El plan de gobierno de Javier Milei que coordinan el Ministerio de Economía y el Banco Centrtal (BCRA), es básicamente el mismo que diseñó la dictadura militar de 1976, con tres medidas básicas determinantes:

a) Retrasar el tipo de cambio (“Tablita” de Martínez de Hoz).
b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas arancelarias (desprotección aduanera).
c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar.

El objetivo era destruir la alianza de hecho entre la producción y el trabajo, porque se crecía y se distribuían La trampa del atraso cambiario | La Mañanaingresos sobre la base del mercado interno. El PBI per capita más alto de nuestra historia fue en el año 1974, cuando la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre. La pobreza no alcanzaba ni al 5% de los hogares [1] y la desocupación fue de 3,4% en octubre de 1974 [2].

«La dictadura militar se propuso establecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros”. Estos profundos cambios conformaron «un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. [3].

El fin fue el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios (y en la actualidad, en nuestro país, en extranjerización):

Monopolio de la tecnología y del conocimiento.
Necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación).
Necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país.
Libertad de entrada y salida de capitales.

Gracias al endeudamiento externo, se lograron capitalizar fuertemente los grupos locales, nucleados en el Consejo Empresario Argentino (CEA). Su presidente antes del golpe militar fue José A. Martínez de Hoz y, como tal, propició el acuerdo “APEGE” que realizó un lockout patronal en febrero de 1976; propusieron “el Consenso de Washington” aún antes de que existiera como tal. El CEA integrado por las empresas más concentradas del país, en el año 2002, se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresarial Argentina (AEA).

Conspicuos miembros del CEA de 1976 fueron Armando y Federico Braun, dueños de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, y fuertes accionistas del Banco General de Negocios, del Banco Galicia y de Austral Líneas Aéreas; los Rocca de Techint; los Bulgheroni de BRIDAS; Eduardo Huergo de Minera Aguilar y de IKA-Renault; Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por FIAT Argentina S. A., y Douglas Kitterman de Ford Motors Argentina S. A.

Reconvertido en AEA, sus autoridades actuales son Jaime Campos, sociólogo de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Su madre, Mercedes Malbrán, fue la creadora de Casa FOA, y su padre, el ingeniero industrial Hernando Campos, fue uno de los ejecutivos que acompañó a Enrique Shaw en la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa en la década de 1960.

Pero el poder reside en sus vicepresidentes: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó, Carlos Miguens , Alfredo Coto, Cristiano Ratazzi (Grupo Modena), Federico Braun (La Anónima) y Luis Pérez Companc.

Sin embargo, AEA y las diversas agrupaciones patronales locales: la UIA, la Mesa de Enlace, la Cámara Argentina de Desde la AEA apoyaron las medidas del gobierno de Milei y afirmaron que es una “oportunidadla Construcción (CAMARCO); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ADEBA, etc., quedan relegadas y con una participación cada vez menor ante el carry trade en el que pedalean, pero como socios menores, ante los grandes capitales financieros internacionales, esencialmente con base en Manhattan.

Luis Andrés Caputo y Santiago Bausili [4] tienen como principales clientes de su consultora Anker Latinoamérica con sede en Manhattan a los principales fondos de cobertura de ese distrito de la ciudad de Nueva York, que son BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros, cuyo accionar es seguido a pie juntillas por capitales menores, en todos ellos también participan “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración a esos fondos.

El equipo encabezado por Caputo-Bausili se comunica con sus clientes, con información fidedigna de la Argentina, incluso, ante el caso de duda sobre el nivel de deuda a pagar, el superávit comercial y fiscal, el nivel general de precios, el “blanqueo” de capitales, etc., sin dejar pregunta por responder . Por ejemplo, el lunes 15 de julio el vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, se reunió en Nueva York con 40 CEOs de fondos de inversión, de pensión, bancos, compañías de seguro, etc., que tienen bonos argentinos y les aseguró que el crawling peg (los saltos previstos de devaluación) iba a ser del 2% mensual hasta fin de año, siempre por debajo de la inflación, dado que la mayoría de los títulos de deuda en pesos están ajustados por la tasa que mide el INDEC. Y que el BCRA iba a vender dólares en el Contado Con Liqui (CCL) a cambio de los títulos de deuda.

El 27 de agosto, Werning volvió a hablar en inglés, esta vez en el Consejo Empresarial (The Business Council) en Washington, y sostuvo que apuntan a remover las restricciones cambiarias sin un salto devaluatorio y a que la Fase 3: El vice del BCRA detalló el camino a la salida del cepo y la vuelta al mercado - El Cronistaunificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón” (dolarización endógena).

Luis Caputo lo expresa claramente cuando dice: “La Argentina ya está en competencia de monedas” el peso es una moneda fuerte y previsible que incluso permite “facturar en dólares” sin mayores riesgos de una devaluación desproporcionada. Y aunque le diga a un productor agropecuario que van a seguir con las retenciones y con el programa cambiario, por más que las Sociedades Rurales de San Pedro, de Baradero, de Rojas y de Pergamino se muestren ofendidos, “el campo” liquidó exportaciones por 2.553 millones de dólares en octubre, tres veces y media más que en 2023 y dos veces más que en 2022. Lo mismo se espera para noviembre: están vendiendo los granos retenidos desde comienzo del año.

La vocera del FMI Julie Kozack había sostenido en septiembre de 2024 que no había ninguna tratativa de ampliación del crédito para la Argentina. Pero tras el triunfo de Donald Trump dijo que el Fondo está «explorando la opción de pasar a un nuevo acuerdo con la Argentina”. Luis Caputo añadió que “probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata”. Según el ministro “te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo que entre mucho al principio a que te lo den a lo largo de mucho tiempo”[5].

¿Cuál es la diferencia abismal con el pasado? Los recursos naturales del país, esencialmente petróleo y gas. Con ellos se cobrarán la deuda pública.

La dictadura militar reconfiguró la sociedad argentina con una deuda externa tomada por grandes grupos locales (nucleados principalmente en el Consejo Empresarial Argentino) que, vía seguros de cambio, traspasaron al Estado nacional. Que el gobierno de Alfonsín legitimó el 1° de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696 y A-697, que permitieron cambiar los títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión del ministro Bernardo Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina” del gobierno constitucional.

Juan Sourrouille, Mario Brodersohn y equipo hicieron que Alfonsín aceptara una deuda de la que no podía pagar ni la mitad de los intereses. Tras un severo plan de ajuste en los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda absorbió la totalidad del superávit comercial del periodo (8.500 millones de dólares), y sin embargo la deuda externa pública creció a 63.200 millones de dólares.