Dos días después de que fuerzas militares estadounidenses neutralizaran las defensas aéreas de Venezuela, volaran una puerta para entrar en un complejo en Caracas y capturaran al líder del país, Nicolás Maduro, este compareció en una silenciosa sala de audiencias del sur de Manhattan.
Al declararse inocente ante un juez federal de una serie de delitos de narcotráfico, Maduro afirmó: «Soy presidente de la República de Venezuela y estoy aquí, secuestrado, desde el sábado 3 de enero».
El destino de Maduro —y el del proceso penal de mayor repercusión del Gobierno de Trump— depende ahora de que una jueza acepte el tiempo presente de esa declaración: que, en aquel momento, seguía siendo presidente de Venezuela. Es una cuestión crucial, porque constituirá el eje del argumento jurídico de Maduro y de sus abogados de alto perfil.
Se desconoce si la estrategia funcionará. El caso no tiene un verdadero equivalente en la historia de Estados Unidos y, cualquiera que sea su desenlace, probablemente establecerá nuevos criterios en el derecho y la política exterior del país.
Incluso antiguos fiscales federales dicen que no pueden predecir si se permitirá que el proceso contra Maduro continúe ni cómo podría desarrollarse.
—Realmente no hay un precedente para esto —dice Gina Parlovecchio, exfiscal federal adjunta de Brooklyn que participó en el proceso contra Joaquín «el Chapo» Guzmán Loera.
Sea cual sea el resultado, las repercusiones serán enormes.
Si el tribunal determina que un presidente estadounidense puede secuestrar legalmente al líder de una nación soberana, trasladarlo por la fuerza a territorio de Estados Unidos y procesarlo, podría abrir la puerta a que Donald Trump —o cualquier futuro presidente— emplee las mismas tácticas contra otros jefes de Estado que no se sometan a sus exigencias.
Y si se cierra por completo la posibilidad de que el Departamento de Justicia procese a Maduro, o si finalmente resulta absuelto, ¿qué ocurriría entonces? Trump habrá establecido involuntariamente nuevos límites al poder presidencial, además de dejar al país en una posición embarazosa ante el mundo. También significaría que Estados Unidos habrá ejecutado una operación militar costosa y de alto riesgo que, según una estimación del ministro del Interior venezolano, dejó cien muertos.
El caso estaba destinado a ser extraordinario, pero incluso en sus primeras etapas ha dado giros inesperados. Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentaron inicialmente cargos de conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo de narcoterrorismo contra él. Los fiscales acusaron a la pareja de dirigir durante veinte años una trama de tráfico de cocaína «bajo la protección» de las Fuerzas Armadas, el poder judicial y los cuerpos de seguridad de Venezuela, y en colaboración con organizaciones terroristas.
El mes pasado, la Fiscalía añadió nuevos cargos: presuntamente, la pareja había torturado a detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses, mientras estaba en el poder. La acusó de recurrir a prácticas brutales, entre ellas descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y tortura psicológica. Los fiscales también añadieron un cargo de narcoterrorismo contra Flores. Las nuevas imputaciones llevaron al juez federal Alvin Hellerstein a aplazar dos semanas el inicio del juicio, hasta el 14 de junio de 2027. Después, a finales del mes pasado, murió Hellerstein, el magistrado de noventa y dos años conocido por su manera reflexiva, aunque impredecible, de ejercer la judicatura.
El caso fue asignado entonces a una nueva jueza federal, Analisa Torres, nombrada por Barack Obama, quien ha llevado procesos de gran repercusión, entre ellos el del magnate chino exiliado Guo Wengui y la causa federal por fraude contra Steve Bannon, aliado de Trump que posteriormente recibió un indulto presidencial.
Hasta ahora, Torres ha indicado que intentará mantener el calendario del caso de Maduro. Tiene previsto celebrar su primera audiencia a mediados de diciembre. Esa sesión ayudará a determinar si la causa avanza a juicio, y cualquiera de los dos desenlaces tendrá implicaciones mundiales.
—La realidad es esta: ¿va a crear un precedente? Sí. Sea cual sea el resultado, creará un precedente —dice Adam Fels, abogado penalista que defendió al Chapo durante su juicio—. La pregunta es cuánto va a afectar ese precedente a todos de aquí en adelante.
Al frente de la defensa de Maduro está su abogado, Barry Pollack.
A primera vista, Pollack es un hombre de modales suaves y presencia discreta, propenso a restarse importancia.
—Prácticamente todo lo que hago en una sala de audiencias se lo he plagiado a alguien —dijo en un episodio de 2022 de For the Defense, un pódcast presentado por David Oscar Markus, otro abogado penalista con quien ha compartido la representación de clientes.
En realidad, Pollack, quien declinó hacer comentarios, es un abogado de gran peso: un destacado litigante de Washington y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, con un historial de victorias improbables.
En 2006 consiguió la absolución de todos los cargos para Michael Krautz, exdirectivo de Enron Corporation y uno de los dos únicos ejecutivos de la empresa absueltos por un jurado. En 2008 logró que se revocara una condena por doble asesinato y se desestimaran todos los cargos contra Martin Tankleff, quien había pasado diecisiete años en prisión tras ser acusado de matar a sus padres. Y en 2018 convenció a un juez de anular una condena por desacato penal contra el general de brigada John Baker, jefe de los abogados defensores de las comisiones militares de la bahía de Guantánamo.
—Tiene una tenacidad muy particular, pero no es de esos que echan espuma por la boca —dice Jonathan Lopez, exfiscal federal que llevó la acusación contra Krautz y que ahora imparte junto con Pollack una clase sobre práctica del juicio penal en la Facultad de Derecho de Georgetown—. Simplemente te va desgastando hasta que cometes un error.
Pero su logro más destacado fue frustrar una acusación posiblemente tan mediática y de tanto calado como la de Maduro: la ofensiva judicial de Estados Unidos contra Julian Assange.
Durante casi quince años, Pollack defendió al fundador de WikiLeaks, desde que se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres en 2012 y después, cuando se convirtió en el primer editor acusado por Estados Unidos al amparo de la Ley de Espionaje por difundir información gubernamental reservada. Assange enfrentaba dieciocho cargos relacionados con la divulgación de documentos de seguridad nacional.
En 2024, Pollack consiguió finalmente poner fin al enfrentamiento de Assange con el Gobierno estadounidense. Con su asesoramiento, Assange se declaró culpable de un solo cargo de obtención y divulgación ilegal de información, lo que le permitió salir de una prisión británica.
Aunque Pollack ha hablado poco públicamente de su defensa de Assange, reconoció en una entrevista el año pasado que había sido «muy difícil coordinarlo todo desde el punto de vista logístico», debido al número de países involucrados. En un comentario que podría resonar con su actual cliente, añadió: «Estados Unidos tiene una concepción extraordinaria del alcance de su jurisdicción en todo el mundo».
Markus trabajó con Pollack en la defensa de un acusado en un proceso penal federal por prácticas contrarias a la libre competencia en Florida, en 2022, y comprobó de primera mano su destreza en la sala de audiencias.
—Muchas veces conoce cada aspecto del caso mejor que los fiscales, mejor que el propio cliente —dice Markus—. Saca a relucir correos electrónicos o mensajes de texto que el cliente o el testigo han olvidado.
Pollack también sabe explicar conceptos complicados a un jurado, una habilidad a la que probablemente tendrá que recurrir en el caso de Maduro. Durante el juicio de Florida, recuerda Markus, ideó una analogía sobre la venta de hamburguesas y pizzas para explicar la relación entre la oncología médica y la radioterapia oncológica. Después de que el juicio terminara sin veredicto, negociaron un acuerdo de declaración de culpabilidad para su cliente.
Durante su alegato final en otro juicio penal por prácticas contrarias a la libre competencia, esta vez contra ejecutivos de la industria avícola, recurrió a la letra de «The Boxer», de Simon & Garfunkel, para argumentar que los fiscales habían seleccionado las pruebas a conveniencia.
—La canción tiene un verso que dice que un hombre oye lo que quiere oír e ignora lo demás —dijo Pollack al jurado—. Señoras y señores, durante todo este juicio el Gobierno ha oído lo que ha querido oír y ha ignorado lo demás.
En ese caso hubo dos juicios sin veredicto y, finalmente, se desestimó la acusación.
Pollack no tiene reparos en defender a clientes controvertidos o potencialmente desagradables. En una conferencia jurídica celebrada a principios de este año, rechazó la idea de que un abogado penalista deba juzgar la conducta de sus representados, al considerar que equivaldría a criticar a un médico por atender a un paciente que resulta antipático.
—Tenemos nuestra propia cultura hipocrática —dijo—. Si alguien acude a mí con un problema jurídico, cuanto más espinoso sea, más cierto es que voy a ayudarlo a encontrar la manera de resolverlo.
Cuando Pollack asumió el caso de Maduro era socio de Harris St. Laurent LLP, pero en junio pasó al despacho especializado Harris Trzaskoma LLP, con sede en Nueva York.
—Incorporarme a esta firma me dará los recursos para ayudar al presidente Maduro de todas las maneras que podamos —declaró a Business Insider.
Pollack también sumó a la defensa de Maduro a Anna Estevao, otra socia de su nuevo despacho. Estevao cobró notoriedad el año pasado por su trabajo en el equipo defensor de Sean «Diddy» Combs, cuando se encargó del contrainterrogatorio de la testigo principal de la Fiscalía, Casandra Ventura, expareja de Combs. Para quienes siguen el caso de Maduro, la incorporación fue vista como una buena noticia para su defensa.
El primer argumento de Pollack y Estevao, y el de mayor alcance, es que Maduro tiene derecho a la inmunidad frente a cualquier proceso penal porque es el jefe de Estado de Venezuela.
«Ningún tribunal ha determinado jamás que un dirigente extranjero reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones pueda ser detenido para someterlo a su jurisdicción porque el Estado que pretende juzgarlo no lo reconoce políticamente», escribieron en una solicitud para que la jueza desestime toda la causa. «Es difícil imaginar una injerencia mayor en la soberanía de otro país que detener y sacar de su territorio a su reconocido jefe de Estado en funciones para que responda a cargos ante un tribunal extranjero».
El obstáculo es que el Gobierno de Trump sostiene que Maduro no es, en realidad, un jefe de Estado legítimo. Afirma que se hizo con el poder de manera ilegal mediante elecciones fraudulentas y que no tiene derecho a la inmunidad porque Washington lo considera «ilegítimo» desde 2019.
La pregunta para Torres, la nueva jueza a cargo del caso, es: ¿quién tiene la facultad de determinar quién es jefe de Estado? Si prevalece la posición de Trump, argumentan los abogados de Maduro, el derecho internacional quedaría completamente trastocado: cualquier país podría retirar por cualquier motivo el reconocimiento político a un dirigente extranjero y después intentar detenerlo.
«Este país no toleraría que otro acusara a nuestro jefe de Estado de abuso de poder ante sus tribunales nacionales, y mucho menos que lo secuestrara para llevarlo a su territorio a responder a esos cargos», escribieron.
El otro argumento principal de Pollack y Estevao es que Maduro tiene derecho a la inmunidad por conductas que deberían considerarse «actos oficiales» realizados en nombre del Estado soberano venezolano. Para sostenerlo recurren al fallo del Tribunal Supremo estadounidense de 2024 favorable al propio Trump, que amplió considerablemente la inmunidad presidencial, de modo que los actos «oficiales» quedan amparados con independencia de su motivación o intención.
El equipo jurídico de Maduro también ha adelantado otros argumentos para el caso de que el proceso llegue a juicio. Según la acusación, los imputados, incluido Maduro, apoyaron a cinco grupos narcoterroristas designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas extranjeras. Pero tres de los cinco no recibieron esa designación hasta 2025. Según exfiscales federales, esa circunstancia podría complicar la capacidad del Gobierno para probar su caso.
También es probable que Maduro y sus abogados planteen argumentos sobre las circunstancias de su traslado forzoso. En un escrito judicial señalaron que «las escandalosas circunstancias del violento secuestro del señor Maduro y la señora Flores de Maduro mediante una invasión militar que causó un elevado número de víctimas» podrían servir de fundamento para cuestionar la jurisdicción del tribunal para procesarlo.
Sin embargo, ese es un terreno en el que la mayoría de los observadores coincide en que Maduro no tendrá éxito. La jurisprudencia establece que, por regla general, la manera en que un acusado llega ante un tribunal no priva a ese tribunal de jurisdicción.
La Fiscalía también ha expuesto sus argumentos contra la defensa de Maduro.
La Fiscalía federal de Manhattan sostiene que Maduro y su esposa no tienen derecho a la inmunidad de jefe de Estado porque él no es el dirigente legítimo desde enero de 2019, cuando Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente de Venezuela. Después de unas elecciones «fraudulentas» organizadas por Maduro en 2018, la Asamblea Nacional declaró vacante el cargo y juramentó a su presidente, Juan Guaidó, como mandatario interino. Trump reconoció entonces públicamente a Guaidó como presidente interino.
Los fiscales también señalan que Venezuela no ha alegado que Maduro y su esposa gocen de inmunidad frente al proceso. En mayo, el país sí solicitó al Gobierno estadounidense inmunidad para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una causa civil federal en Florida en la que tanto ella como Maduro figuran como demandados, pero no hizo lo mismo por Maduro.
«El Poder Ejecutivo tiene la autoridad exclusiva para determinar quién es un jefe de Estado extranjero», escribieron los fiscales en un documento judicial. Añadieron que «los tribunales federales han concluido de manera uniforme que las determinaciones del Ejecutivo sobre la inmunidad de los jefes de Estado son vinculantes».
Agregaron: «Los acusados no han identificado un solo caso en el que un tribunal federal haya dejado de lado la determinación del Poder Ejecutivo sobre la inmunidad de un jefe de Estado para sustituirla por una evaluación propia basada en las “realidades de facto” de quién ejercía como jefe de Estado».
En cuanto al argumento de la inmunidad por los actos realizados, los fiscales sostienen que esa decisión también corresponde al Ejecutivo. Y argumentan que Maduro y su esposa no deberían quedar protegidos frente al procesamiento por actos que, según la Fiscalía, violaban la legislación venezolana, entre ellos presuntos delitos de tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas.
Un portavoz de la Fiscalía federal de Manhattan declinó hacer comentarios.
Puede que el proceso contra Maduro no tenga un equivalente exacto, pero existe un caso con claras similitudes.
En 1989, tropas estadounidenses invadieron Panamá para capturar a Manuel Noriega, el dictador militar de facto del país, quien había sido acusado de delitos federales de narcotráfico. Noriega fue trasladado por la fuerza a Estados Unidos, procesado y condenado. Los abogados de Maduro reconocen que ese caso constituye «posiblemente la analogía histórica más cercana», aunque señalan que Noriega tomó el poder mediante un golpe de Estado y nunca ocupó ninguno de los dos cargos del Ejecutivo panameño. Noriega intentó invocar la inmunidad de jefe de Estado, pero tanto un juez de primera instancia como un tribunal de apelaciones rechazaron su pretensión.
Como señaló la Fiscalía en su escrito, el caso de Noriega es el único ejemplo de un tribunal federal de primera instancia que haya examinado una solicitud de inmunidad de jefe de Estado en un proceso penal. En aquella ocasión, el juez «acató por completo la determinación del Poder Ejecutivo de que la inmunidad de jefe de Estado no era aplicable».
Otro caso presenta un perfil semejante, aunque no cuestiones jurídicas comparables. En 2022, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue detenido en Honduras y luego extraditado a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico y armas presentados por la Fiscalía federal de Manhattan. Hernández no invocó la inmunidad de jefe de Estado: los fiscales habían esperado hasta el día en que su sucesora asumió el cargo para obtener una acusación formal bajo reserva judicial.
En cambio, intentó argumentar que era víctima de testigos colaboradores que buscaban culparlo para recibir un trato más indulgente de Estados Unidos por sus propios delitos. No funcionó. Fue declarado culpable y condenado a cuarenta y cinco años de prisión.
Después, a finales de 2025, un mes antes de la captura de Maduro, Trump sorprendió al mundo al indultar a Hernández. Alegó que el proceso había sido un exceso del Gobierno de Biden, aunque había comenzado durante su propio primer mandato.
Si el caso de Maduro sigue adelante, el juicio de Hernández probablemente ofrezca una idea de cómo podría desarrollarse.
Renato Stabile, abogado penalista que representó a Hernández, comparó ambas acusaciones: «Mucho relato, pero pocas referencias a pruebas concretas». Eso indica, dice, que los fiscales probablemente se apoyarán en el testimonio de colaboradores que «seguramente tendrán unos antecedentes penales terribles». Esto ofrecería a los abogados de Maduro la oportunidad de desacreditarlos y convencer al jurado de que no puede confiar en sus declaraciones.
Otra posible coincidencia: podría resultar difícil convencer a Maduro de que acepte el asesoramiento jurídico de sus abogados, algo que Stabile experimentó con Hernández. Sobre todo cuando se trata de declarar en el juicio, una decisión arriesgada que expone al acusado al contrainterrogatorio.
El dirigente de un país «confía en su capacidad para hablar en su propia defensa y resultar convincente, porque eso es lo que lo llevó al puesto que ocupa», dice Stabile. «Por eso es muy difícil convencerlo de que no es una buena idea».
Stabile intentó disuadir a Hernández de subir al estrado, sin éxito. Hernández declaró en su propia defensa y también habló durante casi una hora en la audiencia en la que se le impuso la condena. Los resultados sugieren que ninguna de las dos intervenciones lo ayudó.
No está claro cómo abordará Torres el caso que ahora ha quedado en sus manos. En las pocas audiencias preparatorias celebradas antes de su muerte, Hellerstein apenas dio pistas sobre su postura. Cuando Maduro declaró que había sido «secuestrado», el juez lo interrumpió con calma y le dijo que discutirían «la validez jurídica de lo ocurrido» más adelante.
Entre los abogados penalistas, algunos creen que Torres podría ser más receptiva a los argumentos de Maduro que Hellerstein.
—Siempre ha sido justa con mis clientes —dice Sabrina Shroff, abogada penalista que representó a Guo y ha llevado numerosos casos ante la jueza—. No es la típica exfiscal completamente imbuida de la cultura del Distrito Sur y del Departamento de Justicia.
Pero cualquier decisión de Torres sobre si el caso sigue adelante, y en qué términos, tendrá repercusiones en Washington y en todo el mundo.
Eso será especialmente cierto si Maduro termina condenado.
El proceso «pone sobre aviso a otros jefes de Estado que podrían estar involucrados en actividades delictivas o prácticas cleptocráticas, cuyas fronteras podría traspasar la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos», dice Parlovecchio, la exfiscal federal adjunta que participó en la acusación contra el Chapo.
Este episodio también podría desembocar en uno de esos escenarios en los que conviene tener cuidado con lo que se desea.}
Fuente: Question
