Mientras el gobierno de El Salvador se esfuerza por promover a través de los incontables medios a su disposición uno de los eventos más machistas y patriarcales en el mundo, insistentes rumores corren entre la ciudadanía acerca de una eventual privatización del sistema público de salud.

Estamos ante la paradoja de un gobierno quebrado económicamente, incapaz siquiera de cumplir con obligaciones salariales hacia sus empleados, un régimen que sigue canalizando hacia un oscuro barril sin fondo, préstamo tras préstamo de la banca nacional y de los escasos organismos regionales que aún atienden sus desesperados pedidos de auxilio financiero, sin mayores garantías de honrar las obligaciones con que hipoteca al país.

Ese mismo gobierno quebrado celebra el certamen de Miss Universo, dilapidando millones de dólares para ser país sede (oscuras cifras que, como todo gasto de este gobierno resulta casi imposible confirmar, pero que van desde los 12 millones que declaran en círculos oficiales hasta los cien que reconoció recientemente la embajadora de El Salvador en EEUU). A esto deben sumarse cantidades ingentes utilizadas para asegurar coberturas en medios tradicionales y redes sociales, enormes gastos de traslados, seguridad a cargo de policía y fuerza armada.

Se debe agregar el montaje de shows en diversos lugares del país, previamente remodelados o acondicionados para goce y disfrute de las participantes y de quienes, desde el exterior, al ver las imágenes, supondrán erróneamente estar viendo un pequeño ejemplo del país de maravillas en que el régimen autoritario habría transformado El Salvador.

Lo mismo hacían y decían los coroneles y generales que en 1975, en medio de una brutal represión dictatorial, trajeron a El Salvador a las máximas exponentes de la belleza femenina de entonces, acorde a los códigos patriarcales de la época.

Mientras ese despilfarro tiene lugar ante los ojos incrédulos y los estómagos hambreados del pueblo salvadoreño, los rumores en torno a una posible privatización del sistema de salud pública circulan con insistencia. Se especula con la posibilidad de unificar en un solo organismo el Ministerio de Salud Pública (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Más allá de que la especie sea verdadera o falsa, si el tema ofrece niveles de credibilidad entre la población es porque existen antecedentes que hacen verosímil esa posibilidad.

El pasado fin de semana, la radio YSUCA aseguraba que a algunos empleados ya les informaron de los cambios y que los mismos ya comenzaron, específicamente con el uso de ambulancias del ISSS.  Ni Francisco Alabi, titular del MINSAL, ni Mónica Ayala, directora del ISSS, se han referido públicamente al tema.

La semana anterior advertíamos de la línea antisindical del gobierno. En el caso del Seguro Social, un tema que causa resquemor en sus sindicatos es la poca voluntad patronal para la negociación del contrato colectivo, el cual vence este año. La actitud es interpretada como una señal de la posible fusión, con lo que se perderían beneficios conquistados.

«Hay un cierre del diálogo completo de la parte institucional con las organizaciones vivas de los trabajadores (…) hay una serie de anomalías que están sucediendo en el día a día en cada centro de atención y no se quiere visibilizar. ¿Qué es lo que está sucediendo? De repente hay unidades u hospitales [donde] no hay insumos, no hay ni siquiera para poder poner una inyección, y es una realidad, entonces es necesario, decirlo «manifestó a la prensa el secretario de relaciones del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), Edwin Ortez.

Es bueno recordar que, en el caso del STISS, se trata de un sindicato que desde los primeros momentos estuvo servilmente junto al régimen, afectando con sus actitudes a honestos trabajadores que se oponían al avance de aquella mafia sindical, funcional a la patronal en el gobierno. Cuatro años después, las quejas de esos mismos sindicalistas nos recuerdan aquella máxima popular que dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve.

También es importante hacer memoria acerca de recortes presupuestarios de importancia en el ámbito social registrados este año a través de la Asamblea Legislativa, como el que sufrió el ministerio de Educación (60 millones de dólares), los 7.5 millones que debían ser destinados a políticas públicas para primera infancia, niñez y adolescencia, los 7.4 millones recortados a Salud, los 10.9 millones de Desarrollo Local, el millón de dólares recortado a la UES, o los 3.1 millones eliminados de Agricultura. Todo para que el ministerio de Hacienda pudiera honrar vencimientos.

Así son las prioridades de este gobierno, dinero a manos llenas destinados al circo embrutecedor y distractor, y hambre para el pueblo trabajador que sigue teniendo que decidir cada día entre buscar formas ingeniosas de supervivencia o resignarse a migrar ilegalmente hacia el norte.

Y aún en medio de semejante despliegue, el falso país de las maravillas no pudo ocultar las imágenes que desnudan el país real, aquel sin asfalto en las calles, con la gente humilde separada por cercos de palos y alambres, para eliminar toda posibilidad de acercarse a las participantes.

Desalojos. Ocultando la pobreza.

La pobreza que siguen tratando de ocultar a los ojos del mundo es, sin embargo, tozuda; se niega a desaparecer, barrida bajo las alfombras de calles recién pintadas y postes con pintura fluorescente de colores nacionales o del partido de gobierno.

En las últimas semanas el centro de San Salvador, como muchos otros lugares del país designados para ser visitados por las participantes del concurso de belleza, ha sido meticulosamente “limpiado” de cualquier imagen asociada a la pobreza generalizada que predomina en El Salvador. Los puestos ambulantes de miles de trabajadoras informales han sido barridos de la vista pública, como si nunca hubiesen existido. Nadie, sin embargo, responde a la pregunta de dónde fue a parar toda esa gente. ¿De qué vive?, ¿dónde vende sus productos?! ¡Qué decir de las personas indigentes en situación de calle! Desaparecieron como por arte de magia, sin que ningún refugio de emergencia haya reportado saturación por nuevos ingresos.

Indigentes y vendedoras por igual se han convertido en hombres y mujeres invisibles. Es raro el medio de prensa que se preocupe por su destino. Sin embargo, esta semana pasada, la masividad de los desalojos en calles donde se esperaba el paso de jóvenes concursantes en el centro capitalino llamó la atención de aquellos medios de prensa que aún no han sido cooptados o comprados por el oficialismo. Las denuncias de mujeres pobres, que se dedican a la venta callejera desde hace décadas, no se hicieron esperar.

 “A punta de amenazas, a todos los movieron ese día (lunes, día de la visita de las concursantes al centro histórico de San Salvador), como para que no se note que están estas personas sin casa aquí y como venían ellas (las candidatas), por eso es que lo hicieron «, señalaba una de las vendedoras. Mientras otra agregaba “La única opción que teníamos nosotros era vender como ambulantes (por la falta de reubicación). Era eso o morirnos de hambre y ahora tampoco quieren dejarnos vender. ¿Qué vamos a hacer?”.

Un reciente informe de la ONU aborda el panorama regional de América Latina respeto de la inseguridad alimentaria entre los años 2020 y 2022. El trabajo, que recoge insumos de FAO, OPS, PMA y UNICEF, señala que al menos 3 millones de salvadoreños enfrentaron inseguridad alimentaria en ese periodo.

Una persona se encuentra en inseguridad alimentaria cuando se ve obligada a reducir la calidad o cantidad de alimentos que consume debido a la ocurrencia de crisis temporales. En el peor de los escenarios, se queda sin comida por días.

La edición 2023 del informe publicado este jueves 9 de noviembre, señala que 247.8 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2020 y 2022. De la cifra regional, 3.1 millones corresponden a salvadoreños (un 48.4 %). De esto, un millón se enfrentó a inseguridad alimentaria grave. El 55 % de las mujeres en El Salvador se enfrentó a dificultades para alimentarse en los últimos dos años. Esta cifra es 13.2 puntos porcentuales superior en comparación con el 41.8 % de la población masculina que se encontraba en ese umbral en el mismo período analizado.

De acuerdo con el reporte, los salvadoreños en condición de inseguridad alimentaria han aumentado en casi medio millón en la última década, desde los 2.6 millones registrados en el período de 2014-2016, y un 10.6 % de las mujeres entre 15 y 19 años padecen anemia, según datos que llegan hasta 2019.

La impunidad con uniforme

Pero no solo el circo mediático y el hambre popular forman parte del trágico panorama salvadoreño, vendido como un paraíso en la tierra por los sátrapas que desde CAPRES controlan los hilos de la opinión pública. El tercer factor esencial para el control social, peligrosamente cercano a cualquier tipo de explosión si el régimen no encuentra formas alternativas para neutralizar el crítico estado de las condiciones de vida de las mayorías populares en El Salvador, es la represión, que en este caso debe necesariamente asociarse al concepto de impunidad.

Son numerosos y crecientes los casos en que, al amparo del ilegal e inconstitucional régimen de excepción, integrantes de la fuerza armada y de los cuerpos policiales son denunciados por abusos reiterados de su autoridad y groseras violaciones de derechos humanos, sin mayores consecuencias a menos que los casos cobren relevancia pública merced a la denuncia ciudadana.

Así sucedió, por ejemplo, a fines de septiembre, cuando se conoció el caso de una menor víctima de violación por parte de un militar en el departamento de La Libertad. Fue gracias a la denuncia de la víctima que, a pesar de intentos institucionales de acallar el caso, el autor material y sus cómplices fueron capturados y llevados ante la justicia.

El sentimiento de impunidad entre los miembros de los cuerpos de seguridad resulta evidente y se demuestra en el creciente caso de denuncias que van apareciendo. Recientemente, otro caso ha generado indignación. Un exagente policial fue capturado tras ser acusado de vapulear a un joven en Santa Ana. Según reportes, se trataba de un ex gente con antecedentes criminales que provocó lesiones muy graves a un joven repartidor de comida.

En otro caso similar se conoció de un inspector policial señalado de matar a un joven en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador. Según el testimonio de familiares de la víctima, el joven intentaba defender a un vigilante de su colonia que estaba siendo agredido por el inspector, cuando este le disparó. El joven murió días después en el hospital. Aunque la corporación policial ha guardado silencio en este caso, la madre de la víctima denuncia que a su hijo le quitó la vida un policía.

Los anteriores son unos cuantos ejemplos que apuntan a una muy peligrosa actitud de quienes se supone deben garantizar la seguridad ciudadana. Si estos agentes del orden actúan como lo hacen es porque no esperan recibir sanciones por sus actitudes y, vista la impunidad con que operan algunos de sus superiores, es natural que asi piensen. Solo basta recordar el abultado listado de delitos que pueden adjudicarse, por ejemplo, al jefe de Centros Penales, Osiris Luna, quien sistemáticamente se niega a dejar en libertad a detenidos, cuanto los jueces decretan su libertad inmediata, o las infames declaraciones del jefe de la policía afirmando que sus agentes en las calles son jueces.

Por supuesto, en esa cadena de mandos es el presidente el principal responsable de permitir esos delitos. Pero ¿qué se puede esperar del principal violador de la Constitución? ¿Qué se puede esperar de un gobierno que liberó y trasladó a un país seguro a un peligroso delincuente y líder pandillero -Elmer Canales Rivera, alias el Crook, detenido esta semana en México- con quien, según reiterados informes de prensa, pactó para que el actual gobierno pudiera publicitar falsos éxitos en el combate a la delincuencia? Como es sabido, la quiebra de ese pacto dio como resultado la entrada en vigencia del régimen de excepción, que jamás fue capaz de distinguir entre culpables e inocentes.