Ni prensa ni transmisión. Considerando el proselitismo punitivo habitual de este gobierno, ese silencio es una decisión calculada. Un organismo que nació hace más de cinco décadas como agencia de aplicación de la ley no necesita reunirse a escondidas si siguiera siendo eso.
Nos interesa una pregunta de otro orden. Por qué, justo ahora, Estados Unidos amplía sus operaciones contra el narcotráfico en América Latina con una forma que ya no se parece a nada de lo conocido en cuarenta años de política antidrogas. Por qué dejamos de hablar de agentes y cooperación policial, y empezamos a hablar de buques de guerra, submarinos, portaaviones, embarcaciones civiles voladas en pedazos frente a cámaras, tropas que desembarcan para capturar a un presidente. La palabra clave es militarización.
Venimos trabajando la hipótesis de que el redespliegue estadounidense frente a su propio declinacionismo estructural se sostiene sobre cuatro vectores entrelazados, financiarización, militarización, caotización y narcotización. Lo que ocurre hoy en el Caribe y el Pacífico latinoamericano es el momento en que estos vectores dejan de funcionar por separado y se funden en un único dispositivo. El narcotráfico deja de ser el objeto que se combate para convertirse en la llave política que habilita el despliegue militar.
Y acá nos apartamos de una lectura habitual, incluso dentro del propio campo crítico, que describe medio siglo de guerra contra las drogas como una política que fracasó y ahora, frustrada, escala hacia la fuerza militar. No compartimos esa lectura condescendiente. La DEA no fracasó y después se militarizó. Fue, desde su nacimiento en 1973, un dispositivo de intervención que amplió su función en cada década, con lógica de crecimiento, no de fracaso. Nixon la fundó apenas dos años después de declarar el abuso de drogas prioridad nacional, fusionando la Oficina de Narcóticos con fragmentos de aduanas y de la CIA. Su propio asesor Ehrlichman reconocería décadas después que esa guerra apuntaba puertas adentro a criminalizar comunidades negras y al movimiento antibélico. Hacia afuera se proyectó de inmediato como política hemisférica, con una vocación extraterritorial que ninguna otra agencia policial tenía en ese momento. Con la CIA jaqueada por sus operaciones encubiertas en Chile, Afganistán y Centroamérica, la DEA pudo suplir buena parte de esas funciones sin mayor costo político. Esa función de repuesto tampoco quedó circunscripta al continente, llegó a sostener oficinas y agentes en más de sesenta países, de Afganistán a Nigeria, de Tailandia a los Balcanes, allí donde la CIA necesitaba presencia sin la exposición de una agencia de inteligencia declarada. En Bolivia, Perú, México y Colombia negoció con gobiernos débiles o cómplices, entrenó policías locales, financió erradicación de cultivos. El problema estaba siempre en el sur. La demanda que sostenía el negocio desde el norte nunca se tocó.
El ascenso de los carteles de Medellín y Cali convirtió a Colombia en el epicentro de una violencia que Washington leyó deliberadamente en clave de oferta. Ahí se ensayó por primera vez la fusión entre policía antidrogas e inteligencia militar que después se volvería norma regional. El narcotráfico dejó de ser delito para convertirse en amenaza a la seguridad nacional estadounidense, categoría que habilita instrumentos muy distintos a los de un fiscal.
El Plan Colombia, fue la maduración de esa vocación fundacional. Bajo la superficie de un paquete de desarrollo alternativo, el grueso de los recursos fue a helicópteros, brigadas antinarcóticos y fumigación con glifosato sobre territorio campesino e indígena. Colombia pasó a ser el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, detrás de Israel y Egipto, en un plan que terminó operando como contrainsurgencia contra las FARC y el ELN, con desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos documentadas por la ONU. Ahí aprendió Washington la lección que después replicó con la Iniciativa Mérida en México y el CARSI en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Leemos este recorrido no como una sucesión de políticas fallidas sino como la reiteración de un mismo gesto colonial. El sur global aparece siempre como territorio de origen del mal, nunca como destino de la demanda que sostiene el negocio. Estados Unidos consume la mayor parte de la cocaína que circula por el hemisferio y ninguna flota bombardea Wall Street ni las rutas de lavado que atraviesan sus propios bancos. La geografía de la culpa reproduce la vieja división colonial entre la metrópoli que juzga y la periferia que es juzgada.
Lo que cambia de manera radical desde septiembre de 2025, con el regreso de Trump, no es la vocación intervencionista, constitutiva desde 1973, sino su forma jurídica-política y su escala. Washington empezó a hundir embarcaciones frente al Caribe y el Pacífico sin exhibir en la mayoría de los casos ninguna prueba pública. Trump lo dijo con todas las letras, Washington está en “conflicto armado” con los carteles. No es retórica de campaña, es una categoría jurídica que cambia todo lo demás. Un conflicto armado se rige por el derecho internacional humanitario, no por el derecho penal, y permite matar sin juicio previo a quien se designa combatiente enemigo, algo que el paradigma anterior, el del agente encubierto y el tribunal federal, no contemplaba.
Para sostener esa ficción jurídica la Casa Blanca designó a veinte organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras. Ahí está el mecanismo central, y ahí vemos el trabajo de lawfare que acompaña al despliegue militar. La categoría de narcoterrorismo no describe una realidad nueva del crimen organizado, produce una habilitación legal, convierte a un sospechoso con derecho a debido proceso en un objetivo militar legítimo bajo las reglas de la guerra, la misma lógica ensayada contra Al Qaeda después de 2001.
El punto más alto de esa escalada ocurrió el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos en Caracas y capturaron a Nicolás Maduro en un operativo previo al amanecer, trasladándolo a Nueva York. No hubo declaración de guerra, ni aval previo del Congreso, ni resolución del Consejo de Seguridad. Hubo una acusación de narcoestado construida durante meses de despliegue naval, ocho buques, un submarino, un portaaviones, decenas de aviones de combate.
El dato que más confirma nuestra hipótesis no es Venezuela, ya analizada hasta el cansancio, sino lo que pasó después en el terreno institucional. El 7 de marzo Trump reunió en Doral a once gobiernos latinoamericanos y firmó la proclamación que crea el Escudo de las Américas, también llamado Coalición de las Américas contra los Cárteles o A3C. Colombia y México quedaron afuera de esa foto fundacional. Petro, desde Viena, ironizó que con países pequeños y sin experiencia no se construye un escudo del sur, “lo van a agujerear”.
Cinco meses después, en la madrugada del 3 de agosto, el Comando Sur dio de baja formalmente a la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, la misma sigla JTF 84-2 que desde septiembre venía ejecutando los ataques contra embarcaciones, sesenta y siete naves alcanzadas y al menos doscientos veintiún muertos según el propio informe del Inspector General del Pentágono, con un costo estimado en 820 millones de dólares. En su lugar activó la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, JTF-WHEM, presentada por el general Francis Donovan como el brazo operativo permanente de la región, integrado con los dieciocho países de la A3C. Una fuerza de tarea con nombre de campaña, pensada como estructura temporal, se dio de baja para dar paso a otra concebida como sede operativa permanente. Eso no es una fase más intensa de la guerra contra las drogas. Es la institucionalización de otra cosa.
Colombia permite ver el mecanismo con más nitidez que ningún otro caso, porque ahí el giro ocurrió a plena luz y en cuestión de días. Bajo Petro, Washington des-certificó al país pese a cifras récord de incautación, sancionó al presidente a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, y lo dejó afuera de Doral. Petro respondió suspendiendo compras de armamento estadounidense, gesto simbólico frente a un vínculo de decenios, pero gesto al fin de un país que se negaba a la subordinación plena.
El 21 de junio Abelardo de la Espriella ganó el balotaje colombiano. Asumió el 7 de agosto y ese mismo fin de semana viajó a Medellín junto al subsecretario de Guerra estadounidense Joseph Humire. Horas después de la asunción el Departamento de Estado anunció mil millones de dólares en asistencia de seguridad. El 12 de agosto, desde Panamá, Hegseth anunció que De la Espriella autorizaba operaciones militares conjuntas, que Colombia ingresaba a la A3C, y que Medellín sería la sede regional del programa. En menos de una semana Colombia pasó de país sancionado a plataforma regional de la ofensiva estadounidense. El propio Uribe bendijo el giro comparándolo con el Plan Colombia que él mismo gestionó, “la ayuda de USA es recuperación de soberanía, no violación”. A Colombia bajo Petro se la castigó pese a los buenos números. A Colombia bajo De la Espriella se la premia apenas asumido el cargo. El narcotráfico no cambió en esos meses. Cambió el gobierno.
Ese mecanismo se repite con matices en el resto del mapa. Argentina bajo Milei, Ecuador, El Salvador y buena parte de Centroamérica ocupan el lugar de aliados entusiastas, dispuestos a prestar territorio y discurso a cambio de gestos que rara vez se traducen en beneficio concreto para sus pueblos. Brasil no aparece entre los fundadores del Escudo ni entre los dieciocho países de la A3C, y no encontramos registro de delegación brasileña en Buenos Aires, un silencio que, viniendo de la principal potencia regional, dice tanto como cualquier declaración. Sobre México sí tenemos certeza, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, a quien el administrador de la DEA, Terry Cole, calificó en Buenos Aires como socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos, viajó a la conferencia pese a que Sheinbaum se había opuesto primero, y terminó autorizando el viaje tras someterlo a votación en su Gabinete de Seguridad. México, además, ya convive con agentes de la CIA operando junto a sus propias fuerzas, un nivel de injerencia impensable hace apenas una década.
Ni México ni Brasil disponen hoy de la ingeniería militar, ni de la unidad regional, ni de la voluntad política plena, para desafiar de manera frontal un dispositivo que ya no pide permiso. Conviene evaluar con más cuidado ese eje, porque no es simplemente retórico ni simplemente inexistente. En junio Lula y Sheinbaum sostuvieron una videollamada de cuarenta minutos, fijaron posición conjunta contra la injerencia externa e instruyeron a sus cancillerías a reactivar la Comisión Binacional. Sheinbaum llegó a describir a Lula como un símbolo de la lucha progresista latinoamericana. Ese gesto existe y no lo vamos a minimizar.
Lo que no logra ese eje es traducirse en un contrapeso capaz de frenar el dispositivo, y ahí aparecen límites que no dependen de la voluntad de ningún presidente. México cae bajo el Comando Norte, no el Comando Sur que hoy coordina la A3C, una integración de décadas que Brasil nunca compartió. México coloca en el mercado estadounidense el ochenta por ciento de sus exportaciones y vive del T-MEC, mientras Brasil tiene en China a su principal socio comercial y margen de autonomía dentro de los BRICS y el Mercosur. Lula mide cada gesto pensando en octubre, cuando enfrenta a Flávio Bolsonaro en las urnas, y Sheinbaum viene bajando en las encuestas, con poco margen para un choque frontal. Y no existe hoy un mecanismo latinoamericano de defensa mutua equivalente, ni remotamente, al que Washington construyó en cinco meses. Por eso preferimos hablar de un eje de contención discursiva antes que de un bloque de contención militar, la asimetría entre ambas velocidades es en sí misma un dato político.
Detrás de la retórica antidrogas vemos un reordenamiento del control sobre recursos estratégicos, el petróleo venezolano entre ellos, sobre rutas marítimas y sobre gobiernos que Washington considera insuficientemente alineados. El narcotráfico existe, es real, y ningún análisis crítico serio puede negar ese dato. Pero la manera en que se lo combate revela, mucho más que el problema mismo, la arquitectura de poder que decide cómo se lo combate. Ese dispositivo de recolonización es hoy militar y extrajudicial, se construye a espaldas de la prensa, y se completa con un componente de guerra cognitiva, la ausencia deliberada de agenda pública y de rendición de cuentas funciona también como relato, como forma de naturalizar que la excepcionalidad es ya la norma.
No estamos ante una fase más de la guerra contra las drogas que inició Nixon hace cincuenta años. Estamos ante la maduración institucional, ya consolidada en Venezuela y formalizada en la A3C y la JTF-WHEM, de una arquitectura militar que usa al narcotráfico como llave jurídica y relato de legitimación. La DEA sigue existiendo, sigue organizando conferencias, pero ya no es el centro de gravedad. Ese centro se mudó al Comando Sur, a los portaaviones frente a Venezuela, a los mil millones de dólares que ya llegan a Medellín, a los soldados que empiezan a pisar tierra firme en Colombia, Guatemala y Honduras. La sigla que hay que mirar ya no es DEA, es JTF-WHEM. Y detrás de esa sigla nueva sigue viva la vieja pregunta, quién decide, en nombre de quién, y a costa de qué soberanías, dónde termina el delito y dónde empieza la guerra.
Fuente: PIA