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02/12/21
2021: Punto de inflexión política en Centroamérica y el Caribe
Por Misión Verdad

Con el ruido de fondo de las migraciones hacia Estados Unidos y la reciente victoria de Xiomara Castro de Zelaya, América Central y el Caribe se encuentran en un punto de inflexión que permite avizorar un rol importante en los años por venir de América Latina y el Caribe.

La región proviene de procesos de guerras civiles, colonización histórica y empobrecimiento sistemático sin embargo los hechos van tejidos con ese hilo histórico en el que democracia y derechos humanos son utilizados a interés del relato hegemónico para intervenir y captar recursos geoestratégicos. A continuación se describen tres de los múltiples procesos que ocurren.

El Salvador: Bukele y sus tensiones tácticas con Washington

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dado de qué hablar luego de dos hechos claves en su relación con Estados Unidos: la remoción de un tercio de los jueces y magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y la presentación al Congreso una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros para supuestamente evitar la «injerencia».

Cabe destacar que en mayo pasado el partido Nuevas Ideas (NI), creado por Bukele y mayoritario en la Asamblea Legislativa (Parlamento), realizó una serie de cambios en el Poder Judicial, con destitución del Fiscal General incluida, que fueron catalogados de «golpe de Estado» por parte de sectores opositores y que fueron rechazados por Washington. El comunicado de la embajada de Estados Unidos en El Salvador había mencionado que «los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa».

Previamente, en febrero de 2020, efectivos militares invadieron la sede de la Asamblea Legislativa y recientemente, en julio pasado, desde Estados Unidos se publicó una lista de nombres de funcionarios salvadoreños acusados de corrupción en la llamada Lista Engel.

En lo económico el mandatario estableció un convenio marco con China que facilita la ejecución de varios proyectos financiados por el gobierno asiático. Al respecto, la secretaria adjunta interina para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Julie Chung, escribió un tuit dirigido a Bukele: «Señor presidente, nada de China viene sin condiciones», a lo que respondió por la misma red social: «Ustedes son el mayor socio comercial de China».

Además, aprobó el uso de la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal, lo que ha generado protestas en la población y curiosidad desde fuera del país centroamericano. Según su gobierno la medida ayudará a recuperar la estancada economía, dolarizada hace dos décadas, mediante la captación de los más de 400 millones de dólares de comisiones que generan las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero. Esos envíos representan 22% del PIB del país.

Protestas contra Bukele en rechazo a la implementación del bitcoin como moneda de curso legal y al acaparamiento de poder por parte del mandatario (Foto: Archivo)

En un comunicado el Departamento de Estado incluyó a los nuevos cinco magistrados y a la nueva Fiscal General en su lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos acusados de «socavar los procesos democráticos».

La tensión de las relaciones con Washington dio una vuelta de tuerca luego de que Bukele declarara que Estados Unidos financia organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política», de allí que su gobierno introdujera a la Asamblea Legislativa la mencionada ley con el objetivo de «establecer un régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero».

El partido de Bukele, asesorado por Léster Toledo, un prófugo del antichavismo inmerso en escándalos «humanitarios», señala directamente a organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la ONG Cristosal de recibir «millones de dólares anuales sin que se conozca el origen ni el destino de los fondos».

A comienzos de septiembre pasado la misma Sala Constitucional implicada en la controversia emitió un fallo que abre la posibilidad a reelección de Bukele para un segundo mandato al ordenar al Tribunal Supremo Electoral permitir que una persona que ejerza la presidencia de la República, y no haya sido presidente en el período inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. El mandatario asumió la presidencia en 2019 y acabaría su mandato en 2024, pero no ocupó el cargo en el período anterior.

Entretanto la encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, anunció el pasado 22 de noviembre su salida del país centroamericano sin que se haya nombrado un nuevo embajador en una legación diplomática que lleva casi un año sin este cargo. La diplomática ya había ejercido como embajadora en El Salvador y, luego de posesionarse Joe Biden, fue nombrada encargada de negocios en funciones, a la espera del nombramiento de un nuevo embajador, que no se produjo.

Manes había declarado que las relaciones se complicaron luego de que la Casa Blanca le enviara «fondos de cooperación» al país como un puente para aclarar la situación. Sin embargo, el gobierno de Bukele decidió no aceptarla, por lo que manifestó que se están buscando «nuevas formas» de mantener la cooperación con El Salvador.

Las protestas en contra de Bukele no han cesado, en octubre pasado miles de salvadoreños salieron a las calles a exigir su renuncia, cambios a favor de la nación, justicia, salarios dignos, derecho humano al agua, transparencia, y una lucha práctica contra corrupción.

Analistas como el expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes sospechan que las sanciones anunciadas desde Washington no son más que «fricciones de carácter totalmente secundario» y que «Bukele nunca se va a pelear a fondo con Washington y mucho menos Washington con Bukele» porque entre ambos gobiernos «puede haber algunas discrepancias de carácter táctico, pero coinciden en los objetivos estratégicos».

Nicaragua: La soberanía permanentemente en juego

La contundente victoria del comandante Daniel Ortega el 7 de noviembre, cuando fue reelecto con el 75,87% de los votos para un quinto mandato de cinco años, el cuarto consecutivo, tuvo a la Ley Renacer como reacción de la administración Biden, aun cuando a la contienda electoral asistieron seis partidos nacionales, incluido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y muchos otros regionales.

De inmediato se generaron los llamados a desconocer las elecciones, invocar la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones económicas. Antes de cerrarse los centros de votación Joe Biden calificó las elecciones de «farsa» y señaló que «la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas», como es menester las de Josep Borrell, jefe diplomático de la Unión Europea, tampoco se hicieron esperar.

El 19 de noviembre, a través de su canciller, Denis Moncada, el gobierno nicaragüense anunció su retiro de la OEA declarando que «tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos; con su intervencionismo, sobre los países de América Latina y el Caribe».

Como herencia de Donald Trump, el actual gobierno estadounidense ha preferido optar por «sanciones» unilaterales para asfixiar la economía nicaragüense antes que entrar en los debates de la OEA.

La ley Renacer (o ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral), promulgada a pocas horas de las elecciones, abre la puerta a sanciones más duras contra el pueblo de Nicaragua. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y María Elvira Salazar, todos con amplios expedientes injerencistas y hasta de apoyo al terrorismo contra Cuba, propugnaron el proyecto que fue aprobado a principios de agosto por el Senado.

Es un instrumento que permite solicitar a los bancos multilaterales que restrinjan el otorgamiento de préstamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos. Otros analistas pronostican que Biden preferiría no ahogar económicamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situación de Haití o del «Triángulo Norte» de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Es oportuno recordar la complicada situación migratoria en la región en la cual Nicaragua aporta solo en 6,8% de los inmigrantes centroamericanos a Estados Unidos mientras el 86% proviene de aquellos tres países.

La respuesta del gobierno liderado por Ortega al retirarse de la OEA le quita el piso a los funcionarios y consultores de la organización, cuyos miembros habían instruido al Consejo Permanente a nombrar una comisión para que realizara gestiones diplomáticas al más alto nivel y procurara «una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua». El plan incluía un informe en un plazo máximo de 75 días que generaría la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General y la invocación del artículo 21 de la CDI para su expulsión.

Los distintos poderes públicos y hasta partidos opositores respaldaron la decisión gubernamental en contra de las declaraciones y acuerdos injerencistas de la OEA y el pasado lunes 29 el representante permanente alterno de Nicaragua ante la organización, Michael Campbell, refutó la convocatoria del Consejo Permanente en la que se presentaron informes sobre antes y después de las elecciones.

Tanto el parlamento nicaragüense como su máximo tribunal exhortaron al Ejecutivo a iniciar la retirada de la OEA (Foto: Archivo)

El funcionario calificó de «falsos» los reportes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, destacando que promueven la «campaña cruel de agresiones» contra el pueblo nicaragüense y la división en lugar de la «solidaridad». Agregó que «encubren los perversos ataques en contra de la población víctima de los golpistas: nicaragüenses humildes asesinados, violados y heridos sus viviendas arrasadas e incendiadas, el dolor de las familias que sufrieron en viva imagen la quema de sus familiares por hordas alentadas y financiadas en el 2018 por los gobiernos y agentes extranjeros».

Se refería a las protestas violentas financiadas desde Estados Unidos en 2018 similares a las guarimbas instrumentadas en Venezuela de las que dichos informes sirven de «cajas de resonancia».

Ese mismo año China se convirtió en el segundo mayor comprador de productos nicaragüenses después de Estados Unidos, lo que no parece una casualidad. El país asiático elevó las compras de azúcar además de productos minerales, cueros y pieles de bovinos preparados, desperdicios de papel y café oro, entre otros que ya compraba.

Barbados es república pero hay un chivo expiatorio

En el primer minuto del pasado 30 de noviembre, cuando Barbados cumple 55 años de independencia del Reino Unido, se hizo efectiva su nueva condición de República. Su presidenta es Sandra Mason, la exjurista de 72 años de edad que se desempeñaba como gobernadora general desde 2018, afirmó que el país mantendrá sus «tradiciones, herencia y patrimonio, ganados con el sudor de los barbadenses y heredados de nuestros antepasados» e insistió en la unidad de sus compatriotas para hacer avanzar el país como República.

Poco se habla de su historia, Barbados fue construido como un estado esclavista para servir a su metrópoli. Los esclavos a menudo se rebelaron contra el dominio colonial, con resultados muy sangrientos, y la isla finalmente obtuvo su independencia soberana del Imperio en 1966, cuando se convirtió en una monarquía constitucional.

Es el cuarto país de las antiguas colonias británicas en el Caribe que destituye a la monarca británica como jefa de Estado, luego de Guyana (1970), Trinidad y Tobago (1976) y Dominica (1978). Ya en 1970 y en 1996 se intentó revisar la Constitución con ese fin pero ambos intentos fueron infructuosos, en la última ocasión fue aprobada la iniciativa y se decidió realizar un referendo que debía recibir el respaldo del Parlamento, pero este fue disuelto antes de la sanción definitiva del proyecto.

En septiembre de 2020 el gobierno barbadense emitió un comunicado diciendo que «ha llegado el momento de dejar totalmente atrás nuestro pasado colonial», para lo cual la primera ministra, Mia Mottley, dijo que los barbadenses querían un jefe de Estado que fuera de Barbados. Esto lo hizo en el marco del llamado Discurso del Trono, que esboza las políticas del gobierno de cara al nuevo año parlamentario, se trata de un discurso que lee el gobernador general, pero lo escribe el jefe del gobierno.

Por su parte, el Palacio de Buckingham, sede de la corona británica, respondió que se trataba de un asunto del gobierno y el pueblo de Barbados. La isla seguirá siendo miembro de la organización de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones), como señaló el primer ministro británico, Boris Johnson, mediante un comunicado.

Declaración del primer ministro inglés Boris Johnson sobre la transformación de Barbados en república (Foto: @10DowningStreet / Twitter)

Donde la decisión ha provocado controversia ha sido en Gran Bretaña, donde se ha encontrado un chivo expiatorio: China. El diputado conservador Tom Tugendhat afirmó que Beijing había tratado de socavar el estatus de Gran Bretaña en el Caribe, lo mismo un artículo en The Telegraph que describe cómo miles de millones de China estaban comprando la Commonwealth. En resumen: la influencia china es responsable, directa o indirectamente, de la decisión de Barbados.

Así lo reflejó también la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, al referirse a Asia, África y el Caribe prometiendo «devolver a las naciones a la órbita de las democracias de libre mercado» o, en otras palabras, hegemonía.

Recientemente Mottley criticó abiertamente a la BBC por decir que el país estaba en «el patio trasero de Estados Unidos», como si no tuviera otra posición que la de estar dominado por naciones de habla inglesa.

Aun cuando el Reino Unido es asumido en la prensa como un salvador justo contra la depredadora «gran y mala China», y se intenta sostener el relato de que el antiguo Imperio no era agresivo, explotador o brutal, sino que actuaba por altruismo moral y hacía un favor a los países que colonizó, Barbados en realidad se está alejando de siglos de influencia británica que han definido toda su existencia.

En pleno y franco declive, Reino Unido se ha negado durante mucho tiempo a enmendar o incluso a reconocer sus daños al construir un país únicamente sobre la base de la esclavitud.

Desde la mentalidad colonial se vende la idea de que Barbados, con una población de poco menos de 300 mil habitantes y un territorio de 267 kilómetros cuadrados, necesita la «ayuda» de la altruista Gran Bretaña para tomar las decisiones correctas porque no se puede confiar en que lo haga por sí mismo. Mientras tanto para los barbadenses existen otros asuntos más apremiantes como la crisis económica causada por la pandemia de la covid-19, que evidenció la alta dependencia de su economía del turismo, cuyo principal cliente son los visitantes británicos.

En la ceremonia realizada en Bridgetown el martes 30 de noviembre estuvo presente el príncipe Charles, heredero de la Corona británica, lo que causó molestia en activistas como el secretario del Movimiento Caribeño para la Paz y la Integración, David Denny, quien afirmó que el nuevo estatus no provocará cambios reales en el programa económico ni en las relaciones comerciales y financieras que mantiene la isla caribeña con Estados Unidos, Europa o la antigua metrópoli británica.

El príncipe Charles, saludado por la presidenta electa de Barbados, Sandra Mason, llega para participar en los eventos que marcan la transición de la isla caribeña al estatus de república (Foto: Reuters)

Recientemente el primer ministro jamaiquino Andrew Holness anunció que en 2022 Jamaica someterá a una revisión exhaustiva su Constitución, que está basada en gran parte en la Ley Británica.

Catalizadores y disputas

Algunas tensiones, movimientos y cambios van indicando que las apetencias imperiales en la región requieren mayor análisis debido a que hay solo mociones nominales que maquillan la realidad geopolítica, como ocurre en El Salvador, mientras que otras mociones sentarán precedentes para que los reacomodos se encaminen hacia niveles de mayor independencia y soberanía popular en países que no se alinean a patrones colonizadores.

Un factor común en los casos detallados es la creciente influencia de China en la región y las acciones y amenazas de parte de Estados Unidos para detener dicho avance.

Los avances de Cuba y su ejemplar enfrentamiento contra la pandemia con la elaboración de vacunas de alta eficacia contrastan con las protestas en los departamentos franceses de ultramar Martinica y Guadalupe que han resultado en una escalada de violencia. La huelga comenzó inicialmente en protesta por la imposición del pase sanitario y ha evolucionado a una protesta integral contra la falta de agua, electricidad y productos básicos para la vida.

La crisis de Haití persiste, lo mismo que las oleadas de migraciones desde ese país y el «Triángulo del Norte». Así como el covid-19 o la injerencia en contra de China dinamiza estos movimientos, también las aspiraciones de bienestar colectivo y los impactos de la crisis climática entran a la ecuación forzando a que ningún día sea como el anterior en la región.

Fuente:
Misión Verdad

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