Los resultados electorales, no obstante, asomaron envueltos en una agria disputa referida al pedido de “facultades delegadas” formulado por el régimen y demandado al Poder Legislativo.

Las elecciones municipales y regionales realizadas en el Perú el pasado domingo 4 de octubre, dejaron el gobierno de Keiko Fujimori en la más absoluta orfandad. “Fuerza Popular”, el Partido oficialista, no obtuvo victoria en siquiera una circunscripción electoral. No logró ninguna alcaldía Provincial. Tampoco, ganó ningún gobierno regional. En suma, no obtuvo nada en unos comicios en los que sufragaron no menos de veinte millones de peruanos. El descalabro, fue absoluto, Incluso se produjo en las pocas regiones en las que el hoy partido del gobierno lograra alcanzar la victoria en las justas electorales libradas en abril y junio de este mismo año.

En el extremo, el millonario Joaquín Ramírez, tan cercano a Keiko Fujimori, que esta vez postuló con un símbolo distinto para diferenciarse del oficialismo, también perdió cuando todas las “encuestas” lo daban como ganador seguro en lo que había sido una suerte de su baluarte personal: Cajamarca.

Claro que Fuerza Popular no fue la única organización perdedora. También perdió el APRA que hizo el ridículo a nivel nacional, aunque pudo acercarse al 10 por ciento de los votos en lo que antaño era “la capital del Sólido Norte”, vale decir Trujillo; donde, además, “Alianza para el Progreso” -el partido que lo reemplazara en estima ciudadana en los últimos 15 años- también perdió abrumadoramente. Su compañero de infortunio fue el PPC, el Partido Popular Cristiano emblemática figura de la derecha católica.

En contraste, se confirmó la existencia de una fuerte base social de oposición al régimen perfilada a lo largo del sur andino. En Cusco, esta vez la ciudad más definida, Verónica Mendoza obtuvo un triunfo significativo que sacó de quicio a la derecha. Sus adversarios, a falta de argumentos serios, simplemente la acusaron de “filo terrorista”, quizá como una manera de adelantar los “cargos” que le harán apenas puedan, a la luz de las leyes de excepción que ya están diseñando.

Es importante subrayar que esta caída del oficialismo atenazó también a “Renovación Popular”, el Partido de Rafael López Aliaga, que logro mucho menos de lo que había anunciado, pese a contar con el apoyo abierto de la “Prensa Grande” y las “encuestadoras” que hasta el fin le deban una holgada victoria que nunca se concretó. Sectores, más bien “centristas” lograron arreebatarle puestos que ya tenía seguros, marchando a contrapartida del discurso agresivo y radical de su mascarón de proa.

Como quien no aprendió nada de las experiencias anteriores, la Izquierda nuevamente marchó dividida. Tras colectivos locales, sin embargo, logró ganar puestos de autoridad provincial y regional en distintas zonas del país, afirmando un claro discurso anti oficialista.

Los resultados electorales, no obstante, asomaron envueltos en una agria disputa referida al pedido de “facultades delegadas” formulado por el régimen y demandado al Poder Legislativo. En el tema, “Fuerza Popular” se manejó con la delicadeza con la que se mueve un rinoceronte en una cristalería. Eso la llevó a aceptar finalmente facultades “recortadas” que habrán de limitar su accionar. Aun eso, resulta sin embargo peligroso, por el debate pendiente en el Senado, y por el uso que e Ejecutivo habrá de darles más adelante.

Y es que no se trata tan sólo de propuestas inviables, sino también de estilos de gestión incompatibles con la realidad. Y es que combinar exigencias reales con pedidos puntuales destinados a privilegiar a grandes empresarios o introducir propuestas para acabar con derechos laborales de los trabajadores; no tiene que ver con la inseguridad ciudadana que hay que combatir, ni con los daños que se esperan de la corriente de “El Niño”.

Es claro que se trata, realmente, de un burdo intento de pescar a rio revuelto. Aprovechar que se tiene “facultades delegadas” para apoyar a los exportadores y a los banqueros que donaron ingentes sumas de dinero a “Fuerza Popular” y que ahora extienden la mano para “recuperar lo suyo”. Por lo demás, lo que desvive al gobierno es la posibilidad de meter a la Fuerza Armada en los Penales para “controlarlos por dentro”. Cuando algo como eso ocurrió, en 1985. 1986 y 1992 se consumaron contra los presos crímenes abyectos que el fujimorismo parece empeñado en repetir.

Por lo general, la gente no entiende “la ira” de Keiko. Ella puede recurrir a Decretos de Urgencia” constitucionalmente contemplados, o enviar proyectos de ley a las Cámaras Legislativas, que para eso fueron elegidas. Lo que no puede, es saltarse con garrocha a los Poderes del Estado, sin consumar un Golpe que la mimetizaría con el Alberto de abril del 92. Porque lo sabe -y teme a sus consecuencias- es que opta por la inacción.

Y esa inacción tiene distintas modalidades. Una de ellas, es optar por salir del país con la mayor frecuencia posible. Ya se fue a Estados Unidos durante cinco días para justificar una doméstica perorata de 12 minutos. Ahora busca visitar a Bukele para ver sieeste puede regalarle un baño de florecimiento. Y luego viajar a España para una cita Iberoamericana. Si viaja a El Salvador, tal vez podría inquirir por una frase dicha por el mandatario de ese país: “si un gobierno no logra derrotar a la delincuencia, es sólo porque la delincuencia está dentro de ese gobierno”. Y se va a España
-como ambiciona- podría tal vez preguntar porque en ese país proponen la expulsión de las bases militares yanquis, mientras aquí, ella busca insertarlas en suelo peruano.

Quizá si el deseo de salir del país tenga una doble razón: Eludir los problemas de aquí, o gobernar más al Perú desde el exterior. Después de todo, ella perdió las elecciones aquí, y las “ganó” tan solo con la ayuda tramposa del voto en el exterior, gracias Donald Trump y a “diplomáticos” en Estados Unidos y Argentina

De ahí su sometimiento servil al dictado de Washington. Y que se ha graficado en la presencia del “Escudo de las Américas” en Bolivia para destituir y detener al fiscal general de ese país por detener e investigar a Cerimedo y sus cómplices. La participación de diplomáticos peruanos en los hechos, merece un categórico repudio

Igual rechazo merece la intolerable injerencia del embajador de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país. Hace muy poco se ha sabido que la represión brutal consumada contra los pobladores de Jicamarca derivó de una gestión del embajador Bernie Navarro quien exigió por escrito ese desalojo para favorecer compras de terreno en la zona hechas por una empresa yanqui.

Fuente: Almayadeen