Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se abrió un nuevo capítulo en las relaciones geopolíticas entre la potencia del norte y el resto del mundo. Entre los diversos proyectos anunciados por la administración estadounidense, tres resonaron con fuerza en nuestro continente: uno relacionado con la política arancelaria que impondría a los países exportadores a EE. UU. sobre productos producidos o potencialmente producidos aquí; otro relacionado con la intención de obtener Groenlandia por cualquier medio; y el tercero, planteado por el propio Trump, sobre la recuperación del control del Canal de Panamá.
El supuesto control estadounidense del Canal de Panamá se ha basado en dos argumentos: uno, basado en la presencia de China en el canal, y otro, basado en los servicios que Estados Unidos paga por su uso.
En cuanto a la presencia de China en el canal, cabe mencionar que el conglomerado privado chino CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, es socio de las empresas estatales Costco y China Merchants y ha operado dos puertos estratégicos en Panamá, Balboa y Cristóbal, durante más de 25 años. Junto con las otras dos empresas, opera el puerto brasileño de Paranaguá y el puerto peruano de Chancay.
Ante la presión ejercida por la administración Trump, el grupo decidió desprenderse de estos activos, para lo cual se presentaron varios interesados, siendo uno de ellos el consorcio liderado por BlackRock (NYSE:BLK) e integrado por Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited.
Se estima que alrededor del 3% del comercio marítimo mundial pasa por los puertos de Balboa, en el lado Pacífico del canal, y Cristóbal, en el lado Atlántico.
El Puerto de Balboa, operado por CK Hutchison Holdings, es el segundo puerto de contenedores más activo de Panamá y la terminal de transbordo número uno en América Latina con una capacidad anual potencial de 5 millones de TEUs (Unidades Equivalentes de Contenedores de 20 pies).
Balboa presta servicios a diversas líneas navieras para la carga, descarga y transbordo de mercancías a la región. Cuenta con cinco muelles para buques portacontenedores y opera 25 grúas pórtico.
Panamá en el nuevo entorno geopolítico y su relación con Estados Unidos
Cristóbal tiene el menor movimiento de contenedores, con 1,38 millones de TEU según datos de 2024.
BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, y su nueva división de infraestructura, Global Infrastructure Partners y Terminal Investments, con sede en Ginebra, adquirieron el 90% de las acciones de la compañía a CK Hutchison Holdings en una transacción global valorada en 22.800 millones de dólares que incluye activos portuarios en 43 terminales ubicadas en 23 países.
El control de los puertos permite influir en precios, tiempos de entrega y rutas, lo que adquiere importancia estratégica en el contexto de la guerra arancelaria de la administración Trump, dado que EE.UU. es el mayor usuario del Canal de Panamá, con el 74,7% del tráfico de carga moviéndose por la vía interoceánica en el año fiscal 2024.
Más allá de la narrativa del presidente Trump sobre la influencia china en la infraestructura estratégica de la región, argumentando que representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, su administración busca, con esta adquisición del conglomerado estadounidense, obtener una ventaja comercial y una contribución a sus ya deterioradas finanzas.
La mano militar del amo del norte
Para abordar el complejo problema del "canal", Trump ha solicitado al Pentágono que desarrolle planes para recuperar el Canal de Panamá. Estos planes involucran al Comando Sur e incluirían el envío de tropas estadounidenses para coordinar con las autoridades panameñas la presencia continua de esta fuerza militar en el país. Si el gobierno panameño o sus fuerzas militares no aceptan dicha estrategia, se consideraría el uso de la fuerza.
El memorándum, titulado “Guía estratégica provisional de defensa nacional”, que aborda estas opciones para “garantizar un acceso militar y comercial justo y sin restricciones de Estados Unidos al Canal de Panamá”, ya fue entregado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a altos funcionarios.
Previo a este memorando, Panamá y Estados Unidos habían firmado una serie de acuerdos que ya se están implementando, pese al enfrentamiento mediático entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo panameño por el canal interoceánico.
A mediados de febrero de este año, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y el Comando Sur (SOCSOUTH) acordaron establecer un marco para el entrenamiento colaborativo a largo plazo, lo cual resalta el compromiso compartido con la seguridad regional. En virtud de este acuerdo, la Fuerza Pública panameña está subordinada a la fuerza de combate más letal del mundo, el Comando Sur, dentro de su propio país.
El acuerdo permitirá que personal del Séptimo Grupo de Fuerzas Espaciales (7º SFG) realice a lo largo de 2025 programas de entrenamiento combinado, los cuales estarían dirigidos a integrantes de la Quinta Brigada de Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Comandos Aéreos Navales del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (PNP) y el Grupo Especial Antiterrorista del Servicio de Protección Institucional (SPI).
En febrero, los equipos del Séptimo Cuerpo de Fuerzas Especiales y Asuntos Civiles participaron en un entrenamiento combinado con tropas panameñas sobre técnicas avanzadas de puntería para contrarrestar amenazas y fortalecer el diálogo estratégico. Además, se está considerando el apoyo cívico-militar para fortalecer y mejorar la seguridad a largo plazo del Canal de Panamá.
En la misma línea de seguridad, el Comando Sur y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) firmaron un acuerdo de cooperación cibernética orientado a “fortalecer la seguridad digital y asegurar la continuidad operacional de la infraestructura crítica ante las amenazas cibernéticas emergentes”.
De esta manera, el personal militar estadounidense tendrá acceso a áreas clave de la ciberseguridad de la cadena de suministro y podrá acceder a información técnica con la aprobación de la ACP. Según el acuerdo firmado, el Comando Sur colaborará con el Canal de Panamá para optimizar los esfuerzos conjuntos de ciberseguridad y fortalecer así la colaboración existente entre la agencia y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Para Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el Canal de Panamá es crítico por su “importancia estratégica”, de ahí su visita a la nación centroamericana para discutir esta alianza de seguridad con altos funcionarios locales.
Pero hay más en esta propaganda militar.
Panamá considera desarrollar un gasoducto de 80 kilómetros a través del istmo, que uniría los océanos Atlántico y Pacífico, como parte de la expansión del país de sus negocios vinculados al Canal de Panamá.
El administrador del Canal, Ricaute Vásquez, estima que el movimiento de gas licuado de petróleo (GLP) es de gran importancia para el canal y que su demanda se duplicará en los próximos 10 años. Cree que el gasoducto permitiría que el GLP de la costa este de Estados Unidos (la costa de Luisiana) llegue a la costa atlántica de Panamá y luego se transporte a la costa pacífica, y de allí a los mercados asiáticos, especialmente a Japón.
La magnitud del paquete de negocios estratégicamente planeado es lo que verdaderamente motiva a Estados Unidos a desarrollar un desembarco acelerado con la ayuda de la derecha panameña, que, más allá de formalidades y verborrea, ha acompañado la consumación de este enclave colonial, que se presenta como una cabeza de playa militar regional.
No fue sólo la presencia china, o el costo de los servicios que brindaba el canal; fueron sin duda las aspiraciones imperialistas de esta nueva élite oligárquica, que, en su redespliegue monrolista, concibe que Nuestra América les pertenece.
Para el pueblo panameño, lo que está en juego es algo mucho más complejo que su prosperidad económica; es su soberanía y su capacidad de existir como nación.