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21/01/23
Temas: Conflictos
Regiones: Perú
Dura represión de Boluarte contra los manifestantes que tomaron Lima

Una multitud proveniente de distintas regiones de Perú llegó a la capital para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Los manifestantes se pusieron en marcha desde hace días para arribar a Lima para participar en una movilización masiva en el centro de la ciudad. Llegaron desde diversas regiones, sobre todo del sur, y en muchos casos ondeando la bandera de Perú y llevando carteles contra el gobierno… Y fueron duramente reprimidos: se registraron 38 personas heridas

Ya no se trata de una movilización episódica ni puntual, sino que se extiende en el tiempo y abarca todo el Perú, concentrándose en el sur andino, pero avanzando sobre Lima, centro de poder virreinal y oligárquico, donde todavía quieren definirse los destinos del Perú.

Las movilizaciones de este jueves en la «capital del imperio inca», las principales ciudades del país y provincias, se realizaron durante una jornada de paro nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) –la principal central sindical del país– y organizaciones sociales, mientras continuaban los bloqueos de carreteras.  El  eje de la jornada fue la gran marcha en una Lima en estado de emergencia, que amaneció con las principales plazas y calles del centro de la ciudad cercadas por contingentes policiales.

La protesta fue bautizada como la «Marcha de los cuatro suyos», en referencia a los puntos cardinales del imperio inca (1200-1533). Es el mismo nombre de otra movilización masiva en el año 2000, cuando miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno autocrático de Alberto Fujimori, quien dimitió meses después desde Japón.

Campesinos, trabajadores y campesinos viajaron durante días en caravanas de camiones y autobuses con multitudinarias despedidas en su lugar de origen. En los pueblos por los que iban pasando eran recibidos con aplausos, porras y donaciones de agua, frutas y alimentos. Se alojaron en dos universidades, locales de organizaciones sociales y casas de familiares y se dirigieron caminando hacia el centro de la ciudad, juntándose en el camino.

El Palacio de gobierno y el Congreso fueron rodeados por fuerzas antimotines y tanquetas, para que once mil  policías siguieran la marcha de protesta, y lanzaran bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Los choques no mermaron en la noche en una batalla campal de piedras, botellas y adoquines que desprendieron de las veredas contra los gases y las balas de goma.

Ya suman más de medio centenar los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad, de los cuales 44 han perdido la vida por disparos. El gobierno y la derecha parlamentaria y mediática respaldan a los elementos castrenses y agentes de reacción rápida denunciados por disparar contra manifestantes y criminalizan a quienes se movilizan exigiendo la renuncia de Boluarte, acusándolos de violentistas y terroristas.

Boluarte dio un mensaje en el que calificó el comportamiento de la policía de inmaculado. Habló de protestas violentas y acusó a los ciudadanos de querer generar caos y desorden para tomar el poder y de buscar quebrar el estado de derecho. Dijo a quienes marchaban que en lugar de trabajar para llevar el sustento a su casa se dedican a sembrar el caos: «A los que protestan, ¿quién los financia?, ¿en sus protestas no hay agenda? Ustedes quieren quebrar el estado de derecho y tomar el poder de la nación», dijo.

En tono amenazante señaló que los actos de violencia generados en diciembre y enero no quedarán impunes, pero se abstuvo de hablar sobre los muertos por disparos de las fuerzas armadas, a las que volvió a respaldar, y tampoco sobre las demandas de llevar a la justicia a los asesinos con uniforme, perpetradores de los decesos: el gobierno apuesta a la impunidad de las fuerzas de seguridad.

Entre los miles  llegados a la capital desde todo el país, manifestantes aymaras llegados desde la altiplánica región de Puno agitaban la bandera wipala de los pueblos originarios, otros levantaban carteles y coreaban consignas exigiendo la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte, además de elecciones para este año, repudio al Congreso controlado por la derecha, la exigencia de integrar una Asamblea Constituyente y sanción a los culpables por los muertos de la represión. También exigían también la libertad del destituido presidente Pedro Castillo, preso por intentar llevar adelante lo que el pueblo reclama.

¡Dina, asesina, el pueblo te repudia!, fue el clamor de miles de peruanos en Lima. Más de 11 mil policías fueron desplegados. Los enfrentamientos fueron constantes y hubo un incendio en edificio del centro En medio de esos choques, en la noche se desató un gran incendio en un viejo inmueble del Centro Histórico, cerca de la céntrica Plaza San Martín.  Los vecinos del lugar tuvieron que evacuar sólo con las pertenencias entre sus brazos. Había desesperación.

Tres muertes más se sumaron a la negra lista de la represión: en  Macusani, en la región de Puno, la campesina Sonia Aguilar falleció el miércoles de un balazo en la cabeza, disparado por la policía y Salomón Valenzuela recibió un impacto de bala en el tórax y otro hombre de 30 años murió por disparo de arma de fuego y 18 más resultaron heridos en Arequipa.

Voces que las balas no acallan

«No habrá democracia, no habrá paz, si la señora Boluarte no escucha al pueblo que exige su renuncia, declaró  el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, quien exigió -al igual que los miles de manifestantes- no solo la renuncia de la presidenta sino también la del titular del Congreso, el ultraderechista general José Williams,acusado de violaciones a los derechos humanos contra campesinos en los años 80, a quien le tocaría remplazarla.

Leonela Labra,  presidenta de la Federación de Estudiantes del Cusco, señalo que» desde el primer día de su gobierno Boluarte ha criminalizado, ha asesinado a nuestros compañeros que han salido en su justo derecho a manifestarse en contra de este gobierno. ¿Cómo la señora Boluarte dice querer dialogar, cuando están apuntándole con un arma a nuestros compañeros, cómo se puede llamar a un diálogo cuando ponen un arma sobre nuestras cabezas? En esas condiciones no se puede dialogar con este gobierno», aseveró.

El llamado a una Asamblea Constituyente es otra exigencia que se escucha con fuerza en las calles. «Tiene que haber referéndum para que el pueblo decida si quiere o no una Asamblea Constituyente. Porque los congresistas se oponen a esa salida democrática, señala Leonela. Una reciente encuesta indica que 69 de cada 100 respaldan una Asamblea Constituyente», añadió la dirigente estudiantil.

Eugenio Allcca, agricultor de Apurímac, la tierra de Dina Boluarte, dijo qu «Ella es una asesina, tiene las manos manchadas con la sangre de más de 50 peruanos, no nos representa, es una vergüenza para los de Apurímac. Nos tildan de terroristas, narcotraficantes, nos dicen campesinos ignorantes, somos el pueblo que está luchando para reclamar sus derechos. Aquí no hay terroristas, el verdadero terrorismo está en el Estado. Hay que seguir la lucha con fuerza, no hay que tener miedo», indicó, mientras marchaba.

Svetia Fernández, de la Asamblea Regional de los Pueblos de Tacna, región fronteriza con Chile, resaltó que «lo que se está viviendo en Perú es un momento histórico, un hito para la lucha popular de nuestro país, donde las clases más oprimidas, que han sido relegadas durante muchos años, se manifiestan después de todos los atropellos que se han cometido a lo largo de la historia».

Estas son las voces que protestan, las voces que los cartelizados medios peruanos, por donde desfilan políticos, analistas y ex militares que criminalizan la protesta y piden más represión, ocultan a diario. Las consignas populares siguen resonando: El ‘terruqueo’ (acusaciones falsas de terrorismo) no nos va a detener, Somos la mayoría y la mayoría va a ganar, reporta Carlos Noriega.

Ola de asonadas golpistas

Al respecto, uno de los factores decisivos del golpe de Estado fue la eventualidad de aplicar un programa de aristas progresivas que favorecían a las clases trabajadoras y populares. Por ello, en cuanto se produjo la asonada antidemocrática, la embajadora de Estados Unidos en Perú y el propio secretario de Estado estadounidense respaldaron a Dina Boluarte.

Según el Instituto de Estudio Peruanos, la población  rechaza el régimen de Boluarte (tildada de «Balearte» en las protestas) entre un 80 y un 88 por ciento. En un marco ampliado de relaciones de fuerza a escala mundial, Estados Unidos y sus aliados y subalternos, en medio de una crisis de hegemonía planetaria contra China y sus adeptos, desde hace años viene impulsando los denominados «golpes institucionales o parlamentarios» en América Latina. Ya ocurrieron el 2004 en Haití contra Jean-Bertrand Aristide, el 2009 contra Manuel Zelaya en Honduras, el 2012 contra Fernando Lugo en Paraguay, el 2016 contra Dilma Rousseff en Brasil, y el 2019 contra Evo Morales en Bolivia.

Estados Unidos precisa asegurar las relaciones de subordinación históricas que ha sostenido con Latinoamérica para enfrentar ordenadamente esta suerte de segunda guerra fría. Por ello, el desenvolvimiento de la lucha del pueblo peruano cobra inmediatamente carácter anticolonialista y antiimperialista.

 Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente:
Rebelión

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