La “tierra de las masas” aún lucha por recuperarse del régimen absolutorio de Muamar Gadafi. Ahora, dos estados vasallos comparten el control de Libia. Las autoridades del este de Libia anunciaron el lunes 12 de octubre la incautación de aproximadamente 400 kilogramos de resina de cannabis cerca de Tobruk. Se cree que el cargamento, valorado en seis millones de dinares libios (unos 934.000 dólares, según Reuters), fue introducido de contrabando desde Egipto. No se ha revelado el número de sospechosos detenidos.

Ese mismo día, una operación en Kufra permitió a las fuerzas afiliadas al Ejército Nacional Libio de Khalifa Haftar incautar más de 1,3 millones de pastillas de narcóticos tras un intercambio de disparos con narcotraficantes. Según los informes, tres soldados resultaron heridos.

Estas operaciones demuestran la magnitud de las redes criminales que explotan las vulnerabilidades de seguridad del país. Sin embargo, no son suficientes para demostrar que las autoridades son capaces de controlar de forma sostenible las rutas de contrabando.

Libia se ha convertido en una importante ruta de tránsito para las drogas, y las bandas criminales se aprovechan de la inestabilidad y el conflicto que persisten desde 2011, cuando el exlíder Muamar Gadafi fue derrocado en un levantamiento respaldado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El jefe de información y documentación de la agencia antidrogas, Ahmed al-Mismari, declaró a Reuters que la operación del sábado tuvo lugar en una casa ubicada en una zona agrícola al sureste de la ciudad.

Dos potencias, una soberanía incompleta
Libia sigue dividida entre centros de poder rivales, con instituciones y fuerzas armadas que no responden a una cadena de mando nacional unificada. Esta fragmentación dificulta el control fronterizo, la lucha contra el tráfico ilícito y el restablecimiento de un Estado capaz de aplicar las mismas normas en todo el territorio.

Los recursos petroleros no han resuelto esta ecuación. Siguen estando en el centro de las luchas por el poder político, mientras que las rivalidades institucionales retrasan la perspectiva de elecciones nacionales y una reunificación efectiva de las instituciones.

El aumento de las incautaciones puede presentarse como un éxito en materia de seguridad. Sin embargo, también revela la magnitud del problema: en un país con fronteras extensas, las operaciones puntuales no sustituyen a una administración unificada ni a una estrategia nacional para combatir las redes criminales.

El 9 de octubre, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) expresó su preocupación por los nuevos informes de desapariciones forzadas. Esta advertencia sirve como recordatorio de que la crisis libia no se limita al tráfico de personas y a los enfrentamientos armados.

Derechos humanos, otro punto ciego
El 9 de octubre, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) expresó su preocupación por los nuevos informes de desapariciones forzadas. Esta advertencia sirve como recordatorio de que la crisis libia no se limita al tráfico de personas y a los enfrentamientos armados.

La falta de garantías judiciales uniformes y la coexistencia de fuerzas de seguridad rivales debilitan la protección de los ciudadanos. La lucha contra el crimen no puede convertirse en un pretexto para acciones arbitrarias: requiere procedimientos auditables, investigaciones independientes y responsabilidades claramente definidas.

Libia cuenta con abundantes recursos y una sólida infraestructura de seguridad. Lo que le falta es un marco político común capaz de transformarlos en instituciones sólidas. Mientras persista esta contradicción, los espectaculares asaltos seguirán siendo incidentes aislados en un país donde el Estado aún lucha por ejercer plenamente su autoridad.

Fuente: PIA