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04/08/21
EE. UU.: agenda en el “Triángulo Norte” de Centroamérica

Las principales políticas de Biden hacia Guatemala, Honduras y El Salvador se enfocan en la migración, el combate a la corrupción y la asistencia para el desarrollo, con pocas diferencias sustantivas con respecto a la administración anterior.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.), hubo pocos cambios que se distinguen de la política de Trump hacia el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Las principales políticas de EE. UU hacia esta región se pueden aglutinar en tres grandes aspectos: migración, combate a la corrupción y asistencia para el desarrollo. En el primer semestre del año EE. UU. ha detenido en su frontera sur a un millón de migrantes. El combate a la corrupción es uno de los grandes pilares de la estrategia de soft power de Biden para América Latina y está plasmada en la Guía Interina de Seguridad Nacional. En cuanto a la asistencia para el desarrollo, destacan cambios en el financiamiento pero, sobre todo, la articulación de la asistencia con los objetivos del combate a la corrupción.

Combate a la corrupción como estrategia aglutinadora

Tanto la Guía Interina de Seguridad Nacional de Biden, como el Memorándum sobre el establecimiento de la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional de los EE. UU. mencionan que el país liderará el combate a la corrupción, poderes “autoritarios” y fuerzas antidemocráticas que intentan “erosionar las reglas internacionales existentes y promover modelos alternativos de gobierno autoritario”. En ambos documentos, se menciona la necesidad de trabajar con “aliados internacionales”, por lo que en la Cumbre de las Américas, una de las prioridades clave está en la defensa de la democracia y los derechos humanos, incluidos la eliminación de mecanismos de corrupción financiera. El otro aspecto es la atención de la migración.

Juan González, asesor de Biden, mencionó que el objetivo de Biden es crear una “fuerza de tarea” para que el Departamento de Justicia ayude a fiscales generales de Centroamérica a investigar estructuras de corrupción y crimen organizado. Este objetivo lo acompaña el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Además, pretenden hacer uso de la Ley Magnitsky para “acompañar” el trabajo de las respectivas fiscalías del Triángulo Norte de Centroamérica. Este es uno de los cambios en tema corrupción, pues ya no pretenden fortalecer a las misiones internacionales que funcionaban a nivel interno como la ya extinta CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras o la CICIES que recientemente fue sepultada por Bukele en El Salvador. Así, la apuesta política es el uso de leyes estadounidenses (con poder extraterritorial) y asistencia para el desarrollo, enfocada en temas de corrupción para lograr su objetivo.

Frente a este panorama, cobra especial importancia el rol de Costa Rica y Panamá, ambos con histórica actitud pasiva frente a EE. UU. que podrían fortalecerse como la base centroamericana para enfrentar la pérdida de espacio en la región, como ya sucedió con la visita de Blinken.

En este contexto llama la atención los recientes sucesos en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde las tensiones entre los Gobiernos de turno y la ciudadanía se atenúan en países donde la lucha contra la corrupción no deja de sumar adeptos(as).

Guatemala: destitución de Juan Francisco Sandoval

  • El sábado, 24 de julio, la fiscal general Consuelo Porras, destituyó a Juan Francisco Sandoval de su cargo como fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Al día siguiente de su salida, Sandoval abandonó Guatemala por temor a su integridad física y se encuentra en El Salvador.
La FECI, anteriormente denominada Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG (UEFAC), fue establecida en desarrollo del Acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito por el Secretario General de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala el 12 de diciembre 2006 en la ciudad de Nueva York y por el Convenio de Cooperación Bilateral suscrito entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 27 de febrero de 2008.
  • Cientos de personas guatemaltecas protestaron y tomaron las principales rutas del país desde el 24 de julio como parte de un paro nacional convocado por distintas organizaciones para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscala Consuelo Porras. Protestas similares ocurrieron en noviembre de 2020.
  • EE. UU. expresó su apoyo a Sandoval. El Secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó vía Twitter su apoyo “al pueblo de Guatemala y al fiscal Juan Francisco Sandoval”, y recordó que este año había otorgado personalmente al magistrado el título de “campeón anticorrupción” del Departamento de Estado en febrero de 2021 .
  • Durante su gira por Centroamérica a inicios de junio, la vicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris, destacó que para la promoción de la inversión es necesaria la independencia judicial y el respaldo a la FECI así como al ahora ex titular Juan Francisco Sandoval.
  • De continuidad con la política de EE. UU. hacia Centroamérica de las últimas tres administraciones, se anunció la creación de una “fuerza especial” para investigar el tráfico de personas en las fronteras sur y norte de Guatemala, así como investigaciones contra corrupción y apoyos a la lucha contra el narcotráfico. Este grupo especial estará integrado por agentes del Departamento del Tesoro, de Estado y de Justicia e incluirá la asesoría a ministerios públicos locales y la policía guatemalteca.

El Salvador: solicitud de detención contra Sánchez Cerén

  • El pasado sábado, 24 de julio, la fiscalía general de El Salvador ordenó la captura del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) de la segunda administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Además, se detuvo a exministros y exviceministros (los exministros de Economía, Carlos Cáceres, y Salud, Violeta Menjívar; y los exviceministros de Trabajo, Calixto Mejía, de Tecnología, Erlinda Handal, y de Agricultura, Hugo Flores), acusados de desfalcar fondos estatales con el cobro de sobresueldos.
  • Esta acción sube el tono de la persecución al FMLN por parte de Nayib Bukele. Persecución que fue clara desde el inicio de su administración cuando el presidente ordenó despidos de funcionarios(as) afines al FMLN vía Twitter.
  • Venezuela tildó de “persecución judicial” la solicitud de detención contra Sánchez Cerén. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el mandatario del país centroamericano, Nayib Bukele, protagonizaron un cruce de señalamientos en las redes. Lo que escala el conflicto a nivel internacional.
  • El Gobierno de Nicaragua hizo oficial la nacionalización de Salvador Sánchez Cerén, lo que evitaría la extradición, ya que las leyes nicaragüenses impiden dicho proceso.
  • El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, denunció que “el actual grupo gubernamental, valiéndose de instrumentos del Estado, está actuando de manera ilegal para consolidar el mecanismo de persecución política”.
  • Desde el 22 de marzo, EE. UU. designó a Ricardo Zúñiga como “Enviado especial para los países del Triángulo Norte de Centroamérica”. Ha realizado más de tres visitas a los países en dos meses. Los principales temas de la agenda entre El Salvador y EE. UU.: migración y políticas anticorrupción para frenarla, asistencia para el desarrollo y pandemia. Para ello, Kamala Harris informó que esperan entregar 310 millones adicionales a la ayuda a Centroamérica. Se suman a los 4 mil millones propuestos por Biden para desarrollo, seguridad y migración; 861 millones fueron solicitados para el año fiscal de 2022.
  • La relación entre los Gobiernos de El Salvador y EE. UU. se ha caracterizado por su tensión. Ello, a partir de una serie de afecciones a la democracia por parte de Bukele –la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, violaciones a los DD. HH. durante los primeros meses de la pandemia, la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General–. Sin embargo, el Gobierno estadounidense no se ha pronunciado respecto a los arrestos y órdenes de captura hasta la fecha.

Honduras: la persistencia de la violencia

  • De continuidad con la política de combate a la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica  y tras las primeras designaciones para sanciones de la Lista Engel, el Departamento de Estado anunció sanciones contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla por supuestos sobornos del narcotráfico.
  • El actual presidente Juan Orlando Hernández también está acusado por fiscales de Nueva York por envíos de droga y por malversar fondos de la asistencia estadounidense a través de falsas organizaciones benéficas.
  • El 26 de julio, fue asesinada la ex diputada opositora al Gobierno actual, Carolina Echeverría, en Tegucigalpa. Es apenas una muestra de la violencia que vive el país, pues de enero a mayo se han registrado 23 masacres, y un promedio diario de entre 10 y 11 asesinatos en un país de aproximadamente 10 millones de habitantes y 9 % de su población fuera del país.
  • Este asesinato agudiza la tensión existente en el país en medio de las elecciones nacionales fechadas para el 28 de noviembre. La violencia continúa siendo el medio para tratar tensiones en Honduras.
  • Tras el paso de los huracanes Eta e Iota, el país quedó con daños que comprometen el desarrollo social y el crecimiento económico: se estiman 3,5 millones de afectados y medio millón de desplazados internos y un impacto de al rededor del 40 % del PIB.

¿Cambios en la política migratoria?

El 29 de julio la Casa Blanca presentó la “Estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica” que, según altos funcionarios, es “la primera estrategia integral” para abordar la cuestión migratoria, que se basa en cinco pilares: 1) abordar la inseguridad y desigualdad económica, 2) combatir la corrupción y fortalecer la gobernanza democrática y promover el Estado de derecho, 3) promover el respeto por los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa, 4) contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata y otras organizaciones delictivas organizadas y 5) combatir la violencia sexual, de género y doméstica.

Para llevar a cabo esta estrategia se presentó la “Estrategia colaborativa de la migración”. Tiene como objetivo la cooperación con otros gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones internacionales. Para ello, ya han recibido compromisos de México, Japón, Corea del Sur y la Organización de Naciones Unidas. Esta estrategia colaborativa se fijó ocho grandes directrices con las que se pretende ampliar el acceso a la protección internacional y en los países de origen, programas de migración laboral, reintegrar a personas retornadas, fomentar una gestión segura de las fronteras, entre otros.

Varias organizaciones de migrantes, criticaron que no hay una reforma migratoria integral, que continúa con algunas Órdenes Ejecutivas de Trump que niega la entrada a migrantes por la pandemia y aún faltan decisiones en torno al programa DACA. En tanto el gobernador de Texas propuso que los vehículos que transporten extranjeros sean detenidos, por exponer a la población a la infección por COVID-19.

Contrario a lo propuesto por Biden en campaña electoral, y a más de tres meses de su mandato, los cambios en la política hacia Centroamérica son pocos y expresan más continuidades que rupturas. En un contexto marcado aún por la pandemia y por procesos estructurales históricos en Centroamérica, Biden no está atacando de fondo y de raíz la migración. La lucha contra la corrupción, combate al narcotráfico en clave militar, asistencia para el desarrollo, uso de la diplomacia, sanciones y revocaciones de visas a funcionarios no han probado modificar las condiciones materiales de Centroamérica. Por el contrario, han profundizado las contradicciones políticas y económicas y aumentado la inestabilidad política.

Con la estrategia de combate a la corrupción se articula la asistencia para el desarrollo y el trabajo conjunto con el sector privado y las distintas fiscalías de los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, y se presiona a los distintos gobiernos en un intento por mantener la presencia permanente de EE. UU. en una región clave.

Fuente:
CELAG

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