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16/11/22
Temas: Conflictos
Regiones: Bolivia
Bolivia: La derecha sigue apostando al golpe
Por Oscar Rotundo

En Bolivia, la partidocracia fascista pretende desgastar al gobierno y promover una insurrección golpista como la de 2018, que desembocó en el golpe de 2019. La soberbia con que solían operar y el desprecio por el pueblo, nunca les permitió imaginar que el pueblo volvería a gobernar, desmantelando el golpe en las calles e instalando electoralmente, y por amplia mayoría, un gobierno popular que continuaría con el proceso de cambio.

El gobierno popular tuvo que cargar con el peso de la pandemia y el derrumbe económico que dejó la corrupción multipartidista de quienes componían esa banda de saqueadores. Algunos de estos saqueadores están en prisión, otros prófugos -por el momento- y otros quedaron impunes, como el golpista Luis Fernando Camacho.

Apenas el gobierno de Luis Arce comenzó a señalar el camino de la recuperación, la horda criminal disfrazada de partidos políticos, en muchos casos insertos en las instituciones democráticas cientos de veces golpeadas por ellos mismos, comenzaron a socavar los pasos hacia la estabilización económica y la recomposición social.

Para esta fecha del año 2021, el Gobierno debía dar marcha atrás con una ley fundamental para el saneamiento político, social y económico. Se dio un paso atrás con la Ley 1386, herramienta fundamental para la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de las Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, ya que la oposición generó una campaña de desinformación a través de los medios de comunicación y redes sociales, organizando paros y bloqueos en algunas regiones del país, dividiendo a la sociedad con sus manipulaciones y empoderando a los desgastados golpistas contra Evo Morales, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Camacho y Rómulo Calvo como líderes de las reivindicaciones sociales.

Así inició el gobierno el año 2022 en el marco de otro golpe de Estado, dispuesto a obstaculizar el proceso de cambio y acumular fuerzas para atacar nuevamente al pueblo. El objetivo era claro: forzar la renuncia de Luís Arce y convocar a elecciones anticipadas.

Incendian oficinas de la Federación de Trabajadores del Campo en Santa Cruz. Manifestantes exigieron la realización del Censo en 2023 – Foto: AP/Ipa Ibanez

Necesitan el caos y para ello incitan a los conflictos institucionales, sociales o regionales. Quieren demostrar que el gobierno no puede liderar los destinos del país, materializar sus promesas de campaña y avanzar en los intereses estratégicos tanto de las multinacionales extranjeras como de sectores de la economía boliviana.

En 2022 se debía realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda, precisamente el 16 de noviembre de este año, pero ante observaciones técnicas y presupuestarias, el gobierno decidió a través del Decreto Supremo 4760, emitido en julio, posponer su realización. La nueva fecha límite se fijó en el primer semestre de 2024, para que se realice “con los más altos estándares”.

Ante este hecho, el Censo se convirtió en la nueva bandera de la desestabilización a manos de la derecha, encarnada en la figura del gobernador golpista de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Lo acompañaron el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, y el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, junto al dirigente cruceño Rómulo Calvo.

¿Cómo encaja la desesperación de la oposición por la realización urgente del Censo con sus planes desestabilizadores y desestimadores?

Según la fracción V del artículo 146 de la Constitución Política del Estado Plurinacional: “La distribución del total de curules entre los departamentos será determinada por el Órgano Electoral con base en el número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo con el último Censo realizado de conformidad con la Ley. Por razones de equidad, la ley asignará un número mínimo de curules a los departamentos de menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños de algún departamento es desigual, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales ”.

Santa Cruz alcanzó un importante crecimiento demográfico de 800.000 habitantes desde el Censo de 2012. Su población es joven, alrededor del 60% es menor de 30 años.

Santa Cruz también aporta un 30% al PIB de Bolivia, 12.355 millones de dólares en 2021, cuando creció un 5,7%. Es decir, si el Censo se realizara en este escenario, esta gobernación tendría la posibilidad de obtener una mayor cantidad de curules.

Protestas en Santa Cruz el viernes pasado – Foto: Diego Tejerina / DPA

Otro elemento a tener en cuenta y que es de suma importancia, es que la Ley Marco de Autonomías establece en su disposición transitoria tercera que los recursos de coparticipación tributaria se “distribuirán en función del número de habitantes de la jurisdicción de la comunidad autónoma” . entidad territorial, en base a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda”.

Se trata de transferencias de la administración del Estado, equivalentes al veinte por ciento (20%) en el caso de las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios) y al cinco por ciento (5%) a las universidades públicas. Estos recursos provienen de la recaudación en efectivo del Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Utilidades de las Sociedades, el Impuesto a las Transacciones, el Impuesto a los Consumos Específicos, el Impuesto Aduanero, el Impuesto a la Libre Transmisión de Mercancías y el Impuesto a las Salidas al Exterior.

No es casualidad que Camacho, en una entrevista realizada hace unos días con un medio local, volviera a insistir en el federalismo como única solución a la “fisura que viene de la fundación de la República”.

En las últimas elecciones de las 36 curules para Senadores, el MAS-IPSP obtuvo 21 -Comunidad Ciudadana CC (Mesa)- 11 y Creemos (Camacho) 4. En la Cámara de Diputados, de las 130 bancas el MAS-IPSP obtuvo 75, Comunidad Ciudadana CC (Mesa) 39 y Creemos (Camacho) 16.

Ante todo esto, ante la resistencia de estos sectores a acatar la fecha propuesta, el gobierno llamó a instalar, en la ciudad de Trinidad, Beni, una Comisión Técnica para establecer la fecha definitiva del Censo de Población y Vivienda en el país. , con la presencia de más de 50 especialistas, cuyos resultados serían vinculantes y en el que participarían 41 representantes de todo el país.

De esta Comisión Técnica, diseñada por la Reunión Plurinacional por un Censo con Consenso, que fue inaugurada e instalada por el Presidente Luis Arce, se retiraron 5 representantes y quedaron 36, es decir, más del 80%, quienes al término de sus funciones, decidieron que el Censo se realizaría en marzo de 2024, con 8 semanas de diferencia de la realización propuesta por la oposición para el año 2023.

Pero para dejar más claro el trasfondo de la negativa de la oposición golpista, es importante tener en cuenta las declaraciones del titular del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien declaró a la cadena estadounidense CNN que tras la demanda de la “Censo en 2023 sí o sí”, irá al reclamo de renuncia del presidente Arce.

El domingo 13 se realizó un cabildo en Santa Cruz en el que se exigió que el censo sea en el 2023 y se dio 72 horas al gobierno para liberar a los detenidos y que la fecha del censo se fije en una ley, entre otras determinaciones.

El presidente Luis Arce anunció el sábado que el Censo se realizará el 23 de marzo de 2024 – Foto – ABI

Comunidad Ciudadana (CC), fuerza que encabeza Carlos Mesa, indicó este lunes que presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que propone que el censo se realice en octubre de 2023 para tener los resultados definitivos en el primer semestre de 2024. a pesar de que el Gobierno ya fijó la fecha para marzo de 2024.

Como vemos, este acto unilateral propuesto por la oposición cruceña, que desconoce la actuación de los miembros del Comité Técnico y del gobierno, más allá de cualquier excusa, no tiene otro objetivo que desestabilizar al gobierno y acortar el mandato presidencial. de Lucho Arce.

De concretarse, lo que se espera es que el vicepresidente David Choquehuanca asuma la jefatura del Estado Plurinacional con la única tarea, por mandato de la Constitución Política del Estado, de convocar elecciones en un plazo de noventa días.

El 15 de noviembre se cumplió el tercer aniversario de las masacres de Senkata y Sacaba, y con los recuerdos frescos del balance delictivo de aquel golpe de Estado 2019-2020, el pueblo boliviano tiene que soportar esta nueva aventura golpista que ya ha generado cuatro muertos, 178 heridos, violación en grupo. en retenes y 720 millones de dólares en pérdidas, entre otras atrocidades fascistas que aumentan cada día, convirtiendo a Santa Cruz en un estado paramilitar.

Luis Arce fue elegido presidente de Bolivia en primera vuelta, por el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), con el 55,11% de los votos.

El Movimiento al Socialismo obtuvo el 54,73% de los votos en la cámara plurinominal de senadores y diputados y el 53,72% de los votos en la de diputados uninominales.

Es fundamental que antes de que se siga profundizando el malestar popular ante esta notoria escalada golpista, el gobierno y el MAS-IPSP, junto a los sindicatos de trabajadores y movimientos sociales, hagan valer la voluntad popular y la democracia.

El triunfo de la arrogancia fascista es inadmisible e intolerable. Como dijo el Libertador Simón Bolívar: “Dudar es perecer”.

* editor en PIA global

Fuente:
United World

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