EE. UU. impone sanciones económicas contra Venezuela como arma de injerencia política. Pero ahora su dependencia del petróleo y del gas en el convulso contexto internacional le han hecho dar un giro radical

Como señala Naciones Unidas, el término “Medidas Coercitivas Unilaterales” (MCU), (las mal llamadas sanciones) generalmente, se refiere a medidas económicas, comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, fuera del auspicio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), para obligar a un cambio de política de otro Estado.

Las medidas coercitivas unilaterales pueden repercutir negativamente en los derechos de las personas para conseguir un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentos y asistencia médica, vivienda y los servicios sociales necesarios.

En 2017 EE. UU. implementa las primeras medidas coercitivas contra Venezuela. Este plan del imperialismo contra la República Bolivariana arrancó en 2015 y fue planificado en medio de la campaña electoral del comandante Hugo Chávez en 2012.

A lo largo de este periodo 2.000 millones de dólares oro venezolano han sido robados en los bancos ingleses; Venezuela no puede tocar los 5.000 millones que tiene en el Fondo Monetario Internacional. Cuatro mil millones de dólares, de las utilidades de Citgo, fueron hurtados. 7.000 millones de dólares que Venezuela tenía depositados en Estados Unidos y bancos de Europa fueron robados por las autoridades estadounidenses y europeas.

Estados Unidos prohibió las compras de petróleo, congelando las cuentas bancarias del Gobierno, y no dejó que el país pudiese emitir nueva deuda, a la vez que confiscó buques de ayuda con destino a Venezuela.

Estados Unidos ha utilizado este tipo de medidas, contrarias al derecho internacional, a modo de injerencia golpista contra el legítimo gobierno venezolano.

A pesar de las medidas coercitivas utilizadas por EE. UU. como arma de guerra para intentar socavar la soberanía venezolana, el Gobierno ha seguido adelante con su agenda social para satisfacer las necesidades de la mayoría de los venezolanos y venezolanas.

Ahora y como respuesta a los acuerdos de Barbados firmados el pasado 17 de octubre entre el Gobierno Bolivariano y una de las plataformas de la oposición, mediante los cuales se plantea de manera conjunta el levantamiento de los bloqueos económicos, la defensa de la soberanía venezolana sobre el Esequibo, y la ratificación de las plenas garantías electorales existentes, conforme a las leyes de la República, además del compromiso de reconocer el triunfo a quien salga victorioso en las elecciones presidenciales de 2024, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha publicado una licencia amplia para la producción, exploración, comercialización, venta y exportación de Petróleos de Venezuela. Además, se ha emitido una licencia para la exploración, producción y comercialización, venta y exportación de gas, así como todo lo que tiene que ver con materiales y servicios para la industria petrolera venezolana.

La reacción de EE. UU. muestra una clara dependencia hacia Venezuela, ya no solo debido a las consecuencias del conflicto entre Ucrania (la OTAN) y Rusia, sino porque la situación agravada en Oriente Medio podría acabar cerrando el Estrecho de Ormuz, lo que terminaría de hundir las economías estadounidense y europea.

Sea como fuere, una vez más, el Gobierno y el pueblo venezolanos han dado un ejemplo de cómo un país se puede recuperar en paz de un bloqueo criminal y de nuevo vuelve a mostrar la fortaleza y dignidad de quien pone su soberanía y por ende el bienestar y desarrollo de su pueblo ante el capitalismo voraz en su fase superior imperialista. De Venezuela ha dejado claro que hay un pueblo digno que no se arrodilla ante nadie.