Este 30 de enero de 2026, el istmo panameño se sitúa nuevamente en el ojo de un huracán geopolítico que, bajo el barniz de la legalidad institucional, encubre el despliegue de una estrategia de avasallamiento mil veces padecida: la reedición de la Doctrina Monroe.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha dictaminado una sentencia lapidaria, invalidando el contrato del consorcio CK Hutchison Holdings. Esta firma, de capitales hongkoneses y socia de las estatales Cosco y China Merchants, gestionaba desde 1997 los muelles de Balboa y Cristóbal. Tras una inspección que alega vicios en la prórroga de la concesión y quebrantos fiscales por 300 millones de dólares, la magistratura decidió cercenar el dominio asiático sobre estos enclaves vitales, por donde transita el 5% del comercio marítimo global.
La extorsión trumpista: sumisión o asfixia
La geopolítica del garrote ha mutado de metáfora a realidad descarnada sobre nuestra geografía. Lo acontecido no es un incidente fortuito ni una mera querella burocrática; constituye un eslabón adicional en la secuencia de agresiones que emanan desde Washington.
La desposesión de la empresa china no es casual es funcional con la retórica de Donald Trump, quien ha transformado la “reconquista” de la vía interoceánica en un eje de su proselitismo y una amenaza de seguridad continental.
Detrás del gastado pretexto de la “salvaguarda nacional” y la urgencia de extirpar la huella de Pekín, late una codicia pragmática. El gobierno norteamericano, asediado por una realidad económica y financiera negativa, busca en el control del tránsito de mercancías una ventaja mercantil que insufle aire a sus arcas a expensas de la independencia ajena. Para el Salón Oval, el Canal no es un servicio público internacional, sino un botín de guerra para su supervivencia económica.
El Caribe en llamas y el secuestro de la política
El mensaje imperial ha sido rubricado con pólvora. La militarización del Mar Caribe y las hostilidades contra embarcaciones en el Pacífico —escudadas en la sempiterna “cruzada contra el narcoterrorismo”— son la rúbrica de un poder que ha sentenciado que el hemisferio le pertenece. Esta praxis de sojuzgamiento alcanzó su punto más tenebroso el 3 de enero, con el asalto criminal a la República Bolivariana de Venezuela. El secuestro del mandatario Nicolás Maduro y de la legisladora Cilia Flores, precedido por un cerco naval y sanciones brutales, dimensiona hasta dónde está dispuesto a llegar el trumpismo para doblegar voluntades.
Este acoso ignora fronteras: desde el estrangulamiento secular a Cuba, hasta las coacciones contra México, Colombia, Brasil, Canadá y Groenlandia. La táctica se completa con la manipulación de procesos electorales, imponiendo figuras en Honduras y Argentina mediante chantajes económicos que anulan la soberanía popular. El mapa es claro: el control absoluto de cada paso interoceánico en la región.
Entrega quirúrgica al capital especulativo
En suelo panameño, la maniobra posee una precisión milimétrica. Mientras Panama Ports Company (PPC) califica el fallo de carente de sustento legal y amenaza con litigios internacionales, la administración de José Raúl Mulino ya instrumenta el recambio. El arribo de APM Terminals, filial de la danesa Maersk —monstruo logístico que opera 700 buques y moviliza 12 millones de contenedores—, no es más que un interinato técnico.
Este “transito” administrativo tiene un destino prefijado: el traspaso de los activos a un consorcio regido por BlackRock. El gigante gestor de fondos estadounidense vio frustrada una operación de 23.000 millones de dólares por la negativa del gobierno chino a seguir avanzando en la misma.
Un futuro hipotecado en el tablero monrroista
Panamá, que en 1999 celebró el fin de la presencia militar extranjera, se halla en una encrucijada existencial. El presidente Mulino, luego de 25 años califica de “leoninos” los vínculos con Hutchison, para justificar su alineamiento con los dictados de la Casa Blanca y al acompañar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, garantiza la consolidación de un enclave que funciona como cabeza de playa militar y mercantil, mientras la élite local actúa como brazo ejecutor de una oligarquía que ha olvidado que el Canal es patrimonio inalienable del pueblo.
Para Panamá, lo que se dirime en las aguas de Balboa y Cristóbal es la posibilidad de persistir como nación soberana. El monrroismo del siglo XXI no solo emplea cañoneras; utiliza togas, auditorías y fondos de inversión para hipotecar el destino regional.
La historia nos observa mientras el Norte insiste en que el mundo termina donde comienzan sus mezquinos intereses.