A pesar de la pandemia el Gobierno de AMLO se viene fortaleciendo, arrojando números alentadores en materia social y estabilidad económica, además de despuntar como actor protagónico en el tablero geopolítico de la región.
Tras el tercer informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Cuarta Transformación (4T) tiene avances importantes en materia social, política, económica y de relaciones exteriores, sin dejar de lado que estuvo atravesada por los altos costos sociales y económicos de la pandemia, sumándose a la crisis económica vigente desde 2008 y el actual colapso climático.
De aquel julio de 2018 a agosto de 2021 han pasado dos administraciones en Estados Unidos (EE. UU.) de distinto signo político pero con muchas continuidades, una pandemia mundial, la renegociación del ahora T-MEC, un golpe de Estado más en América Latina y la nueva oleada de Gobiernos progresistas. Este informe pretende destacar algunos aspectos que dan forma y contenido a la 4T en tiempos de crisis entreveradas.
Aprobación social de AMLO
AMLO comenzó su sexenio con un nivel de aprobación que ningún presidente actual de la región tiene: 76 %. Tuvo su nivel más bajo en marzo de 2020 (59 %) al inicio de la pandemia, para retornar al 61 % en julio de 2021. Ello no se explica por sí sólo: hay un cambio social en curso, que es percibido como un momento de transformación profunda en México por el 51,6 %, como muestra la última encuesta de CELAG-México.
Hay también aprobación en cuanto a programas sociales. Dos terceras partes de los encuestados están de acuerdo con que dichos programas son necesarios para que las personas accedan a una vida digna. Ese mismo rango (70,2 %) está de acuerdo en que el Estado administre recursos naturales como petróleo, agua, gas y minería.
Reformas sociales y estratégicas en la 4T
Precisamente, estos son algunos de los rubros que ha modificado el actual Gobierno federal y la legislatura LXIV (2018-2021). En este periodo, se aprobó 167 reformas constitucionales, decretos y leyes (algunas que ya venían del periodo anterior). Si bien hay analistas que critican que las reformas son menos que en otros sexenios, lo relevante no es el número sino el impacto social, político y el rescate de la soberanía nacional.
Entre estas reformas destacan la Ley de Hidrocarburos y Ley de Industria Eléctrica que fortalecen a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinción de dominio para hacer uso de bienes y recursos de procedencia ilícita y corrupción, la creación de la Guardia Nacional (GN), la reforma educativa que deroga aspectos de la anterior, la reforma sobre paridad de género, la revocación de mandato, la regulación de la subcontratación (outsourcing), elevar a nivel constitucional los programas sociales –pensión para adultos mayores, becas a jóvenes y con capacidades diferentes con inclusión de indígenas y afrodescendientes– y los incrementos salariales a la clase trabajadora.
Aún así, destacamos que la clase trabajadora se ha visto afectada por la pandemia, el incremento de precios de gasolina y petróleo y la inflación. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020, 9 de cada 10 hogares registraron una disminución de sus ingresos y el primer decil –con ingresos más bajos– no cayó. En las ciudades la caída del ingreso fue del 8 %, mientras que en el 22 % de los hogares rurales hubo un incremento del ingreso del 3,8 %.
Derivado de la pandemia, el sector informal creció un 2 % para llegar al 27,4 % de la PEA en el cual hay 9,3 millones de hombres y 6,3 millones de mujeres, según datos de INEGI y con un impacto de alrededor del 25 % en el PIB. Este aspecto es estructural en la economía mexicana y se agravó en los 30 años de neoliberalismo.
El desempleo se nota en las y los jóvenes entre 18 y 29 años. En enero de 2021 poco más de 5 millones no buscaban empleo y tampoco estaban estudiando, índice menor que el registrado en 2010, que pasaba los 6 millones. A esta población en específico, una de las más desatendidas en sexenios anteriores, se ha dedicado el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro y la creación de 140 universidades.
Política contra la corrupción
Uno de los ejes que distinguen a la actual Administración de las anteriores es la política contra la corrupción en las altas esferas de Gobierno. Esta política se acompaña de reformas constitucionales y de políticas sectoriales. Según la Secretaría de Seguridad, en el primer semestre de 2021 se logró la reducción del 23,6 % en delitos fiscales, 15,7 % en financieros y 11,4 % en la delincuencia organizada. Además, destaca que hay procesos judiciales en curso contra políticos del régimen anterior que participaron en actos ilícitos con recursos públicos, los cambios en la política de compras del Gobierno federal y una mayor fiscalización. Quizá el caso más emblemático sea el de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX y que tiene en la mira a políticos del antiguo Pacto por México.
Economía y pandemia
A pesar de estar atravesada por la pandemia, la 4T no ha contraído nueva deuda, principio derivado de la política de “austeridad republicana”. México tiene una deuda externa que representa el 34,7 % del PIB, según datos de la CEPAL y está por debajo de la media regional.
La crisis estructural del capitalismo, agravada por la pandemia, ha hecho que América Latina y el Caribe tengan una disminución del PIB de 7,7 % y México no fue ajeno a este proceso, siendo los servicios, el turismo, los hidrocarburos y el sector manufacturero los más golpeados. Según datos de INEGI, el PIB de México muestra una curva en V tras el primer año de la pandemia, recuperándose ligeramente en el primer trimestre de 2021, pero sin volver a niveles previos a 2020, pues retrocedió a los de 2015 como se muestra en el gráfico siguiente.
La recaudación fiscal es otro de los logros a pesar de la pandemia. El Servicio de Administración Tributaria recuperó 736 miles de millones de pesos en adeudos en los dos primeros años y el 43 % de estos recursos fueron de grandes contribuyentes. Hacia finales de 2020, el incremento real fue de 7 % con respecto a 2019.
En el primer semestre de 2021, el incremento fue del 8,8 % con respecto al mismo periodo de 2020, alrededor de 150 mil millones de pesos más. Esto ha permitido mantener programas sociales y la atención de la pandemia con un sistema de salud precarizado, sin necesidad de una reforma fiscal en un momento en que hay tensiones por el impuesto a grandes empresas.
Respecto a la pandemia, México está entre los primeros diez países que han vacunado al 53 % de su población (47,6 millones tienen al menos una dosis). Desde que comenzó la pandemia, se ha ampliado y reconvertido los 1.395 hospitales y ampliado las más de 139 mil camas. También se otorgaron 2.500 millones de pesos en créditos a pequeñas empresas. En 2021 se otorgarán otros 1.500 millones y se ha reestructurado la compra de medicamentos para eliminar corrupción y garantizar el abasto.
Tensiones: seguridad y migración
Desde el sexenio del ultraderechista Felipe Calderón (2006-2012), México ha presenciado un profundo deterioro en la seguridad ciudadana y un incremento sostenido de violaciones graves a los derechos humanos bajo la “Iniciativa Mérida”. Actualmente existen 90 mil personas desaparecidas en México, desde 2018 se registraron 49 mil 581 casos, mostrándose una tendencia a la baja entre 2019 y lo que va de 2021.
La seguridad ha sido de los ámbitos más complejos para la 4T, centrándose en el desmantelamiento de la Policía Federal (PF) por sus vínculos con actos corruptos y violaciones a los derechos humanos, como abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, violencia sexual y homicidios.
En su lugar, se creó la GN planteada como cuerpo de seguridad de corte civil y se ha avanzado en la transparencia y rendición de cuentas mediante informes mensuales presentados en la mañanera, que principalmente refieren datos cuantitativos. Actualmente, la GN tiene una imagen positiva del 64,2 % y su agenda de capacitación se centra en perspectiva de género, feminicidio, derechos humanos, actualización de la función policial, vinculación e inteligencia social, anticorrupción, principalmente.
Hasta 2024 se encargará de tareas de seguridad pública como la atención de la pandemia, investigación de delitos y detención de personas, seguridad de fronteras, seguimiento a los flujos migratorios según el Plan de Migración y Desarrollo en las fronteras, desarrollan operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible y proporcionan seguridad al sistema aduanero.
A dos años de su creación, la GN cuenta con 100 mil efectivos y se han establecido 230 coordinaciones territoriales que llegarán a 266 hacia fines de 2021, lo cual ha generado que algunos medios de comunicación opositores y organizaciones de la sociedad civil denuncien un proceso de militarización.
Respecto a los flujos migratorios, son el Instituto Nacional de Migración y la GN las principales instituciones de seguridad que atienden este fenómeno, además de la creación del grupo interinstitucional comandado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para agosto de 2021 fueron rescatadas 35.036 personas migrantes según el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A pesar de los esfuerzos, en el 2020 –todavía bajo el Gobierno de Trump– fueron deportadas 60.315 personas migrantes, según la Unidad Política Migratoria.
Una nueva tensión respecto al tema migratorio refiere al fallo de un juzgado texano sobre la obligación del Gobierno de Biden a revivir el programa “Quédate en Mexico”. La respuesta del Gobierno mexicano fue declarar que se trata de un fallo estadounidense y no de una instrucción a seguir, defendiendo que “la política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.
Este es uno de los puntos de la agenda binacional que están dentro de lo que EE. UU. entiende como “seguridad nacional” más allá del Gobierno de Biden, presentando continuidades de la política migratoria republicana por la vía militar, sumada al combate a la corrupción y proyectos de infraestructura. En cambio, el gobierno de AMLO propone la desaparición de la Iniciativa Mérida y la reorientación de combate frente a la migración y el narcotráfico, temas prioritarios para ambos países.
Frente a estos problemas transnacionales, la 4T ha planteado proyectos de desarrollo social en el sur de México y en Centroamérica como “Sembrando vida”, estrategia novedosa que busca “avanzar en la atención de las causas estructurales de la migración, tanto en la frontera común como en Centroamérica”, oponiéndose a la política de los gobiernos neoliberales acotada a fortalecer la “Frontera del siglo XXI” de la Iniciativa Mérida.
Son estas las tensiones con las que México y EE. UU. llegarán al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) el 9 de septiembre de 2021 en Washington, una semana después del informe oficial de Gobierno de la 4T.
Correlación de fuerzas tras elecciones
Tras las elecciones de junio Morena tendrá 198 diputados, y llega a 278 con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Esto le permite tener mayoría y podrá aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación, avalar reformas secundarias, pero no para modificar la Constitución, por lo que serán necesarias las negociaciones con otros partidos de oposición nucleados en la Alianza Va X México. El INE ordenó modificar la composición del Congreso para que se mantenga la paridad de género.
Justamente las negociaciones permitieron que Morena ejerza la presidencia de ambas cámaras. Destaca que Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación y será senadora, siendo uno de los 30 cambios que ha tenido el gabinete de AMLO. El PRI presidirá la Junta de Coordinación Política con Rubén Moreira. En los gobiernos estatales Morena gobernará en 17, alrededor del 45,3 % de la población, el 50 % del presupuesto de los estados del país y en 8 de los 15 municipios más violentos.
Este escenario expresa el afianzamiento territorial de Morena y un cambio en la correlación de fuerzas. El otro punto en tensión está en los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Poder Judicial que han puesto trabas a reformas clave. El INE ahora tendrá que organizar la consulta popular para la revocación de mandato.
Multilateralidad en la 4T
El trabajo de relaciones exteriores y multilateralidad se muestra en la pandemia. México cuenta con 10 vacunas aprobadas y 8 de ellas con permiso de emergencia, siendo el país con el más amplio portafolio de vacunas: de EE. UU., Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna; CanSino, Sinovac y Sinopharm de China; Sputnik V de Rusia; Abdala de Cuba; AstraZeneca de Reino Unido; y Covaxin de la India. Esto en un contexto de acaparamiento y disputa geopolítica en el acceso a vacunas.
Respecto al vecino del norte, México ha establecido una lógica que no se restrinja al plano comercial: ha recibido las donaciones por parte de EE. UU., a la vez que México hace donaciones de vacunas a países centroamericanos y caribeños que tienen bajísimos índices de población inmunizada.
En el mismo sentido, el “Programa de vacunación transfronteriza” resulta de la coordinación bilateral tras el aumento de contagios en ambos países durante la tercera ola de COVID-19. Se espera que rebase las 100 mil dosis aplicadas utilizando únicamente vacunas de origen estadounidense que tiene sobreoferta de vacunas, con fecha de caducidad y en franca disputa de las vacunas frente a China y Rusia.
Estas acciones gubernamentales obedecen a la “Estrategia de política exterior contra la COVID-19” que México emprende en la actual coyuntura de pandemia, con el objetivo de acceder a las vacunas y administrarlas en el territorio mexicano y más allá de sus fronteras, en consonancia con la consigna de distribución global de las vacunas que expresó México en la reciente reunión del G20.
México en el progresismo latinoamericano
El Gobierno de la 4T se inscribe en los Gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI que procuran ejercer mayores márgenes de soberanía nacional respecto a las directrices comerciales, diplomáticas y securitarias de EE. UU. Inauguró la segunda ola progresista asumiendo una postura crítica frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y proponiendo públicamente su sustitución por “un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”.
México ha asumido el liderazgo regional mediante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que actualmente preside, proponiendo darle mayor peso como mecanismo de mediación e integración continental que se materialice en una agenda acorde a los intereses de los países que la integran. Ejemplo de ello, en la reciente reunión de cancilleres en México, firmó la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, sugirió conformar el “Sistema Bolívar de Nanosatélites Latinoamericanos” y un Fondo regional para la atención de desastres, como preámbulo de la VI Cumbre de CELAC a realizarse el 18 de septiembre, también en México.
La 4T ha reivindicado la “Doctrina Estrada” en el ámbito diplomático, que acogió a personas exiliadas del franquismo español y las dictaduras militares latinoamericanas, concediéndole asilo a Evo Morales tras el golpe de Estado avalado por la OEA, así como a víctimas de persecución judicial y política del Ecuador, adscritas a la Revolución Ciudadana que encabezó Rafael Correa y apoya la inclusión de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Recientemente ha recibido a mujeres provenientes de Afganistán, que se suman a las numerosas personas refugiadas y acogidas en el país.
De igual relevancia es la condena que AMLO ha sostenido respecto al bloqueo contra Cuba, “inhumano y medieval”, durante los recientes eventos de desestabilización en ese país y la ayuda solidaria, así como el papel de México como anfitrión en el diálogo y Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. Sin olvidar el envío de ayuda a Haití tras el reciente sismo.
Todo ello se debe a una hábil gestión de la política exterior de la 4T basada en la lectura estratégica del contexto regional y continental, además de las 7 prioridades que México promueve desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) donde actualmente ocupa un puesto: preservar la dignidad de las personas, privilegiar la mediación, proteger a la población civil en conflictos armados, defender el Estado de Derecho, incorporar la perspectiva de género, mejorar los métodos del CSNU y promover el Derecho Internacional.
Hacia el segundo trienio de la 4T
Tras las elecciones intermedias y el golpeteo mediático constante, Morena afianza poder territorial y mayoría en el Congreso con la coalición Juntos Haremos Historia. Por lo tanto, las reformas planteadas por AMLO para los siguientes tres años, requerirán de acuerdos políticos con una oposición política sin liderazgos y cada vez más ligada al Poder Judicial, a poderes fácticos y a organismos internacionales, cuya acción más desesperada ha sido las visitas y pedidos realizados ante la OEA, la CIDH y al Departamento de Estado de EE. UU. para manchar los recientes comicios de “narcoelecciones” intentando arrebatar –con respaldo de la OEA– lo que no obtuvieron mediante el voto popular.
Seguir atendiendo la pandemia en momentos de recuperación económica será clave para mantener la estabilidad económica, social y sanitaria al tiempo que se continúa la vacunación de la población. Además de este reto que involucra a la sociedad, está el proyecto de recuperación de soberanía nacional a partir del fortalecimiento de PEMEX y CFE, para que logren generar encadenamientos productivos endógenos y disminuir la dependencia externa sobre todo con EE. UU.
Precisamente con el vecino del norte, la agenda plantea retos estructurales: seguridad, migración y comercio. Por primera vez en por lo menos treinta años, México ha sabido plantear los intereses nacionales en estos temas, ejerciendo su soberanía y proponiendo vías alternativas y pacíficas en la resolución de conflictos.
A nivel regional, México es parte nodal de un progresismo latinoamericano que tiene ante sí cambios políticos y posibilidades históricas de construcción de la integración en Nuestra América.
