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24/01/22
Regiones: Colombia | Venezuela
Tancol en Arauca-Apure: ¿proyección de la OTAN sobre Latinoamérica?
Por Misión Verdad

Los conatos y hechos de violencia ocurridos recientemente en la frontera entre Venezuela y Colombia, específicamente en el municipio Páez del estado Apure, deben ser tomados en cuenta como síntomas de líneas de tensión que están siendo creadas desde intereses geopolíticos muy concretos.

Hay elementos de peso para analizar esos hechos como proyección de la tensión creada por el eje atlantista contra Rusia desde Ucrania, en la que ha arrastrado a la Unión Europea, debido a los últimos movimientos del uribismo en el gobierno de Colombia respecto a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).

Los hechos recientes

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reanudó el despliegue de efectivos militares en la frontera del río Arauca después de los enfrentamientos que sostienen grupos armados colombianos desde finales de 2021: se trata del Frente 10 de las llamadas disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del vigente Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A estos grupos el Estado venezolano los ha denominado Tancol: siglas de Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia, con el objeto de determinar su denominación operativa y de origen y, por ende, su distinción de otros grupos irregulares en la región.

El General en Jefe Domingo Hernández Lárez, comandante general del Comando Estratégico Operacional de la FANB, anunció el envío de grupos de soldados desde los estados Lara y Cojedes para reforzar la presencia militar en la zona, lo que ocurre a pocos meses de la Operación Escudo Bolivariano.

Del otro lado de la frontera, el primer encuentro armado entre el ELN y el Frente 10 de las FARC ocurrió en el sector Los Cañitos de La Victoria, con saldo de siete personas fallecidas, como lo informaría dos días después el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

El presidente Iván Duque llegó al departamento de Arauca para supervisar el despliegue de sus fuerzas militares en la zona que, según la prensa, llegan a 600 efectivos que harían de aquella entidad regional la más militarizada del vecino país.

Ese mismo día fue atacada, con bombas fragmentarias, la estación de policía en el centro poblado de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame y el 19 de enero representantes del Frente 28 de las FARC se adjudicaron los ataques de carro bomba en la ciudad de Saravena. También fueron atacados por este grupo algunos autobuses y fuerzas públicas en una jornada violenta que dejó 33 personas asesinadas y 500 desplazados.

El mismo día que Duque realizaba un consejo de seguridad en Arauca, el ELN puso a rodar por redes sociales fotografías de la toma armada del corregimiento La Esmeralda, municipio Arauquita.

Integrantes del ELN en el centro poblado de La Esmeralda del municipio de Arauquita se fotografiaron mientras Duque visitaba la zona (Foto: Archivo)

Al día siguiente el autogobierno de la ciudad Comunal Simón Bolívar, ubicada en el municipio Páez del estado Apure, denunció la toma del poblado de La Gabarra por al menos 50 efectivos irregulares del ELN. La comunidad organizada emitió un comunicado expresando su rechazo a esta nueva incursión de los llamados Tancol que los afecta directamente en su vida diaria, además de constituir una violación a la soberanía. El texto relata que:

«Más de 50 hombres armados tienen tomado el pueblo de la Gabarra, al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera […] Exigimos a ambos actores armados, tanto al ELN como a las FARC, que se lleven su conflicto a otra parte, que Venezuela, Apure y la Ciudad Comunal Simón Bolívar es territorio de paz, de soberanía y democracia popular».

La ciudad socialista comunal Simón Bolívar abarca 116 mil hectáreas en las que viven 7 mil 600 personas que conforman 42 consejos comunales, se agrupan en ocho comunas en las parroquias Guasdualito y San Camilo (El Nula) del municipio Páez.

Recientemente medios colombianos reseñaron un video en el que «Nelson Sánchez», un supuesto desertor del Frente 10 de las FARC, afirma que «Romaña» y «El Paisa» fueron asesinados en diciembre pasado por un grupo de 26 mercenarios entre los que había dos «gringos». Los occisos eran dos exjefes de ese grupo que abandonaron el Acuerdo de Paz y fundaron una disidencia llamada la Segunda Marquetalia junto a alias «Iván Márquez».

El desertor señaló que estuvo bajo el mando de «Jaime Chucula», quien tiene conexión directa con el Estado colombiano y a su vez recibía órdenes de Arturo Ruiz, encargado de recibir en un campamento a los mercenarios «que los desembarcan en la noche en helicóptero».

En otro pasaje de su declaración relata que «el camarada Jaime fue el encargado de darles la misión a ellos de destruir cualquier tipo de grupos que huela revolución… los 26 que llegaron tenían la misión de matar al camarada ‘Romaña’ y al camarada ‘Paisa'». También dijo que les llegó un cargamento de armas sofisticadas y drones de alto alcance y visores para vigilar la frontera descargados en la frontera del lado venezolano, en una población conocida como Esmeralda, y entre las cajas también llegaron botas, uniformes e incluso «armas antitanques».

¿Qué ha cambiado desde 2021?

Para responder esta pregunta vale la pena realizar un recuento de lo ocurrido en la región del Alto Apure hasta 2021 y cómo lo que era un efecto colateral de la guerra en Colombia hoy es parte de un plan para desconfigurar la noción de Estado en Venezuela. A este respecto, desde esta tribuna se han realizado investigaciones que aclaran el panorama de manera profunda.

El punto clave está en la profunda relación que hay entre el narco colombiano, el Estado hoy presidido por Iván Duque, los carteles mexicanos y la Administración de Control de Drogas (DEA, sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es ya conocido cómo del lado colombiano se ha establecido un circuito de grupos armados no estatales como parte de un convenio que parece establecerse entre el Estado y actores paraeconómicos nacionales y transnacionales para «lubricar» sus actividades económicas a partir del narcotráfico.

Además, ONG como el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar han georreferenciado la presencia de 12 estructuras armadas ilegales colombianas que operan a lo largo de las fronteras con Venezuela, entre ellas grupos criminales y fuerzas llamadas «disidentes» de las FARC, grupos paramilitares Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Águilas Negras, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras.

Los movimientos de una facción de las disidencias de las FARC, específicamente el Frente 10 liderado por «Gentil Duarte» y «Arturo» desembocaron en un enfrentamiento entre esos grupos irregulares provenientes de Colombia y los cuerpos de seguridad de la República Bolivariana que ocasionaron tanto muertes como secuestros de efectivos venezolanos, además del terror infundido por la mediática corporativa dentro y fuera de las comunidades fronterizas del eje Apure-Arauca.

El detonante a comienzos de 2021 fue la serie de daños infringidos por la FANB a aeronaves y cargamentos de sustancias ilícitas, entre otros utensilios del narcotráfico, desde enero de ese año en lo que llegó a constituirse en un corredor estratégico por ser geográficamente plano para los despachos aéreos rumbo a México y la porosidad de la frontera.

En febrero de ese año Venezuela implementó la Operación Escudo Bolivariano 2021 en el marco de los ejercicios militares conjuntos «Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 2021», activados por el CEOFANB) cuyo objeto era «incrementar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, combatir y expulsar las amenazas internas, externas y grupos armados colombianos que pudieran hallarse en la nación». En el mismo mes hubo enfrentamientos con una célula de grupos irregulares procedentes de Colombia en tres sectores en las adyacencias de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, luego de que fuera localizada mediante patrullaje y búsqueda por unidades del CEOFANB.

En 2020 una aeronave con siglas estadounidenses dedicada al narcotráfico fue neutralizada por la FANB (Foto: Archivo)

También en ese mes la FANB desmontó ocho campamentos, destruyó ocho narcopistas de aterrizaje e incautó una aeronave con matrículas falsas, paneles solares, uniformes y material de guerra en el municipio Pedro Camejo del estado Apure. En aquel entonces Últimas Noticias reportó que «durante dos semanas se generaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos subversivos presentes en la zona del municipio Pedro Camejo».

En marzo se les decomisó armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, paquetes de droga y equipos tecnológicos con información relativa a las actividades del grupo irregular colombiano en medio de una confrontación que incluyó la posición de minas antipersonales en los alrededores de los campamentos donde operaban; la ejecución de campañas de guerra psicológica sobre la población del territorio invadido a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp para crear pánico social, reclutar operadores locales e intentar inocular un sentimiento antigubernamental mediante fake news y otros mecanismos de infoguerra y el ataque a instituciones e infraestructuras públicas (CORPOELEC, SENIAT y PDVSA) con armas pesadas y explosivas.

Por otra parte, el pasado 8 de diciembre, Molano se reunió con el Vicesecretario General de la OTAN, D. Mircea Geoană, y acordaron un nuevo marco de cooperación, el Programa de Asociación Individualizado, que marca el inicio de una cooperación aún más estrecha. Como es sabido Colombia se convirtió en el «socio global» de la alianza atlántica en 2018, y el primero en América Latina, así la OTAN apoya al vecino país «en sus continuos esfuerzos para desarrollar sus fuerzas armadas, mientras que Colombia proporciona entrenamiento de desminado a los Aliados de la OTAN y otros países asociados».

Además la nota declara que el nuevo programa «abarca áreas de cooperación reforzada como la interoperabilidad, la construcción de la integridad, el entrenamiento y la educación, así como nuevas áreas como el cambio climático y la seguridad».

Respecto a la pregunta inicial, se puede observar que lo que ha cambiado ha sido la confrontación del otro lado de la frontera al agudizarse y que la guerra se recicla en Colombia. En particular, el departamento de Arauca es el escenario de confrontaciones entre grupos irregulares en el que el Estado colombiano es un catalizador más debido a que se ha constituido en una megabase militar otanista que, buscando incluir a Venezuela en su guerra y balcanizar al país, ejerce operaciones de violación a la soberanía venezolana.

Un ángulo de análisis, que permite enlazar los hechos en la frontera Arauca-Apure, tiene su vértice en el modo como la misma OTAN ha agudizado la tensión en torno a la supuesta amenaza de Rusia a Ucrania, en el que la propaganda, como parte de la infoguerra, juega un papel estelar.

Desde Ucrania hasta Colombia, coincidencias otanistas

Son evidentes y extensas las diferencias entre Ucrania y Colombia, sin embargo hay coincidencias entre ambos países como la violación deliberada y permanente de acuerdos como los de paz firmados por el Estado colombiano con las FARC en 2016 y los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, este último con el fin de evitar las operaciones de limpieza étnica ejecutadas por el ejército y grupos nazis contra las poblaciones de las proclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk que declararon su separación de Ucrania y anexión a Rusia luego del Maidan.

Mayor coincidencia hay en la censura de la prensa globalizada a esas violaciones obviando informarlas o responsabilizar a los Estados que ejercen mecanismos de guerra sucia bajo el apoyo directo del eje occidental, es decir, de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza. La guerra contra los habitantes del este de Ucrania ha generado ya 14 mil muertos, se trata de territorios vinculados histórica y culturalmente con Rusia, un 98% de la población es rusoparlante y ha adquirido la nacionalidad rusa.

La OTAN, sin embargo, ha puesto fecha y cifras a una supuesta invasión de las fuerzas rusas a Ucrania: principios del año 2022 con al menos 175 mil efectivos. De esta manera oculta las maniobras de la alianza atlántica, sus reuniones de coordinación, el aumento de los aportes para gastos en armas, que se eleva al 2% del PIB en un tercio de los miembros de la organización conformada por 30 naciones, ello se traduce en la mayor concentración de efectivos, armas y presupuesto militar del mundo.

Solo Estados Unidos tuvo un presupuesto militar 2021 de 811 mil millones de dólares, Gran Bretaña con 72 mil millones de dólares, Alemania con 64 mil millones y Francia con 59 mil millones de dólares; tales cifras, y sobre todo en conjunto, superan largamente los 66 mil millones de dólares del presupuesto de la Federación Rusa.

Si pareciera que la infoguerra ha llegado al extremo existen medios como El Mundo de España dispuestos a desbloquear nuevos niveles calcando comunicados del Departamento de Estado.

Las instalaciones militares de Estados Unidos y la OTAN en torno a Rusia derriban la narrativa de la «amenaza rusa» (Foto: RT)

Un detalle: en 2015, en el marco del EuCom (United States European Command), mando de las tropas de Estados Unidos en Europa, el Pentágono envió «expertos militares para incrementar la capacidad defensiva de Ucrania» y asignó 46 millones de dólares para entregar a Kiev «material militar, incluyendo vehículos y dispositivos de visión nocturna».

También hay reincidencias otanistas

Asimismo, mientras se establece una narrativa belicista contra Venezuela escalando elementos de la guerra interna colombiana a amenazas contra el territorio venezolano, se hace del narcotráfico una punta de lanza que vulnere la tranquilidad de las poblaciones fronterizas y la soberanía nacional y que justifique la presencia otanista hasta el borde fronterizo venezolano.

De esta manera las transnacionales, megaproyectos de empresas extractivistas y el narcoparamilitarismo buscan ablandar a una región geoestratégica por ser acceso a reservas petroleras, aguas, minerales y otros recursos naturales mediante la agitación bélica e infodémica.

Distintos emplazamientos militares en el departamento de Arauca y otras entidades fronterizas cuentan con el asesoramiento, entrenamiento y apoyo de militares estadounidenses, como la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB), que son «unidades especializadas con la misión central de llevar a cabo actividades de capacitación, asesoramiento, asistencia, habilitación y acompañamiento con naciones aliadas y asociadas» por lo que habría motivos para poner el foco en las declaraciones de «Nelson Sánchez».

Por su parte, el ELN ha denunciado que una de las operaciones de Guerra Híbrida que adelanta la SFAB es «conformar y operar con grupos que se hacen pasar como sucesores de las desmovilizadas FARC, como el de alias Arturo, tácticas denominadas como ‘matar con puñal ajeno'».

El año pasado en declaraciones a los medios el G/J Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, denunció las operaciones de «infoxicación» vinculadas a la guerra de cuarta generación en proceso. Esto ha tenido su expresión en el intento mediático de la prensa corporativa de imponer la narrativa de que los causantes de las muertes en la frontera han sido precisamente «los enemigos» del gobierno de Iván Duque (la «dictadura de Maduro» y el «grupo insurgente» colombiano), así como fueron notables los dislates y noticias falsas que se intentaron forzar en 2021 para que entraran en el contexto de los eventos reales.

A favor de ello estuvo la poca información que circuló en aquel momento y en los primeros días que siguieron, fueron caldo de cultivo para que en redes sociales se especulara y se difundieran bulos, pero el guión dictado se fue cayendo debido a lo que podría ser llamado una «falta de coordinación» entre los voceros mediáticos.

Una reincidencia está en el empeño del Norte Global en imponer un relato de «Estado fallido» contra Venezuela, en ese sentido la gestación de crisis multiformes en territorio venezolano evolucionarían hacia acciones de fuerza de la comunidad internacional amparadas en la difusa doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). El año pasado el exdiputado opositor apoyado por Washington, Juan Guaidó, intentó vender una narrativa adversa a la Operación Escudo Bolivariano 2021 figurándola como una secuencia de actos violatorios de los derechos humanos de las comunidades fronterizas del Alto Apure.

A este relato se unió la administración Duque culpando a Venezuela del hecho que casi 5 mil migrantes venezolanos huyeran de Apure por los combates, y de «los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil», producto de la operación de la CEOFANB. Sin dejar de hacer llamados a la «comunidad internacional» mientras obvian la guerra que sostienen y alimentan.

Las operaciones de los grupos que posteriormente fueron denominados Tancol por el presidente Maduro incluyeron el uso criminal de las personas desplazadas por el narcotráfico y los enfrentamientos como escudos humanos para cruzar del lado venezolano al vecino, una táctica calificada como crimen de guerra según el Estatuto de Roma.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Bogotá divulgó un informe que señalaba cómo 72 mil 300 personas habían tenido que huir de sus hogares durante 159 emergencias de desplazamientos masivos entre enero y noviembre de 2021, un incremento de 62% en el número de eventos y de 196% en la cantidad de personas desplazadas, en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando fueron reportadas 24 mil 469 víctimas, lo que al incluir diciembre de ese año totalizó 26 mil 291.

El 78% de las personas desplazadas en Colombia pertenece a pueblos indígenas, sin embargo la narrativa mediática se enfocó en la Operación Escudo Bolivariano 2021 (Foto: Archivo)

Las causas de los desplazamientos masivos se vinculan principalmente (33%) a panfletos, llamadas y otros métodos para atemorizar a la población de amenaza por parte de Grupos Armados No Estatales (GANE) mientras que los enfrentamientos entre dichos grupos generan 24% de los desplazamientos y otro 9% se da por su hostigamiento. Apenas 26% (19 mil 229 personas) ha podido volver a sus lugares de origen, en su mayoría sin conseguir garantías de seguridad.

«Se evidencia una expansión territorial de los grupos armados no estatales (…) lo que conlleva a un incremento de los enfrentamientos y consecuentemente del impacto humanitario que se genera sobre la población civil», resaltaba el informe emitido.

Recientemente el ministro Padrino López hizo mención a los movimientos de la alianza atlántica como parte de su proyección hacia Latinoamérica, se refería en particular a los acuerdos con Colombia y al segundo entrenamiento conjunto entre las fuerzas castrenses de Brasil y Estados Unidos que se realizó en el marco de la iniciativa CORE (siglas en inglés de Operaciones Combinadas y Ejercicios de Rotación), que firmaron las partes en octubre de 2020 para “aumentar la interoperabilidad” entre sus ejércitos.

Cabe destacar que el año pasado el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, autorizó el «ingreso» y la «permanencia temporal» de un contingente de tropas estadounidenses formado por 240 militares para un entrenamiento conjunto que tuvo lugar del 28 de noviembre al 18 de diciembre en Brasil. Además de los efectivos estadounidenses, también se permitió el ingreso de «armas, accesorios, municiones, optrónica, dispositivos y sensores ópticos y equipos de comando, control y comunicación», según el decreto emitido.

***

Mucho se ha aportado desde distintos análisis acerca de cómo el supuesto abandono del Estado colombiano a los territorios fronterizos es, en realidad, parte de un plan de aumento en la eficacia del narcotráfico como «lubricante» de la economía hemisférica, principal razón del protectorado celoso de la DEA y el ejército estadounidense. De allí el poco interés en que se cumplan los acuerdos de paz y la poca atención a los desplazamientos violentos de civiles que siguen batiendo récords mientras grupos paramilitares y otros grupos como el Frente 10 de las disidencias de las FARC expanden sus zonas de influencia.

Así se van fortaleciendo sus metabolismos financieros con carteles mexicanos, bancos estadounidenses, entes del gobierno estadounidense como la DEA, actores vinculados directamente con el uribismo y nutriendo las ingentes ganancias del complejo industrial militar, corazón económico de la OTAN, lo que no es casual.

Fuente:
Misión Verdad
Etiquetas: Injerencia | OTAN | Tancol

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