Los resultados de la primera vuelta colombiana del 31 de mayo no son una sorpresa para quienes venimos sosteniendo, desde que Trump señalara a Petro como ‘el próximo’ tras la operación contra Maduro, que Colombia perdería estas elecciones por la combinación letal de presión de Washington, desgaste gubernamental propio y un frente popular incapaz de articularse más allá de las intenciones.
Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los sufragios con un resultado que superó sistemáticamente todas las encuestas que lo ubicaban en segundo lugar detrás del oficialista Iván Cepeda. La diferencia de casi tres puntos porcentuales entre ambos candidatos, más de 673.000 votos en términos absolutos, configura un escenario de segunda vuelta donde el impulso político, el ecosistema comunicacional y la geometría geopolítica regional favorecen claramente al candidato de la nueva derecha posuribista. Cepeda, pese a haber superado el 40% de los votos, llega al balotaje del 21 de junio en la posición del que parece haber alcanzado su techo.
La geografía electoral es elocuente. De la Espriella dominó el interior productivo del país, Antioquia, Santander, Meta, Huila, Casanare, Risaralda, Quindío, Tolima y Boyacá. Cepeda ganó en territorios periféricos, en zonas con alta presencia de comunidades históricamente excluidas como Putumayo, Chocó y el Vaupés, y en la Costa Caribe, aunque sin la contundencia que el petrismo necesitaba para definir su objetivo de ganar la elección en una sola vuelta.
Sería limitado atribuir el resultado exclusivamente a factores endógenos de política colombiana o de gestión, porque eso no daría cuenta de la situación de redespliegue multidimensional que está operando el imperialismo en la región. Washington tiene capacidad de disputar sentidos mediante el control del relato dominante, el conglomerado mediático y la administración discrecional de los algoritmos de las redes sociales. La arquitectura de X como amplificador de narrativas de derecha, la operación de redes internacionales de influencia conservadora bien documentadas en los casos de Brasil con Bolsonaro, Argentina con Milei y Ecuador con Noboa, tienen en Colombia su nueva expresión más acabada.
Pero hay un elemento que no debe soslayarse y es el control de la ingeniería electoral dura, el software de escrutinio sin regulación ni control, la autoridad electoral capturada y los mecanismos de legalización y legitimación de los resultados. Cuando se entiende esto se comprende que no tiene mayor importancia cuántas papeletas tildadas por tal o cual haya en una caja de cartón. Lo que importa es el resultado legalizado y legitimado por una autoridad electoral manejada por la derecha y el imperialismo, con software de escrutinio de propiedad privada y sin ningún control. Es la muerte de la democracia liberal.
La llamada pública de Noboa a De la Espriella en la recta final de la campaña, anunciando un levantamiento de aranceles como gesto de apoyo entre aliados regionales, fue una operación de intervención en el proceso electoral colombiano que Cepeda denunció como vulgar, abierta y descarada, aunque su denuncia llegó demasiado tarde y sin la fuerza necesaria para revertir su impacto en el ánimo del electorado indeciso. La formación de un nuevo frente de ultraderecha latinoamericano con De la Espriella integrado a la red Milei-Noboa-Bukele-Kast no es alarmismo, es la descripción de un proceso de reconfiguración regional que estamos viendo en tiempo real.
La denuncia de Petro sobre las famosas 800.000 cédulas incorporadas al software de conteo a días de la elección puede o no ser verificable. Es probable que sea del todo cierto pero improbable, o mejor dicho, la verdad enfrenta un sistema político desinteresado en ella. Triunfar en estas condiciones es provocar una avalancha indisimulable tanto en las urnas como en la calle, ambas cosas no tienen ese nivel de fortaleza hoy.
Pero no puede obviarse que la no certificación de Colombia en la lucha antidrogas, la inclusión del nombre de Petro en la Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico, y la amenaza permanente de sanciones OFAC sobre la economía colombiana constituyeron el ambiente de presión externa en el que transcurrió la campaña entera. Ese ambiente no es neutral. Favorece a quien Washington prefiere y erosiona a quien Washington señala como adversario.
El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022 con un programa de transformación que en muchos aspectos era inédito en la historia colombiana. El primer gobierno progresista en un país que había sido laboratorio del paramilitarismo, la violencia contrainsurgente y la subordinación a Washington durante décadas, en el país que fue el portaaviones territorial de las operaciones de la Cuarta Flota. El horizonte programático era ambicioso, reforma agraria real, reforma de salud universal, transición energética, paz total con todos los actores armados, política exterior soberana, y las expectativas que despertó en los sectores populares eran proporcionales a esa ambición.
Cuatro años después, el balance es el de una gestión que avanzó en algunas reformas parciales, fracasó en sus apuestas centrales y se diluyó geopolíticamente bajo una presión que no supo ni pudo sostener. Entre los logros que merecen ser reconocidos están la reforma laboral aprobada en 2025 que redujo la jornada semanal de 48 a 42 horas y amplió la licencia de paternidad, la reforma pensional de 2024 que extendió la cobertura para adultos mayores, el crecimiento del presupuesto de salud en más del 51% pasando de 48,5 a 73,5 billones de pesos, la reducción de la pobreza multidimensional a un dígito por primera vez en la historia del país y la formalización de más de dos millones de hectáreas para campesinos. Nada de eso es menor en términos de política pública social y explica la alta adhesión popular que el petrismo logró sostener.
Pero la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo no alcanzó el 60% al cierre de 2025. La reforma agraria quedó atrapada en demoras burocráticas que obstaculizaron su consolidación como política redistributiva efectiva. La reforma de salud fue bloqueada en el Congreso en dos ocasiones. Las reformas de justicia, educación y la controvertida reforma política tampoco prosperaron. El Gran Acuerdo Nacional que Petro propuso al asumir para convocar a partidos, empresarios y sectores sociales no logró consenso político y quedó como promesa incumplida. La informalidad laboral, que en el primer año se redujo levemente de 58,1% a 55,8%, se estancó e incluso repuntó en 2024. El presupuesto 2026 quedó desfinanciado, arrastrando al país hacia el riesgo de una nueva reforma tributaria o mayor endeudamiento público.
El cuadro es el de un gobierno que cosechó logros sociales parciales y genuinos pero que no transformó la estructura de poder en Colombia. No tocó los intereses del gran capital extractivista. No desarmó la red de poder paramilitar y narco que penetra el Estado. No construyó una hegemonía política que le permitiera blindar sus reformas. En el afán de construir fuerza política propia fue dinamitando alianzas que debilitaron el frente popular en el peor momento. Las limitaciones de todos los gobiernos porgresistas que lo antecedieron en los países hermanos y aun las taras de los progresismos contemporáneos, se expresaron todas y exageradas en Colombia.
De la retórica soberanista a la capitulación artera
El elemento más grave del balance del petrismo no es la eventual derrota electoral en sí misma sino la trayectoria política que la explica. En enero de 2026, cuando Trump anunció que Colombia sería el próximo objetivo de la presión estadounidense tras la operación contra Maduro, Petro protagonizó uno de los episodios más dramáticos de confrontación verbal con Washington que se recuerdan en la región. Amenazas de tomar las armas por la patria, convocatoria a manifestaciones masivas en defensa de la soberanía, declaraciones que hicieron pensar que Colombia iba a ser un nuevo frente de resistencia al intervencionismo. Duró exactamente seis días. La llamada telefónica de 55 minutos entre Trump y Petro cerró el capítulo. Petro admitió poco después que su futuro dependía del presidente Trump, patética sinceridad, y reconoció que la posición de Washington sobre Venezuela no se alejaba tanto de la suya propia.
Veinticuatro horas antes de que Petro se sentara en la Casa Blanca en un ambiente que los medios describieron como relajado y cargado de optimismo, las fuerzas colombianas bombardeaban posiciones del ELN en el Catatumbo. El ministro de Defensa habló de una nueva era de cooperación genuina con Estados Unidos. Nueva era es exactamente lo mismo que dijeron quienes festejaron cuando Petro ganó en 2022. La promesa de la paz total terminó en el tacho de la basura. Un gobierno que llegó prometiendo soberanía terminó siendo el ejecutor de la estrategia antidrogas de Washington como credencial de acceso al despacho oval. Y señalo siempre, este es el presidente que se mofaba de la tragedia venezolana.
No es una derrota del petrismo frente a la derecha. Es la conversión del petrismo en instrumento de la misma lógica que decía combatir, el límite estructural de un proyecto que nunca resolvió la contradicción entre su discurso de transformación y su incapacidad de construir las condiciones materiales y políticas para sostenerlo frente a la presión imperial. Y esto no tiene que ver con la formidable militancia popular que se articuló tras este personaje.
El impacto geopolítico: Colombia en el tablero de la Gran Norte América
Para comprender el verdadero alcance de lo que ocurre en Colombia hay que partir de una premisa que excede el ciclo electoral. Colombia es, en la gramática del dominio imperial en América del Sur, la pieza de anclaje sin la cual el tablero norteamericano en la región no funciona. Ya en el año 2000, durante el debate en el Senado estadounidense sobre la aprobación del Plan Colombia, el senador republicano Paul Coverdale lo formuló sin ambigüedades: para dominar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Esa frase sigue siendo la clave de lectura más precisa de la posición colombiana en la estrategia hemisférica de Washington.
Lo que el Plan Colombia inauguró no fue un programa antidrogas sino la instalación de una plataforma militar permanente en el corazón de América del Sur, con el acuerdo para el uso de siete bases por parte de tropas estadounidenses, los batallones minero-energéticos que en 2015 ya concentraban a un tercio de las fuerzas armadas en la custodia de refinerías, minas y puntos viales estratégicos que garantizan la cadena de suministros de la metrópolis imperial, y proyectos como la base en la Isla Gorgona sobre el Pacífico, frente a reservas petroleras estimadas en más de 3.000 millones de barriles.
Ningún gobierno posterior, incluyendo el de Petro, intentó seriamente revertir esa arquitectura. La doctrina del Greater North America que Hegseth explicitó en 2026, trazando el perímetro de seguridad inmediato de Washington en el Ecuador y declarando que Colombia, Venezuela, Ecuador y México no pertenecen al Sur Global sino a la extensión del dominio norteamericano, es la formalización pública de una lógica que viene rigiendo la política real desde hace veinticinco años.
La irrupción de De la Espriella no puede leerse como un fenómeno colombiano aislado. Es la expresión local de un proceso de recomposición política regional con arquitectura transnacional. La red Milei-Noboa-Bukele-Kast es la franquicia latinoamericana de un proyecto imperial que tiene sus centros de producción en la Atlas Network, el Cato Institute y las estructuras libertarias vinculadas al capital financiero concentrado. Gobiernos que operan como franquicias de Washington, que liquidan los mecanismos de integración regional autónoma, que abren sus territorios y recursos a los intereses del capital financiero transnacional y que suministran legitimidad democrática formal a una reconquista que en su sustancia es colonial. México y Brasil no aceptan el injerencismo norteamericano que empieza por definir como organizaciones terroristas a formaciones delincuenciales nativas, lo que habilita operaciones militares en esos territorios. Colombia aceptó sumisa y operacionalizó esa cooperación.
Las consecuencias regionales de una victoria de De la Espriella son precisas y graves. Sobre Venezuela el impacto sería inmediato, clausura del espacio diplomático de frontera que el petrismo había abierto parcialmente, incorporación de Colombia al cerco occidental sobre cualquier reconstrucción política venezolana no homologada por Washington y articulación con la estrategia de contención que la intervención de enero de 2026 inauguró. Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas de petróleo certificadas del mundo, y su potencial integración al sistema de pagos del BRICS, proceso que la intervención buscó entre otras cosas interrumpir, habría significado para Washington la pérdida del ancla energética hemisférica del dólar. Sobre Brasil el efecto sería el aislamiento progresivo del proyecto lulista.
Colombia bajo De la Espriella se sumaría a Argentina y Ecuador en el cerco al liderazgo regional de Brasilia, vaciando los pocos mecanismos de integración autónoma que sobreviven, una CELAC que ya en la cumbre de 2026 mostró su parálisis crónica y una UNASUR que nunca se recuperó del sabotaje derechista del ciclo anterior. El eje Brasil-Colombia que algunos identificaban como posibilidad estratégica quedó clausurado por el petrismo antes de terminar su propio mandato.
Para Venezuela y Cuba, un gobierno de De la Espriella en Bogotá significaría además el cierre del espacio colombiano como corredor diplomático, humanitario y político que parcialmente había existido durante el petrismo. La frontera colombo-venezolana, ya tensionada, volvería a ser un frente de confrontación activa. Y para el proceso de paz con el ELN, que el propio Petro tampoco supo consolidar sino que dinamitó, la segunda vuelta del 21 de junio podría significar la puerta de entrada a una nueva escalada de violencia en una región que nunca terminó de salir de la guerra.
La reactivación de la lógica contrainsurgente bajo orientación de Washington, con la justificación antidrogas como cobertura institucional, reabriría ese ciclo en condiciones materiales más complejas que las del período Uribe, porque la economía política de guerra y el narcotráfico han ganado en estos años una densidad territorial que no tenían en 2002. La guerra en Colombia, en ese escenario, no sería solo una tragedia doméstica sino un instrumento de geometría política regional, útil para justificar la presencia militar estadounidense, para obstruir cualquier proceso de integración que requiera estabilidad fronteriza y para producir flujos migratorios que Washington puede utilizar como palanca de presión. La guerra en Colombia y la presión sobre Venezuela son piezas de la misma estrategia y no se resuelven por separado.
La segunda vuelta y lo que puede esperarse
El 21 de junio los colombianos votarán entre dos proyectos que representan visiones diametralmente opuestas del país y de su lugar en el mundo. Cepeda tiene el desafío de articular el voto del centro, el millón largo de votos de Fajardo y los 225.000 de López, en torno a una candidatura que muchos de esos votantes asocian con el desgaste petrista. De la Espriella llega con impulso, con el apoyo explícito de la red regional de la nueva derecha y con respaldo activo de Washington.
Lo que sea que ocurra el 21 de junio, la derrota del campo popular colombiano ya está escrita en los cuatro años que terminan. La escribió la derecha guerrerista y también la escribió un gobierno que prometió la transformación y no supo construir las condiciones para sostenerla. Esa es la lección más amarga de este ciclo, y es la que algunos venimos señalando desde que quedó claro que el petrismo no tenía estrategia para la presión imperial que inevitablemente iba a recibir. La presión llegó, el petrismo cedió, y ahora Colombia paga las consecuencias. Las paga Venezuela también en parte facilitado por esto.
Si Cepeda y su equipo lograran, lo que no lograron el primara vuelta y se habían impuesto, lo que parece imposible, tendrán entonces una tarea mayor y más compleja que ganar una segunda vuelta; es la rearticulación del movimiento popular, la demarcación del imperialismo y completar la agenda pendiente que no llego ni a la mitad de camino, eso puede hacerse con fuerza popular organizada y desarticulación de los nichos de poder reaccionarios. Es un reseteo de la manera de hacer política de los sectores predominantes en el bloque histórico.
El campo popular latinoamericano enfrenta una oleada derechista en condiciones sustancialmente peores que las de la anterior, porque esta vez la derrota no viene solo del adversario sino también de la incapacidad de los propios gobiernos progresistas para sostenerse ante la presión imperial. Sin soberanía financiera, sin integración regional real, sin doctrina de seguridad autónoma, sin articulación con los procesos de multipolaridad en curso, el ciclo seguirá repitiéndose. Candidatos que emocionan, gobiernos que decepcionan, victorias de la derecha que se presentan como inevitables cuando son el producto de errores políticos que pudieron evitarse. Nombrar eso con claridad no es lamento. Es la condición mínima del pensamiento crítico en este momento.
Fuente: PIA