La confrontación entre el Gobierno y la Corte Suprema, las disputas con las administraciones regionales y la persistencia de Al-Shabaab profundizan la crisis somalí. Mientras las fuerzas africanas revisan su presencia militar, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto e Israel amplían sus intereses en un territorio estratégico para el golfo de Adén.

La crisis política que atraviesa Somalia ha ingresado en una etapa particularmente delicada. El 5 de noviembre de 2026, la Corte Suprema declaró que los mandatos del presidente Hassan Sheikh Mohamud y del Parlamento habían expirado y ordenó alcanzar un acuerdo electoral en treinta días, con la celebración de elecciones dentro de los noventa siguientes. La decisión llegó después de que el mandatario destituyera al presidente del máximo tribunal, Baashe Yusuf Ahmed, y designara en su reemplazo a Ibrahim Idle Suleiman. La Corte rechazó la destitución, mientras el Gobierno cuestionó posteriormente la validez de la sentencia y avanzó con la toma de juramento del nuevo magistrado.

Lo que comenzó como una controversia sobre la extensión de los mandatos institucionales terminó exponiendo una confrontación mucho más profunda sobre la distribución del poder, la legitimidad del Gobierno federal y el funcionamiento del sistema político. La oposición denunció la utilización de fuerzas de seguridad para controlar las instalaciones judiciales e intimidar a magistrados, acusaciones que no han sido verificadas de manera independiente en todos sus detalles. El propio Baashe Yusuf Ahmed declaró públicamente que temía por su seguridad y reclamó la retirada de los soldados que, según su testimonio, habían sido desplegados en la Corte.

Sin embargo, reducir la situación somalí a una disputa entre el presidente y la oposición sería desconocer las dimensiones históricas, territoriales y geopolíticas de un conflicto que trasciende las fronteras nacionales. Somalia ocupa una posición excepcional dentro del Cuerno de África: sus costas se extienden desde el golfo de Adén hasta el océano Índico, frente a las rutas que conectan Asia, África y Europa a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. Esa ubicación convierte a su territorio en un espacio estratégico para la seguridad marítima, las inversiones portuarias y la proyección militar de distintos actores internacionales.

En nuestros análisis anteriores sobre Etiopía, Egipto y Eritrea venimos observando cómo las disputas por el acceso al mar, el aprovechamiento de los recursos estratégicos y las alianzas militares están modificando los equilibrios regionales. Somalia incorpora una dimensión especialmente compleja: mientras sus vecinos buscan ampliar su influencia sobre los corredores marítimos y comerciales, Mogadiscio todavía enfrenta dificultades para consolidar una autoridad política y militar aceptada en todo su territorio. Esa fragmentación no convierte a los actores somalíes en simples instrumentos de intereses extranjeros, pero condiciona su capacidad de negociación y facilita que las rivalidades internacionales encuentren nuevos espacios de confrontación.

Un Estado en disputa: federalismo, clanes y legitimidad política

Para comprender la crisis actual resulta necesario recuperar el proceso de construcción del Estado somalí. La independencia de 1960 reunió a los territorios que habían estado bajo administración colonial británica e italiana, dando origen a una república que intentó organizar políticamente una sociedad atravesada por complejas estructuras de pertenencia territorial y clánica. La experiencia parlamentaria inicial fue interrumpida por el golpe militar de 1969, que llevó al poder a Mohamed Siad Barre. Su caída en 1991 no abrió una transición institucional ordenada, sino un prolongado período de enfrentamientos entre facciones armadas, administraciones territoriales y organizaciones políticas que disputaban el control del país.

La reconstrucción del Estado avanzó mediante acuerdos sucesivos, gobiernos de transición y, finalmente, la Constitución provisional de 2012, que estableció las bases de una república federal. El nuevo ordenamiento buscaba distribuir el poder entre Mogadiscio y los estados miembros, pero dejó pendientes cuestiones fundamentales relacionadas con la autonomía territorial, el reparto de recursos, la seguridad y los mecanismos de representación política. Estas contradicciones explican buena parte de las dificultades para establecer un sistema electoral aceptado por las distintas fuerzas políticas.

Durante años, Somalia utilizó mecanismos indirectos de elección sustentados en acuerdos entre clanes y representantes políticos. El gobierno de Hassan Sheikh Mohamud impulsó una transición hacia el sufragio universal directo, presentada como un avance institucional respecto del sistema anterior. Sin embargo, las modificaciones constitucionales y electorales encontraron la resistencia de administraciones regionales y sectores opositores que cuestionaron tanto los procedimientos utilizados como la concentración de facultades en el poder federal.

Las reformas constitucionales aprobadas en marzo de 2026 ampliaron los mandatos presidenciales y parlamentarios de cuatro a cinco años. El Ejecutivo sostuvo que las nuevas disposiciones permitían la continuidad de las autoridades actuales, mientras la Corte Suprema determinó que esa ampliación no podía aplicarse automáticamente a quienes habían sido elegidos bajo el régimen anterior. Según el fallo, el mandato parlamentario había concluido el 14 de abril y el presidencial el 15 de mayo. La sentencia no anuló íntegramente el proceso de reforma constitucional, sino que cuestionó especialmente la aplicación de la extensión de mandatos a las autoridades en funciones.

La controversia tiene consecuencias que exceden el calendario electoral. Puntland y Jubaland, dos administraciones regionales enfrentadas con Mogadiscio, rechazan las reformas y cuestionan la legitimidad de decisiones adoptadas sin consenso federal. Para estos sectores, la disputa no consiste solamente en determinar cuándo deben realizarse las elecciones, sino también en establecer quién posee la autoridad para modificar las reglas de funcionamiento del Estado. El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de superar un sistema indirecto que considera insuficiente para consolidar las instituciones nacionales.

La dimensión del conflicto puede observarse en los datos registrados por ACLED. Según el investigador somalí Mohamed Daud Ismail, durante los primeros diez días de noviembre se produjeron doce episodios de violencia política vinculados con disputas electorales o con la oposición al Gobierno federal. Siete ocurrieron en el Estado del Suroeste y otros tres involucraron a milicias y grupos armados en Hiiraan. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de más de 5.600 civiles, entre ellos más de 4.500 mujeres y niños.

La disputa también comienza a adquirir una dimensión continental. En un análisis publicado el 9 de noviembre, Amani Africa examinó la crisis somalí a la luz de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza, particularmente de su artículo 23, que contempla determinadas formas de permanencia inconstitucional en el poder mediante modificaciones legales o constitucionales. El texto plantea que la Unión Africana debería examinar estas situaciones con el mismo rigor normativo que aplica a los golpes militares, sin afirmar que Somalia ya haya sido formalmente declarada responsable de un cambio inconstitucional de gobierno.

Esta discusión introduce un problema relevante para las instituciones continentales. La Unión Africana ha desarrollado mecanismos para responder a las rupturas militares del orden constitucional, pero enfrenta mayores dificultades cuando las controversias surgen de reformas legales impulsadas por gobiernos civiles. Somalia podría convertirse en un caso significativo para debatir hasta dónde llegan las facultades de los gobiernos para modificar las reglas institucionales sin alcanzar acuerdos amplios con los demás actores políticos.

No obstante, los acontecimientos de las últimas horas también muestran que la confrontación no necesariamente conduce a una escalada irreversible. Según Shabelle Media Network, responsables de inteligencia, policía y fuerzas armadas mantuvieron conversaciones con dirigentes del Consejo del Futuro Somalí, encabezado por figuras opositoras como el expresidente Sharif Sheikh Ahmed y el ex primer ministro Hassan Ali Khaire. Los participantes coincidieron en la necesidad de mantener a las fuerzas de seguridad fuera de la confrontación electoral, concentrar los esfuerzos militares contra Al-Shabaab y Estado Islámico, y construir un acuerdo político sobre las próximas elecciones.

El presidente convocó a nuevas conversaciones para el 14 de noviembre, aunque todavía no existe certeza sobre la participación de todas las fuerzas opositoras ni sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. La iniciativa representa una oportunidad de distensión, pero no resuelve las diferencias constitucionales ni las disputas sobre la autonomía de los estados federados. Su importancia reside, por ahora, en el reconocimiento de que la crisis institucional no puede resolverse exclusivamente mediante decisiones unilaterales o el despliegue de fuerzas de seguridad.

Al-Shabaab y la fragilidad de la arquitectura militar africana

La crisis institucional se desarrolla mientras Al-Shabaab continúa siendo uno de los principales actores armados del país. Surgida durante el proceso de radicalización y fragmentación de las organizaciones islamistas somalíes y vinculada posteriormente con Al Qaeda, la organización construyó una estructura militar, administrativa y financiera que le permitió sobrevivir a sucesivas ofensivas nacionales e internacionales. Su presencia se concentra especialmente en áreas rurales del centro y sur de Somalia, desde donde desarrolla operaciones contra instalaciones gubernamentales, fuerzas de seguridad y objetivos civiles.

Durante casi dos décadas, la respuesta militar a la insurgencia involucró a fuerzas somalíes, contingentes africanos y operaciones estadounidenses. La misión AMISOM, desplegada desde 2007, fue reemplazada por ATMIS en 2022 y posteriormente por AUSSOM, que comenzó a operar en enero de 2025. Cada transición estuvo acompañada por el objetivo declarado de transferir progresivamente las responsabilidades de seguridad a las instituciones somalíes, aunque ese proceso encontró obstáculos vinculados con la financiación, la coordinación operativa y la capacidad de mantener el control de los territorios recuperados.

En noviembre de 2026, la continuidad de esta arquitectura militar enfrenta nuevas incertidumbres. Uganda, uno de los principales contribuyentes de tropas desde los primeros años de la intervención africana, comenzó a retirar efectivos desplegados mediante acuerdos bilaterales con Mogadiscio. El Gobierno somalí aclaró que esa decisión no implicaba la salida inmediata de todos los soldados ugandeses, ya que los contingentes integrados en AUSSOM permanecen operativos. Kampala, sin embargo, anunció su intención de completar gradualmente la retirada de sus fuerzas hacia finales de 2027.

La importancia de esta decisión no reside únicamente en la cantidad de efectivos involucrados. Las fuerzas ugandesas participaron durante años en la protección de Mogadiscio y en operaciones contra Al-Shabaab en regiones estratégicas del sur. Su repliegue obliga a reorganizar posiciones militares, redistribuir responsabilidades y garantizar que las bases abandonadas no queden expuestas a nuevas operaciones insurgentes. AUSSOM prevé asumir el control de determinadas instalaciones próximas a la capital, pero la transición requiere recursos logísticos, personal y coordinación con las fuerzas nacionales.

A ello se suma la incertidumbre sobre la financiación y el respaldo internacional de la misión africana. Un informe de African Security Analysis publicado el 4 de noviembre advierte que el principal peligro no consiste necesariamente en un colapso inmediato de la seguridad nacional, sino en una pérdida progresiva de coordinación operativa, movilidad y capacidad de abastecimiento. La clausura de la misión política de transición de Naciones Unidas a finales de octubre también modifica los mecanismos internacionales de acompañamiento institucional, aunque no implica la desaparición del apoyo logístico y humanitario de la organización.

El problema adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa la situación de Etiopía. El 5 de noviembre, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores somalí, Ali Mohamed Omar Balcad, advirtió que el agravamiento de los conflictos internos etíopes podría afectar directamente las operaciones de AUSSOM. Etiopía dispone de un contingente autorizado de aproximadamente 2.500 soldados dentro de la misión africana y mantiene otros efectivos desplegados mediante acuerdos bilaterales. Si Addis Abeba necesitara concentrar mayores recursos militares dentro de su territorio, su capacidad para sostener operaciones en Somalia podría verse reducida.

Esta advertencia conecta directamente con lo que venimos analizando sobre Etiopía. Las tensiones en Tigray y Amhara, los desacuerdos con Eritrea y las dificultades para consolidar un equilibrio político interno no constituyen problemas aislados del resto del Cuerno de África. Una eventual reducción de la presencia etíope en Somalia podría obligar a reorganizar sectores completos del dispositivo de seguridad africano y ampliar las responsabilidades de las fuerzas somalíes. Hasta el momento, sin embargo, no existe confirmación de una retirada general de Etiopía, por lo que corresponde distinguir entre el riesgo señalado por Mogadiscio y una decisión militar efectivamente adoptada.

La persistencia de Al-Shabaab plantea entonces una contradicción estructural. Después de años de operaciones militares, la organización conserva capacidad para controlar territorios, recaudar recursos, reclutar combatientes y desarrollar ataques. Recuperar una localidad mediante una ofensiva no garantiza establecer allí una administración permanente. Para sostener el control territorial se necesitan fuerzas estables, infraestructura, servicios públicos, mecanismos de justicia y acuerdos con las comunidades locales. Cuando esas condiciones no existen, la insurgencia puede aprovechar los vacíos administrativos y reconstruir sus redes de influencia.

La intervención extranjera tampoco responde a un esquema homogéneo. Estados Unidos mantiene cooperación militar y operaciones antiterroristas, Turquía desarrolla programas de entrenamiento y asistencia a las fuerzas somalíes, mientras los países africanos que integran AUSSOM aportan efectivos terrestres y asumen una parte considerable de los costos humanos de las operaciones. Los intereses de estos actores no siempre coinciden y sus compromisos dependen de decisiones políticas y financieras adoptadas fuera de Somalia.

La pregunta de fondo es hasta qué punto resulta posible derrotar militarmente a una insurgencia cuando el Estado encargado de reemplazarla todavía no logra resolver sus disputas de legitimidad y representación. Al-Shabaab no necesita controlar todas las grandes ciudades para conservar influencia. En numerosos territorios le alcanza con impedir que las autoridades establezcan una presencia permanente y aprovechar los enfrentamientos entre los distintos niveles del poder político.

En este contexto, las conversaciones entre los responsables de seguridad y la oposición adquieren una importancia que trasciende la coyuntura electoral. La decisión de evitar la utilización de las fuerzas armadas en disputas políticas internas, si logra traducirse en compromisos efectivos, podría contribuir a preservar la capacidad operativa del Estado frente a la insurgencia. Pero la experiencia somalí demuestra que los acuerdos de seguridad difícilmente resultan duraderos cuando no están acompañados por consensos políticos e institucionales más amplios.

Somalilandia, Etiopía e Israel: la disputa por el acceso al mar

Si la crisis constitucional y la insurgencia permiten comprender las dificultades internas de Somalia, la cuestión de Somalilandia introduce una dimensión geopolítica que trasciende sus fronteras. El territorio, ubicado en el noroeste del país y sobre la costa del golfo de Adén, declaró unilateralmente su independencia en 1991, después del derrumbe del gobierno de Siad Barre. Desde entonces desarrolló instituciones propias, celebró elecciones y estableció relaciones económicas y diplomáticas con distintos actores internacionales, aunque su separación continúa siendo rechazada por Mogadiscio.

Su importancia estratégica se relaciona fundamentalmente con la ubicación del puerto de Berbera, situado sobre una de las rutas marítimas que conectan el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez. La infraestructura portuaria recibió importantes inversiones de DP World, empresa vinculada con Emiratos Árabes Unidos, que busca consolidar una red logística y comercial en ambas orillas del golfo de Adén. Para Somalilandia, estas inversiones representan una fuente de recursos y una herramienta de proyección internacional. Para Mogadiscio, en cambio, los acuerdos celebrados sin su consentimiento plantean un problema de soberanía territorial.

Etiopía ocupa un lugar central en esta disputa. Desde la independencia de Eritrea en 1993, el país más poblado del Cuerno de África carece de salida soberana al mar y depende principalmente de la infraestructura portuaria de Yibuti para desarrollar su comercio exterior. La búsqueda de alternativas se convirtió en una prioridad estratégica del gobierno de Abiy Ahmed, que considera el acceso marítimo una condición importante para el desarrollo económico y la proyección regional etíope.

En enero de 2024, Etiopía y Somalilandia firmaron un memorando de entendimiento que contemplaba posibilidades de acceso etíope al mar y abrió interrogantes sobre un eventual reconocimiento diplomático de Somalilandia. Somalia rechazó el acuerdo por considerarlo una violación de su integridad territorial. La controversia provocó una crisis regional que posteriormente intentó encauzarse mediante la mediación de Turquía y la Declaración de Ankara de diciembre de 2024, aunque las contradicciones de fondo no desaparecieron.

Sin embargo, durante los últimos meses el escenario adquirió una dimensión todavía más significativa. El 26 de diciembre de 2025, Israel reconoció formalmente la independencia de Somalilandia, convirtiéndose en el primer Estado miembro de Naciones Unidas en hacerlo. La decisión fue rechazada por Somalia y cuestionada por distintos gobiernos y organizaciones regionales, que la consideraron contraria al principio de integridad territorial somalí.

El reconocimiento dejó de ser una declaración diplomática para comenzar a traducirse en relaciones institucionales concretas. El 1 de noviembre de 2026 se conoció que el primer embajador israelí ante Somalilandia, Michael Lotem, había presentado sus cartas credenciales al presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi, conocido como Cirro. Durante la ceremonia también se colocó la piedra fundamental de una futura embajada israelí en Hargeisa. El acontecimiento representa un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales y modifica el escenario diplomático en el golfo de Adén.

La ubicación de Somalilandia, frente a las costas de Yemen y próxima al estrecho de Bab el-Mandeb, explica parte de su relevancia. La guerra yemení y las operaciones hutíes contra la navegación internacional han convertido a esa región en un espacio especialmente sensible para los intereses comerciales y militares de las potencias. Para Israel, la posibilidad de ampliar relaciones con un territorio situado frente a Yemen posee un valor estratégico que excede ampliamente los intercambios económicos anunciados.

El propio presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud sostuvo públicamente que el interés israelí se relaciona con el acceso al mar Rojo y denunció la posibilidad de que Tel Aviv busque establecer una instalación naval en Somalilandia. Sin embargo, las autoridades de ese territorio han señalado que no existen negociaciones concretas para una base militar. La cooperación diplomática está confirmada, pero no corresponde presentar como un hecho consumado la instalación de infraestructura militar israelí.

La decisión israelí también coloca a Etiopía ante una contradicción. Addis Abeba mantiene su interés en diversificar los accesos marítimos y considera a Berbera una alternativa potencialmente importante. Sin embargo, un reconocimiento unilateral de Somalilandia podría agravar sus relaciones con Mogadiscio, comprometer la participación de sus tropas en Somalia y profundizar las tensiones con Egipto y Eritrea.

La cuestión de Somalilandia, por lo tanto, ya no puede entenderse exclusivamente como un conflicto separatista heredado de la desintegración del Estado somalí. Se ha convertido en una disputa donde confluyen la soberanía territorial, las inversiones portuarias, la seguridad marítima y las estrategias de proyección regional. El reconocimiento israelí no creó esas contradicciones, pero introdujo un nuevo factor diplomático que puede modificar las decisiones de otros actores.

Turquía, Emiratos y Egipto: las alianzas que atraviesan Somalia

La importancia de Somalia dentro del tablero regional no se explica solamente por sus puertos. También intervienen las necesidades energéticas, los corredores comerciales, las rutas militares y la competencia por establecer alianzas duraderas en el Cuerno de África.

Turquía construyó durante más de una década una relación privilegiada con el Gobierno federal somalí. Su presencia comenzó con programas humanitarios, de infraestructura y cooperación institucional, pero posteriormente se amplió hacia la formación militar, la asistencia en materia de seguridad y los acuerdos económicos. Desde 2017 mantiene en Mogadiscio una importante instalación de entrenamiento destinada a fortalecer las capacidades de las fuerzas somalíes. En 2024, ambos gobiernos profundizaron sus vínculos mediante acuerdos de defensa y cooperación marítima.

La relación adquirió una dimensión todavía más sensible con la crisis constitucional. El investigador somalí Aweis Ahmed, en un análisis publicado por Chatham House el 16 de octubre, señala que Turquía es percibida como uno de los principales apoyos internacionales del Gobierno federal, mientras Emiratos Árabes Unidos mantiene vínculos significativos con administraciones regionales enfrentadas con Mogadiscio. Ahmed también recoge denuncias sobre una posible participación de aeronaves militares turcas en enfrentamientos internos, aunque aclara que esas afirmaciones no fueron confirmadas por Ankara.

Esta distinción resulta fundamental. La cooperación militar entre Turquía y Somalia es un hecho documentado; su eventual participación directa en operaciones contra opositores políticos requiere pruebas adicionales. Confundir ambas cuestiones conduciría a una interpretación equivocada de la naturaleza y el alcance de la intervención turca.

Emiratos Árabes Unidos, por su parte, desarrolló una estrategia de presencia comercial y logística en distintos puertos del Cuerno de África. Sus inversiones en Somalilandia y sus relaciones con Puntland y Jubaland le permiten mantener canales de influencia que no dependen exclusivamente del Gobierno central. En enero de 2026, Mogadiscio anunció la anulación de sus acuerdos de cooperación militar y de seguridad con Abu Dabi, al que acusó de desarrollar actividades contrarias a la soberanía somalí. Las administraciones regionales vinculadas con Emiratos rechazaron esa decisión, dejando al descubierto la existencia de políticas exteriores parcialmente diferenciadas dentro del propio territorio somalí.

La disputa entre Turquía y Emiratos no puede interpretarse como una confrontación absoluta ni permanente. Ambos países mantienen relaciones económicas y diplomáticas importantes y sus posiciones pueden coincidir en determinados escenarios. Sin embargo, en Somalia sus vínculos con actores políticos diferentes generan incentivos que pueden profundizar las divisiones existentes. Los dirigentes somalíes tampoco son simples instrumentos de esas potencias: recurren a las alianzas internacionales para ampliar sus recursos, fortalecer su legitimidad y negociar frente a sus adversarios internos.

Egipto introduce otra dimensión estratégica. Su enfrentamiento con Etiopía por la Gran Presa del Renacimiento Etíope, construida sobre el Nilo Azul, condiciona buena parte de su política regional. El Cairo considera que la seguridad hídrica constituye un interés nacional fundamental y observa con preocupación las decisiones unilaterales de Addis Abeba sobre el aprovechamiento del río. En ese contexto, el fortalecimiento de las relaciones militares y diplomáticas con Somalia adquiere una relevancia que excede la cooperación bilateral.

Para Egipto, la integridad territorial somalí y la oposición a un reconocimiento unilateral de Somalilandia coinciden con su interés en limitar una eventual expansión estratégica etíope hacia el mar. Para Somalia, el acercamiento con El Cairo representa una oportunidad de diversificar sus alianzas y obtener respaldo frente a las aspiraciones marítimas de Addis Abeba. No obstante, reducir esa relación a una alianza exclusivamente antietíope desconocería otros factores, entre ellos la seguridad del mar Rojo, las relaciones con los países árabes y la participación egipcia en los mecanismos africanos de estabilización.

En su investigación, Aweis Ahmed identifica dos agrupamientos regionales de carácter flexible: uno donde convergen Egipto, Arabia Saudita y Turquía, con posiciones próximas a Eritrea y a las Fuerzas Armadas sudanesas, y otro donde Emiratos e Israel mantienen importantes coincidencias estratégicas con Etiopía. Sin embargo, el propio carácter cambiante de esas relaciones obliga a evitar una lectura de bloques rígidos. Las alianzas no son idénticas en todos los conflictos, y un mismo país puede cooperar con otro en materia comercial mientras mantiene profundas diferencias en cuestiones de seguridad.

La cuestión central es que Somalia se encuentra en la intersección de estas rivalidades. Su fragmentación institucional facilita que distintos actores externos desarrollen relaciones paralelas con el Gobierno federal, las administraciones regionales y los territorios que reclaman autonomía o independencia. Al mismo tiempo, esas relaciones internacionales pueden alterar los equilibrios internos, modificar la disponibilidad de recursos militares y fortalecer posiciones políticas enfrentadas.

En consecuencia, no estamos necesariamente ante una guerra por delegación plenamente constituida, sino ante un escenario donde existen condiciones que podrían favorecer su desarrollo: disputas internas armadas, actores extranjeros con intereses divergentes, cooperación militar diferenciada y una ubicación geográfica de enorme valor estratégico.

Somalia y el futuro del Cuerno de África

La crisis somalí debe interpretarse dentro de un proceso regional más amplio. Etiopía enfrenta tensiones internas persistentes y mantiene abiertas sus disputas con Eritrea y Egipto. Sudán continúa atravesado por una guerra devastadora, mientras el mar Rojo se ha convertido en un espacio de confrontación militar y comercial vinculado con los conflictos de Oriente Medio. En ese contexto, la estabilidad de Somalia tiene consecuencias que trascienden sus fronteras y afectan directamente las relaciones entre África oriental y la península arábiga.

Las decisiones que se adopten durante las próximas semanas pueden modificar significativamente el escenario político. El fallo de la Corte Suprema abrió una controversia sobre la legitimidad de las autoridades federales y estableció plazos que difícilmente puedan cumplirse sin un acuerdo entre el Gobierno, las administraciones regionales y la oposición. La posibilidad de celebrar elecciones directas en todo el territorio continúa condicionada por la presencia de Al-Shabaab, las disputas entre autoridades y las diferencias sobre las reglas de representación política.

El diálogo convocado para el 14 de noviembre representa una primera prueba de la capacidad de las fuerzas políticas somalíes para construir una salida negociada. El entendimiento alcanzado entre responsables de seguridad y dirigentes opositores constituye una señal de distensión, aunque todavía no resuelve las diferencias sobre el sistema electoral ni garantiza que los principales actores regionales acepten las decisiones que se adopten en Mogadiscio.

Al mismo tiempo, el futuro de AUSSOM dependerá de decisiones financieras y diplomáticas que todavía no están completamente definidas. Una reducción desordenada de la asistencia internacional podría generar dificultades operativas para las fuerzas somalíes, pero la continuidad de la misión tampoco garantiza por sí misma una solución política. La experiencia acumulada durante casi dos décadas demuestra que la intervención militar puede contener o debilitar a las organizaciones insurgentes, aunque no reemplaza la necesidad de construir instituciones legítimas y acuerdos internos duraderos.

El otro interrogante se relaciona con la capacidad de Somalia para desarrollar una política exterior que preserve sus intereses nacionales frente a la creciente competencia internacional. Los acuerdos militares, las inversiones portuarias y la cooperación económica pueden aportar recursos necesarios para la reconstrucción del país. Sin embargo, cuando esas relaciones se establecen sobre una estructura política fragmentada, también pueden profundizar la dependencia de actores externos y transformar las disputas domésticas en escenarios de confrontación regional.

La cuestión no consiste en negar la soberanía de los actores somalíes ni en presentar sus conflictos como simples consecuencias de decisiones tomadas en Ankara, Abu Dabi, Addis Abeba, El Cairo o Tel Aviv. Por el contrario, resulta necesario reconocer que las fuerzas políticas y territoriales de Somalia poseen intereses propios y desarrollan estrategias para defenderlos. Pero esas decisiones se producen dentro de una relación desigual de capacidades económicas, militares y diplomáticas que condiciona sus posibilidades de negociación.

Somalia enfrenta, en definitiva, un problema que atraviesa buena parte de la historia política contemporánea africana: la dificultad de consolidar estructuras estatales capaces de administrar sus recursos, garantizar la seguridad y representar a sus poblaciones en un sistema internacional donde los intereses estratégicos externos continúan ejerciendo una influencia considerable.

El desenlace de la crisis constitucional no resolverá automáticamente esas contradicciones. Incluso un acuerdo electoral podría resultar insuficiente si no se acompaña de mecanismos efectivos de distribución territorial del poder, reconstrucción institucional y cooperación entre las distintas administraciones. Del mismo modo, una nueva ofensiva militar contra Al-Shabaab difícilmente produzca resultados permanentes si las fuerzas gubernamentales continúan enfrentadas entre sí.

En nuestros análisis sobre el Cuerno de África hemos observado cómo las disputas por el acceso marítimo, la seguridad energética y las alianzas militares están reconfigurando las relaciones regionales. Somalia demuestra que ese proceso no se desarrolla únicamente entre Estados consolidados, sino también dentro de territorios donde la autoridad política continúa siendo objeto de disputa.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién gobernará Somalia después de la crisis electoral, sino quién tendrá capacidad efectiva para decidir sobre sus puertos, sus recursos, su seguridad y sus alianzas internacionales. Porque en una región donde el control del mar Rojo adquiere cada vez mayor importancia, la fragmentación de Somalia puede convertirse en una ventaja estratégica para algunos actores externos, pero difícilmente constituya una solución para la población somalí.

Fuente: PIA