La presión de los agricultores blancos para involucrar a Donald Trump en una batalla por compensaciones sobre tierras de Zimbabwe es un complot descarado y neocolonial para deshacer la historia de la liberación africana.

El último intento de un pequeño grupo de agricultores blancos de Zimbabwe para arrastrar a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos a una pelea por la compensación de tierras no es sólo una traición a la revolución de Zimbabwe; es un nuevo frente en una guerra en curso para revertir la emancipación de África de la dominación colonial.

A principios de esta semana, surgieron informes de que una facción de ex agricultores blancos había contratado a una empresa de lobby estadounidense con profundos vínculos con el círculo de Trump, pidiendo al presidente estadounidense y a sus aliados republicanos que presionaran a Harare para que pagara miles de millones de dólares en compensación por tierras confiscadas hace décadas bajo el programa de reforma agraria del país.

Que quede claro: no se trata de equidad ni justicia. Se trata de poder, de interferencia imperial y de reescribir la historia al servicio de unos pocos poderosos.

La reforma agraria de Zimbabwe, iniciada a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, fue una corrección radical y necesaria al robo colonial.

Durante casi un siglo antes de la independencia, una minoría blanca dominó las fértiles tierras agrícolas de Zimbabwe, mientras que la mayoría de la población negra fue relegada a reservas superpobladas y tierras marginales.

Esto no fue casualidad; fue el diseño de la conquista colonial y el capitalismo racial. Redistribuir esas tierras a los zimbabuenses negros no solo fue justo, sino esencial para la dignidad, la autodeterminación y la independencia económica.

Sin embargo, ahora, más de dos décadas después, una camarilla de antiguos terratenientes está tratando de internacionalizar lo que fue una decisión soberana africana.

Han recurrido a Mercury Public Affairs, una empresa de lobby estadounidense, para persuadir a los aliados de Trump en Washington a intervenir en los asuntos internos de Zimbabwe.

Su argumento es simple: exigen miles de millones de dólares en compensación por las tierras que les fueron arrebatadas. Esta iniciativa adolece de graves deficiencias morales y políticas.

En primer lugar, ignora el hecho más importante: estos agricultores poseían tierras que les fueron robadas a la mayoría africana mediante la violencia colonial y la imposición legal. La redistribución de tierras no fue un capricho; fue un ajuste de cuentas por siglos de robo.

Exigir que una nación africana pague enormes sumas en nombre de una minoría pequeña e históricamente privilegiada es ignorar la sangre, el sudor y la lucha de los millones de desplazados y oprimidos por el régimen colonial.

En segundo lugar, la campaña de compensación está siendo enmarcada a través de la lente de la política occidental, en particular a través de las narrativas truncadas de la retórica republicana estadounidense sobre el “genocidio de los agricultores blancos” en el sur de África, una afirmación que ha sido ampliamente desacreditada y expuesta como una fantasía extremista.

Trump y su círculo han amplificado repetidamente afirmaciones similares sobre Sudáfrica, y ahora están tratando de presentar a Zimbabwe bajo la misma luz.

Aquí vemos el peligro de permitir que las agendas geopolíticas occidentales se filtren en las políticas africanas. Esto no es asistencia; es interferencia.

Se trata del viejo proyecto colonial con nueva apariencia: utilizar el apalancamiento financiero y la presión política para adaptar las decisiones soberanas africanas a los intereses occidentales.

Es por esto que cualquier llamado a Trump, al Congreso o a los responsables políticos estadounidenses debería ser tratado con desprecio por todos los africanos comprometidos con la autodeterminación.

En tercer lugar, la formulación de la compensación de esta manera trivializa las injusticias económicas no resueltas infligidas a los zimbabuenses negros durante el colonialismo.

Si bien la cuestión de las mejoras en la tierra sigue siendo controvertida y el gobierno de hecho ha presupuestado sumas para pagar las pérdidas de infraestructura, la cuestión más amplia de devolver las tierras robadas y la riqueza derivada de ellas sigue siendo una deuda histórica de las potencias coloniales y las élites de los colonos con la mayoría africana.

Aceptar la premisa de que un pequeño grupo de agricultores blancos debería ser compensado por un gobierno negro a instancias de una administración occidental racista socava los mismos principios de justicia que sustentaron la lucha de Zimbabwe por la independencia.

Sugiere que los derechos de una minoría de colonos prevalecen sobre los derechos colectivos de la mayoría indígena, cuyas tierras y recursos fueron robados. Esto no es justicia. Es una repetición de la lógica colonial.

Algunos críticos, incluso dentro de organismos regionales como la Comunidad de África Austral para el Desarrollo, han señalado fallos judiciales que favorecen las reclamaciones de indemnización en virtud de ciertos tratados. Sin embargo, esto también debe contextualizarse.

El orden jurídico internacional está repleto de sesgos que favorecen a Estados poderosos e intereses arraigados. Las propias sentencias del Tribunal de la SADC, por ejemplo, han sido objeto de rechazo político y controversia precisamente porque se sitúan en la intersección del derecho, la soberanía y el poder político.

Pero no se debe permitir que ninguna tecnicidad jurídica internacional prevalezca sobre el principio fundamental de que las naciones africanas tienen derecho a determinar cómo gestionan su reforma agraria y sus prioridades económicas sin interferencia extranjera.

Seamos claros: la reforma agraria de Zimbabue no fue perfecta. Su implementación a veces tuvo deficiencias, y persisten desafíos en la productividad de la agricultura comercial y el desarrollo rural.

Pero estos son problemas de reconstrucción y empoderamiento postcolonial, no excusas para que los gobiernos occidentales y las élites colonizadoras regresen con demandas de que Zimbabwe se someta a su voluntad.

Este momento exige unidad, no capitulación. La reforma agraria en Zimbabue formó parte de un proyecto más amplio de liberación africana que buscaba desmantelar las bases económicas del colonialismo en todo el continente, desde Ghana hasta Guinea, desde Namibia hasta Mozambique.

Permitir el retorno a las reivindicaciones coloniales mediante la presión política estadounidense es socavar los mismos logros por los que lucharon los revolucionarios africanos.

Las naciones y líderes africanos, las organizaciones regionales y la sociedad civil deben unirse contra este nuevo ataque a la soberanía de Zimbabue. No se trata de un problema local, sino continental.

Es un recordatorio de que la batalla por una descolonización genuina, económica, política y psicológica, está lejos de terminar.

En Zimbabue, la tierra pertenece a quienes la habitan, la trabajan y cuyos antepasados ​​fueron desposeídos por la conquista colonial. Exigir una compensación al Estado zimbabuense bajo la influencia de una potencia imperial externa no solo es injusto, sino también una afrenta a la lucha de liberación de África.

África debe rechazar estas propuestas neocoloniales y reafirmar que la reforma agraria fue y sigue siendo una corrección legítima y necesaria de los errores históricos.

La reforma agraria de Zimbabue no es negociable. Su soberanía no está en venta. Y su historia de liberación no debe reescribirse para servir a terceros. Rechazar esta campaña de compensación no solo defiende a Zimbabue, sino también la propia revolución africana.