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09/09/22
Incertidumbres y retos políticos de Lula en la era del lawfare
Por Misión Verdad

El país más grande de Suramérica vive el fragor de un proceso electoral inédito en el que, por primera vez en mucho tiempo, se crea una nueva ola de partidos políticos. El debate realizado el pasado 28 de agosto parece haber aumentado la probabilidad de que las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre se decidan en una segunda vuelta, asimismo ha dejado cierto sinsabor respecto a la esencia del debate necesario para encontrar las claves de la actual crisis política.

ALGUNAS PINCELADAS DEL ESCENARIO POLÍTICO EN PROCESO

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pernambuco, 1945) es el favorito ante el actual presidente, Jair Bolsonaro (São Paulo, 1955), quien desempeña una candidatura de extrema derecha con cierta influencia de masas. La campaña de Lula ha impulsado la creación de los Comités Populares Lula Presidente, que han estado trabajando tanto para unificar a la izquierda como para crear un programa para el eventual gobierno del exsindicalista. Ello incluiría la reforma agraria y una política más sólida para las comunidades indígenas y afrobrasileñas.

Bolsonaro busca asegurar, o arrebatar, una segunda vuelta, lo que a estas alturas es incierto. Con la pasada movilización del 7 de septiembre buscó «intimidar a la justicia, aterrorizar a la izquierda y ganar impulso de arrastre electoral que garantice su presencia en una segunda vuelta», dice Valerio Arcary. Sin embargo, algo hizo que redujera su altisonancia contra el Poder Judicial y que, lo que prometía ser un punto de inflexión, terminara siendo otro acto proselitista.

Arcary agrega que su derrota en la primera vuelta le impediría a Bolsonaro organizar, con la misma agilidad, audiencia y autoridad, una campaña-denuncia de que la elección fue amañada, y poner en marcha la movilización de su base social más radicalizada en las exasperadas clases medias. Esto porque las elecciones serán generales y su atención se diluiría entre gobernadores, miembros de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Por su parte, el periodista y editor indio Vijay Prashad entrevistó al excandidato del Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, quien declaró que el excapitán y terrateniente está dispuesto a mentir abiertamente, diciendo cosas ofensivas a los medios de comunicación de extrema derecha para luego, cuando es cuestionado por otros medios de comunicación convencionales, fingir ignorancia. Las fake news parecen ser su mejor defensa cada vez que es atacado.

Además, afirma que Lula y Bolsonaro se enfrentan a un electorado que los ama o los odia. Este no solo representa a la extrema derecha, cuyas opiniones defiende abiertamente, sino también a amplios sectores de la clase media, cuyas aspiraciones de ascenso social permanecen en gran medida intactas a pesar de que su situación económica se ha deteriorado en la última década. «Mientras Bolsonaro es grosero y vulgar, Lula es refinado y presidencial. Si Lula gana, es probable que obtenga más votos de los que odian a Bolsonaro que de los que lo aman a él», señala Prashad.

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El ascenso de Lula en las encuestas ha avanzado a la par del descenso de Bolsonaro, quien ha tenido que racionar sus ataques y justificar su pésimo desempeño durante la pandemia global (Foto: Brasil 247)

En la misma nota describe también algunas reflexiones de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff:

  • «Es probable que Lula se imponga en las elecciones porque el país está harto de Bolsonaro».
  • «Su horrible gestión de la pandemia de la covid-19 y el deterioro de la situación económica del país le señalan como un gestor ineficiente del Estado brasileño».
  • «Aproximadamente un mes antes de las elecciones, el gobierno de Bolsonaro (y los gobiernos regionales) han puesto en marcha políticas que han comenzado a aligerar la carga de la clase media, como la eliminación de los impuestos sobre la gasolina».
  • «Estas políticas podrían llevar a algunas personas a votar por Bolsonaro, aunque eso no sea muy probable».

En tercer lugar de las encuestas está el exgobernador y exdiputado Ciro Gomes (São Paulo, 1957), quien juega un papel crucial porque, siendo de izquierda, es hoy el mayor obstáculo para que Lula gane en la primera vuelta; si la mayoría de los casi 5 millones que le apoyan optan por votar a Lula, no habrá segunda vuelta. Algunos planes personalistas y otras distancias políticas hacen que este actor político no se sume a la propuesta de Lula junto a su Partido Democrático Laborista (PDT, en portugués: Partido Democrático Trabalhista), el séptimo por el que se presenta a las elecciones.

Algunos retos enfrentaría Lula en caso de ganar las elecciones presidenciales y asumir el gobierno:

EL RETO LAWFARE

Uno de los retos para Lula y la izquierda brasilera es que su contraparte, el centrão (bloques de la derecha conformados por la agroindustria, la religión y los militares) están dispuestos a utilizar cualquier medio para mantener su control del poder o arrebatarlo como lo hicieron durante el golpe legislativo (o impeachment) contra Rousseff en 2016, un proceso que ya han admitido como ilegal e ilegítimo algunos ministros del propio Tribunal Superior Federal (TSF, la Corte Suprema de Brasil). La judicialización de la política o lawfare también arremetió contra Lula en 2018 y evitó que se presentara contra Bolsonaro.

Lula reforzó su imagen política junto a la de la izquierda luego de su fragmentación y desmoralización en tiempos del envión neoliberal de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y se basó en la organización y movilización de los distintos grupos sociales, pero esto no fue suficiente para evitar su anulación política mediante cargos diseñados por el juez Sergio Moro. Este operador de la inteligencia estadounidense luego fue ministro de Bolsonaro ante la actuación natural de los mismos medios que magnificaron los cargos de corrupción fraudulentos.

La atención popular se centró más en el propio Lula, quien se convirtió en una figura que unificó a la izquierda: «Lula Livre» (Liberen a Lula) fue el eslogan unificador, y la letra L (de Lula) se convirtió en un símbolo que sigue utilizándose en la actual campaña electoral.

Esto no deja de ser un riesgo: sus contrincantes ya saben que, logrando anular al expresidente, lograrán desmantelar a la coalición de partidos y movimientos sociales que le apoya.

Se suma a este reto la presencia de Alexandre de Moraes en el TSF como vuelta de tuerca de la guerra híbrida corporativa y transnacional contra Brasil. Vicepresidente de Dilma Rousseff desde 2014, y uno de los principales conspiradores y protagonistas de la crisis política que condujo a su impeachment. El que luego fuera presidente por casi dos años llegó al gobierno producto de la coalición del PT con el entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y estuvo implicado en muchos de los presuntos actos que justificaron la destitución de Rousseff. Fue nombrado ministro de Justicia en 2016 por Michel Temer

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Alexandre de Moraes (der), hoy ministro del TSF, fue una pieza clave en el corrupto gobierno de Michel Temer (izq), quien estuvo implicado en muchos de los presuntos actos que justificaron el impeachment contra Dilma Rousseff (Foto: Archivo)

Moraes, quien trabajara para un gobierno «intocable» en innumerables polémicas relacionadas con hechos de corrupción, fue nombrado ministro del TSF, un cargo vitalicio en la cúspide de la jerarquía del poder judicial brasileño. Temer y Moraes, junto a otros, prepararon la restauración neoliberal de Brasil y permitieron que las corporaciones mediáticas, estrechas colaboradoras de la antigua dictadura militar, operaran al margen de los más elementales mecanismos de regulación, difundiendo siempre odio en términos de «cultura y entretenimiento».

También ejecutaron una agenda política transnacional que incluyó la autonomía del Banco Central, tal como ha sido dictado por el FMI, y un Ministerio Público libre para coordinar esfuerzos y hacer acuerdos con agencias de inteligencia extranjeras, tal como ocurre en Argentina con el caso Emtrasur. Otras gestas del actual magistrado:

  • Moraes se ha dedicado a perseguir al Partido de la Causa Obrera (PCO) para suprimirlo por completo del espacio de la comunicación.
  • Además ensayó y fracasó recientemente en el bloqueo de Telegram en Brasil.
  • Durante ocho años se negó a regular los medios de comunicación corporativos mientras dejaba que la Policía Federal confiscara y destruyera los equipos de las radios comunitarias.
  • Dejó correr ciertos montajes de la Operación Lava Jato de Moro (y la inteligencia estadounidense) en detrimento de la estabilidad política de Brasil.
  • Fundamentó la arbitraria expulsión de Brasil de Adlène Hiqueur, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro por sospecha de terrorismo, sin ningún derecho a la defensa y mucho menos a las pruebas.

RETO GEOECONÓMICO

De ganar las elecciones presidenciales, Lula se encontraría con otra configuración geopolítica, pero algunos de sus poderosos detractores permanecerían inmutables. En 2010 diseñó un acuerdo nuclear que habría evitado la actual campaña de presión que Estados Unidos ejecuta contra Irán. Llegó a decir que «Obama meó fuera del tiesto», por no aceptar el acuerdo y echar por tierra su duro trabajo para que todas las partes llegaran a un consenso. Esto pudo haber influido en cierta animadversión desde el Norte Global hacia su figura.

Por otra parte, Rousseff opina que las condiciones internacionales para una tercera presidencia de Lula son providenciales debido al amplio abanico de gobiernos de centro-izquierda que ha llegado al poder en América Latina (incluidos Chile y Colombia). Dice Prashad que, aunque no sean gobiernos socialistas, están comprometidos con la construcción de la soberanía de sus países y con la creación de una vida digna para sus ciudadanos.

Brasil podría desempeñar un papel de liderazgo en esta nueva configuración regional para lograr, entre otras metas, la creación de una moneda regional (el sur) que no solo pueda utilizarse para el comercio transfronterizo, sino también para reservas.

Haddad, por su parte, opina que una moneda regional de este tipo solucionará los conflictos en el hemisferio y creará nuevos vínculos comerciales que no tengan que depender de las largas cadenas de suministro desestabilizadas por la pandemia. En mayo pasado, Lula declaró que «si Dios quiere, crearemos una moneda común en América Latina, porque no debemos depender del dólar».

Rousseff apuesta a que Brasil vuelva a la escena mundial a través del bloque de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) debido a que el mundo necesita una plataforma de este tipo para brindar un liderazgo que no se base en las amenazas, las sanciones y la guerra.

Un punto a favor es que China es el mayor socio comercial de Brasil y es beneficioso para ambos países utilizar monedas locales para acuerdos bilaterales. Hoy en día 90% de la facturación de exportaciones de Brasil está denominada en dólares, incluso cuando Estados Unidos recibe solo 17% de sus exportaciones totales. Ante esto, Lula afirmó que los BRICS no se crearon como un instrumento de defensa, sino como un instrumento de ataque.

La postura de Brasil sobre la desdolarización se ha debilitado significativamente luego de su grave crisis económica en 2014 y del ascenso al poder por parte de Bolsonaro, quien se ha acercado a las potencias occidentales y ha sido inconsistente en el apoyo a una moneda de reserva BRICS.

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Aun cuando desde Brasil se ha propuesto la creación de una moneda que apuntale la desdolarización, esto no sería fácil para una eventual administración Lula debido a la actual dependencia del dólar estimulada por Bolsonaro (Foto: Archivo)

Un punto en contra es, precisamente, la dependencia del dólar estadounidense, que indica que es muy probable que Brasil no encabece los planes de desdolarización de los BRICS ni de la región, aun cuando se beneficiaría de tales iniciativas, ya que simplifica las relaciones comerciales con China y otras grandes economías como India y Rusia.

RETO AMAZONÍA

En febrero pasado nueve gigantes mineras como la brasileña Vale, la británica Anglo American y la canadiense Belo Sun, respaldadas por 54 mil 100 millones de dólares provenientes de fondos buitre y bancos, presentaron a la administración Bolsonaro solicitudes de autorización para explotar reservas indígenas en Brasil actualmente protegidas en la Amazonía, a pesar de que actualmente es ilegal. Así lo afirmó un informe de la ONG ambientalista Amazon Watch y la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Bolsonaro ha presionado para abrir las tierras protegidas a la minería y la agroindustria y ha logrado que sean aprobados los proyectos presentados por su gobierno para poder operar en territorios indígenas, explica el informe.

Hasta noviembre de 2021, las empresas tenían un total de 225 solicitudes mineras activas ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, que coinciden en 34 tierras indígenas, para un área total de más de tres veces el tamaño de Londres.

Los principales financistas de las nueve empresas mineras, con amplio historial de violaciones de derechos humanos y de destrucción ambiental, incluyen a las firmas estadounidenses BlackRock, Capital Group y Vanguard, que invirtieron 14 mil 800 millones de dólares en ellas durante los últimos cinco años, según el informe.

Otros bancos como el francés Crédit Agricole, los estadounidenses Bank of America y Citigroup, y el alemán Commerzbank también son importantes financistas de las empresas, con un total de 2 mil 700 millones de dólares en préstamos y seguros. Anglo American, que negó las acusaciones, dijo que tenía «solicitudes» heredadas para tierras indígenas que había «retirado total y formalmente hace varios años» mientras Belo Sun, Minsur de Perú y Potassio do Brasil dijeron que no tienen ninguna actividad relacionada con el territorio indígena y defendieron su desempeño social y ambiental.

Un informe del Instituto Socioambiental (ISA) publicado en diciembre pasado mostró un aumento de 138% en la degradación en las tierras indígenas y de 130% en las Unidades de Conservación (UC) en comparación con tres años antes de que Bolsonaro asumiera su cargo. Ante esto, Lula ha prometido que, si gana, será «muy duro» con la deforestación, «terminará con la minería ilegal», creará un ministerio para los asuntos indígenas y reanudará la demarcación de las reservas indígenas, un proceso detenido por Bolsonaro.

Asimismo dijo que no tenía intención de convertir la Amazonia en un «santuario» intocable, y se comprometió a invitar a científicos de todo el mundo para ayudar a Brasil a «explotar» la biodiversidad de la región de manera responsable.

RETO DE VENCER AL ODIO Y REARTICULAR EL ESTADO

La incertidumbre es lo único que define el clima electoral del vecino país, sobre todo porque la libertad de expresión política, a pesar de estar garantizada, se ve coaccionada frente a los hechos de violencia y los cuestionamientos de Bolsonaro acerca de la legitimidad del proceso electoral, que hacen dudar de su aceptación y de la de un amplio sector del estamento militar.

Analistas coinciden en que el proceso electoral brasileño retrata la crisis política e institucional que parece marcar este período histórico. Las redes sociales como eje principal y la propagación de noticias falsas ayudan a despolitizar los procesos, ya que el control de su diseminación es casi imposible y el debate a profundidad lo es mucho más.

Así como han desatado espirales de odio en países de la región como Argentina, las redes sociales han contribuido con el desconocimiento del otro que se ha visto acompañado de acciones concretas y otras situaciones que, en el caso de Brasil, merecen estudio detallado.

Una situación curiosa es que, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño, para las próximas elecciones generales se ha inscrito el mayor número de candidatos militares a la cámara baja de los últimos 20 años. Son 332 los policías inscritos para concurrir al cargo de Diputado Nacional, un aumento de 55% en comparación a las últimas elecciones.

Rafael Madeira y Vanessa Dourado describen como «notable» la politización de las fuerzas de seguridad que se ven legitimadas por el gobierno de Bolsonaro, pero también por una parte de la sociedad que expresa una cierta nostalgia, aunque no la hayan vivido, de la Dictadura Cívico-Militar-Eclesiástica (1964 a 1985), que está de acuerdo con la liberalización de las armas de fuego y con una política de mano dura para combatir el narcotráfico y la criminalidad.

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La libertad de uso de armas y una lógica individualista, meritocrática y racista que sobrevalora al «ciudadano de bien» han formado parte del discurso de Bolsonaro para captar a las clases medias despojadas por sus mismas recetas neoliberales (Foto: Brasil 247)

La exasperación masiva ha sido una herramienta de visibilización por parte de Bolsonaro, evita abordar las causas estructurales del despojo económico a las clases trabajadoras mediante un mensaje que capta las insatisfacciones de una clase media que es víctima de sus mismas fórmulas neoliberales.

De esta manera la noción política, reforzada en la mediática corporativa, es que el «otro» es el enemigo a ser derrotado y que un «sálvese quien pueda» es lo prioritario para el «orden y progreso». Se puede decir que, en cierto discurso, prevalece una lógica individualista, meritocrática y racista que sobrevalora al «ciudadano de bien»; blanco, creyente, nacionalista y de «buena familia».

Esto se materializó en el asesinato de Marcelo Arruda ocurrido el pasado 10 de julio, cuando el policía penal federal Jorge Guaranho interrumpió a tiros la fiesta de los 50 años del miembro del PT (armado también) en Paraná.

Se espera que, aunque Lula gane las elecciones de octubre próximo, la violencia política siga su curso, pero la incertidumbre ante ello no está en el futuro, en la actualidad se experimentan señales concretas como el documento dirigido por la Policía Federal (PF) a las superintendencias regionales donde, pidiendo apoyo para la protección de Lula, indica:

«El contexto político y social en el que se realizará la operación de seguridad está compuesto, entre otras adversidades, por opositores radicalizados y acceso a armas de letalidad ampliada resultante de los cambios legales realizados en 2019».

El equipo de la PF definido para resguardar al expresidente trabaja con la codificación de riesgo máximo, en una escala del uno al cinco, teniendo en cuenta las constantes intimidaciones y el fallido atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Detener lo que naturaliza el exterminio como forma aceptable de eliminar y/o negar las diferencias raciales, étnicas y políticas es un reto complejo para Brasil, pero antes está uno que parece menor: que el resto de la campaña y la fecha de sufragio (o fechas, según lo que ocurra en primera vuelta) transcurran con la menor incertidumbre posible y que Bolsonaro acepte los resultados que se obtengan en las urnas de votación.

Fuente:
Misión Verdad

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