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11/11/22
Temas: Gobierno
Regiones: Honduras
Honduras, un proyecto popular se abre paso en el corazón de Centroamérica

El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras la resistencia a 12 años de violencia política y corrupción y la victoria popular al golpe de estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en 2009, intenta mantenerse soberano en el corazón de Centroamérica, en un territorio que históricamente ha dependido de la economía de Estados Unidos para sobrevivir.

Los vínculos entre el nuevo gobierno hondureño que aún no cumple un año y EEUU, se despliegan con una elasticidad (a veces tensos, a veces laxos) que da cuenta del sinuoso camino por el que debe andar este esperado proyecto polìtico que intenta dar respuesta al imperante popular de justicia social. 

Un imperante que tiene como antecedente más cercano la hostilidad y violencia con que el ex presidente Mel Zelaya, y actual asesor y marido de Xiomara Castro, fuera destituido por un Golpe de Estado propiciado por los Estados Unidos el 28 de junio de 2009, día fijado para celebrar la Cuarta Urna, primer consulta popular de la historia de Honduras. Este Golpe fue uno de los muchos intentos de desestabilización política por parte del imperio norteamericano en toda la región.

La base militar de Palmerola -a 86 kilómetros de Tegucigalpa- alberga a unos 500 soldados norteamericanos de manera permanente, desde hace 38 años. Es clave para los intereses de Estados Unidos en  la región y una muestra de la histórica injerencia de EEUU en este territorio.

Más allá de la presencia militar, Honduras sostiene vínculos fluidos con el gobierno de Estados Unidos que es su principal socio comercial y con quien coopera, además, en salud, educación, seguridad y defensa. 

Esto, sin embargo, no ha impedido su protesta, hace escasos días, cuando la embajadora norteamericana, Laura Dogu, realizó declaraciones sobre su preocupación por el tratamiento de las inversiones privadas en el país.

«Estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierras y la piratería digital», dijo Dogu durante una reunión con directivos de la Cámara de Comercio Hondureño Americana. En respuesta, el canciller Eduardo Enrique Reina citó a la embajadora para una reunión.

En agosto de 2022, Eduardo Facussé,  presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), había pedido al gobierno mayores garantías para la defensa de la propiedad privada al expresar por twitter: «La autoridad debe imponer respeto a la ley. Rechazamos las acciones de los llamados “colectivos” que utilizan la fuerza para atropellar el Estado de derecho al invadir propiedad privada. La propiedad es la piedra angular de nuestra economía y de nuestra seguridad jurídica». 

Las declaraciones del empresario, hacían referencia a una toma de terrenos en las afueras de Choluteca, al sur de la capital, Tegucigalpa. Unas 1600 familias, organizadas para reclamar por el acceso a la vivienda nombraron al campamento «Ciudad Mel Zelaya» en homenaje al expresidente y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro.

Ante las acusaciones de injerencismo por parte de la cancillería hondureña, la embajadora recalcó el enfoque de su país, respecto de la «construcción de la prosperidad, la mejora de la seguridad y el fortalecimiento de la democracia para beneficiar a ambos países», y añadió una mención sobre la iniciativa anunciada por la vicepresidenta Kamala Harris, conocida como “llamado a la acción». “En un mundo en el que todos los países compiten por la inversión internacional, Estados Unidos es el único país que fomenta activamente la inversión en otros países. Desafortunadamente, algunas políticas están complicando sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, la estrategia con el sector energético. También las reformas no muy acertadas de la ley de empleo por hora y los mensajes del Gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para la inversión».

En ese marco, la diplomática recordó que en la Cumbre de las Américas -a la que Xiomara Castro no asistió, plegada a la señal de protesta de varios países por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela- se aprobaron más de 2200 millones de dólares en inversiones y “una gran parte” estaba destinada a Honduras.

Por estos días, se espera en Honduras la llegada del buque hospital Comfort, producto de la promesa que realizó Kamala Harris a Xiomara, en una visita.

Sin embargo, no es la primera vez que la cancillería hondureña se pronuncia respecto de declaraciones hostiles por parte de la embajada. El momento más ríspido, fue quizás cuando la embajadora realizó declaraciones en rechazo a la reforma en el sector eléctrico a un mes de iniciado el gobierno de Castro. 

La reforma declaró la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional e implicó subsidios para el acceso por parte de los sectores más vulnerables, además de solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el anterior gobierno y rebajar el precio de combustibles, entre otras medidas.

Dogu, quien había asumido como embajadora el 12 de abril respondió: «La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética. Nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora». El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención y dijo: “Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU”. Ese día se reanudaban las relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, que desde 2017 estaban a nivel sólo de negocios.

Las internas en EEUU y el gobierno de JOH

Aunque los vínculos comerciales nunca se interrumpieron, la política estadounidense hacia Honduras ha sido diferente en el gobierno de Donald Trump, quien durante el fraudulento gobierno de José Orlando Hernández (JOH) entre 2014 y 2021, invirtió millones en su apoyo. Al mismo tiempo Trump dió rienda suelta a sus políticas rígidas antimigratorias y estableció barreras proteccionistas, mientras que el globalista Biden promueve la transferencia de fondos a través de diversos mecanismos – la USAID ha invertido cerca de 330 millones de dólares en proyectos de salud y educación, según la embajada- y en materia migratoria la política es garantizar la mejora de condiciones para la población hondureña, evitando que abandonen sus hogares, en busca de mejores condiciones de vida. Actualmente ambas administraciones se encuentran en diálogo para la extensión del TPS (Estatus de Protección Temporal) a los ciudadanos hondureños, más allá del mes de diciembre de este año, cuando se vence. Dicho estatus permite a ciertos inmigrantes, que no pueden regresar de forma segura a su lugar de origen, vivir y trabajar legalmente en el país de manera temporal.

En 2019 JOH, fue denunciado a partir de un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por estar implicado en el uso de dinero del narcotráfico para financiar su campaña en las elecciones de 2013, que le llevaron a la presidencia. Hernández gobernó Honduras durante ocho años, aunque la Constitución del país no permite la reelección presidencial. Un fallo del Tribunal Supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandato en 2017, y tras fallas en el sistema del recuento de votos, fue declarado ganador, despertando una furia popular que causó en masivas protestas y varios muertos.

Este presidente aprobó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y durante su gestión, 59 capos del tráfico de cocaína terminaron en Estados Unidos, con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés). Pero en 2020 decidió cortar vínculos con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, una organización creada con el respaldo de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigó a decenas de funcionarios del gobierno hondureño. Su hermano,Juan Antonio “Tony” Hernández, fue  condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en marzo de 2021 por narcotráfico.

Tras el triunfo de Xiomara Castro y de Biden, en febrero de este año JOH fue detenido y extraditado en abril a EEUU, donde espera ser juzgado.  En un informe remitido por la embajada estadounidense al gobierno de Honduras, acusa al ex presidente de participar de una conspiración para la fabricación y distribución “de una sustancia controlada” en pleno conocimiento de que sería exportada de manera ilegal a EEUU.

Los desafíos de un proyecto político amplio 

Según Bloomberg, la presidenta recibió un país con más del 73% de pobreza y 53% de pobreza extrema en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

El partido Libre (Libertad y Refundación) fue fundado en 2011 por el conjunto de organizaciones que encabezó la resistencia al Golpe de Estado de 2009, en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), integrado por organizaciones sociales, de trabajadores y campesinas.

Pero su llegada al gobierno solo fue posible de la mano de una amplia coalición, en la que radica una de sus dificultades: la diferencia con Salvador Nasralla, su designado presidencial (vicepresidente) con quien conformó la alianza electoral.  Hacia el interior de esta coalición conviven tendencias diferentes. 

Además, antes de su asunción, 20 diputados se ausentaron de una reunión convocada por Castro, que caracterizó la ausencia como traición: “la ausencia de los veinte diputados es el augurio de una traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo hondureño que derrocó la narcodictadura nacionalista (del Partido Nacional), el 28 de noviembre, y una traición al proyecto político de la refundación de la patria, al intentar imponer un plan de la élite corrupta que dirige (el expresidente) Juan Orlando Hernández”.

En su asunción la primer mujer presidenta del país centroamericano anunció la “refundación del estado socialista y democrático”, y sus principales ejes fueron la catástrofe económica que atravesaba el país, la crisis migratoria, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y los déficits en salud, educación, seguridad y empleo.

Sin haber cumplido un año de gobierno y  con las dificultades mencionadas, tanto en el plano económico como político, la presidenta ha logrado algunos hitos:  la derogación de la ley de secretos que estuvo vigente durante los dos últimos gobiernos del exmandatario Juan Orlando Hernández, que clasificó información sobre el uso de los recursos del Estado; la reforma energética integral, con un enfoque basado en la soberanía y la justicia social; la derogación de la ley que permitía las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) que Castro calificó de “criminales”; la reforma presupuestaria, orientada a aumentar la inversión en salud, educación y energía; la creación de la Secretaría para el Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer; la declaración de la “emergencia ambiental” y el establecimiento de créditos destinados a pequeños productores, entre otras.

Pese a las dificultades en la institucionalidad política un proceso popular en ebullición abraza al Partido Libre y lo tensiona, en memoria de la resistencia al golpe de estado, a la corrupción, el fraude y la violencia. El proyecto que expresa, se enfrenta sin dudas al desafío de responder a la demanda de un pueblo que tras muchos años de lucha, ya no le teme a nada.

Xiomara Castro se construyó como referencia ineludible de la resistencia, la cual protagonizó en la calle, ganando adhesiones y alcanzando una alianza de gobierno que tienen tanto potencial como vulnerabilidad. Mantener la iniciativa del programa popular, será clave para que el programa de justicia social que Xiomara personifica, se haga carne en el gobierno, en un mundo y una región en el que las relaciones de fuerza pretenden torcer definitivamente el rumbo hacia un capitalismo digitalizado y más excluyente.

El golpe de Estado en Honduras que derrocó a Manuel Zelaya, fue considerado un golpe al ALBA, la Alianza Bolivariana para los pueblos de América, el primer ensayo de integración entre Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y al que intentó ingresar Honduras. Con esa marca en el cuerpo social el gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libre se abren paso en una compleja construcción de alianzas políticas y con la urgencia de dar respuesta a un pueblo que no tiene miedo de luchar.

¿Qué sucederá en Honduras ante un eventual triunfo del trumpismo en EEUU? Volver la mirada hacia esa Latinoamérica plagada de efervescencias populares en la encrucijada de adormecerse o radicalizarse para transformarlo todo, sea quizás una opción para este gobierno que crece desde el pié, casi en las fauces de Estados Unidos.

Paula Giménez. Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad  de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Es analista e investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente:
Rebelión

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