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30/09/21
Temas: Justicia
Regiones: Colombia
Colombia: ni seguridad para los exguerrilleros ni tierra a cinco años de la firma de la paz
Por Pascual Serrano

Cumplidos cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC el balance resulta preocupante. Aunque el abandono de las armas por la guerrilla es indiscutible, no se ha realizado el reparto de tierras comprometido ni se garantiza la seguridad de los exguerrilleros, cientos de ellos han sido asesinados.

El domingo 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la firma del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Tras 52 años de guerra y cuatro de negociaciones se daban la mano el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante guerrillero Rodrigo Londoño en la ciudad costera de Cartagena de Indias. Atrás parecía quedar un conflicto que dejaba más de 260.000 muertos y casi seis millones de desplazados.

El primer susto de aquel acuerdo se vivió apenas seis días después cuando, en contra de todo pronóstico, fue rechazado por estrecho margen en un plebiscito (50,21% de los votantes dijo que «No» aprobaba los acuerdos, mientras que el 49,78% votó que «Sí» los respaldaba), lo que obligó a reabrir las negociaciones para un nuevo documento final que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá y es el que hoy se está implementando, una tarea de 15 años, la mayoría de ellos en La Habana. Curiosamente las regiones que más habían sufrido la guerra fueron las que apoyaron el acuerdo mientras que las que se mantuvieron más alejadas, la capital por ejemplo, votó en contra, lo que mostraba el interés de importantes sectores en continuar la guerra.

Cinco puntos del Acuerdo

Cinco años es un buen periodo para hacer balance de lo conseguido y de lo pendiente. Para ello, lo primero es recordar el contenido de los acuerdos, basado en cinco puntos.

1. Reforma integral del campo colombiano

La tierra, o mejor dicho, su desigual reparto, era una de las cuestiones en conflicto y uno de los motivos que llevaron a las FARC a levantarse en armas. En Colombia, la tierra está en manos de unas pocas familias que la infraexplotan o la dedican a ganadería extensiva. Además muchos terratenientes se habían apropiado de grandes extensiones de forma irregular. Por otro lado, la guerra provocó muchos desplazados que abandonaron sus cultivos. Los acuerdos contemplaban la entrega de tierras a las comunidades de campesinos.

2. Apertura democrática para construir la paz y participación política

Parte de la premisa de que la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requería de la ampliación de la democracia para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, y enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los principales problemas nacionales. Con estas medidas se debía fortalecer el pluralismo y la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

Una de las cosas que le preocupaba a las FARC era contar con garantías políticas y de seguridad para poder participar de forma pacífica en la vida política del país. La izquierda colombiana ya vivió el “genocidio” de la Unión Patriótica, un partido político fundado por las FARC en 1985 y cuyos cargos políticos, cuadros, candidatos y militantes fueron exterminados.

3. Cese el fuego y de hostilidades y abandono de las armas; así como un acuerdo sobre las garantías de seguridad

Se planteó la hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier acción que afectara a la población civil. De igual forma, se propusieron medidas para realizar el procedimiento de dejación de las armas, e iniciar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, acreditados nada menos que 13.589.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Se consideró indispensable promover una nueva visión en donde imperara un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.

El Gobierno de Estados Unidos, principal financiador de la guerra, siempre apelaba al problema del narcotráfico, porque están convencidos de que el problema de la drogadicción en Estados Unidos empieza en Colombia, y olvidan que la demanda es una parte importante del negocio, además de toda la estructura financiera de blanqueo, con sede en EEUU.

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas e indígenas.

Se calcularon un total de 8 millones y medio de personas en la lista de víctimas. El objetivo era valorar en qué medida se podía reparar o indemnizarlas.

Por último, se estableció un nuevo apartado denominado Implementación, Verificación y Refrendación, en el que se presentó la ruta para la implementación y los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento del Acuerdo. En este capítulo se consignaron las funciones de sus mecanismos de verificación, así como los principios rectores, los colaboradores y sus roles en las distintas instancias de verificación.

Intereses diferentes

Lógicamente cada sector en liza tenía más interés en el avance de unos puntos que otros. Por ejemplo, desde los sectores más militaristas, latifundistas y reaccionarios lo primordial era el desarme de los guerrilleros, mientras que desde los sectores campesinos era la distribución de las tierras y para los excombatientes era la garantía en su integridad física y derechos políticos para participar en la democracia colombiana.

El Gobierno de Colombia y las FARC otorgaron al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame el mandato de brindar apoyo técnico en el seguimiento y verificación a su implementación.

Para realizar seguimiento al Acuerdo Final, este Instituto diseñó una metodología aprobada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) en 2017. Según este método, se evalúa la implementación de una matriz general de 578 disposiciones definidas como compromisos concretos, observables y medibles derivados del texto del Acuerdo.

Solo cumplido el 28%

Según el último informe de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Instituto Kroc, en noviembre de 2020 solo se había implementado el 28% de lo establecido en los acuerdos de paz.

Un informe de seguimiento de la implementación del Acuerdo publicado en febrero por una comisión de Representantes y Senadores independientes y de oposición en el Congreso, presentado en el mes de febrero mostraba estos preocupantes datos:

  • El 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales, de acuerdo a las cifras de Indepaz, con 310 asesinatos. (1.166 desde el 14 de noviembre de 2016 al 19 de abril de 2020).
  • Entre 2018 y 2020, los casos de masacres han aumentado en un 175% y las cifras se empiezan a acercar a las de hace una década Gobierno.
  • Desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados. (El informe de verificación de las Naciones Unidascita 286 exintegrantes de las FARC asesinados en junio del 2021).
  • El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos avanza de forma tan lenta que solo el 5,3% de las familias vinculadas cuenta con proyecto productivo.
  • Hasta el momento, se ha indemnizado administrativamente al 15,1% de la población sujeta de atención. A este paso, nos demoraremos 57,7 años en indemnizar a todas las víctimas.
  • De las solicitudes de restitución de tierras recibidas, solo el 9,7% ha sido resuelta por un juez.

Las cifras de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas, desplazados y producción de cocaína tampoco son buenas en estos cinco años desde el Acuerdo.

Por otro lado, no se han dado avances en diálogos o negociaciones con la otra histórica guerrilla en activo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Iván Duque y Álvaro Uribe

Es evidente que el Gobierno del actual presidente de derechas Iván Duque no está mostrando interés en avanzar hacia la paz. No olvidemos que ya mostró muchas discrepancias contra aquellas negociaciones y en su partido se encuentra el que fuera más guerrerista de todos los presidentes colombianos, Álvaro Uribe.

El que fuera comandante en jefe de las FARC, y actualmente presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, considera, según declaró en una reciente entrevista a Spuntik que «desde el primer día se han hecho mal las cosas por parte del Estado, porque su clase dirigente no ha perdido su naturaleza. Ellos solamente querían desarmar las FARC y no comenzar a construir las condiciones para que el conflicto desaparezca».

Las FARC han cumplido

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien también es el representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Colombia, en declaraciones a la agencia Europa Press, destacó que las FARC han cumplido a la perfección el proceso de abandono de las armas y su transformación en un partido político. En agosto de 2017 se celebró en Bogotá el congreso fundacional del nuevo partido que mantenía las siglas FARC pero con el significado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En 2021 el partido pasó a denominarse Comunes.

En opinión del asesor jurídico de la mesa de conversaciones, el abogado español Enrique Santiago, en declaraciones a Sputnik «la implementación está demorada debido a la falta de voluntad del actual gobierno colombiano por cumplir con lo establecido en el Acuerdo. De hecho la Corte Constitucional colombiana acaba de resolver que la falta de implementación del acuerdo sobre seguridad es un ‘estado de cosas inconstitucional'».

La figura jurídica del «estado de cosas inconstitucional» es definida como un mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional, mediante la cual declara que ciertos hechos resultan abiertamente contrarios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva derechos y principios consagrados en la misma, en consecuencia insta a las autoridades competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar tal estado de cosas.

Ni una sola hectárea entregada a los campesinos

«En estos momentos -continúa Santiago- no se ha entregado ni una sola hectárea de los diez millones previstas en el acuerdo de paz para los campesinos. La antigua guerrilla ha cumplido en cuanto a desmovilización y reparaciones a las víctimas, y se encuentra sometida a la jurisdicción especial para la paz al igual que las fuerzas militares aunque también hay una importante demora en el sometimiento a esta jurisdicción de los civiles que intervinieron en el conflicto como es el caso de los financiadores instigadores o organizadores del paramilitarismo».

«Quedan siete años para concluir la implementación, el Gobierno colombiano debe acelerar especialmente los referidos a reforma rural integral, reforma política y garantías de seguridad. En caso contrario y por no haber eliminado las causas estructurales del conflicto, se corre el riesgo de que en unos años vuelva a rebrotar con toda su intensidad», añade Enrique Santiago.

Disidencias de las FARC

De hecho han ido surgiendo un goteo de disidencias de las FARC que han vuelto a las armas. La más importante fue en 2019, liderada por Iván Marquez, quien fuera nada menos que el jefe y portavoz de la delegación que negoció la paz en La Habana.

En un comunicado de septiembre de 2020, este grupo responsabiliza al gobierno de Iván Duque del fracaso de la paz: «Cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, el gobierno Duque-Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su estrategia». Por ello, reivindican «un nuevo gobierno de coalición democrática, que garantice la paz completa sin traiciones, la titulación de tierras a los campesinos, la reforma política, y una cancillería de paz».

Compromiso de la comunidad internacional

Enrique Santiago señala que «la comunidad internacional debe acompañar el proceso y plantear claramente al gobierno colombiano que es necesario un impulso la implementación y un compromiso incuestionable en su ejecución».

Los antecedentes han mostrado la indiferencia con la que la comunidad internacional contempla los incumplimientos de los acuerdos de paz en diferentes conflictos. Unos gobiernos occidentales que tanto se escandalizan y preocupan con la violencia política cuando los pobres se sublevan en guerrillas, pero que ignoran y miran para otro lado cuando la violencia es fruto de la delincuencia común desencadenada por la pobreza.

Indiferencia ante los muertos

Basta recordar el caso de Centroamérica, los muertos durante el conflicto con las guerrillas en El Salvador o en Guatemala eran portada en la prensa, pero dejaron de serlo cuando esos muertos (en un número que no era menor) eran por las maras y el narcotráfico.

Igualmente sucede con la indiferencia de la comunidad internacional ante el asesinato de líderes sociales, sindicalistas o defensores de derechos humanos. Me lo dijo muy claro en 2004 el comandante guerrillero del ELN Milton Hernández: «En Colombia es más fácil y muere menos gente si montas una guerrilla que si montas un sindicato».

Fuente:
Sputnik Mundo
Etiquetas: Acuerdos de paz

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