La creciente confrontación entre Etiopía y Eritrea ha incorporado un nuevo elemento de inestabilidad a una de las regiones más sensibles del continente africano. La ruptura de relaciones diplomáticas, las acusaciones de incursiones militares y los movimientos de tropas en la frontera norte etíope han vuelto a colocar a ambos países ante la posibilidad de una nueva guerra. Sin embargo, detrás de esta escalada se desarrolla una disputa que excede ampliamente los desacuerdos territoriales y las rivalidades entre sus dirigentes. Lo que está en juego es la reorganización del equilibrio político y militar del Cuerno de África, una región donde confluyen las aspiraciones de los Estados africanos, los intereses de las potencias extrarregionales y las consecuencias de conflictos que nunca terminaron de resolverse.

Como venimos analizando en nuestros trabajos anteriores sobre Etiopía, las dificultades del gobierno de Abiy Ahmed para consolidar la autoridad federal, las disputas con las organizaciones políticas y militares de Tigray y Amhara y la creciente importancia estratégica del mar Rojo han generado condiciones para que la crisis etíope trascienda sus fronteras. En ese escenario, Eritrea representa una paradoja particularmente significativa: el país que acompañó militarmente a Addis Abeba durante la devastadora guerra de Tigray, entre 2020 y 2022, aparece hoy enfrentado al mismo gobierno con el que compartió operaciones militares contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).

La gravedad de la situación quedó expuesta durante los primeros días de octubre, cuando Eritrea anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Etiopía, después de que Addis Abeba acusara a Asmara de respaldar una alianza insurgente encabezada por el TPLF. El 9 de octubre, el gobierno etíope denunció ante Naciones Unidas la presencia de tropas eritreas dentro de su territorio e invocó el derecho de legítima defensa contemplado en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Eritrea rechazó las acusaciones y solicitó al Consejo de Seguridad que interviniera frente a lo que considera una amenaza de agresión etíope. La confrontación diplomática quedó acompañada por operaciones militares en Tigray, ataques con drones y movimientos de tropas hacia localidades fronterizas como Zalambessa, aunque el alcance exacto de la participación eritrea todavía presenta dificultades de verificación independiente.

La disputa presenta, además, una característica que la diferencia de los enfrentamientos anteriores. Eritrea ya no aparece únicamente como un adversario fronterizo de Etiopía, sino como un Estado que busca fortalecer su posición dentro de una red de relaciones regionales donde Egipto, Somalia, Sudán y las monarquías del Golfo desempeñan papeles cada vez más importantes. La convergencia de intereses entre algunos de estos gobiernos no constituye necesariamente una alianza militar formal, pero sí configura un escenario en el que las decisiones de Asmara y Addis Abeba pueden producir consecuencias que excedan ampliamente sus territorios.

De la independencia a la ruptura de una alianza estratégica

Para comprender las decisiones actuales de Eritrea es necesario recuperar una historia que comienza mucho antes de la llegada de Abiy Ahmed al poder. Eritrea obtuvo su independencia formal en 1993, después de tres décadas de lucha armada contra la dominación etíope, primero bajo la monarquía de Haile Selassie y posteriormente bajo el régimen militar del Derg. Aquella independencia representó una de las victorias más significativas de los movimientos de liberación africanos de finales del siglo XX, aunque también dejó instalada una relación profundamente conflictiva entre dos Estados cuyos territorios, economías y sociedades habían permanecido vinculados durante generaciones.

La separación privó a Etiopía de su acceso soberano al mar Rojo y convirtió a Eritrea en un Estado costero con una posición geográfica privilegiada. Sin embargo, la independencia no resolvió todas las disputas fronterizas. Entre 1998 y 2000, ambos países protagonizaron una guerra que provocó decenas de miles de muertos y cuyo epicentro fue la disputa por territorios como Badme. El conflicto demostró que la delimitación territorial no constituía simplemente una cuestión cartográfica, sino una controversia profundamente asociada a la legitimidad política de ambos gobiernos y a la construcción de sus respectivas identidades nacionales.

Durante casi dos décadas, la frontera permaneció fuertemente militarizada y las relaciones bilaterales estuvieron dominadas por una situación de hostilidad permanente. En Eritrea, ese escenario contribuyó a consolidar un modelo político organizado alrededor de la seguridad nacional, el servicio militar obligatorio y una extraordinaria concentración del poder en la figura de Isaias Afwerki, presidente desde la independencia. El país no ha celebrado elecciones nacionales desde 1993 y la ausencia de alternancia política constituye una característica central de su organización estatal. La defensa de la soberanía, una reivindicación histórica legítima, también ha sido utilizada por el gobierno para justificar restricciones prolongadas a los derechos políticos y civiles.

La llegada de Abiy Ahmed al gobierno etíope en 2018 modificó temporalmente esta relación. Ambos dirigentes impulsaron un acercamiento diplomático que permitió reabrir canales de comunicación y puso fin formalmente al estado de confrontación. El proceso contribuyó a que Abiy recibiera el Premio Nobel de la Paz en 2019, aunque el entendimiento estaba sostenido por intereses políticos que no necesariamente coincidían a largo plazo. Para Afwerki, la aproximación representaba una oportunidad para superar el aislamiento regional y debilitar a sus antiguos adversarios del TPLF, organización que había ejercido una influencia decisiva sobre el gobierno etíope durante décadas.

Esa convergencia se expresó militarmente durante la guerra de Tigray. Las fuerzas eritreas participaron junto al ejército federal etíope en las operaciones contra el TPLF, en un conflicto que produjo una catástrofe humanitaria de enormes proporciones. Las estimaciones de víctimas varían considerablemente según las metodologías utilizadas, pero distintos estudios han calculado centenares de miles de muertes directas e indirectas. La guerra también estuvo acompañada de denuncias documentadas de asesinatos de civiles, violencia sexual, desplazamientos forzados y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por diferentes actores armados, incluidas fuerzas eritreas.

El acuerdo de Pretoria, firmado en noviembre de 2022 bajo auspicio de la Unión Africana, abrió una nueva etapa. Su principal contradicción fue que Eritrea, pese a haber sido uno de los actores militares decisivos del conflicto, no participó como firmante. El entendimiento entre Addis Abeba y el TPLF alteró el equilibrio sobre el cual se había construido la alianza entre Abiy y Afwerki, mientras la falta de resolución de las disputas territoriales y las dificultades para implementar el desarme y la reintegración política de Tigray mantuvieron abiertas las condiciones para una nueva confrontación.

La paradoja actual resulta especialmente reveladora. El gobierno etíope acusa a Eritrea de proporcionar apoyo militar y financiero a organizaciones insurgentes, incluidas fuerzas vinculadas al TPLF. De confirmarse, estaríamos frente a una modificación significativa de las alianzas que dominaron la guerra anterior. Sin embargo, es necesario distinguir entre la existencia de contactos o coincidencias tácticas y la formación de una alianza política estable. Las acusaciones etíopes todavía requieren pruebas independientes suficientes, y las propias divisiones internas del movimiento tigrayano dificultan cualquier interpretación que presente a sus distintas facciones como un bloque homogéneo.

La trayectoria política de Afwerki ayuda a comprender esta aparente contradicción. Su gobierno ha desarrollado una concepción de la seguridad nacional profundamente vinculada con la experiencia de la independencia y con la necesidad de impedir que Etiopía vuelva a ejercer una influencia determinante sobre Eritrea. Desde esa perspectiva, las alianzas regionales no responden necesariamente a afinidades ideológicas permanentes, sino a evaluaciones sobre la correlación de fuerzas y las amenazas percibidas. El acercamiento con Abiy Ahmed fue posible mientras ambos gobiernos compartieron objetivos frente al TPLF, pero comenzó a deteriorarse cuando el entendimiento de Pretoria modificó el escenario político y cuando Addis Abeba volvió a plantear públicamente sus aspiraciones marítimas.

El mar Rojo, Egipto y la disputa por una nueva arquitectura regional

La ruptura entre Eritrea y Etiopía no puede comprenderse exclusivamente a partir de las disputas de Tigray. Existe un segundo conflicto, potencialmente más profundo, relacionado con el acceso etíope al mar Rojo y con la creciente importancia de los puertos y corredores comerciales en la competencia geopolítica regional. Etiopía, con una población que supera los 130 millones de habitantes y una economía dependiente de las conexiones terrestres con los puertos de sus vecinos, considera que su condición de país sin litoral constituye una limitación estratégica para su desarrollo. Sin embargo, esa necesidad económica no equivale a un derecho sobre el territorio de otros Estados, una distinción que se encuentra en el centro de las preocupaciones eritreas.

Desde la independencia de Eritrea, Etiopía ha dependido principalmente del corredor comercial de Yibuti para sus operaciones de comercio exterior. La búsqueda de alternativas responde a necesidades económicas reales, pero también forma parte de una aspiración política más amplia: recuperar una presencia marítima permanente y desarrollar capacidades navales propias. En ese contexto, el puerto eritreo de Assab adquiere una relevancia singular, tanto por su ubicación como por su historia de vinculación con la economía etíope. Para Addis Abeba representa una posibilidad de diversificación logística; para Asmara, cualquier pretensión que implique modificar su soberanía territorial constituye una amenaza directa a los resultados de su independencia.

El propio Isaias Afwerki dejó en claro esa percepción durante una entrevista concedida a medios eritreos el 12 de enero de 2026, cuando cuestionó las aspiraciones marítimas del gobierno etíope y vinculó la militarización regional con la influencia de actores externos. Afwerki sostuvo que la reivindicación del acceso al mar Rojo estaba siendo utilizada como justificación para nuevas confrontaciones y cuestionó el origen del financiamiento y del armamento adquirido por Addis Abeba. Aunque sus declaraciones reflejan la posición oficial de Asmara y no constituyen pruebas de una conspiración internacional, permiten comprender hasta qué punto la dirigencia eritrea interpreta las decisiones etíopes como parte de una amenaza que excede la relación bilateral. La entrevista completa fue publicada por el Ministerio de Información de Eritrea.

Sin embargo, la posición de Eritrea frente a la crisis etíope no puede interpretarse únicamente como una reacción defensiva ante las aspiraciones marítimas de Abiy Ahmed. Afwerki ha planteado una concepción regional de la seguridad en la que la estabilidad del Cuerno de África depende de las relaciones entre cuatro espacios estratégicos: la cuenca del Nilo, el propio Cuerno de África, el mar Rojo y el golfo de Adén, y la península arábiga. Esta interpretación permite comprender por qué Asmara ha intensificado sus contactos con Egipto y Arabia Saudita y por qué considera que las disputas internas etíopes forman parte de una problemática regional más amplia.

En aquella entrevista, el mandatario también recuperó una propuesta eritrea de doce puntos para la seguridad del mar Rojo, basada en la responsabilidad de los Estados ribereños y en la cooperación entre sus instituciones nacionales. Su planteo cuestiona la utilización de la seguridad marítima como argumento para ampliar la presencia de bases militares extranjeras y propone fortalecer las capacidades de los propios países de la región. La propuesta resulta particularmente significativa en un corredor marítimo donde conviven instalaciones militares de Estados Unidos, China, Francia y otras potencias, mientras las disputas por los puertos y las rutas comerciales adquieren una importancia creciente.

Esa reivindicación de una arquitectura de seguridad impulsada por los propios Estados de la región contiene contradicciones que merecen examinarse. Eritrea defiende la soberanía territorial y cuestiona las interferencias extranjeras, pero su intervención militar durante la guerra de Tigray demostró que el gobierno de Afwerki también está dispuesto a proyectar su poder más allá de sus fronteras cuando considera amenazados sus intereses estratégicos. La cuestión adquiere particular importancia frente a las acusaciones actuales de Addis Abeba sobre una presunta colaboración eritrea con fuerzas opositoras etíopes. Aunque todavía es necesario establecer el alcance y las modalidades de ese eventual respaldo, la posibilidad de que antiguos enemigos encuentren intereses comunes frente al gobierno federal expresa hasta qué punto se han modificado las alianzas que dominaron la guerra de 2020-2022.

El acercamiento con Egipto debe analizarse dentro de esa misma lógica. Como señalábamos en nuestro trabajo anterior sobre las contradicciones geopolíticas de El Cairo, la disputa por la Gran Presa del Renacimiento Etíope constituye apenas una de las dimensiones de su creciente involucramiento en el Cuerno de África. La seguridad del mar Rojo, sus relaciones con Somalia y Sudán y la competencia por la influencia regional configuran un escenario en el que Eritrea aparece como un interlocutor estratégico. La convergencia entre ambos gobiernos no implica necesariamente la existencia de un mando militar común ni de una estrategia compartida para derrocar a Abiy Ahmed, pero sí revela una coincidencia de intereses capaz de modificar la correlación de fuerzas alrededor de Etiopía.

La cumbre celebrada el 4 de octubre en El Alamein representa un acontecimiento especialmente significativo en este proceso. El encuentro reunió a los presidentes de Egipto, Eritrea y Somalia, Abdel Fattah el-Sisi, Isaias Afwerki y Hassan Sheikh Mohamud, junto con el jefe del Consejo Soberano sudanés, Abdel Fattah al-Burhan. Los participantes reafirmaron el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los Estados, expresaron su respaldo a la unidad de Somalia y defendieron el protagonismo de los países ribereños en la seguridad del mar Rojo. La agenda también incluyó las tensiones por los recursos hídricos transfronterizos, un asunto particularmente sensible para Egipto y Sudán.

La importancia política de ese encuentro reside en la combinación de sus posiciones. Aunque no permite afirmar la existencia de una alianza militar contra Etiopía, reúne dos cuestiones especialmente sensibles para Addis Abeba: su aspiración de acceder al mar Rojo y el conflicto con Egipto por las aguas del Nilo. La reivindicación del protagonismo de los Estados costeros puede interpretarse como una respuesta política a las pretensiones marítimas etíopes, mientras que las posiciones sobre los recursos hídricos coinciden con las preocupaciones históricas de El Cairo y Jartum. La reunión expresa, por lo tanto, una convergencia diplomática que podría adquirir mayor importancia si la confrontación entre Eritrea y Etiopía continúa profundizándose.

No obstante, la composición de esta instancia tampoco permite hablar automáticamente de un bloque regional homogéneo. Somalia mantiene vínculos de seguridad con Etiopía, Sudán atraviesa una guerra interna que condiciona profundamente su capacidad de acción y Egipto conserva relaciones estratégicas con Estados Unidos y las monarquías del Golfo. Eritrea, por su parte, ha desarrollado una política exterior orientada a preservar márgenes de autonomía frente a los distintos centros de poder. Las coincidencias actuales podrían derivar en una coordinación más estrecha, pero también podrían mantenerse dentro de una diplomacia de intereses circunstanciales.

Esta distinción resulta particularmente importante al analizar el papel de las potencias externas. Emiratos Árabes Unidos ha incrementado su influencia económica, logística y militar en el Cuerno de África y el entorno del mar Rojo, mientras Arabia Saudita procura consolidar su protagonismo en la seguridad de las rutas marítimas. Estados Unidos conserva intereses estratégicos relacionados con la navegación internacional, la estabilidad de sus aliados y la competencia con China, cuya base militar en Yibuti expresa la creciente importancia del corredor marítimo para las grandes potencias. Israel, por su parte, observa la región desde sus preocupaciones de seguridad en el mar Rojo y sus relaciones con distintos gobiernos africanos.

La multiplicidad de intereses externos no demuestra, por sí misma, que exista un plan coordinado para desestabilizar Etiopía o intervenir militarmente contra Eritrea. Sin embargo, sí configura un escenario en el cual los conflictos locales pueden adquirir una dimensión internacional, especialmente cuando el control de puertos, corredores logísticos, recursos hídricos y posiciones militares se convierte en una herramienta de negociación geopolítica. La eventual participación de potencias externas mediante financiamiento, armamento o asistencia militar podría transformar las disputas actuales en una confrontación de mayor escala, aunque todavía no existen elementos suficientes para afirmar que esa evolución sea inevitable.

El poder militar eritreo y los límites de una nueva guerra

La posibilidad de una confrontación abierta entre Eritrea y Etiopía obliga a examinar una dimensión que frecuentemente queda relegada detrás de las disputas diplomáticas: la capacidad efectiva de ambos Estados para sostener operaciones militares prolongadas. La diferencia demográfica, económica y territorial favorece ampliamente a Etiopía, pero esa superioridad no se traduce automáticamente en una ventaja decisiva sobre el terreno. Eritrea posee una extensa experiencia de guerra convencional, una estructura estatal profundamente militarizada y fuerzas armadas cuya organización ha estado condicionada durante décadas por la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con su vecino.

La asimetría demográfica resulta particularmente significativa. Etiopía supera los 130 millones de habitantes, mientras que las estimaciones internacionales sitúan a la población eritrea en torno a los 3,5 millones, aunque las dificultades estadísticas del país obligan a considerar esta última cifra con cautela. Sin embargo, Eritrea mantiene un sistema de servicio nacional obligatorio que, pese a tener formalmente una duración limitada, ha sido extendido durante años para numerosos ciudadanos. Ese mecanismo permite al Estado disponer de una importante capacidad de movilización en relación con su población, aunque también impone costos económicos y sociales considerables.

La falta de información pública confiable sobre la estructura actual de las unidades eritreas, sus reservas, equipamiento y presupuesto militar impide establecer comparaciones precisas con Etiopía. Las estimaciones históricas de efectivos no deben confundirse con la cantidad de soldados operativos disponibles en octubre de 2026, especialmente en un país donde la prolongación del servicio nacional dificulta distinguir entre personal activo, reservistas y otras modalidades de movilización. Esta opacidad constituye, en sí misma, un problema para cualquier evaluación de la correlación de fuerzas.

La experiencia histórica también merece atención. Durante la guerra de independencia, las fuerzas eritreas desarrollaron capacidades de combate en condiciones de marcada inferioridad material frente al ejército etíope. Posteriormente, la guerra fronteriza de 1998-2000 consolidó una doctrina militar orientada a la defensa territorial, la movilización masiva y el aprovechamiento de un terreno montañoso que dificulta las operaciones ofensivas. La participación eritrea en la guerra de Tigray demostró, además, que sus fuerzas conservaban capacidad para intervenir más allá de sus fronteras, aunque también dejó expuestas las consecuencias humanitarias y políticas de ese tipo de operaciones.

Etiopía dispone de ventajas diferentes. Su mayor población, una economía considerablemente más grande y su capacidad para adquirir y emplear sistemas militares modernos, incluidos drones, le permiten sostener operaciones que serían mucho más difíciles para Eritrea. Sin embargo, Addis Abeba enfrenta una limitación estratégica importante: una parte de sus recursos militares debe destinarse a contener los conflictos internos y garantizar el control de territorios donde la autoridad federal continúa siendo cuestionada. Una guerra contra Eritrea podría obligarla a distribuir sus fuerzas entre varios frentes, reduciendo la eficacia de su superioridad material.

La evolución de los combates en Tigray durante octubre muestra precisamente la importancia de esa combinación de factores. Según el seguimiento del 13 de octubre publicado por Critical Threats, las fuerzas federales etíopes avanzaron hacia Zalambessa después de recuperar posiciones en el norte de Tigray. Los informes señalaron la retirada de unidades tigrayanas y de presuntas fuerzas eritreas, así como el desplazamiento de armamento pesado etíope hacia la frontera. Los testimonios recogidos por Reuters también confirmaron el avance federal, aunque la presencia exacta de unidades eritreas en ese momento seguía siendo incierta. La distinción es importante porque, aun cuando existen indicios documentados de participación eritrea en operaciones dentro de Tigray, no todos los enfrentamientos registrados pueden atribuirse a combates directos entre los ejércitos de ambos Estados.

Para Eritrea, una guerra prolongada podría comprometer seriamente su estructura económica y social. El servicio militar extendido, la emigración y las limitaciones de su aparato productivo han condicionado durante años sus posibilidades de desarrollo. La salida de centenares de miles de ciudadanos, una magnitud particularmente importante en relación con su población estimada, refleja las dificultades de un país donde la movilización militar permanente ha tenido consecuencias profundas sobre la vida económica y social. Aunque la emigración responde a múltiples factores, la prolongación del servicio nacional y las restricciones políticas constituyen elementos centrales para comprender ese fenómeno.

La situación presenta una contradicción fundamental para el gobierno de Isaias Afwerki. La militarización del Estado ha sido presentada históricamente como una condición indispensable para preservar la independencia nacional, pero también ha contribuido a limitar las posibilidades de desarrollo económico y la participación política de la sociedad. Una nueva guerra podría reforzar temporalmente la cohesión alrededor de la defensa territorial, aunque al mismo tiempo profundizaría las dificultades estructurales que enfrenta el país desde hace décadas.

Para Etiopía, los costos tampoco serían menores. Una ofensiva destinada a obtener ventajas territoriales o modificar el equilibrio político en la frontera norte podría provocar una ampliación del conflicto hacia otras regiones, estimular nuevas alianzas insurgentes y agravar la fragilidad del acuerdo de Pretoria. La superioridad económica y demográfica etíope perdería parte de su importancia si el enfrentamiento se transformara en una guerra prolongada de desgaste, especialmente en un escenario de creciente involucramiento de actores regionales.

La posibilidad de una guerra indirecta por el control del mar Rojo, que planteamos en uno de nuestros análisis anteriores sobre Etiopía, adquiere una nueva dimensión al incorporar la perspectiva eritrea. A diferencia de otros actores que podrían intervenir mediante financiamiento, asistencia militar o respaldo diplomático, Asmara comparte una extensa frontera con Etiopía y posee una experiencia directa de enfrentamientos armados con su vecino. Sus decisiones no responden solamente a las preferencias de sus aliados circunstanciales, sino también a una historia de guerras, desconfianza y disputas territoriales que condiciona profundamente su percepción de seguridad.

Sin embargo, reducir el escenario a una confrontación entre dos ejércitos implicaría desconocer las consecuencias regionales de una nueva guerra. Egipto podría encontrar oportunidades para fortalecer su posición frente a Addis Abeba, mientras Somalia y Sudán enfrentarían presiones adicionales sobre sus ya frágiles equilibrios internos. Las monarquías del Golfo, por su parte, deberían administrar las contradicciones entre sus vínculos económicos, militares y diplomáticos con los distintos gobiernos involucrados. En ese contexto, una escalada militar podría transformar las alianzas circunstanciales en compromisos más profundos, incrementando el riesgo de internacionalización del conflicto.

Desde una perspectiva africana y de defensa de la soberanía, la cuestión central no consiste en determinar cuál de los gobiernos logrará imponer sus intereses mediante la fuerza, sino en comprender por qué las aspiraciones legítimas de desarrollo, seguridad y autonomía de los Estados de la región terminan expresándose a través de amenazas militares y disputas territoriales. Etiopía necesita ampliar sus posibilidades de acceso comercial al mar, pero esa necesidad no justifica una modificación coercitiva de las fronteras. Eritrea tiene derecho a defender su integridad territorial, aunque ese principio tampoco puede utilizarse para legitimar intervenciones armadas en territorio vecino o el respaldo a organizaciones que profundicen una guerra interna.

La crisis entre Eritrea y Etiopía vuelve a colocar al Cuerno de África frente a una contradicción que atraviesa buena parte de su historia contemporánea. La defensa de la soberanía, la necesidad de garantizar el desarrollo económico y la búsqueda de una arquitectura regional de seguridad son aspiraciones legítimas de los Estados africanos, pero su resolución mediante la fuerza amenaza con reproducir las condiciones de dependencia, inestabilidad y fragmentación que esos mismos gobiernos declaran combatir.

Para Eritrea, el desafío consiste en preservar una independencia conquistada después de tres décadas de guerra sin convertir la movilización militar permanente en el único fundamento de su seguridad nacional. Para Etiopía, supone reconocer que su necesidad de acceso al mar no puede resolverse desconociendo la integridad territorial de sus vecinos, especialmente cuando las tensiones internas continúan cuestionando la capacidad del gobierno federal para construir un proyecto político compartido.

Como hemos venido analizando en nuestros trabajos sobre Etiopía, Egipto y la posibilidad de una guerra proxy, el Cuerno de África atraviesa una transformación de sus equilibrios regionales en la que las disputas por los recursos hídricos, los corredores comerciales y la seguridad del mar Rojo se superponen con rivalidades históricas y nuevas alianzas políticas. La incorporación de Eritrea a este análisis permite comprender que la crisis no responde a una única confrontación, sino a la acumulación de contradicciones que involucran a gobiernos con intereses propios y a potencias externas que buscan preservar o ampliar su influencia.

Todavía no es posible determinar si la escalada actual desembocará en una guerra abierta entre ambos Estados o si las presiones diplomáticas conseguirán contenerla. Lo que sí parece evidente es que cualquier salida duradera deberá reconocer la soberanía eritrea, las necesidades económicas etíopes y el derecho de las sociedades de la región a no quedar nuevamente subordinadas a las decisiones de sus dirigencias militares. La verdadera disputa por el futuro del Cuerno de África no se resolverá solamente en sus fronteras o en sus puertos, sino también en la capacidad de sus Estados para transformar la seguridad regional en una herramienta de integración y desarrollo, antes que en el fundamento de una nueva guerra.

Fuente: PIA