Nayib Bukele gobierna el país centroamericano desde 2019, tras obtener en 2024 una reelección que lo llevará a ejercer su cargo hasta 2029. Cabe recordar que la Constitución salvadoreña impedía la reelección presidencial inmediata hasta que, tras la asunción de la nueva Asamblea Legislativa en 2021, la mayoría oficialista de Nuevas Ideas reemplazó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General, y reinterpretó los artículos que imposibilitaban a Bukele volver a presentar su candidatura.
Tras las elecciones generales y legislativas de 2024, el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados mantuvieron el control absoluto de la Asamblea Legislativa. Los partidos tradicionales de la posguerra (la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN) sufrieron un duro colapso electoral y político. El FMLN perdió toda representación legislativa, mientras que ARENA y agrupaciones minoritarias como Vamos obtuvieron bancadas testimoniales de uno o dos diputados.
Las reformas legales previas a los comicios redujeron el número de escaños en la Asamblea (de 84 a 60) y redujeron los municipios (de 262 a 44). La modificación del sistema de asignación de escaños (fórmula D’Hondt) concentró la representación en el partido mayoritario y redujo drásticamente la proporcionalidad para las fuerzas minoritarias.
Las próximas elecciones legislativas y municipales están previstas para febrero de 2027.
Indudablemente, el sello de la gestión desde sus inicios -y ante la oposición menguada de ARENA y el FMLN- fue el combate al crimen organizado de las llamadas ‘maras’. El control casi total de la Asamblea le ha dado al Ejecutivo una enorme capacidad para legislar, reformar y decidir en dicha materia sin contrapesos destacables. La política de Seguridad de Bukele se enmarca en el denominado ‘Régimen de Excepción’, sancionado a inicios de 2022, que suspendió las garantías constitucionales y que a la fecha acumula más de 50 renovaciones mensuales consecutivas. También ha endurecido la legislación penal y edificó el paradigmático CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), un megapenal para 40.000 reclusos, que refuerza una red de más de 20 centros de detención.
Algunas cifras alrededor de la política de Seguridad:
Sumando los reclusos preexistentes a marzo de 2022, las más de 83.000 a 85.000 detenciones bajo el Régimen de Excepción y descontando las liberaciones otorgadas, el total de personas privadas de libertad se sitúa entre 110.000 y 115.000. Dicha cifra equivale a más del 1,7% de la población total del país, consolidando a El Salvador con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Sumando los reclusos preexistentes a marzo de 2022, las más de 83.000 a 85.000 detenciones bajo el Régimen de Excepción y descontando las liberaciones otorgadas, el total de personas privadas de libertad se sitúa entre 110.000 y 115.000. Dicha cifra equivale a más del 1,7% de la población total del país, consolidando a El Salvador con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Mientras la Defensa Nacional registró un incremento presupuestario acumulado superior al 145% y la Seguridad Pública creció casi un 65%, el gasto en áreas clave para el desarrollo social sufrió una pérdida de prioridad relativa. El presupuesto en Educación se estancó en torno al 3,5% – 3,6% del PIB, mientras que Salud sufrió ajustes operativos para contener el gasto corriente. Este desbalance se financió mediante la recentralización de los fondos municipales (un recorte del 85% en las transferencias del FODES, canalizando la inversión a través de la Dirección de Obras Municipales) y reducciones presupuestarias en el Órgano Judicial y entes descentralizados.
Según estimaciones del BID, el costo de la violencia previa a esta política representaba entre el 15% y el 19% del PIB (sumando gastos directos de seguridad privada, extorsiones, pérdidas en salud por lesiones/homicidios y productividad no generada). Esta transformación en las condiciones de seguridad ha permitido que la captación de divisas por turismo haya tenido un crecimiento superior al 200% desde 2019), representando actualmente más del 12% del PIB. Asimismo, el riesgo país (indicador EMBI) experimentó una compresión drástica desde sus picos históricos de 3.500 puntos básicos en 2022 hasta estabilizarse en el rango de los 600 a 700 puntos.
A escala micro, la erradicación de las pandillas liberó un equivalente cercano al 2,5%-3% del PIB anual para PyMEs y comercios al eliminar el cobro de la «renta» (extorsión), permitiendo a las empresas de consumo masivo e industria comercial incrementar sus ventas e integrar rutas de distribución en municipios urbanos anteriormente bloqueados.
Sin embargo, reportes del Socorro Jurídico Humanitario documentan una contundente transferencia de costos de mantenimiento de los presidiarios hacia las familias vulnerables, las cuales deben costear la compra de insumos básicos (‘paquetes’) para mantenerlos en los centros penales, carga que recae mayoritariamente sobre las mujeres y consume hasta el 70% de un salario mínimo rural. Ello sin considerar que entre un 12% y un 15% de los detenidos bajo el Régimen de Excepción carece de vínculos demostrables con la delincuencia organizada.
Sin embargo, reportes del Socorro Jurídico Humanitario documentan una contundente transferencia de costos de mantenimiento de los presidiarios hacia las familias vulnerables, las cuales deben costear la compra de insumos básicos (‘paquetes’) para mantenerlos en los centros penales, carga que recae mayoritariamente sobre las mujeres y consume hasta el 70% de un salario mínimo rural. Ello sin considerar que entre un 12% y un 15% de los detenidos bajo el Régimen de Excepción carece de vínculos demostrables con la delincuencia organizada.
En el plano social, datos oficiales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2019–2023/2024) y análisis del Banco Mundial reflejan que el aumento acumulado superior al 25% en la canasta básica alimentaria y el estancamiento del empleo formal (con un sector informal cercano al 70%) empujaron la pobreza extrema del 4,5% en 2019 al 8,6%, evidenciando la paradoja de un modelo que eliminó la extorsión criminal, pero profundizó la precarización material de los hogares más vulnerables.
La percepción ciudadana refleja con claridad este cambio de época: la economía ha desplazado definitivamente a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños. Las encuestas de opinión pública más recientes del Iudop-UCA (junio de 2026) y LPG Datos (junio de 2026) confirman que un 70,7% de la población identifica factores económicos (costo de la vida, desempleo, inflación y pobreza) como el principal problema del país. En contraste, el combate a la delincuencia se mantiene como el mayor logro percibido por la ciudadanía, sustentando un respaldo masivo a la gestión del presidente Bukele que se mantiene firme por encima del 85% de aprobación.
Sin embargo, la retórica gubernamental contra el crimen organizado y la delincuencia tiene un corolario que también ha sido denunciado por numerosos medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos, activistas y políticos de la oposición: el aparato de comunicación del Ejecutivo asocia de forma persistente cualquier postura opositora con la defensa de los grupos criminales, lo cual imposibilita el debate político en la opinión pública y habilita la persecución a quienes cuestionan el accionar del Gobierno.
Lo anterior se ha materializado en dos tipos de situaciones. Por un lado, la suspensión prolongada de garantías constitucionales previstas en el Régimen de Excepción ha creado un marco donde las detenciones sin orden judicial previa y la reserva de procesos legales limitan el margen de actuación de la oposición. La amenaza implícita de detención también ha neutralizado el trabajo territorial de líderes comunitarios y de base. Por otro, Ante la falta de independencia del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional, decenas de dirigentes políticos, exlegisladores y excandidatos han optado por el exilio en Estados Unidos, Costa Rica y Europa para evitar capturas que consideran arbitrarias.
Ante la inoperancia y falta de representación de los partidos políticos, la función de auditoría al poder ha recaído casi exclusivamente en actores no partidarios. Periódicos digitales como El Faro, Revista Factum y GatoEncerrado han asumido el rol de destapar irregularidades financieras, negociaciones opacas y violaciones a los derechos humanos (el primero de éstos tuvo que trasladar su redacción a Costa Rica en 2023 por las amenazas). También hay entidades civiles como Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos que se han convertido en las principales fuentes de documentación sobre detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y abusos de poder. Estas organizaciones reciben de primera mano las denuncias que los ciudadanos ya no canalizan a través de la Asamblea Legislativa. Finalmente, han surgido agrupaciones como el MOVIR (Movimiento de Víctimas del Régimen), conformadas por familiares de personas detenidas sin antecedentes penales. Son de los pocos colectivos que continúan realizando marchas y concentraciones públicas en las calles de San Salvador.
Algunas cifras sobre el régimen de Bukele y las violaciones a los Derechos Humanos, además de las detenciones masivas ya referidas:
Al menos 470 detenidos fallecidos en prisión (Amnesty) y más de 140 investigaciones sobre muertes en prisión archivadas por la Fiscalía General bajo la premisa de «falta de delito» o causas naturales, sin acceso público a los expedientes.
Más de 10.000 casos documentados por las organizaciones de la sociedad civil que reportan detenciones arbitrarias basadas en denuncias anónimas, cuotas policiales de arrestos diarios o criterios estéticos/geográficos (tatuajes, residir en zonas controladas previamente por pandillas); desapariciones forzadas temporales (meses en los que las familias no reciben confirmación oficial sobre si el detenido está vivo, enfermo o en qué centro penitenciario se encuentra) y hacinamiento extremo (los penales han llegado a registrar niveles de sobrepoblación superiores al 300%).
Alrededor de 7.000 a 8.000 personas liberadas. El propio Gobierno ha tenido que liberar bajo condicionalidad a miles de detenidos tras comprobarse la ausencia total de vínculos con pandillas, habitualmente tras pasar meses o años en prisión preventiva sin haber visto a un juez de forma individual.
Fuente: Diario Red