El origen del conflicto se remonta al meteórico ascenso de Ueno Holding, una entidad que en pocos años pasó de ser una financiera menor a convertirse en uno de los principales actores del sistema bancario paraguayo. Su crecimiento vertiginoso se apoyó en un flujo masivo de fondos públicos, principalmente provenientes de las cajas de jubilaciones, en un esquema plagado de irregularidades.

Los vínculos con el poder político eran evidentes: Santiago Peña figuró como accionista hasta abril de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien encabezaba el Banco Central hasta que se desató el conflicto, había sido previamente presidente de la propia financiera.

El desenlace se precipitó cuando el Banco Central emitió un informe lapidario: el índice de solvencia de la entidad había caído a menos de la mitad del mínimo exigido por ley. Técnicamente, un banco quebrado dejando a la mitad de la población sin acceso a su dinero.

La intervención, el cese de operaciones y la orden de disolución derivaron en la detención de directivos y desencadenaron la crisis política que terminó en la presentación de la renuncia Peña. En paralelo, la fiscalía imputó a 27 directivos y personas vinculadas a la entidad, entre ellos el presidente del banco Miguel Vázquez, por un presunto esquema de préstamos irregulares, desvío de fondos y créditos sin garantías a empresas del propio Grupo Vázquez.

Sin embargo, el desplome financiero no ocurrió en el vacío. Se cruzó de lleno con la fractura interna del ANR Partido Colorado. Tras la derrota electoral en Asunción en octubre de 2026, Horacio Cartes, quien había llevado a la presidencia a quien fuera su ministro de Economía, retiró públicamente su respaldo a Peña y anunció que su movimiento, Honor Colorado, no presentaría candidaturas propias para las internas de 2027. Más que un desmarque ético, se trató de una maniobra de repliegue anticipado frente a una crisis que amenazaba con alterar los equilibrios de poder en el marco de una disputa entre bloques económicos y políticos dominantes.

La maniobra de Peña abrió, además, un frente constitucional. La Cámara de Diputados rechazó su renuncia, bajo el argumento de evitar que la investidura de senador vitalicio le otorgara fueros e impidiera su juzgamiento ante la justicia ordinaria. En su lugar, el Congreso activó el proceso de juicio político para destituirlo formalmente.

Históricamente, las élites políticas paraguayas han demostrado una notable capacidad para suturar las crisis institucionales de cúpula mediante pactos parlamentarios eficientes y perdurables. Conocen los laberintos constitucionales y reglamentarios, los tiempos de la política y los recursos jurídicos disponibles. Han destituido presidentes, jueces y legisladores, y también han aceptado renuncias. El juicio político, en particular, ha sido una pieza recurrente de ese repertorio.

Los antecedentes permiten dimensionar esta dinámica. La experiencia de Raúl Cubas Grau (1999) mostró al juicio político como un mecanismo de presión y un recurso para resolver una disputa interna que había desbordado los canales ordinarios de la competencia partidaria. La crisis estuvo atravesada por la movilización social tras el asesinato del vicepresidente Argaña y el “marzo paraguayo”, la disputa política con facciones de las FFAA y la confrontación en torno a la sucesión presidencial. Cubas, ante la inminente derrota, presentó su renuncia.

En el caso de Luis González Macchi, la acusación avanzó en Diputados, pero no reunió en el Senado los votos necesarios para concretar la destitución. Las disputas entre las fuerzas políticas, los cálculos sobre la sucesión y la proximidad del final del mandato condicionaron el desenlace.

En ambos episodios, la viabilidad del juicio político dependió menos de las acusaciones formuladas que de la capacidad de construir las mayorías parlamentarias necesarias. El caso de Fernando Lugo (2012) introdujo una diferencia decisiva: la amenaza se convirtió en remoción efectiva.

El contenido del libelo acusatorio remitía a los argumentos de la Guerra Fría. Lugo parecía encarnar el diablo rojo, la amenaza ideológica que las fuerzas conservadoras necesitaban conjurar, aunque ya no contara con una plaza movilizada ni con organizaciones políticas capaces de sostenerlo en el poder.

Esta vez el escenario es radicalmente distinto. El libelo acusatorio contra Santiago Peña deja de ser fundamentalmente ideológico: es material. Se expande con la misma velocidad con que se descargan las billeteras electrónicas y se aprueban los microcréditos.

La gran ficción del capitalismo financiero fue prometer una democratización del acceso al dinero y convertir a todos en inversores potenciales. Esa democracia de cotillón que les prometía al chofer de Uber, al repartidor de las aplicaciones y a los rutilantes sponsors de la CONMEBOL que podían participar del mercado financiero en pie de igualdad. Por un rato, todos formamos parte del paraíso económico de Ueno Bank. Todos accionistas de la modernidad desde una pantalla de celular. En todos los países caen bancos, pero no en todos se derrumba también una ilusión ni cae un presidente.

Por eso, tal vez, esta crisis no pudo resolverse a puertas cerradas. No estaba en juego solamente el derrumbe de una promesa de democratización financiera, sino también los ahorros y las jubilaciones de miles de personas, cuyos fondos habían quedado atados al destino de esa arquitectura financiera. La crisis dejó de ser un asunto exclusivo de las disputas entre las élites cuando sus consecuencias alcanzaron directamente la vida cotidiana y la seguridad económica de la población.

La presión popular y el conflicto en las calles de Asunción obturaron la posibilidad de una salida negociada desde arriba. La aceptación de la renuncia habría sido, probablemente, una solución política más cómoda para las élites: una manera de clausurar el conflicto institucional, evitar una destitución formal y reacomodar los equilibrios entre las distintas facciones partidarias.

Pero la base material de esta crisis dificultó esa salida. La demanda social ya no se limitaba a resolver una disputa entre dirigentes ni a definir quién debía ocupar la presidencia. Exigía responsabilidades y reclamaba que nadie pudiera sustraerse de ellas mediante un acuerdo parlamentario. En las calles, la consigna fue clara: no querían la renuncia, sino el juicio político.

Así terminó Santiago Peña sometido al procedimiento de destitución. Desde la reforma constitucional de 1992, el juicio político ha funcionado en Paraguay como un mecanismo de presión, negociación y disputa entre las élites, capaz incluso de producir la remoción de un presidente, como ocurrió con Lugo.

La novedad de esta crisis es otra: la irrupción de una demanda social que no pudo ser absorbida por los mecanismos tradicionales de negociación política y que empujó a las instituciones a procesar una exigencia de responsabilidad.

La caída de Peña deja así una pregunta que excede la sucesión presidencial, saldada hoy por el entonces vicepresidente Pedro Alliana. La crisis no pone en cuestión solamente a un gobierno ni a una entidad bancaria. También expone los límites de un modelo de inclusión financiera que confundió el acceso al crédito con la democratización de la economía, y la participación en el mercado con la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, el juicio político puede leerse como algo más que un nuevo capítulo de las disputas internas de los partidos políticos. Es también el escenario institucional en el que una crisis económica se transforma en una crisis de legitimidad. Las élites pueden volver a negociar, reordenar sus alianzas y encontrar una salida constitucional. Lo que todavía no está claro es si podrán resarcir la defraudación social.

Fuente: PIA