Haití se ha convertido en un nuevo laboratorio de las políticas de expansión militarista del imperialismo. En esta ocasión, a través de uno de los hijos predilectos de Washington, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Con la excusa de rescatar a un grupo de militares salvadoreños secuestrados por los grupos armados de Haití, Bukele ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas de su país y la ejecución de una serie de operaciones militares con drones y helicópteros en territorio haitiano. Una acción sin precedentes que tiene detrás al Departamento de Estado de los Estados Unidos y que representa en los hechos una verdadera invasión militar.

Primero el caos
El 7 de julio de 2021 un grupo de mercenarios (conformado por colombianos y estadounidenses de origen haitiano) entraron a la residencia presidencial de Haití y asesinaron al presidente, Jovenel Moïse.

Según la investigación de la justicia norteamericana, los mercenarios fueron reclutados en Miami y financiados por empresarios residentes en Estados Unidos.

Durante el proceso judicial quedó registrado que los reclutadores aseguraban ser parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y que la operación contra el mandatario haitiano estaba coordinada por estos dos organismos norteamericanos. Pero el gobierno de los Estados Unidos negó cualquier participación en los hechos.

También consta en la investigación de la justicia norteamericana que al menos dos de los integrantes del grupo (Arcángel Pretel Ortiz y Joseph Vincent) había sido informantes de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Registros fotográficos mostraron al dueño de empresas que canalizó los fondos para la operación de los mercenarios, Antonio Intriago, junto a la excongresista republicana (de reconocida militancia contra el gobierno de Cuba) Ileana Ros-Lehtinen.

Tras el magnicidio de Moïse, se aceleró el proceso de caotización de Haití. Diversos grupos armados comenzaron a tomar cada vez más poder y lograron el control de gran parte de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Primeros pasos de la intervención
En 2024, impulsada y financiada por Estados Unidos, una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) encabezada por mil policías de Kenia llegó a Haití para, según aseguraban, pacificar el país.

Desde el asesinato del presidente haitiano, el país no ha vuelto a realizar elecciones. En 2024 Alix Didier Fils-Aimé, asumió como primer ministro de un gobierno de transición que perdura hasta la actualidad y que es denunciado por carecer de legitimidad.

En 2025, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la llegada a Haití de una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), de la que forman parte militares salvadoreños y que reemplazó a la Misión encabezada por Kenia.

La excusa
El 18 de octubre de 2026, un contingente de la GSF fue emboscado por grupos armados haitianos (según las versiones periodísticas, por integrantes de las autodenominadas “400 Mawozo” y “Viv Ansanm”) en el que iban cuatro militares salvadoreños.

Al día siguiente, el representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró ante el Consejo de Seguridad que los militares salvadoreños habían sobrevivido y que se encontraban secuestrados por los grupos armados haitianos. Aunque según aseguraron los líderes de los grupos haitianos los militares salvadores estaban muertos.

Sobre la base de la declaración de Waltz, el presidente Nayib Bukele exigió la liberación inmediata de los militares salvadoreños y anunció el inicio de una operación de rescate.

Con apoyo logístico de Estados Unidos, Colombia y República Dominicana y con el aval del ilegítimo gobierno de Alix Didier Fils-Aimé, entre el 22 y el 28 de octubre, llegan a Haití más de 2.000 soldados salvadoreños, vehículos blindados, drones y helicópteros. Una acción no validada por Naciones Unidas y que tiene todas las características de una invasión.

“Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití”, publicó el presidente Bukele, mientras miles de soldados se desplegaban por el territorio haitiano.

El 31 de octubre confirmó haber dado su apoyo a la operación de las fuerzas salvadoreñas. El 1° de noviembre las ONU informó que la secretaria general recibió una carta del líder del grupo “400 Mawozo”, para solicitar al organismo sea mediador en diálogos de paz con las fuerzas salvadoreñas.

Entre los días 10 y 11 de noviembre el Ejército de El Salvador atacó con drones y helicópteros lo que aseguraron era el cuartel principal del grupo “400 Mawozo” lo que ocasionó varias muertes.

La mano que mece la cuna
Creer que Bukele, el líder de un pequeño país centroamericano, decidió estas acciones por cuenta propia sería pecar de enorme ingenuidad.

Como señalan Fernando Esteche y Tadeo Casteglione en el libro “Los monstruos del claroscuro. Geopolítica del interregno mundial”, el imperialismo construye el problema que luego “administra como instrumento”. Los autores remarcan que “las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos producen, sostienen y reciclan estructuras de violencia que justifican, naturalizan y facilitan su presencia, su penetración territorial y su control sobre los estados periféricos. La caotización produce dominación a través del vacío estatal deliberadamente generado mediante formaciones de violencia no estatal”.

Bukele es y será un alfil (o tal vez solo un peón) de un tablero geopolítico en el que otros deciden los movimientos.

Haití vuelve a ser “el país maldito” al que no se le perdona que su pueblo haya levantado la cabeza y, en 1791, le haya dicho al poderoso imperio francés que los esclavos que habían llevado a esa isla también querían alzar las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad (como dos años antes, en 1789, lo habían hecho en París los blancos europeos). Hoy Haití se transforma nuevamente en un laboratorio de las políticas de otro imperio en decadencia, un experimento en el que el caos se administra y la invasión se invisibiliza.

Fuente: PIA