataron. Los contratistas denunciaron retrasos en el pago de salarios, abusos y asignaciones peligrosas que poco se parecían al trabajo de seguridad que les habían prometido.
Algunos también denunciaron torturas.
El imperio mercenario empieza a tomar forma.
La operación en Sudán se enmarca en una larga historia de dependencia de los Emiratos Árabes Unidos de contratistas militares extranjeros.
Más de una década antes, Mohammed bin Zayed recurrió a Erik Prince , fundador de la tristemente célebre compañía militar privada Blackwater, para que le ayudara a reunir una fuerza de combatientes extranjeros.
El historial de Blackwater en Irak, incluyendo el asesinato de civiles por parte de su personal, ya había convertido a la compañía en sinónimo de los peligros de la guerra subcontratada.
Los informes del proyecto describen una financiación de cientos de millones de dólares y la contratación de aproximadamente 800 personas extranjeras, algunas de las cuales fueron traídas inicialmente a los Emiratos Árabes Unidos con contratos de empleo civil antes de recibir formación militar.
La creciente dependencia de Abu Dhabi de mercenarios extranjeros se ha extendido desde entonces a varios conflictos regionales, incluidos Sudán y Yemen.
El uso de contratistas también salió a la luz en Yemen y Libia.
En Libia, empresas vinculadas al príncipe estaban relacionadas con el Proyecto Opus, un plan de 2019 para apoyar a las fuerzas de Haftar con combatientes extranjeros, helicópteros de ataque, drones y recursos de inteligencia. Expertos de la ONU examinaron los planes, que también incluían un equipo propuesto para operaciones de secuestro y asesinato. Empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos estaban vinculadas a un proyecto cuyo valor se estima en unos 80 millones de dólares.
Contener los daños en el extranjero
Abu Dhabi ha negado repetidamente haber suministrado combatientes y armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, al tiempo que trabajaba para contener las repercusiones diplomáticas.
Una investigación independiente de la ONU , presentada al Consejo de Seguridad en julio de 2026, examinó el entrenamiento y el despliegue de mercenarios colombianos a través de redes vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos.
La publicación del informe se retrasó posteriormente después de que Bahréin presentara una objeción, solicitando más tiempo para que los Emiratos Árabes Unidos respondieran a las conclusiones de los investigadores.
Sudán ha sido escenario de una batalla similar en torno al idioma y la responsabilidad. Antes de la votación del Parlamento Europeo de noviembre de 2025, en la que se condenaron las atrocidades cometidas en el país, los Emiratos Árabes Unidos supuestamente presionaron a los legisladores sobre la redacción de la resolución.
El texto aprobado no especificaba el papel de Abu Dabi. Una resolución posterior , de julio de 2026, adoptó una postura más crítica respecto al apoyo emiratí a las RSF y exigió sanciones contra una empresa emiratí implicada en el reclutamiento y transporte de combatientes.
Una candidatura para la oficina principal de la ONU
El 21 de octubre de 2026, los Emiratos Árabes Unidos propusieron formalmente a Lana Zaki Nusseibeh para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. Esta nominación designó a una de las diplomáticas más experimentadas de Abu Dabi para dirigir una institución que investiga las actividades vinculadas a los Emiratos en Sudán.
Nusseibeh fue representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU desde septiembre de 2013 hasta abril de 2024. Durante ese período, defendió la postura de su gobierno sobre conflictos como los de Yemen y Sudán.
En abril de 2024, desestimó las acusaciones del gobierno sudanés de que los Emiratos Árabes Unidos estaban proporcionando apoyo militar a las RSF, calificándolas de “infundadas”.
Tras un informe de la ONU que planteaba acusaciones creíbles sobre la llegada de ayuda militar emiratí a las RSF a través de Chad, Nusseibeh escribió a The Economist negando que Abu Dabi hubiera suministrado armas u otro tipo de apoyo a ninguna de las partes en conflicto.
Un comunicado de los Emiratos Árabes Unidos que acompañaba a un documento de la ONU describía los vuelos a Chad como misiones de ayuda humanitaria. Informes europeos también la vincularon con los esfuerzos por influir en el debate parlamentario sobre Sudán.
Desde Sudán hasta Libia y Yemen, Abu Dabi ha recurrido a contratistas militares extranjeros para promover sus intereses regionales, utilizando su influencia diplomática para eludir el escrutinio de dichas operaciones. La elección del funcionario emiratí Ahmed Naser al-Raisi como presidente de Interpol en 2021 marcó un paso más en la búsqueda de influencia de Abu Dabi dentro de las instituciones internacionales.
La nominación de Nusseibeh sitúa ahora a Abu Dabi entre los candidatos al cargo más alto de la ONU, incluso mientras los investigadores de la organización examinan las redes militares extranjeras vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos.
Fuente: PIA