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25/01/23
Declaración de Buenos Aires
Por CELAC

Buenos Aires, 24 de enero de 2023. Las  Jefas  y  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de enero de 2023, convencidos de la importancia que tiene este mecanismo intergubernamental de integración regional, de concertación, unidad y diálogo político para promover y proyectar a América Latina y el Caribe en el debate de los temas de la agenda global:

1. Afirmamos el compromiso de los miembros de la CELAC para avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de nuestros pueblos, con el propósito de que América Latina y el Caribe tenga plena conciencia de su proyección como una comunidad de naciones soberanas, capaz de profundizar los consensos en temas de interés común y contribuir al bienestar y desarrollo de la región, así como a la acuciante superación de la pobreza y las desigualdades e inequidades existentes;

2.  Destacamos la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en la II Cumbre de la CELAC celebrada en La Habana en enero de 2014 que reconoce a la región como una zona de paz y libre de armas nucleares en virtud de lo establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y sus Protocolos (Tratado de Tlatelolco), sustentada en la promoción y el respeto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, que promueve la solución pacífica de controversias, un sistema internacional basado en relaciones respetuosas de amistad y cooperación, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, en un ambiente de paz, estabilidad y justicia, a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza;

3.  Remarcamos nuestro compromiso con la democracia, la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos, la cooperación internacional, el Estado de Derecho, el multilateralismo, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, y la defensa de la soberanía, así como la promoción de la justicia y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales;

4.  Recordamos que, en el espíritu de lo señalado en la Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe de la Riviera Maya de 2010, la democracia es una conquista de la región que no admite interrupciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico de los Estados, ni retrocesos, y reiteramos en ese sentido nuestro más firme compromiso con la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del Estado de Derecho en la región; el acceso a las funciones públicas y su ejercicio; y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos; la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todos los derechos civiles y políticos reconocidos en los instrumentos internacionales aplicables;

5.  Reiteramos nuestro compromiso con el avance en la unidad e integración  regional política, económica, social y cultural, y la decisión de continuar trabajando conjuntamente en pos del Desarrollo Sostenible para hacer frente a la crisis sanitaria, social, económica y ambiental ocasionada por la pandemia de COVID-19, el cambio climático, el creciente riesgo de desastres naturales y la degradación de la biodiversidad del planeta, entre otros factores;

RECUPERACN ECONÓMICA POST-PANDÉMICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA

6.  Coincidimos  en  que  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  han  sido especialmente  afectados  por  la  pandemia  del  COVID-19,  que  ha  agravado  los niveles de pobreza, seguridad alimentaria y nutricional, endeudamiento, desigualdad social, informalidad laboral, degradación ambiental, y desigualdad de género, entre

otras problemáticas, por lo que destacamos la importancia de priorizar la recuperación económica sostenible con un enfoque cooperativo, inclusivo, equitativo y solidario;

7.  Manifestamos nuestra preocupación porque varios países de América Latina y el Caribe emergieron de la pandemia con mayores niveles de deuda pública y subrayamos la necesidad de que las instituciones financieras regionales e internacionales,   como   los   Bancos   Multilaterales   de   Desarrollo,   mejoren   las facilidades crediticias a través de mecanismos justos, transparentes, accesibles y sin exclusiones que contribuyan a que los países que así lo soliciten recuperen con celeridad la solvencia y el acceso a los mercados financieros internacionales, incorporando para ello, un enfoque de derechos humanos;

8. Convenimos  que  el  actual  contexto  internacional  de  múltiples  crisis interrelacionadas afectan particularmente a la región, que sufre el impacto de la interrupción de las cadenas de suministro, la excesiva volatilidad de precios en alimentos, fertilizantes, energía y la inestabilidad financiera, entre otros. Reconocemos  que  los  efectos  de  esta  crisis  han  puesto  de  manifiesto  las fragilidades de los sistemas agroalimentarios y las desigualdades en nuestras sociedades, han agravado los efectos adversos del cambio climático, la alteración de los mercados de insumos y el aumento de la inflación mundial y conllevan la potencialidad de una recesión global;

9.  Resaltamos la importancia de los camélidos, su significativo aporte a la seguridad alimentaria y su contribución para la supervivencia de las poblaciones que habitan en zonas de bajas temperaturas, en condiciones áridas y de sequía, por lo que reafirmamos nuestro compromiso para el éxito de la celebración del Año Internacional de los Camélidos en 2024, de acuerdo a lo previsto por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/72/210 de 20 de diciembre de 2017;

10. Saludamos la “Iniciativa Bridgetown”, propuesta por el Gobierno de Barbados como un plan con el potencial para rediseñar significativamente el sistema financiero global a fin de mejorar la respuesta a las crisis climáticas y a los desafíos particulares de desarrollo, permitiendo así que los países en vías de desarrollo en particular, tengan

el  espacio  fiscal  para  trabajar  en  miras  a  alcanzar  los  Objetivos  de  Desarrollo

Sostenible (ODS);

11. Reconocemos la necesidad de que los modelos económicos de los países de la región prioricen el desarrollo productivo con inclusión social y orienten sus recursos disponibles para alcanzar este fin. Señalamos que este objetivo sólo puede materializarse a través de una fuerte cohesión social dentro de los países, lo cual requiere de instancias y mecanismos de diálogo de alto nivel político;

12. Acordamos coordinar, con el apoyo técnico de la CEPAL, la realización de una reunión de Ministros de Economía y Finanzas en el primer semestre de 2023 en una fecha a determinar con el fin de diseñar una agenda común de América Latina y el Caribe que pueda responder a la actual crisis económica mundial;

13. Reconocemos el papel central a nivel mundial de nuestra región en la seguridad alimentaria y nutricional como principal región exportadora neta de alimentos y en la sostenibilidad medioambiental, dados los recursos de bosques, agua, suelos y biodiversidad, y nos comprometemos a trabajar, en conjunto con la comunidad internacional, para fortalecer este rol global;

14. Reiteramos  nuestro  compromiso  para  impulsar  acciones  efectivas  tendientes  a garantizar la seguridad alimentaria, apoyando el desarrollo agrícola y rural, promoviendo el aumento de la producción sostenible de alimentos y la disponibilidad alimentaria, así como un sistema de comercio internacional de productos agrícolas más  justo,  transparente,  equitativo  y  previsible.  De  igual  forma,  nos comprometemos a impulsar acciones de transición energética para garantizar a nuestros conciudadanos un sector energético sostenible, accesible, asequible, confiable y seguro, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

15. Nos  congratulamos  por  los  resultados  de  la  Reunión  de  Ministros  y  Altas autoridades de Agricultura y destacamos la importancia de actualizar, de acuerdo al nuevo contexto internacional y a los desafíos que enfrenta nuestra región, el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 (SAN- CELAC) con la asistencia técnica de FAO, IICA, CEPAL, ALADI y otros organismos de cooperación;

como una instancia de concertación y convergencia basada en el diálogo social amplio tripartito institucionalizado de carácter permanente y de naturaleza abierta;

ESTRATEGIA SANITARIA

17. Subrayamos  la  importancia de perfeccionar  la coordinación de las capacidades nacionales y potenciarlas para enfrentar mejor los desafíos actuales y futuros en materia sanitaria, promoviendo un enfoque solidario y de cooperación. Asimismo, nos comprometemos a continuar la implementación de acciones gubernamentales que  sitúen  a  la  persona  en  el  centro  de  las  políticas  de  salud  y  resiliencia, asegurando que la prestación de servicios tenga en cuenta las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñez, juventudes, personas mayores y personas con discapacidad, incorporando el reconocimiento del rol que cumplen las personas cuidadoras;

18. Celebramos  los  resultados  de  la  Reunión  Ministerial  de  Salud  de  la  CELAC impulsada por la Presidencia Pro Tempore Argentina (PPTA) y destacamos la importancia de dar continuidad al Plan de Autosuficiencia Sanitaria de la CELAC, con el objetivo de fortalecer las capacidades de producción y distribución local y regional de vacunas, medicamentos e insumos críticos, a través de la transferencia de tecnología, el apoyo a la innovación, investigación y desarrollo tecnológico;

19. Refrendamos que el Plan de Autosuficiencia Sanitaria de la CELAC permitirá el robustecimiento de los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales; el uso de los mecanismos de compras públicas de medicamentos para el desarrollo de mercados regionales; la creación de consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas; así como el fortalecimiento de mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio, incluidos los sistemas de atención primaria de salud para el acceso universal y su distribución equitativa de vacunas;

20. Valoramos los aportes de la I y II Reunión de la CELAC para la presentación de la

«Estrategia de abordaje de compra de medicamentos de alto costo»; la IV Reunión de

Reemergentes; el “Informe de capacidades de investigación, desarrollo y producción de vacunas en países de CELAC” y el “Documento de trabajo para el Fortalecimiento de los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales”;

21. Manifestamos el apoyo de la CELAC a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y expresamos nuestra  voluntad de continuar participando activamente en el proceso de redacción de enmiendas específicas al Reglamento Sanitario Internacional (2005), manteniendo el enfoque hacia las necesidades de los países de bajos y medios ingresos, y de negociación de un instrumento internacional sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias que garantice el acceso universal y equitativo a insumos esenciales como vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas;

ABORDAJE DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS

22. Reafirmamos la necesidad de adoptar políticas eficaces con un enfoque preventivo, integrado, multidisciplinario y equilibrado respecto del Problema Mundial de las Drogas, de acuerdo a las legislaciones nacionales, y bajo el principio de la responsabilidad  común  y  compartida,  respetuoso  de  los  derechos  humanos,  y basado en la evidencia científica, tomando en consideración los efectos en la salud pública y el medio ambiente, la cooperación internacional y la justicia social;

23. Consideramos que en virtud del Principio de Responsabilidad Común y Compartida, resultaría discordante y desproporcional ubicar la responsabilidad en los países latinoamericanos y caribeños. Por ello, los Estados y otros actores que juegan un papel intensivo en las dinámicas asociadas al consumo de sustancias deben emprender mecanismos orientados a la prevención que aseguren un esfuerzo mancomunado y horizontal en el marco de las iniciativas globales multilaterales de abordaje del Problema Mundial de las Drogas;

24. Reiteramos  que  el  abordaje  del  problema  mundial  de  las  drogas  requiere  de cooperación internacional efectiva, en apego a las legislaciones nacionales, a los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes de los cuales los miembros

respetando  plenamente  los  propósitos  y principios  de  la  Carta  de  las  Naciones Unidas, especialmente el respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados;

COOPERACN EN MATERIA AMBIENTAL

25. Renovamos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada y concertada con el objetivo que la acción climática internacional se reafirme como una prioridad global, en el contexto actual de múltiples crisis, y reiteramos nuestra disposición a apoyar de manera  conjunta  el  proceso  multilateral  con  base  en  la  urgente  necesidad  de actuación de cada país y siempre según el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades a la luz de las diferentes circunstancias nacionales;

26. Saludamos  la  adopción  del  Marco  Mundial  Kunming-Montreal  de  la  Diversidad Biológica, que prevé movilizar al menos US$ 200.000 millones de dólares estadounidenses anuales de fuentes públicas y privadas para la financiación de la ejecución de planes y estrategias relativas a la biodiversidad; y aumentar el total de flujos financieros internacionales procedentes de los países desarrollados hacia los países en desarrollo a 20.000 millones anuales para 2025 y a 30.000 millones anuales para 2030;

27. Recordamos la urgencia de que los países desarrollados cumplan su compromiso de movilizar conjuntamente los 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 hasta el 2025 para el financiamiento climático, con la finalidad de apoyar a los países en desarrollo, en especial los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, los países sin litoral marítimo y los países del Istmo Centroamericano, y el compromiso de la COP26 de duplicar como mínimo la financiación para la adaptación, considerando también la importancia de la mitigación, al igual que garantizar los recursos para el fondo de pérdidas y daños acordado en la COP27 y reforzar la coordinación regional en  el  marco  de  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París;

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-30), en 2025, en la ciudad de Belém do Pará;

29. Seguimos con preocupación el incremento de medidas restrictivas al comercio que se adoptan con la justificación de conservar el ambiente en un contexto de creciente incertidumbre   económica   y   múltiples   crisis,   que   complican   las   perspectivas económicas mundiales y afectan especialmente las capacidades de los países en desarrollo para cumplir sus ODS. Coincidimos en que restricciones comerciales unilaterales  e  incompatibles  con  los  principios  de  la  Organización  Mundial  del Comercio (OMC) son inapropiadas para abordar preocupaciones ambientales y la promoción del desarrollo sostenible;

30. Señalamos nuestro deber de defender el derecho a la vida en nuestra Madre Tierra, así como la provisión de la financiación necesaria, para obtener urgentes y concretos resultados basados en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, asegurando la justicia climática y la indispensable política de reparaciones para resarcir las pérdidas y daños y para fomentar una cooperación directa e incondicional y respetuosa;

31. Remarcamos que, de conformidad con las Convenciones de Río, la provisión de financiamiento de los países desarrollados a los países en desarrollo y la creación de capacidades, cooperación científica y técnica y transferencia de tecnología, son factores esenciales para lograr los objetivos establecidos en los acuerdos en materia ambiental y sus protocolos;

32. Celebramos la aprobación de la Declaración Ministerial de Ambiente de la CELAC como resultado de la Reunión de Ministras y Ministros de Ambiente de la CELAC 2022 y  acordamos  continuar  el  diálogo  en  materia  de  ambiente  en  el  ámbito  del mecanismo, a fin de seguir potenciando las posiciones comunes y elevando la voz de la  región,  fortalecer  el  trabajo  e  intercambio  de  conocimientos  y  capacidades,  y acelerar la implementación de los compromisos adoptados en virtud de las Convenciones de Río;

33. Coincidimos  en  que  la  contaminación  por  plásticos  es  una  de  las  principales problemáticas ambientales globales. Tomamos nota del mandato de la Asamblea de

Comité Intergubernamental de Negociación para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos incluso en el medio marino, cuyo primer período de sesiones tuvo lugar en Punta del Este, Uruguay, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022;

34. Destacamos  que  América  Latina  y  el  Caribe  esté  representada  por  Antigua  y Barbuda, Ecuador y el Perú en la mesa del  Comité Internacional de Negociación que elaborará un instrumento internacional jurídicamente vinculante para abordar la problemática de la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino, particularmente en el hecho de que la presidencia del mismo haya recaído en nuestra región;

35. Reconocemos la importancia de incrementar la producción de energías renovables y acelerar la transición energética de manera sustentable, justa, equitativa e inclusiva, contribuyendo a la seguridad energética de los países de la región; teniendo en cuenta las  diferentes  realidades,  capacidades  y  niveles  de  desarrollo  de  cada  uno  y respetando sus políticas y prioridades nacionales;

36. Reafirmamos  el  compromiso  de  los países  de  Latinoamérica  y el  Caribe  con  la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, y resaltamos los esfuerzos regionales para avanzar en el ODS 6 rumbo a la Conferencia sobre el Examen amplio de mitad del Período del logro de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028” a realizarse en Nueva York del

22 al 24 de marzo de 2023;

GESTN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES

37. Destacamos la importancia de la cooperación regional en la gestión y reducción del riesgo de desastres como salvaguarda para el desarrollo sostenible, poniendo especial énfasis en los Pequeños Estados Insulares del Caribe, los países sin litoral marítimo y los países del Istmo Centroamericano, quienes sufren en mayor proporción los impactos de la crisis climática y sanitaria, coordinando las convergencias existentes en

diferentes organismos regionales y subregionales de América Latina y el Caribe en procura de aprovechar las potencialidades de cada uno.  Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para contar con lineamientos estandarizados que impulsen la gestión del riesgo de desastres a escala regional;

38. Reafirmamos nuestro compromiso con los avances en el diálogo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la importancia del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales (FACRID) de la CELAC, creado por los países signatarios del Acuerdo de Contribución Voluntaria, conscientes del grave impacto del cambio climático y de los efectos que éste tiene sobre los países de América Latina y el Caribe, con la finalidad de implementar proyectos para la prevención, preparación respuesta, mitigación y recuperación ante desastres en la región que permita el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de conocimientos para la reducción del riesgo de desastre;

39. Coincidimos en que la realización de la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe que se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2023 y que tendrá como eje la ciencia y la tecnología, será una gran oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación, mejorar los mecanismos de ayuda humanitaria, intercambiar sobre problemáticas  comunes,  capitalizar  experiencias  y  compartir  buenas  prácticas, siendo una valiosa instancia de encuentro entre diferentes actores de la región que trabajan en la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres y la adaptación al cambio climático y la variabilidad;

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

40. Celebramos  la  adopción  de  la  “Declaración  de  Buenos  Aires  sobre  Ciencia, Tecnología e Innovación” y reconocemos que los aportes provenientes del sector científico-tecnológico resultan una herramienta fundamental para consolidar la soberanía y alcanzar el desarrollo sostenible;

41. Coincidimos  en  la  necesidad  de  profundizar  el  trabajo  conjunto  para  definir prioridades, coordinar acciones, articular la investigación científica y la transferencia

tecnológica, con el fin de diversificar la matriz productiva y exportadora, favoreciendo la competitividad regional y global, y generando trabajo calificado especialmente en áreas prioritarias como el sector salud, en la atención y acceso a insumos seguros, eficaces y de calidad. En este sentido, resaltamos la importancia del desarrollo de sinergias entre los programas nacionales y subregionales destinados a la formación de  científicos  de  alto  nivel,  incluidos  la  movilidad  de  los  investigadores  y  el intercambio de información sobre mejores prácticas y experiencias;

42. Consideramos  imperativo  el  fortalecimiento  de  las  instituciones  regionales  y subregionales que promueven la articulación en ciencia, tecnología e innovación entre los países de la CELAC, como modo de mejorar los niveles de desarrollo y el impacto de la inversión en materia científica y tecnológica como herramienta de transformación de las ocupaciones, la equidad, calidad y las perspectivas de empleo, las habilidades y las relaciones laborales;

43. Señalamos  que  es  necesario  promover  espacios  de  diálogo  entre  los  sectores público, académico, empresarial, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, a nivel regional, a fin de desarrollar estrategias conjuntas y agendas articuladas que promuevan la innovación y la transferencia tecnológica. En este sentido, aprobamos la   conformación   de   cinco   grupos   de   trabajo   integrados   por   representantes designados por los Estados miembros, en las siguientes áreas: Ciencia Ancestral, Investigación Aeroespacial, Red de Evaluadores Regional, Transición energética y Biotecnología (con énfasis en Agricultura y Salud), cuyas competencias, modalidades de trabajo y resultados esperados deberán surgir del acuerdo de los Coordinadores Nacionales;

44. Reconocemos  el  uso  de  la  tecnología,  creatividad  e  innovación  como  una oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de nuestros pueblos, así como la herramienta tecnológica que permite el acceso a espacios culturales a través de la virtualidad;

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

45. Destacamos la relevancia de garantizar el acceso universal sin discriminación a la conectividad  en  la  era  digital,  especialmente  a  los  grupos  en  situación  de

vulnerabilidad y en áreas remotas y rurales, asegurando las inversiones en infraestructura necesaria y promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias digitales con la finalidad de reducir las brechas digitales, incluyendo la brecha digital de género, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

46. Reconocemos el rol de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas esenciales para fomentar el bienestar humano, el desarrollo, el conocimiento, el crecimiento económico y la inclusión social. Asimismo, subrayamos la necesidad de asegurar y tomar medidas para que no se vulneren los Derechos Humanos de las personas mediante el uso de estas tecnologías, como el derecho a la privacidad y la protección de sus datos personales, garantizando una experiencia segura y protegida para la ciudadanía tanto en sus interacciones en línea, como con aquella  infraestructura  que  opera  mediante  el  uso  de  las  tecnologías  de  la información y la comunicación;

47. Reafirmamos la vigencia de las posiciones asumidas por la CELAC sobre el uso pacífico de las TIC y hacemos un llamado a la comunidad internacional a evitar actos unilaterales que no sean compatibles con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional;

48. Reiteramos la importancia de continuar trabajando en la transformación digital de los Estados de la región, a fin de garantizar servicios públicos ágiles, eficientes, modernos, accesibles e inclusivos. En especial, enfatizamos la necesidad de potenciar la adopción de un enfoque de gobierno abierto en el diseño e implementación de políticas públicas y sistemas de protección social, para asegurar que la provisión de servicios públicos esté centrada en la ciudadanía y sus necesidades,  así  como  para  fomentar  una  adecuada  rendición  de  cuentas. Asimismo,  resaltamos  la  importancia  de  la  transparencia  y  el  acceso  a  la información pública en el contexto de la transformación digital de los Estados, conforme sus propios planes y programas de lucha contra la pobreza y desarrollo humano;

50. Reconocemos que el uso malicioso de las nuevas tecnologías ha potenciado el crimen organizado transnacional y los delitos que atentan contra el bienestar y el desarrollo integral de los niños, las niñas y adolescentes, como el abuso sexual infantil, la violencia de género y la trata de personas. Asimismo, la desinformación y el visible aumento de los ataques cibernéticos, incluyendo aquellos a través de inteligencia artificial y el uso de algoritmos, generan riesgos para la estabilidad de la infraestructura  esencial  de  los  Estados  y  las  empresas  y  al  bienestar  de  las personas. Destacamos la necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación entre los Estados en la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos;

51. Coincidimos en que la desinformación en las redes sociales puede crear realidades paralelas e inducir a la radicalización política, creando una amenaza a los valores democráticos y al Estado de derecho. Por ello, destacamos la necesidad de ampliar la cooperación y coordinación entre los Estados para avanzar en el combate a la desinformación y a los contenidos ilícitos en la Internet;

52. Reflexionamos   sobre   el   uso   de   tecnologías   en   el   ámbito   militar,   cuya implementación incluya ciertas formas automatizadas de toma de decisiones y cómo estas aplicaciones deben ser reguladas, ya que pueden causar, contribuir o facilitar la comisión de violaciones y abusos del derecho internacional humanitario. En ese espíritu, celebramos la realización de la Conferencia Regional sobre el impacto social y humanitario de las armas autónomas, a celebrarse del 23 al 24 de febrero de

2023, en San José, Costa Rica;

INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN

53. Destacamos, de manera particular, los Corredores Bioceánicos, como proyectos concretos muy relevantes para la región y con alto valor estratégico que buscan el desarrollo socioeconómico de los países, incrementar la integración física, el comercio,  las  inversiones,  el  turismo,  y  con  ello  brindar  mayores  oportunidades

resaltamos las iniciativas que facilitarán las conexiones terrestres entre los océanos Pacífico y Atlántico tales como el Proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración que une Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú y el Corredor Bioceánico Vial Puerto Murtinho (Brasil) – Carmelo Peralta (Paraguay) – Misión la Paz (Argentina) – Puertos del Norte (Chile), cuya importancia viabilizará la logística del comercio exterior, generando un crecimiento económico en la región, reduciendo costes y tiempos de transporte, cirscuntancia que requiere sumar apoyos de representantes de comunidades locales y de parlamentarios de los Estados, provincias y regiones directamente vinculadas al desarrollo de obras de infraestructura y de integración;

54. Reafirmamos  la  importancia  de  la  Hidrovía  Paraguay-Paraná  como  un  sistema hídrico navegable que facilita la integración regional y se constituye como un medio concreto para facilitar la navegación y el transporte comercial en igualdad de condiciones, así como favorecer el desarrollo, la modernización y la eficiencia, que permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar;

55. Reiteramos la importancia de los mecanismos de integración subregionales en materia de navegación fluvial, fundados en la libertad de navegación y de tránsito de las embarcaciones, bienes y personas por los ríos internacionales, de conformidad con la legislación interna y el derecho internacional. Destacamos la relevancia de garantizar el acceso en condiciones de competitividad a los mercados regionales y de ultramar a los países sin litoral marítimo, a fin de consolidar el transporte fluvial como factor de desarrollo del comercio internacional;

56. Reconocemos  la  importancia  de  impulsar  la  conectividad  regional  a  través  del desarrollo de proyectos de infraestructura de integración energética que tengan un impacto   sobre   el   desempeño   económico   de   América   Latina   y   el   Caribe, aprovechando la complementariedad y disponibilidad de los recursos energéticos de la región. En este marco, acordamos evaluar proyectos de interconexión eléctrica regional de acuerdo al derecho soberano de los países a establecer los criterios que aseguren el desarrollo sustentable en la utilización de sus recursos naturales y a las capacidades nacionales;

SITUACN DE LAS MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS

57. Reconocemos que la pandemia de COVID-19 agudizó las brechas pre-existentes, evidenciando un impacto diferenciado por motivos de género, el papel decisivo del trabajo del hogar y de cuidados remunerado y no remunerado para la sostenibilidad de la vida, la sociedad y la economía, y dejando al descubierto el aumento de los niveles de violencia doméstica y la inequitativa distribución del trabajo de cuidados como una de las causas principales de las desigualdades de género que dificulta el ejercicio de los derechos y de la autonomía económica de las mujeres, adolescentes y niñas;

58. Reconocemos  con  preocupación  la  persistencia  de  brechas  entre  hombres  y mujeres en el mercado laboral, los salarios, el empleo de calidad y el acceso a la protección y a la seguridad social, así como de una organización social que asigna a las mujeres, adolescentes y niñas el trabajo del hogar y de cuidados remunerado y no remunerado, junto con la insuficiencia de las políticas y los servicios de cuidado que aseguren la corresponsabilidad de género;

59. Afirmamos  que  la  igualdad  en  materia  de  cuidados  surge  de  obligaciones internacionales consagradas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras, e instamos por seguir promoviendo el reconocimiento del derecho al cuidado, y el desarrollo de políticas públicas para asegurar el acceso al cuidado y fomentar la corresponsabilidad en base a los principios de igualdad y no discriminación;

JUVENTUDES

60. Resaltamos la importancia de incorporar la voz y la participación de las juventudes de la región en las estrategias de promoción del bienestar social y la igualdad de oportunidades. Asimismo, reafirmamos el compromiso de darle continuidad al “Consejo de Juventudes de América Latina y el Caribe” como instancia privilegiada para propiciar la participación en agendas de los gobiernos de la región y se tengan en cuenta las problemáticas planteadas por las juventudes en el diseño y adopción de políticas públicas;

61. Reconocemos que las juventudes forman parte de un segmento de la población con altos índices de precarización e inestabilidad laboral, elevado endeudamiento y falta de educación financiera, especialmente entre las mujeres, jóvenes y adolescentes que dedican mayor parte de su tiempo a realizar tareas de cuidado desde temprana edad. Asimismo, señalamos la importancia de garantizar el acceso a la justicia en casos de las distintas formas de violencia de género y la necesidad de mayor inversión en el sistema educativo, desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de salud en pos del desarrollo personal, laboral y social de las juventudes de la región;

AFRODESCENDIENTES

62. Ratificamos  el  compromiso  de  promover,  respetar,  garantizar  y  proteger  los derechos de las personas afrodescendientes y reiteramos el apoyo a la labor del Grupo de Trabajo de Afrodescendientes de la CELAC en favor de la reparación social, cultural, económica y política para los descendientes de las víctimas de la trata trasatlántica de esclavos. Reafirmamos, a su vez, el objetivo de profundizar los procesos de erradicación de toda forma de discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en búsqueda de sociedades con mayores niveles de equidad y justicia racial;

63. Vemos con beneplácito la celebración del Primer Período de Sesiones del Foro Permanente de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Ginebra, del 5 al 8 de diciembre de 2022;

LENGUAS INDÍGENAS

64. Destacamos el “Lanzamiento Regional del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032”, que ha sido configurado para visibilizar, conservar, revitalizar y promover el uso activo, libre y espontáneo de las lenguas indígenas a nivel local, nacional y regional; y reafirmamos nuestra disposición para continuar desarrollando políticas públicas y acciones internacionales que integren los aspectos de diversidad

lingüística  y  el  multilingüismo  en  los  esfuerzos  del  desarrollo  sostenible,  y  así coadyuven al éxito del Decenio;

65. Acogemos con beneplácito la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas para fomentar el uso, la conservación y el desarrollo de las lenguas indígenas habladas en América Latina y el Caribe, trabajando desde los Estados a fin de garantizar los derechos culturales y lingüísticos. Asímismo, invitamos a los Estados de América Latina y el Caribe a ser parte de la creación y fortalecimiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, y que se puedan sumar esfuerzos de cooperación para apoyar esta iniciativa;

66. Refrendamos  nuestro  compromiso  con  lo  estipulado  en  la  declaración  especial sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, emitida en el marco de la VI Cumbre de la CELAC, celebrada el 18 de septiembre de 2021, en la Ciudad de México, en la que se reconocen sus derechos individuales y colectivos, incluyendo su derecho de revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras las lenguas y tradiciones orales, filosóficas, sus sistemas de escritura y su literatura, por lo que reconocemos la importancia de establecer alianzas para coordinar acciones conjuntas al respecto;

MIGRACIONES

67. Coincidimos en que la migración es un proceso social que contribuye positivamente al desarrollo social, cultural y económico, tanto de los países de acogida como de los países de origen y tránsito de migrantes, y que debe abordarse desde un punto de vista integral, con el fin de potenciar sus beneficios y reducir los riesgos y desafíos a la capacidad de respuesta que conllevan los flujos migratorios por canales irregulares y  promover  políticas  migratorias  nacionales  y  regionales  para  su  adecuada integración socioeconómica. En este sentido, manifestamos nuestra voluntad para continuar avanzado en la inserción e integración de las personas migrantes, la prevención ante redes trasnacionales de tráfico ilícito de migrantes y la asistencia a las comunidades de acogida, incluyendo en la gestión a nuevos actores de cambio, como los gobiernos locales;

mientras reiteramos nuestra voluntad para seguir enfrentando las causas multidimensionales de la migración por canales irregulares. Asimismo, destacamos la  necesidad  de  contar  con  principios  permanentes  para  la  gestión  de  las migraciones internacionales, tales como el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, así como la integración de dichos migrantes a través de procedimientos adecuados y expeditos para acceder a la regularidad migratoria y el retorno voluntario seguro y digno a los países de origen o de domicilio habitual, como base de las políticas migratorias nacionales y regionales;

69. En ese marco, rechazamos toda forma de racismo, discriminación racial, xenofobia, discursos de odio y otras formas conexas de discriminación e intolerancia contra las personas migrantes. Resaltamos la importancia de mantener un diálogo fluido y permanente sobre la gobernanza migratoria en los foros especializados establecidos, para promover los principios de solidaridad, cooperación internacional y responsabilidad compartida en la gestión de las migraciones, en respeto a las normativas y políticas migratorias de cada país;

70. Reconocemos la relevancia de la reactivación de las Reuniones sobre Migraciones de la CELAC y del Diálogo Estructurado e Integral CELAC-UE sobre Migraciones permitiendo la renovación de compromisos establecidos con anterioridad;

DISCAPACIDAD

71. Celebramos la incorporación en la agenda de la CELAC de la temática de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a través de la realización de un Seminario y la adopción de la primera Declaración sobre la materia. Destacamos que es deber de los Estados adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un efectivo acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad y la remoción de barreras físicas y actitudinales que impidan su efectivo ejercicio;

EDUCACN

72. Reafirmamos  que  la  educación,  en  todos  sus  niveles,  es  un  derecho  humano fundamental y la base para la concreción efectiva de otros derechos. Sostenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es una condición esencial para la paz, el desarrollo sostenible y el crecimiento socioeconómico. En tal sentido, reconocemos que la educación, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, es un bien público y social cuyo principal garante es el Estado;

73. Coincidimos en que la educación es una herramienta clave del proyecto regional de integración para impulsar el bienestar de las personas, las comunidades y las Naciones, a través de la construcción de ciudadanías democráticas, la justicia social, la democratización del conocimiento, el acceso a las nuevas tecnologías y a los recursos económicos para su financiación, con prioridad en los grupos socioeconómicos más vulnerables y de menores recursos;

74. Reconocemos que para mejorar la situación de la educación en la región se deben impulsar decisiones y transformaciones urgentes que propicien un rol central a la comunidad educativa, considerando la pertinencia cultural y los aportes históricos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Subrayamos la importancia de que la educación cuente con financiamiento adecuado y ocupe un lugar preponderante en la agenda pública de nuestros Estados. Asimismo, coincidimos en la relevancia de preparar a los estudiantes para la vida y para la inserción laboral, asegurando un desarrollo presencial pleno que, junto al valioso aporte de la educación virtual, contribuya al fortalecimiento de los contenidos y los aprendizajes desde ámbitos que incorporen la cuestión de los derechos humanos y género;

75. Nos congratulamos por la adopción de la “Declaración de la III Reunión Ministerial de Educación de la CELAC”, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas educativos, en todos sus niveles, para avanzar hacia una educación inclusiva, igualitaria, equitativa y de calidad. Por ello, acordamos que los desafíos de una agenda de política educativa adecuada requieren de la presencia y protagonismo de los Estados y de la articulación entre el gobierno nacional con los gobiernos locales, además de la participación de la sociedad civil y de las comunidades educativas, según corresponda;

CULTURA

76. Destacamos el rol de la cultura y el arte en el avance de la unidad y la integración regional de sociedades democráticas, pacíficas e incluyentes, reconociéndolas como formas constituyentes de la diversidad cultural y como un instrumento idóneo para la expresión del patrimonio cultural diverso y plural de América Latina y el Caribe, reafirmando  la  identidad  regional,  a  través  del  conocimiento  de  nuestra  propia historia de lucha y autodeterminación. Tomamos nota de los esfuerzos que realizan los países en el fortalecimiento de sus normativas, capacitaciones y estandarización de inventarios de bienes culturales para prevenir y combatir su tráfico ilícito;

77. Valoramos los términos y acciones contenidos en la “Declaración de Buenos Aires de  la  V  Reunión  de  Ministras  y  Ministros  de  Cultura  de  la  CELAC”  y  en  la “Declaración Especial para el Fortalecimiento de la Economía Cultural y Creativa”, que reconocen el papel del sector cultural en el avance del desarrollo social y económico de las sociedades de la región. Además, señalamos que la dinámica cultural es un factor determinante de enriquecimiento mutuo, en el fortalecimiento de los  valores  de  la  democracia  y de  la  convivencia  en  las  sociedades,  así como también  es  un  eje  fundamental  de  los  procesos  de  reconstrucción,  igualdad  e inclusión social, indispensables para alcanzar el desarrollo regional sostenible;

78. Celebramos la realización de la “Semana del Cine de la CELAC – Ciclo de Jóvenes Realizadores Latinoamericanos y Caribeños”, la conmemoración del “Bicentenario del Abrazo de Guayaquil”, y los encuentros de los cuerpos técnicos y agentes culturales de los países de la región en el marco de la “X Edición del Mercado de Industrias Culturales de Argentina (MICA)”;

79. Destacamos la innovación del sector cultural durante la pandemia del COVID-19, por lo que, instamos a continuar utilizando las herramientas tecnológicas para la realización de eventos culturales virtuales y recorridos a museos, bibliotecas, sitios arqueológicos, ferias, festivales y todo evento que fomente y fortalezca la cultura de nuestros pueblos;

80. Reconocemos  la  relevancia  de  la  Conferencia  Mundial  de  la  UNESCO  sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, cuya Declaración Final reconoce a la cultura como un bien público global y ofrece una guía para la labor de la UNESCO y de sus Estados miembros en materia de políticas culturales y desarrollo sostenible. Asimismo, define un conjunto de derechos culturales a integrarse en las políticas públicas, desde los derechos sociales y económicos de los artistas hasta el derecho de los pueblos indígenas a salvaguardar y transmitir conocimientos ancestrales, y la protección y promoción del patrimonio cultural y natural;

COOPERACN ENTRE ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS

81. Manifestamos la importancia del programa de cooperación en enseñanza del idioma español dirigido a funcionarios diplomáticos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), implementado durante el año 2022 por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) de la República Argentina, y recomendamos su continuidad en el tiempo como herramienta concreta y permanente de integración. Asimismo, nos congratulamos por el éxito de la segunda edición del “Programa de actualización y capacitación para jóvenes diplomáticos sobre la asociación estratégica CELAC-UE”, organizado en Buenos Aires, conjuntamente por la Fundación EU-LAC y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN);

82. Valoramos la realización del curso de español para principiantes, llevado adelante en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y dirigido a funcionarios y agentes públicos de habla inglesa de los países del Caribe, como una herramienta estratégica para acercar a los países de la CELAC a través del lenguaje;

83. Instamos  a  profundizar  la  cooperación  y  el  intercambio  entre  las  academias diplomáticas de los Estados miembros, a fin de compartir herramientas, mejores prácticas e informaciones relevantes, en particular para la promoción de los conocimientos sobre la integración regional y el papel de la CELAC en la coyuntura internacional actual;

COOPERACN EN MATERIA ESPACIAL Y NUCLEAR

84. Destacamos la importancia de avanzar en la cooperación espacial a fin de abordar los desafíos y oportunidades que el uso de la tecnología espacial y sus aplicaciones representan para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. En este sentido, valoramos los diálogos celebrados entre los países de la región sobre los intereses y oportunidades de la cooperación en materia espacial y, aspiramos a que los mismos se vean plasmados en la futura Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE);

85. Valoramos  la  adopción  del  “Plan  de  Acción  Conjunto  de  Cooperación  en  usos pacíficos de la ciencia y tecnología nucleares para el desarrollo sostenible (2022-

2023)” entre los Estados Miembros de la CELAC y el Organismo Internacional de

Energía Atómica (OIEA) y nos comprometemos a trabajar en las capacidades existentes a nivel regional, incluso por medio del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), con miras a dar respuestas concretas a los desafíos que plantean su aplicación  en  los  ámbitos  de  salud,  agricultura,  seguridad  alimentaria,  medio ambiente y energía, entre otros;

INTEGRIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

86. Destacamos la relevancia de generar y consolidar una cultura de integridad pública con foco en las personas, y que permita prevenir, perseguir y sancionar las faltas a la integridad y los hechos de corrupción. Asimismo, expresamos que este objetivo requiere abordarse de forma multidimensional, incluyendo medidas que consideren entre otras, la transparencia pública, el buen uso de los recursos públicos, el reforzamiento de la función pública, y la participación responsable del sector privado, de conformidad con la legislación de cada Estado;

87. Resaltamos el constante compromiso asumido por el mecanismo en fortalecer el enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción, a fin de reflejar los problemas particulares que se presentan en los países de la región y las consecuencias que

afectan su desarrollo, así como establecer acciones conjuntas que permitan una cooperación más eficiente, en el marco del Grupo de Trabajo Especializado en Prevención y Lucha contra la Corrupción. Refrendamos nuestro compromiso con la Declaración Conjunta emanada de la V Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, celebrada en la Ciudad de México el 27 de octubre de 2021;

88. Destacamos   la   implementación   de   mecanismos   eficaces   como   alertas   de corrupción, la promoción de la cultura de denuncia y protección de denunciantes, el desarrollo de capacitaciones en materia de anticorrupción y la construcción de estrategias para una mejor detección y prevención de casos, y el aumento de confianza en la población con un enfoque regional;

89. Reafirmamos que, a través de la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana y el uso de las tecnologías se han presentado iniciativas clave en la prevención y control de la corrupción. Por ello, enfatizamos la importancia de la colaboración, según proceda, entre las partes interesadas relevantes, incluidos los funcionarios públicos, sector privado, sociedad civil y ciudadanía;

90. Reiteramos la obligación de los Estados de avanzar en la implementación de la Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción  y  su  mecanismo  de examen, al conmemorarse en 2023 el vigésimo aniversario de su entrada en vigor. Saludamos la Declaración Política del Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2021 contra la corrupción y sus compromisos para afrontar eficazmente los desafíos y aplicar las medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional (UNGASS2021);

91. Resaltamos la necesidad de fortalecer la cooperación, el intercambio de las mejores prácticas y análisis oportuno de información para hacer frente a la Delincuencia Organizada Trasnacional y a las formas emergentes de los delitos cometidos por las redes criminales, incluso a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a fin de propiciar la prevención y el enfrentamiento a la corrupción y lavado de dinero, entre otros flagelos;

INTERVENCN  EN   FOROS   MULTILATERALES  Y    COORDINACIÓN  CON ORGANISMOS REGIONALES

92. Reconocemos  la  relevancia  de  intervenir  de  manera  concertada  y  presentar iniciativas consensuadas en los distintos foros multilaterales, fortaleciendo la posición de la región y contribuyendo a que sus intereses sean debidamente considerados en el ámbito internacional;

93. Promovemos la realización de un mayor número de intervenciones conjuntas en todos los foros multilaterales en temas de interés común, convencidos de que ello contribuirá directamente a fortalecer el papel y liderazgo de la región en los organismos internacionales;

94. Manifestamos  nuestro  compromiso  con  la  consolidación  de  la  presencia  de  la CELAC en la esfera global, promoviendo la ampliación y el fortalecimiento de los vínculos del bloque con organismos internacionales, regionales y subregionales. En este sentido, valoramos el desarrollo de alianzas estratégicas y el trabajo conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA); la Asociación de Estados del Caribe (AEC);  la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO); la Comunidad del Caribe (CARICOM); el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA); entre otros. Resaltamos en particular la realización del Seminario Internacional CELAC-CAF «América Latina y el Caribe: Unidad en la Diversidad», del 18 de agosto de 2022, como un valioso aporte para la reflexión sobre los desafíos y proyecciones de la integración regional;

95. Reconocemos la excelente labor desempeñada por República Dominicana como Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana en el último bienio. Auguramos éxitos a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo, en Santo Domingo, República Dominicana;

2023. Confiamos en que durante su gestión se promoverán los intereses de nuestra región y se consolidarán las relaciones de cooperación y solidaridad de los Estados miembros en beneficio de nuestros pueblos;

97. Saludamos la candidatura de la ciudad de San Carlos de Bariloche para ser sede de la Exposición Especializada 2027/28 del Bureau Internacional de Exposiciones (BIE), y celebramos la postulación de un país de la región de América Latina y el Caribe para ser anfitrión de tan importante evento, bajo el lema «Naturaleza + Tecnología = Un nuevo comienzo», temas de máximo interés y cooperación para nuestros pueblos;

DIÁLOGO CON SOCIOS EXTRARREGIONALES

98. Nos congratulamos por los avances logrados en materia de profundización del diálogo político de América Latina y el Caribe con los socios extrarregionales, entre los que se incluyen la Unión Europea, China, India, la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN);

99. Valoramos, en el marco del “Plan de Acción 2022-2024” del Foro CELAC-China, la realización de reuniones especializadas, varias de ellas a nivel ministerial, en materia de transporte; desarrollo y reducción de la pobreza; tecnología digital; gestión del riesgo de desastres y ciencia, tecnología e innovación; así como la realización de la Cumbre del Foro China-CELAC en 2024, en ocasión de la celebración del décimo aniversario del establecimiento de ese importante espacio de cooperación e intercambio;

100.    Nos congratulamos por la realización de la III Reunión de Ministras y Ministros de  Relaciones  Exteriores  de  la  CELAC  con  la  Unión  Europea,  la  cual  permitió reactivar el diálogo inclusivo entre ambas regiones luego de más de cuatro años, recuperar los espacios birregionales de cooperación y adoptar una Hoja de Ruta

2022-2023 para enriquecer los intercambios y contribuir a los ejes principales del trabajo birregional preparatorio de la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno durante 2023;

HAITÍ

101.    Reafirmamos lo expresado en la “Declaración Especial de la CELAC sobre la necesidad de brindar apoyo a la República de Haití por sus implicaciones para la paz y seguridad en la región”, adoptada el 19 de septiembre de 2022. En tal sentido, reiteramos nuestra profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria en la República de Haití, llamando a todos los actores políticos y sociales haitianos a alcanzar los consensos necesarios que permitan atender la grave crisis humanitaria y de seguridad que aqueja al país. Reconocemos la necesidad de alcanzar consensos regionales y extra regionales que, con base en el principio de cooperación internacional y con la anuencia y participación de Haití, permitan brindarle apoyo para enfrentar la proliferación del crimen organizado, combatir el tráfico ilícito de armas y el fortalecimiento de la seguridad  ciudadana.  Asimismo,  destacamos  los  esfuerzos  subregionales, regionales e internacionales de acompañamiento al proceso de diálogo entre el gobierno y los distintos partidos políticos e instituciones de la sociedad haitiana con el objetivo de trazar una hoja de ruta que les permita salir de la compleja crisis que les aqueja;

102.    Tomamos nota de los constantes esfuerzos del gobierno haitiano para ampliar aún más el consenso entre los actores políticos y la sociedad civil haitiana. Saludamos la firma el 21 de diciembre de 2022 del documento titulado “Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes”. Instamos al gobierno a continuar con su política de apertura hacia los diversos sectores de la vida nacional, con miras a hacer operativas las instituciones democráticas lo antes posible, tan pronto como el entorno de seguridad y los medios técnicos lo permitan. Alentamos a los países miembros que tengan la posibilidad, a estudiar las opciones presentadas por el Secretario General de las Naciones Unidas en su carta del 8 de septiembre de 2022 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/2022/747), con miras a participar en la fuerza multinacional especializada solicitada por Haití para ayudar a las fuerzas de seguridad haitianas a luchar contra la proliferación del crimen organizado y el tráfico ilícito de armas y municiones, erradicar las bandas que han tomado como rehén al país, impidiendo la libre circulación de personas y mercancías, limitando el acceso de la población vulnerable a la ayuda humanitaria y

la atención de la salud y obstaculizando los preparativos para la organización de elecciones libres, transparentes e inclusivas. Reconocemos la necesidad de lograr consensos a nivel regional y extrarregional, basados en el principio de cooperación regional, con la anuencia y participación de la República de Haití;

CUBA

103.    Reiteramos el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que además de ser contrario al derecho internacional, causa graves daños al bienestar del pueblo cubano. Asimismo, reiteramos el rechazo a las listas y certificaciones unilaterales que afectan a países de América Latina y el Caribe. Al respecto, solicitamos la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional;

VENEZUELA

104.     Saludamos los acuerdos alcanzados el 26 de noviembre de 2022 en el marco del proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, fomentado por los gobiernos de México y Noruega. En este sentido, damos la bienvenida al apoyo de la comunidad internacional a la implementación de dichos acuerdos;

MALVINAS

105.    Nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, y en particular, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias;

106.    Reiteramos  el  más  firme  respaldo  regional  a  los  legítimos  derechos  de  la República Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el permanente interés de los países de la región en la reanudación de negociaciones

entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a fin de encontrar, a la brevedad, una solución definitiva y pacífica a esta disputa, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

PUERTO RICO

107.    Refirmamos   el   carácter   Latinoamericano   y   Caribeño   de   Puerto   Rico   y reconocemos los esfuerzos realizados y las resoluciones adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas sobre la situación en Puerto Rico. Reiteramos que este es un asunto de alto interés para la CELAC;

DISPOSICIONES GENERALES

108.    Nos congratulamos por los positivos intercambios de puntos de vista sobre el funcionamiento institucional del mecanismo, y los aportes en torno a la mejora de procedimientos internos, rotación de las presidencias, y plena participación y representatividad de todos los Estados miembros;

109.    Celebramos la reincorporación de Brasil a la CELAC y su participación en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, como una muestra del compromiso de Brasil con la unidad y el trabajo conjunto en la región;

110.    Valoramos el trabajo y esfuerzo realizados por la República Argentina durante su presidencia, en cumplimiento de los mandatos emanados del Plan de Acción 2022, y agradecemos al gobierno argentino por la convocatoria a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, la que permitió afianzar la iniciativa política de la región, unificar la pluralidad de miradas en una voz regional fortalecida y reafirmar el compromiso irrenunciable con el proceso de integración regional.

111.    Saludamos  a  la  Presidencia  Pro  Tempore  entrante  de  San  Vicente  y  las Granadinas, primer país del Caribe anglófono en asumir dicha responsabilidad, le aseguramos todo nuestro apoyo y le auguramos éxitos en el desempeño de dicha función;

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Fuente:
Cancillería República Argentina

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