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17/11/26

Temas: Política

Regiones: Honduras

La Honduras pendiente: el país que aplaza su futuro sin calcular los costos

Por Rodolfo Pastor Fasquelle

No anda bien, por supuesto, este país. Y el gobierno comete errores graves, claro que sí. ¿Cuál gobierno no los ha cometido? Por hoy… los cinco yerros más graves son:

a) derivar hacia el autoritarismo la política ante la inseguridad, con leyes que solo amenazan las libertades ciudadanas;y la ONU ya ha expresado su preocupación y su misma Corte Suprema les ha dicho que es inconstitucional la ley con que detienen hoy ya a un defensor de los derechos.

b) permitir que la inflación deteriore las condiciones de vida de los más vulnerables porque, aunque se anuncian apoyos para los hogares y los agricultores, estos no se concretan y la asistencia se desvía a proyectos políticos clientelistas;

c) pretender utilizar el pacto bipartidista para afianzar la propia impunidad y el autobombo, mientras se victimiza infantilmente al opositor, al extremo de querer extinguir su personería;

d) anunciar inversiones de 1 500 millones para combatir la sequía que el calentamiento agudiza y otro tanto para proteger la biosfera, mientras se amplía el permiso para la exploración con fines de explotación petrolera frente al litoral;

e) plegarse ante las presiones de una extrema derecha internacional torpe que parece ignorar lo que está pasando en el globo y quiere seguir siendo aún más trumpista después de Trump.

Los problemas coyunturales pueden ser serios y urgentes. Las fallas de fondo son estructurales. No se originan en el gobierno de turno ni se resuelven con decretos; pero es deber de cada gobierno enfrentarlas, sin pretextos. Los retos coyunturales requieren decisiones inmediatas, medidas correctivas, cambios administrativos. Las fallas hondas comprometen la organización, la naturaleza y la función de las instituciones, así como las condiciones históricas del desarrollo, exigen reformas trascendentes.

Muchos de nuestros problemas importantes vienen de tiempo atrás. Son problemas del país, de su historia y de una sociedad política que ha sido incapaz de asimilar ciertas verdades básicas y de asumir categóricamente los cursos de acción pública que se desprenden de ellas.

No se quiere eximir a nadie de responsabilidad. Insistiremos en que, más allá de administrar las dificultades heredadas, los gobernantes tienen esa responsabilidad histórica. Y en recordarle a este gobierno que le toca comenzar a transformar las condiciones que reproducen esos bretes. También debemos asegurarnos de que las propuestas coyunturales no contradigan ni compliquen las soluciones estructurales. Ejemplifiquemos.

No hay convivencia sin respeto por la ley, pero la aplicación selectiva de una ley draconiana no es justicia. En Honduras no hay justicia; a ratos, siento que no hay siquiera sentido de la justicia. ¿Podremos algún día ser drásticos con la infracción y exigir en forma radical el cumplimiento de la norma?

Sí, pues, cuando no se hagan distinciones; pero no mientras el ladrón de la gallina va a Támara y el que se apropia del tesoro nacional y de los bienes comunes recibe indultos, concesiones, exenciones, premios y reconocimientos. No solo la mara se asocia para delinquir. También lo hacen los plutócratas y los politicastros.

Y no puede haber Estado de derecho donde la justicia se aplica o no según la posición social, económica o política del infractor y la del juez. La corrupción y la apropiación de los bienes públicos atentan contra el patrimonio del Estado y expropian a la sociedad sus posibilidades de desarrollo. ¡Se roban el futuro del país! ¡Valiéndose del sistema operativo!

La inseguridad aquí es extrema, pero la aplicación de la ley que garantiza la seguridad solo puede avanzar si es pareja y va de la mano de la justicia social. Porque la delincuencia común —que dispara la inseguridad en la calle— no puede combatirse de manera sostenida si no atendemos sus condiciones de reproducción: la necesidad extrema de tantos compatriotas, el hambre y el abandono de la niñez. La exclusión y la falta de oportunidades que sufren minorías y mayorías constituyen una sima fértil en la cual se crían distintas formas de violencia y otras alimañas.

Para ser eficaz, entonces, la política de seguridad no puede descansar únicamente en la coerción: requiere una ciudadanía social previa. No justificamos delitos ni renunciamos a la autoridad. Pero debemos entender que podremos ser inflexibles en la aplicación de la ley cuando sea justa y garanticemos servicios sociales y oportunidades razonables para una vida digna. Mientras tanto, el país seguirá pagando el costo de la exclusión y la marginalidad.

Nuestra vulnerabilidad energética tiene asimismo raíces estructurales que no se remedian ajustando el precio semanal del combustible. Nunca estaremos a salvo de las perturbaciones de los precios internacionales ni dispondremos de energía suficiente y competitiva para impulsar el desarrollo mientras dependamos tan abrumadoramente de combustibles importados, cuya comercialización también responde a intereses económicos extranjeros. Honduras dispone de recursos energéticos propios: hidroeléctricos, solares, eólicos y geotérmicos, que no hemos aprovechado suficientemente.

Nadie debe desconocer las dificultades técnicas, financieras y ambientales de su aprovechamiento, ni suponer que cualquier proyecto renovable es conveniente. Pero dejar de aprovechar recursos propios para satisfacer el ansia de lucro de otros dificulta nuestra competitividad, desequilibra la balanza de pagos y afecta nuestra capacidad para atraer —justamente— el capital de inversión que el gobierno dice proponerse conseguir.

El país debe contar con una política energética nacional estratégica y coherente que procure autonomía, eficiencia y sostenibilidad, en lugar de administrar nuestra dependencia al infinito.

Igualmente contradictoria es nuestra democracia electoral, que cae en una trampa estructural antes de llegar a la urna. Las decisiones han sido tomadas previamente. Con el voto, ungimos a quienes otros ya escogieron por nosotros, y votar periódicamente no convierte a una población en ciudadanía, y menos aún hace democrático a su gobierno.

No es que no existan ciudadanos, sino que no son ellos quienes determinan el resultado. La participación ciudadana no se invoca ni se decreta. Se construye. Además de ciudadanizar el sistema, necesitamos invertir en la formación de más ciudadanos solventes, capaces de comprender problemas, deliberar, participar y fiscalizar el ejercicio democrático del poder.

Eso supone un mínimo de desarrollo, educación cívica y también una política de comunicación de calidad, con información confiable y plural, que contrarreste la desinformación y la manipulación que propician tanto la locura de las redes como la concentración de medios corporativos vinculados a intereses creados. Sin ciudadanos informados, con criterio, la elección se reduce a una competencia de propagandas, intereses, lealtades circunstanciales y engañifas.

Tampoco construiremos un proyecto de nación mientras no superemos nuestra subordinación vil al arbitrio de potencias extranjeras. Amigos queremos; amos rechazamos. La soberanía no es un tropo de la retórica sentimental patriotera, ni significa aislamiento o autarquía, menos aún para uno de los países más pequeños del globo. Significa capacidad de entender y negociar nuestros intereses.

Para nosotros, esa capacidad pasa ante todo por la integración de Centroamérica —que es patrimonio histórico y nuestra posibilidad real de construcción nacional compartida— y por una articulación más estrecha con América Latina, nuestra comunidad política, económica y cultural más amplia y natural.

Y esas integraciones no deberían agotarse en facilitar el comercio. Tendrían que permitirnos compartir debates y capacidades, recursos e iniciativas en materias estratégicas: energía, infraestructura, seguridad de todo tipo, protección ambiental y negociación internacional. En eso tendría que concentrarse nuestra relación internacional, mientras nos mantenemos neutrales y abiertos al mundo.

Asimismo, la política ambiental, que solemos reducir a la protección de determinadas áreas naturales, a la simple reforestación, al control de la contaminación escandalosa o a la ayuda de emergencia, tiene un imperativo mucho más amplio y hondo: el ordenamiento territorial.

¿Cómo podemos proteger nuestros recursos, cuencas y poblaciones si no hemos sido capaces de ordenar el uso de nuestro territorio? ¿Dónde y bajo qué condiciones deben desarrollarse las actividades productivas? ¿Qué espacios deben conservarse y qué límites no podemos transgredir? Más que un ejercicio cartográfico o un trámite administrativo, el ordenamiento territorial es una decisión política y técnica sobre el uso social de los recursos, las posibilidades de uso y la protección de los bienes comunes.

Esa sería una política ambiental real. Su ausencia nos hace particularmente vulnerables. Las sequías, las inundaciones, los huracanes y los deslizamientos tienen consecuencias que dependen tanto de la intensidad de esos fenómenos como de la manera en que ocupamos el territorio, destruimos los bosques y los ríos, intervenimos las cuencas y exponemos a nuestras poblaciones.

En un contexto de cambio climático, cuyos efectos agravan determinados fenómenos, seguir postergando el ordenamiento territorial es multiplicar los riesgos y trasladar sus costos a futuras generaciones, y a quienes menos recursos tienen para defenderse. Y no tiene sentido hablar de que usaremos 1500 millones para combatir un proceso que nos rebasa.

A primera vista, estas cuestiones parecen pertenecer a ámbitos distintos de la política pública, pero están profundamente relacionadas. La injusticia, la inseguridad, la dependencia energética, la precariedad de nuestra democracia y de la educación ciudadana y ambiental, y la pérdida de soberanía son manifestaciones de lo mismo y no compartimentos separados.

Al final, son dimensiones comunicantes de un mismo problema de raíz: la incapacidad histórica de construir un Estado que tenga la voluntad y los instrumentos para asegurar el interés público. Las políticas para enfrentar esas fallas tienen que articularse entre sí.

Por eso, al examinar el actual gobierno de Asfura, no basta con enumerar sus decretos, proyectos, promesas y anuncios publicitarios. Tampoco sería justo atribuirle el origen de los problemas históricos.

Pero ningún gobierno, tampoco el suyo, puede eximirse de la responsabilidad permanente del Estado. Los gobiernos tienen la obligación de asumir ese compromiso, porque, de lo contrario, se aplaza la solución y aumenta su costo.

Y el gobierno debe entender que sus decisiones no solamente se juzgarán por su capacidad de atraer inversión, ampliar la generación eléctrica o facilitar la circulación o actividad productiva, sino fundamentalmente por su contribución a superar nuestra dependencia energética y nuestro desorden territorial, a frenar la degradación de los recursos naturales y a reducir la vulnerabilidad, que es la que nos mata.

No podemos seguir confundiendo crecimiento con desarrollo, inversión con bienestar, concesiones con progreso ni estabilidad jurídica con gobernabilidad. Tampoco esperar que un gobierno resuelva los problemas estructurales.

Sí, vamos a empezar a exigir que cada gobierno deje de reproducir esos problemas y asuma la responsabilidad de comenzar a enfrentarlos. Las políticas nacionales armonizadas en un proyecto nacional tienen que responder a una concepción coherente del desarrollo y a prioridades públicas capaces de orientar las decisiones y reformas necesarias.

Pero un proyecto de nación exige algo más que proclamar una identidad o invocar periódicamente la entelequia de la unidad nacional en foro. Exige reconocer nuestras condiciones históricas, acordar prioridades colectivas y sostener, más allá de los cambios de gobierno, las políticas que permitan llevarlas a la práctica. De otro modo, seguiremos administrando las caras consecuencias de nuestros aplazamientos.

En medio de una polarización intransigente, alimentada tanto por presiones de fuera como por mezquindades propias, urge un nuevo pacto que nos permita actuar juntos aun en el desacuerdo.

La Constitución de 1982, comprometida con intereses creados, quiso atrincherar privilegios y reglamentar la vida pública hasta el detalle. Hizo intocables muchas de sus disposiciones mediante cláusulas pétreas y exigió, para reformar las demás, el voto de dos tercios de los congresistas y la ratificación por igual mayoría en la legislatura siguiente. Esa doble votación abre una segunda ocasión para el soborno y permite a una minoría interesada bloquear reformas que el país necesita.

Quizás haga falta una nueva Constituyente para renovar ese pacto y decidir juntos qué reformas necesita Honduras para afrontar los cambios que ya están en marcha y son ineludibles.

No le temamos a lo que vamos a terminar obligados a hacer.

Fuente: Rebelión

Etiquetas: Asfura | Neoliberalismo

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