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17/04/22
Regiones: El Salvador
Zonas de pobreza en El Salvador: el terror de las maras y del régimen

Las fuerzas pro-fascistas también están avanzando en El Salvador. El ejército se convierte en un instrumento de control de una población «sospechosa», los pobres.

Los derechos fundamentales están «suspendidos». Desde el más alto nivel se celebra la completa impunidad de las fuerzas de seguridad. La población «sospechosa» se encuentra entre el terror de las maras y el del Estado.

Durante el último fin de semana de marzo fueron asesinadas 87 personas, 14 el viernes, 62 el sábado y otras 11 el domingo. Antes del amanecer del domingo, el Presidente Nayib Bukele ordenó el estado de excepción, incluida la suspensión de los derechos fundamentales, que fue acatado inmediatamente por su mayoría parlamentaria. El miércoles siguiente, a instancias de Bukele, la misma camarilla aprobó siete reformas legislativas y un mecanismo de pago de las «informaciones» de la población. El 5 de abril, Bukele decretó a través del parlamento: cualquiera que publique mensajes de maras -ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales- será condenado a entre 10 y 15 años de cárcel.  

«Suspendidos» están la libertad de reunión y asociación, el derecho a una abogada, el límite de 7 días para la detención policial, la autorización judicial para la vigilancia de las comunicaciones (teléfonos móviles, etc.). El ejército y la policía pueden detener a personas que les parecen «sospechosas» sin justificación. Cambios de leyes: El término asociación ilícita se extiende a cualquier grupo de tres o más personas que tenga un propósito ilegal. Los miembros reciben entre 20 y 30 años de prisión, los jefes o financieros entre 40 y 45 años. Se suprime el plazo de la prisión preventiva sin sustituirlo en casos como la asociación ilícita o la planificación de delitos. Los miembros de asociaciones ilícitas de 12 a 16 años recibirán hasta 10 años de prisión, los de 16 a 18 años hasta 20 años. La nueva figura de los «jueces anónimos» introduce un sistema de justicia secreta.

Desde que asumió la presidencia hace casi tres años, Bukele se ha anotado puntos de propaganda con la gente vejada por el terror marero como «duro luchador» contra las bandas. Según las cifras oficiales, opacas, la tasa de asesinatos ha descendido masivamente en los años de Bukele. Pero también están los miles de desaparecidos: muchos cuerpos yacen en fosas comunes clandestinas. Ya en los dos últimos años se han producido dos explosiones suprarregionales de cifras de asesinatos, así es como las maras «negocian» con el gobierno. Es de suponer que una explosión así del año pasado fue para evitar las solicitudes de extradición de Estados Unidos, ya aprobadas por la justicia, de una docena de miembros de la cúpula de la MS-13, la mayor mara. Rápidamente, la nueva mayoría del Tribunal Supremo nombrada por Bukele detuvo estas extradiciones, oficialmente por la preocupación por la falta de protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario estadounidense. En cambio, algunos de los cuadros dirigentes de la Mara 13 exigidos por Estados Unidos han sido puestos en libertad en los últimos meses, a pesar de las condenas de prisión, en algunos casos de décadas. Hay pruebas de grandes acuerdos entre Bukule y las maras.

La política del miedo

Según la policía, la mayoría de las víctimas aquel fin de semana de marzo fueron elegidas «a ciegas», es decir, al azar. El mensaje: si salís a la calle, te pueden matar. Bukele vende el militarismo y el estado de excepción como la respuesta. Pero para detener mareros e intervenir sus comunicaciones no sería necesario un estado de excepción, ya están las facultades legales. ¿Autorización judicial para controlar las comunicaciones mareras? Espera de menos de 24 horas. ¿Identificado como miembro de la mara? Tu detención es obligación por ley.

Pero a Bukele no le interesa la lucha contra la mara, sino utilizar el problema marero para imponer en El Salvador un estado mafioso militarizado. Esta mirada puede aclarar varias operaciones del régimen como los pagos a las maras, el intento de introducir el bitcoin como moneda nacional para optimizar el negocio de las mafias internacionales, la igualación del Estado desde la oficina del defensor del pueblo hasta el parlamento y, por ejemplo, las administraciones municipales, la glorificación y la impunidad del ejército y la policía «civil» siempre más un anexo a la fuerza armada, las amenazas contra cualquier oposición (también a través de mareros), etc.

Desde la declaración del estado de excepción, unas 9.000 personas han sido detenidas como miembros de la Mara, según el gobierno. Como ya ocurriera con motivo de una «repentina» serie de asesinatos en 2020, el bukelismo vuelve a recurrir a instrumentos fascistas, pero hoy de forma aún más descarada. Es que mucha gente atormentada por las maras pronuncia frases como «fusilen a todos, ahora». Suelen ser expresiones nacidas de la impotencia, del miedo y de la rabia ante el terror marero. Bukele aprovecha esas expresiones y trata de darles un giro fascista y explotarlas. Si en eso va a tener éxito o al contrario se perjudica es una cuestión abierta. Para ilustración algunos tuits del presidente del Estado:

27 de marzo«La @PNCSV y la @FUERZARMADASV deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros.” (Va dirigido a miembros de la oposición, grupos de derechos humanos y otros.) 28 de marzo«(…) yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también.” 29 de marzo: (Homeboys: autodenominación de los miembros de la banda): «Tenemos 16,000 “homeboys” en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también.” Adjunto al tuit un video sadístico sobre como maltratan a los presos). Primero de abril: (Comentando un informe policial según el cual «2 terroristas atacaron a nuestros agentes y soldados» y luego se tiraron al suelo «para guardar las apariencias»: «Claramente se ve que uno de ellos estaba comiendo papitas con ketchup.» Aquí la foto que acompaña el tuit:

 3 de abril«Pero si incrementan homicidios, eliminaremos totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros. Y ahora hay más de 5,000 nuevos inquilinos (arrestados en estos 7 días de régimen de excepción). Todo arrestado irá a vivir el mismo régimen, por 30 años.”

Control de la población

Como he dicho, la represión de las maras no requeriría la suspensión de los derechos fundamentales. Se trata de otra cosa, del control de la población “sospechosa”, o sea pobre en una situación en la que las explosiones de asesinatos sirven también para encubrir una espiral de empobrecimiento masivo. Es significativo: el decreto parlamentario no menciona que se suspenda la prohibición de los registros domiciliarios sin orden judicial. Pero están ahora están a la orden del día. Tampoco afecta al derecho a la libertad de circulación, simplemente que no existe en la práctica. Muchas zonas de las clases bajas están ocupadas por la policía y el ejército. Cualquiera que quiera salir o entrar está, si se le autoriza, fichado. Pero por la noche, parece, los militares y los policías abandonan las zonas en algunos lugares, lo que significa que las maras vuelven a tomar el control (lo que arroja luz sobre el aspecto propagandístico de la política del gobierno). Todos los días, familiares de los presos, casi siempre mujeres, se reúnen frente a una bartolina central de la policía, el penalito, esperando obtener información de las autoridades sobre el paradero de sus familiares. Las imágenes recuerdan a otras de la guerra civil.

En los medios (tradicionales y sociales) abundan informaciones sobre capturas de muchas personas sin relación con las maras. Dejan claro, como también informaciones de adentro de la policía, que las fuerzas de seguridad tienen que cumplir cuotas de captura predeterminadas. Es otro elemento para hacernos entender que una crítica del régimen únicamente en términos de la separación de poderes violada en el Estado. Esto no es erróneo, pero pasa por alto el contenido social de, por ejemplo, las detenciones masivas arbitrarias. El grupo que rodea al clan Bukele es mafioso y de orientación neoliberal. La dominación violenta de las clases bajas, ya sea mediante el terror criminal o militar, forma parte del «plan de negocios». Más aún en un momento en el que los precios de los artículos de primera necesidad se disparan, el régimen apenas puede encubrir sus dificultades presupuestarias, los prometidos flujos de dinero cibernético no parecen materializarse, los pagos de dinero de protección a las mafias en las zonas de clase baja exacerban la pobreza…

Tras un probable nuevo acuerdo del gobierno con las maras, se supone que éstas volverán a garantizar la «calma» en las zonas de pobreza. Por supuesto, algunas de las personas ahora detenidas estarán en estructuras de mara. Pero muchas no. He aquí la historia del trabajador, «desaparecido» en la black box de las fuerzas de seguridad por andar en la calle sin celular. Su hija le dijo que, como analfabeto, no tenía celular, pero que, como diabético, necesitaba urgentemente una medicación. La vendedora informal, de camino al trabajo sin certificado de trabajo y, por tanto, capturada. La mujer de camino a la tienda de la esquina… arrestada. El carpintero, pillado por no tener el recibo de su celular. La historia de los trabajadores de la empresa de Café 1200 que querían volver a casa en el carro de la empresa y fueron atrapados por el ejército. Las quejas de la gente de que apenas pueden dormir por miedo a que les recogieran en casa por la mañana como a otros vecinos. La muerte de Walter Sandoval, detenido el 3 de abril cuando volvía a casa después de una partido de fútbol. Al día siguiente, la policía lleva su cadáver al hospital con marcas de tortura. Presuntamente asesinado por sus compañeros en el penal especial de Izalco. La familia exige una aclaración.

Los trabajadores del Café 2000 fueron liberados porque el jefe de la empresa inició una campaña publicitaria en Twitter. No porque el poder judicial haya funcionado correctamente. En las zonas rurales también hay mucho acoso y detenciones. Poca gente allí conoce Twitter.

Los jueces al banquillo, la prensa a callar

Casi a diario, Bukele, en su calidad de juez supremo del país, dicta su sentencia contra los detenidos bajo el estado de excepción. Por ejemplo, en su comentario sobre un informe policial sobre la captura de «21 terroristas»: «30 años para cada uno». El 1 de abril, ordena al Tribunal Supremo el traslado de un juez que había querido liberar a 42 mareros: «Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado. También hago un llamado a la @FGR_SV a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas.” Ese mismo día, el Tribunal Supremo obedeció y trasladó al juez Godofredo Salazar. El día anterior había absuelto a 42 acusados en el contexto de la Mara 18, porque la acusación se basaba en un testigo criteriado cuyo testimonio Salazar calificó de contradictorio y posiblemente deliberadamente falso, según los medios de comunicación. Ahora bien, suele haber bastantes jueces que dejan ir a los mareros por miedo o por una cuota. Sólo que otra sentencia de Salazar explica de forma más convincente el odio de Bukele hacia el hombre. El 4 de marzo, Salazar condenó a cientos de años de prisión a un grupo de la Mara 18, entre los que se encontraba la líder de un «sindicato» mafioso de vendedores del mercado, Norma Aguirre (sentencia: 27 años). Esta persona notoria fue condenada por coorganizar la extorsión de la llamada renta para la Mara 18 en el mercado central y por canalizar lay mayor parte de las subvenciones de la pandemia, supuestamente dirigidas a los miembros de su grupo, a esa mara. En el juicio, un fiscal que Bukele aún no había mandado a que lo despidieran reveló los estrechos vínculos de Aguirre con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a través del cual habían pasado las «ayudas pandémicas» a la 18. Castro, un peso pesado en el gabinete, había dirigido un sindicato de empleados públicos, mucha veces matones militantemente antiizquierdistas. Este caso también desenmascara el show de enemistad de Bukele con las maras y recuerda intempestivamente el flujo de dinero del gobierno (300.000 dólares para estar seguros) a las maras bajo el pretexto de la pandemia. (La sentencia de prisión para Aguirre fue convertida en arresto domiciliario súbito por otro tribunal).

El traslado de la jueza Gladis Salgado a principios de enero pasado pertenece al mismo capítulo. Un mes antes, había desestimado un caso contra Jeanette Aguilar presentado por un diputado de Bukele por un tweet supuestamente «difamatorio». Aguilar, una experta con buenos contactos en los círculos de seguridad, había denunciado repetidamente elementos de los pactos del régimen con las maras. La jueza de instrucción Edelmira Flores también fue trasladada en enero pasado. Su delito castigado por el Tribunal Supremo: Había convertido la prisión preventiva del ex ministro de seguridad del FMLN, Mauricio Ramírez Landaverde, en arresto domiciliario. El bukelismo lo acusa con de haberse enriquecido con las tiendas internas de las cárceles (en realidad, un proyecto de reintegración de los y las presos).

La orden de Bukele a su fiscal general de abrir una investigación penal contra el juez Salazar por conexiones con el terrorismo es una nueva escalada tras la «limpieza» del poder judicial y la serie de traslados ordenados por Bukele hace meses. Espere aún más veredictos de conformidad con el gobierno… e informes de la prensa. En cuanto a la ley mordaza mencionada al principio, una periodista tuiteó que 12 colegas le habían dicho después que no querían ir a la cárcel… Una madre que esperaba fuera de la cárcel de tránsito para obtener información sobre su hijo detenido le dijo a una periodista: «Que Dios os bendiga a los periodistas». Bukele acaba de calificar a un periodista que no es de su agrado como “basura”.

Neoliberalismo mafioso

El rumbo mafioso neoliberal del régimen amenaza a todos los que no encajan. Ernesto Castro lo deja claro. En los años noventa, fue empleado de una discoteca de Bukele conocida por tráfico de drogas y fue investigado por un periodo. Bajo la presidencia de Tony Saca fue elegido el fiscal general Safie, estrechamente relacionado con los narcos, quien cerró el caso. Hoy Castro es presidente del Parlamento. La Prensa Gráfica escribe que sobre la proclamación del estado de excepción, opinó “que va ‘para los partidos de la esquina (…) esos partidos que financian’ a las estructuras criminales, refiriéndose a los partidos de oposición.” Para relativizar las airadas posturas «antiimperialistas» de su jefe (contra el Partido Demócrata de EEUU y las organizaciones afines), el hombre justificó la abolición de los derechos fundamentales de esta manera: «(…) “y también nuestros buenos amigos de EEUU, el expresidente también de EEUU, Donald Trump también los declaró a las maras como terroristas”.

La resistencia en las condiciones actuales será muy difícil. La coalición de organizaciones y movimientos sociales, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ha convocado una gran protesta el 1 de mayo contra los ataques sociales y represivos a la población pobre. Posteriormente, el ministro de Seguridad se refirió a una posible prórroga del estado de excepción por otro mes. Hasta ahora, el régimen buha buscado evitar un ataque frontal a las grandes movilizaciones de repudio. Se ha apoyado más en el crear alarmismo y confusión y en la represión menos visible. (Por ejemplo, en los grandes eventos del Bloque, los que llegan del interior en autobuses ya no sólo son controlados y registrados, sino que los autobuses son confiscados: adiós a los ingresos, adiós al siguiente alquiler). Vista la nueva escalada fascista, no se sabe si el 1ro de Mayo trata de reprimir manu militar o si le apuesta a que el miedo provocado pueda más que la ira de los habitantes de las zonas «sospechosas».

Fuente:
Rebelión

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