Desde PIA Global advertimos al lector sobre la extensión y complejidad de esta nota, y que lo es porque el tema se lo exige. Nadie puede prometer una lectura breve de un momento en el que media docena de frentes de guerra, en apariencia distintos, empezaron a moverse como si fueran uno solo. Lo que sigue no pretende cerrar el cuadro, apenas asomarse a él con el cuidado que merece un objeto que cambia mientras se lo describe.
El incendio en la refinería lo confirmó el propio alcalde, Serguéi Sobianin, y esa planta ya venía golpeada desde junio, cuando otro ataque la había dejado sin previsión de reanudar actividad antes de 2027. En las mismas horas los hutíes reivindicaban nuevos misiles sobre Riad y sobre las instalaciones de Aramco en Yanbu, Corea del Norte disparaba dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, e Irán seguía devolviendo, con misiles propios contra buques y bases estadounidenses, cada nuevo golpe que recibe desde que en febrero le asesinaron a su líder supremo. Alemania, mientras tanto, conocía el resultado de dos elecciones regionales que hunden al partido del canciller Friedrich Merz. Cada episodio tiene su explicación local.
Leídos juntos, sin embargo, muestran algo que la sucesión de titulares tiende a ocultar. La guerra dejó de disputarse principalmente en torno a territorios y pasó a disputarse en torno a la circulación, refinerías, oleoductos, choke point, puertos, interceptores, y lo hace justo cuando el sistema agotó casi todos sus márgenes de reserva. Esa guerra por la conectividad energética no solo golpea a quien la sufre en su propio territorio.
También corroe desde adentro a quienes la imponen, la administran o la financian desde lejos, como muestran el desgaste fiscal y político de Estados Unidos y el derrumbe simultáneo de los gobiernos europeos que sostienen el rearme del continente.
El combustible como arma
En Rusia el patrón se ve con más nitidez. La Agencia Internacional de Energía estimó que en los primeros ocho meses de 2026 las refinerías rusas sufrieron, en promedio, un ataque exitoso cada tres días. Seis plantas, Omsk, Kirishi, Taneco, Volgogrado, NORSI y Perm, concentran cerca de la mitad del diésel del país, con Kirishi completamente detenida y Volgogrado y NORSI operando a un cuarto de su capacidad nominal. Las estimaciones ubican entre el 20% y el 40% de la capacidad de refinación fuera de servicio.
El Gobierno prohibió las exportaciones de diésel y de nafta hasta el 31 de enero de 2027 y compra combustible afuera, con cargamentos enviados desde India y gestiones para importar hasta 400.000 toneladas mensuales desde varios países, entre ellos Bielorrusia. A comienzos de julio 38 regiones ya habían impuesto límites a la venta, y en agosto algunas estaciones independientes superaron por primera vez los 100 rublos el litro.
Kiev sostiene que las refinerías son objetivos militares legítimos y que el estrangulamiento de la economía rusa busca forzar una negociación. Se trata de un objetivo que Kiev formula sin rodeos, lo cual no lo vuelve menos discutible, porque privar de combustible a la población civil de un país entero en pleno otoño boreal es, en los hechos, una forma de guerra económica que golpea antes que nada al ciudadano común, tenga o no responsabilidad en la guerra. Ese costo, además, se paga dos veces, porque con Ormuz bloqueado desde febrero el mundo perdió una porción enorme de su oferta de productos refinados, y el diésel ruso era una de las pocas fuentes de reposición todavía disponibles. Trump lo entendió pronto.
El domingo 13 de septiembre pidió públicamente a Volodímir Zelenski que dejara de golpear la infraestructura de diésel rusa, porque la escasez, dijo, estaba perjudicando al mundo, y al día siguiente afirmó que Moscú y Kiev habían acordado dejar de atacar sus instalaciones energéticas. Zelenski matizó que respaldaría una desescalada solo con garantías de que Rusia cumpliría. Seis días después llegó el mayor ataque lanzado hasta ahora contra Moscú, un dato que dice bastante sobre el valor de un entendimiento con semejante personaje. Zelenski anunció además el primer empleo en combate del misil balístico nacional FP-7 Pelican, un gesto con el que Kiev busca mostrar que no depende solo de lo que Occidente le entrega, aunque la pretensión de sustituir con producción propia, en plena guerra y con la industria bajo bombardeo constante, es una estupidez.
Rusia Unida, el partido de Putin, obtuvo alrededor del 57% de los votos y, según el conteo preliminar, 355 de los 450 escaños, con una participación de 56,66%, la más alta desde 1993. Esa mayoría supera los dos tercios que la Constitución exige en la Duma para tramitar reformas constitucionales. Ninguna fuerza con representación parlamentaria propuso una salida de la guerra, y el bombardeo sobre Moscú funcionó como argumento de movilización para un presidente que había pedido votar como respuesta a quienes buscan debilitar a Rusia.
Una ofensiva pensada en Kiev para producir fisuras en la retaguardia rusa terminó, en los hechos, entregándole al Kremlin un mandato reforzado. No sería la primera vez que ocurre algo así. La historia de los bombardeos sobre infraestructura civil y sobre capitales en pleno proceso electoral ofrece pocos ejemplos de que hayan quebrado la cohesión interna de un Estado atacado, y bastantes de lo contrario.
A esa presión militar se sumó el viernes 18 una presión legislativa de otro calibre. Trump firmó la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, bautizada en homenaje al funesto senador republicano fallecido en julio, que sanciona de forma explícita a Putin, a funcionarios de su gobierno, a bancos rusos y a la flota fantasma de petroleros que Moscú usa para eludir las restricciones vigentes, y que faculta además a Trump para imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de crudo y gas ruso.
Según datos del Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio, China concentró la mitad de esas exportaciones entre 2022 y agosto de 2026, e India el 37%, de modo que la ley apunta, en los hechos, más a Pekín y a Nueva Delhi que a Moscú. Zelenski celebró la firma como la legislación más importante para Ucrania aprobada por el Congreso desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Los choke point y el tiempo que no vuelve
Lo que ocurre en las refinerías rusas se suma al cierre de Ormuz y no lo sustituye. La Agencia Internacional de Energía describió esa interrupción como la mayor de la historia del mercado petrolero, con flujos de crudo y productos que pasaron de unos 20 millones de barriles diarios a casi cero. El día anterior al inicio de la guerra, el 27 de febrero, el Brent cerraba en 72,48 dólares. Este lunes cotizaba en torno a 102, después de haber tocado más de 110 la semana pasada y de un pico de 126 a fines de abril, de modo que el barril sigue entre un 40% y un 50% por encima de su nivel de preguerra pese a los sucesivos altos el fuego parciales.
Por el estrecho circulaba además una quinta parte del gas natural licuado del mundo y entre el 20% y el 30% de las exportaciones de fertilizantes, urea, amoníaco, fosfatos y azufre incluidos, una cadena que depende en gran medida de la misma infraestructura de refinación y de procesamiento de gas que hoy está bajo ataque, de modo que el golpe a las refinerías rusas y ucranianas no solo encarece el combustible sino que agrava, por la misma vía, el cuello de botella de insumos agrícolas.
Sobre ese cuadro cae ahora el freno ruso a sus exportaciones de combustibles, y cae también el deterioro de la salida alternativa del crudo saudí, que dependía del oleoducto Este-Oeste y del Mar Rojo, junto con buena parte del comercio de mercancías entre Asia y Europa que usa la misma ruta. El diésel es la variable crítica.
Mueve camiones, trenes, barcos, cosechadoras y bombas de riego, y su precio llega al alimento con un rezago de semanas o meses. En Estados Unidos superó por primera vez los seis dólares el galón y llegó a 6,27 según la AAA, casi el doble del promedio previo a la guerra, que rondaba los 3,76.
Los fertilizantes abren un segundo canal, más lento y más difícil de revertir, porque la dosis que no se aplica en la siembra no se recupera después en la cosecha. Ya en mayo, antes de que la crisis de Ormuz alcanzara su punto más agudo, la organización europea de agricultores Copa-Cogeca había advertido que la combinación del encarecimiento de fertilizantes derivado de la guerra en Ucrania con los nuevos costos de energía y logística que trae la crisis de Asia occidental, ponía en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones agrícolas europeas y amenazaba con trasladarse al precio final de los alimentos.
Un alto funcionario de la ONU advirtió después, en mayo, que más de 45 millones de personas podían quedar expuestas a una crisis alimentaria grave si no se restablecía el tránsito de fertilizantes por Ormuz, y el hemisferio sur entra ahora en su ventana de siembra de granos gruesos con fertilizantes que ya entonces registraban una fuerte alza.
El Fondo Monetario Internacional calculó en julio que pasarían entre dos y tres meses antes de que se reanude una parte significativa de los flujos de crudo una vez que Ormuz esté plenamente abierto, y advirtió sobre pérdidas permanentes de producción en pozos que no se van a reactivar por falta de financiamiento.
Para los fertilizantes, la ONU habló de un mínimo de cuatro meses. Esas cifras suponen tres condiciones que hoy no se cumplen juntas, que se despejen las minas del estrecho, que las primas de seguro de guerra bajen a valores tolerables y que cesen de forma verificable los ataques a la infraestructura energética de las tres partes, Rusia, Ucrania y el Golfo.
Faltan además los plazos que ningún acuerdo diplomático acelera, como la reparación de refinerías, empezando por la de Kapotnya, y la reposición de inventarios, que exige meses de producción por encima del consumo. Lo que sigue es entonces un juicio propio y no un dato verificable, y hay que subrayarlo. Solo si esas tres condiciones se dieran juntas a partir de octubre, el crudo podría recuperar un flujo cercano al previo hacia el primer trimestre de 2027, mientras que el diésel y su efecto sobre los alimentos seguirían tensos hasta bien avanzada la segunda mitad del año entrante, porque los alimentos responden a las cosechas y no a los precios del día.
El comercio de contenedores es un caso aparte. La crisis del Mar Rojo abierta en 2023 mostró que las navieras tardan mucho más que la política en volver a una ruta, y hoy el tránsito por Bab el-Mandeb cayó cerca de un 90% respecto de su promedio.
Yemen, el origen que no se narra
La reactivación de la guerra entre el gobierno yemení con sede en Adén, respaldado por Riad y reconocido por la ONU, y las autoridades de Saná no recomenzó en septiembre. Empezó el 13 de julio, cuando fuerzas del gobierno de Adén, en coalición con Arabia Saudita, bombardearon la pista del aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní que traía de regreso, entre otros pasajeros, a una delegación de Saná que había viajado a Teherán para el funeral del entonces líder supremo Alí Jamenei, asesinado meses antes en los primeros bombardeos de la guerra contra Irán.
Adén reivindicó el ataque como una acción propia, pero desde Saná y en buena parte de la cobertura internacional se lo atribuyó de forma directa a aviones saudíes, y esa disputa sobre cuánto de la operación fue de Adén y cuánto de Riad, tan cerrada como todas las que siguieron, marcó el tono de los meses siguientes. La tregua informal que regía desde 2022 quedó rota desde entonces, y septiembre trajo la escalada más grave desde esa fecha.
Según funcionarios del gobierno de Adén, las autoridades de Saná lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva terrestre sobre Taiz y Hodeida que terminó dejando en sus manos toda la costa yemení del Mar Rojo, el puerto de Moca, las islas Hanish y la isla de Perim, que vigila la entrada del canal occidental de Bab el-Mandeb. Pero esa ofensiva no arrancó de la nada. Arabia Saudita ya había bombardeado Saná el 30 de julio, en una campaña aérea que continuó de forma intermitente durante agosto y que Saná cita como la causa directa de sus propios ataques, al punto de que el 20 de septiembre su portavoz militar volvió a advertir que la respuesta contra Riad seguirá mientras la coalición saudí no detenga sus bombardeos sobre las posiciones hutíes.
El intercambio de agresiones es, entonces, mutuo y verificable en ambos sentidos, no una sucesión de golpes que empieza en un solo lado. Lo que no se disputa es el resultado sobre el terreno. Las unidades yemeníes entrenadas y financiadas por Riad durante casi una década retrocedieron, en algunos casos dejando armamento avanzado, y una fuente militar yemení dijo que el apoyo aéreo saudí que el Comando Central estadounidense le había prometido nunca llegó. El sábado 19 Saná reivindicó nuevos ataques con misiles balísticos, de crucero y con drones sobre Riad y sobre Aramco en Yanbu, en respuesta a los intentos criminales del enemigo saudita de atacar la capital, con una columna de humo negro visible sobre el depósito de combustible del aeropuerto internacional Rey Jalid.
La coalición saudí confirmó haber interceptado el misil dirigido a Riad y sostuvo además que neutralizó los intentos paralelos contra Yanbu, Taif, Baysh y Farasan, una versión que contradice la reivindicación de Saná sobre el depósito de combustible y que, como el resto de este intercambio, no tiene forma de saldarse desde afuera.
Sobre la navegabilidad real de Bab el-Mandeb hay varias versiones según quien las sostenga. No se declaró ningún cierre. Desde Saná se afirma que el paso es seguro para todas las navieras salvo para los buques saudíes, y Trump dijo en Dublín que la mayoría de los barcos pasa y que el problema se limita a un solo país, que no nombró. Los datos de PortWatch, la plataforma del FMI y la Universidad de Oxford, muestran otra cosa. Sobre un promedio diario de 33 buques, el tránsito cayó cerca de un 88% hacia mediados de mes, con una caída del 91% entre los petroleros y del 86% entre los portacontenedores, con banderas de Panamá, Singapur, Liberia y Etiopía entre las pocas que seguían cruzando.
El flujo semanal de cargamentos saudíes que salen del Mar Rojo se mantiene desde comienzos de agosto por debajo de un tercio de su promedio anual, y el crudo saudí que atraviesa el estrecho se desplomó a unos 400.000 barriles diarios ya en agosto. Quienes deciden no cruzar son aseguradores y armadores, por cálculo de riesgo y no por ninguna orden. Que el gobierno de Saná haya conseguido ese efecto sobre el tráfico mundial sin declarar cierre alguno, apenas demostrando capacidad de fuego sobre bases aéreas y terminales petroleras, es el hecho estratégico central. Rodear África agrega cerca de un mes de viaje al crudo con destino a Asia y encarece fletes y seguros para todos por igual.
El oleoducto, Pacto de La Meca y el corredor de Omán
El oleoducto Este-Oeste une Abqaiq con Yanbu a lo largo de unos 1.200 kilómetros y transporta cerca del 5% del petróleo mundial. Desde marzo era además la principal salida del crudo saudí sin pasar por Ormuz. Sobre su ataque no existe una atribución oficial. El jueves 10 varios drones alcanzaron el conducto en las regiones de Riad y Medina, con heridos, y Riad lo cerró de forma preventiva. El Ministerio de Exteriores saudí y Bagdad coinciden en que los aparatos salieron de territorio iraquí, y Washington los vinculó con milicias respaldadas por Irán, versión que Irak acompañó al destituir a un comandante militar propio.
Ninguna de esas fuentes es neutral, pero su coincidencia es, por ahora, la mejor evidencia disponible. El conducto ya había sido golpeado en abril, con una pérdida de unos 700.000 barriles diarios atribuida entonces a Irán, y desde Saná se habían reivindicado ataques sobre su trazado a fines de julio.
Sobre quién se beneficia, la respuesta inmediata es el Eje de la Resistencia, porque el Este-Oeste era la prueba de que el cierre de Ormuz podía sobrellevarse, y sin él la presión sobre los importadores y sobre los propios Estados del Golfo para que empujen a Washington hacia un acuerdo crece mucho. En segundo plano se benefician los productores que están fuera del Golfo y venden a precios que el conflicto sostiene, entre ellos las grandes petroleras estadounidenses, cuyas ganancias del segundo trimestre se explican por márgenes de refinación sin precedentes.
Ese razonamiento explica beneficios y no autoría, y nada de lo publicado hasta ahora sugiere la participación de un actor distinto de los que ya señalan Riad y Washington. Tampoco conviene sobrestimar el efecto de mercado. El Brent superó los 110 dólares el jueves 10 y bajó a 102 este lunes, lo que indica que los operadores descuentan una reparación relativamente rápida del conducto, aunque otros lo atribuyen también al aumento de las reservas estadounidenses de crudo.
En medio de esa semana se conoció uno de los movimientos más comentados, el retiro saudí de mBridge, la plataforma que permite a bancos centrales liquidar operaciones entre sí usando monedas digitales propias, sin pasar por el circuito de corresponsalía que hoy domina el dólar y sin depender de mensajería como SWIFT. China la impulsa junto con Hong Kong, Tailandia y Emiratos, y Arabia Saudita era miembro pleno desde 2024. La lectura tentadora es que Riad pagó por anticipado una protección militar que Washington le habría prometido a cambio.
Los hechos no la sostienen. El Banco Central saudí explicó que su participación estaba prevista para terminar el 13 de mayo de 2025 y que era limitada desde el principio, de modo que lo que cambió no fue la decisión sino el momento en que se hizo pública, justo cuando Trump amenaza con aranceles del 100% a los países que busquen alternativas al dólar. Y sobre todo, el gesto no compró nada. Mohamed bin Salmán llamó dos veces a Trump la semana pasada para pedir ataques estadounidenses contra las fuerzas de Saná y ambos pedidos fueron rechazados, mientras funcionarios estadounidenses se reunían en Mascate con representantes de Saná y Trump decía que esas mismas fuerzas se habían acercado buscando evitar un choque directo con Washington.
Lo único que Washington ofrece es colaboración logística para que más crudo saudí salga por Ormuz, según el secretario de Energía Chris Wright, no aviación contra Saná. Riad respondió tocando otras puertas, recibió inteligencia militar de Israel y un compromiso de mediación de Xi Jinping ante Teherán, y en agosto amplió su pacto de defensa mutua con Pakistán a un acuerdo de tres partes que incluye a Turquía, conocido como Acuerdo de Defensa Mutua de La Meca, por el que un ataque armado contra cualquiera de los tres países se considera un ataque contra los tres.
Ese pacto merece más precisión de la que suele recibir. No convirtió a Turquía y a Pakistán en beligerantes contra Saná, y esa distancia tiene motivos concretos. El canciller turco Hakan Fidan lo dijo con todas las letras, es inaceptable que Arabia Saudita se vea arrastrada al conflicto entre Estados Unidos e Irán, porque Riad no quiere participar en él, y Ankara tampoco. Pakistán ya había vivido este dilema en 2015, cuando Riad le pidió tropas para la primera guerra contra los hutíes y su Parlamento votó por unanimidad una neutralidad formal, con apoyo político pero sin combatientes, entre otras razones para no importar tensión sectaria propia.
El Acuerdo de La Meca protege la integridad territorial de sus firmantes frente a una agresión directa, no habilita una ofensiva conjunta contra un gobierno que ninguno de los tres reconoce como estrictamente enemigo de guerra, y ni Ankara ni Islamabad tienen incentivo para convertir una escalada regional en una guerra propia contra fuerzas respaldadas por Irán. El propio Saná subió la apuesta esta semana. Un alto funcionario del movimiento, Mohamed al Bukhaiti, advirtió que cualquier país que se sume a la agresión contra Yemen se expone a un frente de combate adicional, aunque aclaró que Saná le garantizó a Washington que no atacará buques estadounidenses. Es la misma lógica que empuja a Ankara y a Islamabad a no involucrarse.
El tercer frente que Riad trabaja en paralelo pasa por Omán, y ahí conviene enlazar con lo que ya se documentó en detalle en la nota de PIA Global sobre la geopolítica omaní ante esta crisis. Cuando la posición iraní dice que Teherán prepara con Mascate un régimen de control del tránsito, no se trata de una frase genérica.
Desde mayo el canciller omaní Badr al Busaidi recibió al viceministro iraní Kazem Gharibabadi para discutir los principios de navegación por Ormuz, y durante julio y agosto el vocero de la cancillería iraní fue narrando en conferencias semanales el avance de un corredor cuyo diseño técnico terminó precisándose así, entrada al golfo por un canal norte junto a la costa iraní bajo control de Irán, salida por un canal sur junto a la costa omaní bajo control conjunto, con cobro de tarifas por seguro, combustible y costos ambientales, en un esquema que, sin confirmación oficial de Mascate, se inspiraría en el Mecanismo de Cooperación de Malaca que rige desde 2007 el estrecho que comparten Indonesia, Malasia y Singapur.
A fines de agosto el portavoz de la Guardia Revolucionaria confirmó que Irán y Omán habían llegado a un acuerdo mutuamente aceptable sobre la proporción de control de las aguas y el reparto de ingresos, aunque fue categórico en la condición política de fondo, la reapertura plena del estrecho depende de que Estados Unidos deje de obstruir las negociaciones y respete el memorando de Islamabad.
Esta misma semana Mascate convocó una reunión regional con ocho cancilleres del Golfo y Pezeshkian anunció la firma de un acuerdo formal entre Omán e Irán sobre ese corredor conjunto, notificado a la Organización Marítima Internacional. Es la evidencia más concreta que existe de que Ormuz podría normalizarse mediante un arreglo técnico regional antes que mediante una capitulación de cualquiera de las partes mayores.
Irán, la trampa de febrero y los interceptores que faltan
La intransigencia de Irán responde a una lógica que Washington parece subestimar. Los ataques del 28 de febrero comenzaron mientras había negociaciones diplomáticas en curso y mataron al líder supremo Alí Jamenei, un antecedente que convierte, a ojos de Teherán, toda mesa abierta bajo fuego en una trampa. El alto el fuego de junio se apoyó en el Memorando de Islamabad, mediado por Pakistán, y se rompió cuando empezaron los ataques a buques mercantes en el estrecho, dos de ellos hundidos sin que nadie reivindicara la autoría.
Desde entonces la posición iraní es que no habrá conversaciones hasta que Estados Unidos cumpla lo pactado en junio. Lo dijo a mediados de mes el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, cuando Trump acababa de declarar que Irán quería un acuerdo rápido y a toda costa, y lo repite el presidente de la comisión de seguridad del Parlamento, mientras el presidente de la cámara sostiene que Ormuz seguirá cerrado hasta que esas promesas se cumplan y Teherán avanza, como se detalló, en el corredor con Omán.
Estados Unidos, por su parte, bloquea los puertos iraníes desde el 19 de junio y destruyó cinco petroleros iraníes entre el 8 y el 9 de septiembre, y anunció además sanciones de máxima presión sobre los socios comerciales de Teherán. Irán disparó misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor estadounidenses el 5 de septiembre, con versiones opuestas sobre si dieron en el blanco, y contra una base en Jordania, donde el ejército jordano dice haber derribado 18 proyectiles, además de anunciar un bombardeo sobre Al Minhad, en Emiratos, que Abu Dabi desmintió en los términos en que Teherán lo planteó.
Con partes de guerra tan cruzados de todos los bandos, cada versión debe leerse como lo que es, la voz de una de las partes, y no como un hecho establecido. Israel mantiene además operaciones en el sur del Líbano, donde lanzó una invasión terrestre en marzo.
Todos estos frentes convergen en el agotamiento de los interceptores. Ucrania recibió 675 misiles Patriot en 2023 y 364 en 2025, según cifras de Zelenski, y espera apenas 264 en 2026, mientras que sus reservas actuales están prácticamente agotadas, con más sistemas destinados a las fuerzas estadounidenses y a los aliados del Golfo. El Departamento de Estado notificó el viernes 18 al Congreso la aprobación de una posible venta de 2.680 millones de dólares en misiles, lanzadores y radares antidrones, un trámite que Kiev pidió y que todavía debe superar la revisión legislativa antes de concretarse.
Zelenski había advertido días antes que necesita mantener una proporción de dos interceptores por cada proyectil enemigo de cara al invierno, después de que la defensa antiaérea ucraniana, que llegó a interceptar el 89,9% de lo que se le disparaba en marzo, derribara solo un tercio de los más de 4.600 proyectiles rusos de agosto. El 1 de agosto, en un ataque con 35 misiles, 27 de ellos balísticos, las defensas ucranianas derribaron uno solo, y diez personas murieron en Kiev. Rusia adaptó el RM48U, un misil que originalmente era un blanco de entrenamiento, y que según la Fiscalía ucraniana representó más de la mitad de los 228 misiles balísticos e hipersónicos lanzados en julio y los primeros días de agosto.
A fines de ese mes Kiev fue atacada casi cada hora durante cinco días, con oleadas de drones a reacción seguidas de misiles balísticos. La razón de fondo es estructural, producir un misil balístico es más barato y más rápido que producir el interceptor que lo derriba, y las existencias estadounidenses, que Washington debe priorizar para proteger a sus propias fuerzas y a los aliados del Golfo, no alcanzan para sostener también a Kiev.
En el Golfo el problema es el mismo. Arabia Saudita reconoció haber destruido un misil dirigido a Riad, pero no se refirió a lo ocurrido en Yanbu, y sus autoridades hablaron de más de 80 heridos desde que se intensificó la ofensiva desde Saná y de la muerte de un residente yemení por restos de un dron interceptado sobre Taif. Desde Saná se dice haber derribado un F-15 saudí sobre Marib, algo que Riad no confirmó ni negó públicamente.
Emiratos, que recibe fuego iraní desde el inicio de la guerra, logra interceptar la mayoría pero paga con restos que caen sobre zonas habitadas y con incidentes en Fujairah, el puerto por el que Abu Dabi evita Ormuz. Del lado ruso el patrón es distinto y a la vez análogo. La defensa antiaérea rusa derribó más de 1.100 drones en una sola noche, y sin embargo la refinería de Kapotnya volvió a ser alcanzada.
Un sistema puede interceptar el 90% de lo que se le lanza y aun así perder si el 10% restante apunta a un puñado de instalaciones que no admiten reparación rápida, y la campaña ucraniana de 2026 parece diseñada sobre esa aritmética, con una refinería atacada con éxito cada tres días según la AIE.
Europa se rearma, sus gobiernos se desarman
En el flanco oriental europeo el movimiento es de otra naturaleza y su lectura exige más cuidado, porque el discurso oficial occidental habla de disuasión y defensa territorial. No hubo una orden única de movilización general en Letonia, aunque sí hubo, a lo largo del año, envíos escalonados de tropas y de blindados, como la brigada alemana instalada en Lituania o los refuerzos daneses llegados antes. Lo que existe ahora es un engrosamiento sostenido de ese proceso.
La brigada multinacional que lidera Canadá en Letonia dejó atrás la lógica del cable de tropiezo y se prepara para defender territorio, los países bálticos avanzan con su Línea de Defensa común, el presidente letón Edgars Rinkēvičs reconoció que faltan hasta 200 efectivos para aprovechar la nueva infraestructura fronteriza y evalúa cerrar Pāternieki, el único paso operativo con Bielorrusia, y Polonia extendió hasta el 29 de noviembre su zona de exclusión en esa misma frontera. Alemania envió además ingenieros para levantar el Escudo Oriental polaco, un blindaje de 800 kilómetros hacia Kaliningrado y Bielorrusia.
Este otoño Polonia recibirá maniobras con tropas británicas y francesas de la Coalición de Voluntarios, pensadas para una Ucrania de posguerra, y desde junio Merz habla de un formato E5, con Alemania, Francia, Polonia, Italia y el Reino Unido, para que Europa asuma más responsabilidad sobre su propia seguridad, una idea que todavía no tiene traducción operativa clara. Del otro lado, Bielorrusia realizó del 15 al 18 de septiembre ejercicios cerca del corredor de Suwałki y a fines de agosto había ensayado la movilización de sus reservistas.
La exposición no es igual en los tres países bálticos. Estonia viene absorbiendo desde marzo una serie de incidentes con drones sobre su territorio, uno impactó contra la central de Auvere, a dos kilómetros de la frontera rusa, y el 1 de septiembre obligó a activar alertas aéreas en ocho regiones y a movilizar los cazas F-16 turcos que rotan en la base de Ämari desde agosto, porque ni Estonia ni sus vecinos bálticos tienen flota propia de combate y dependen desde 2004 de la misión aliada de policía aérea.
El gobierno estonio instaló además los primeros equipos de detección antidrones en su frontera oriental, con el objetivo declarado de cubrir todo el país. Letonia acumula sus propios episodios, un depósito petrolero vacío de Rēzekne alcanzado por drones en mayo, otro caído en Dobročina, y dos intercepciones con derribo, una francesa en junio y otra aliada en agosto. Lituania, en cambio, no reporta incidentes aéreos de esta magnitud y su situación pasa más por la presencia terrestre permanente, la brigada blindada alemana que Berlín instaló en su territorio. Moscú acusa a los tres de colaborar con Ucrania en los ataques contra infraestructura energética rusa, algo que los tres gobiernos y la Unión Europea rechazan.
Nada de lo publicado indica que Moscú prepare un movimiento sobre ese corredor o sobre la costa báltica, y en la propia lógica rusa un ataque contra la OTAN no figura entre sus objetivos declarados ni sirve a ninguno de sus fines actuales, volcada como está a sostener el frente ucraniano y a paliar su propia crisis de combustible. El riesgo mayor no es que Rusia necesite un pretexto para actuar sobre Europa como dicen los europeos, sino que sea el propio despliegue europeo, con su acumulación de tropas, ejercicios y retórica de amenaza inminente, el que termine provocando el incidente que después se le atribuya a Moscú.
Esa arquitectura de rearme la sostienen dos gobiernos golpeados por sus propias crisis internas. En Alemania, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental la Alternativa para Alemania, la AfD, el partido de derecha, obtuvo cerca del 38% y superó por poco al SPD de Manuela Schwesig, que sacó el 35,5%, mientras la CDU de Merz cayó al 4,9% y quedó fuera del parlamento regional. En Berlín, Die Linke ganó por primera vez con alrededor del 25%, por delante de la CDU con el 19% y de la AfD con el 16%. Ocurrió apenas dos semanas después de que la AfD se acercara a la mayoría absoluta en Sajonia Anhalt. Merz calificó de desastre el resultado y rechazó renunciar. La victoria de Die Linke se apoyó en la promesa de vivienda asequible y la de la AfD en la bandera del cambio, y ambas expresan un hartazgo con un gobierno que destina cada vez más recursos a defensa mientras el costo de vida no cede.
El Reino Unido, otro pilar de esa arquitectura, atraviesa una crisis todavía más profunda. Keir Starmer renunció el 22 de junio, presionado por su propio bloque parlamentario, por el escándalo del embajador Peter Mandelson, despedido por sus vínculos pasados con Jeffrey Epstein, y por un desplome electoral que en las locales de mayo le costó al laborismo cerca de 1.500 concejales mientras Reform UK, el partido de Nigel Farage, sumaba 1.452. Andy Burnham, exalcalde de Manchester, asumió como primer ministro el 20 de julio, el séptimo en una década, en un país donde el costo de pedir prestado al Estado llegó a niveles no vistos desde 1998, la ministra de Hacienda subió impuestos en 40.000 millones de libras el año pasado y los precios de la energía y el transporte siguen deteriorados.
Burnham prometió mantener el apoyo a Ucrania sin cambios, dijo, sean cuales sean las amenazas que enfrentemos, aunque todavía debe explicar cómo financiará el objetivo de la OTAN de llevar el gasto militar al 3,5% del PIB para 2035, y enfrenta además la presión de Washington para autorizar más extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte. Es el mismo patrón que en Alemania, un gobierno que compromete cada vez más recursos a la seguridad europea mientras su propia base social se derrumba por el costo de vida y la inestabilidad institucional, con la ultraderecha como principal beneficiaria del malestar en ambos países.
Esa fragilidad no le impidió a Burnham tomar, apenas semanas después de asumir, su primera decisión militar como primer ministro. Mientras viajaba a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, confirmó que aviones cisterna Voyager británicos reabastecerán en pleno vuelo a los cazas sauditas que defienden el reino de los ataques hutíes, una misión pensada para algunas semanas y que se suma al sistema de defensa antiaérea Sky Sabre que el Reino Unido ya tenía desplegado en Arabia Saudita. Burnham la presentó como una ayuda estrictamente defensiva, limitada a interceptar drones y misiles y no a atacar posiciones hutíes, y la justificó por el interés británico en mantener abierto el tránsito por Bab el-Mandeb.
Es la misma cobertura militar directa que Trump le vino negando a Mohamed bin Salmán durante todo septiembre, y la asume ahora Londres, con su propio gobierno tambaleando, en el mismo momento en que discute cómo pagar el rearme que le exige la OTAN.
Ucrania sin urnas, Asia con misiles
Ucrania no votó y no está en condiciones de votar. El 23 de agosto Zelenski dijo que celebrar elecciones ahora sería un tsunami capaz de despedazar al país. Su estrategia, agregó, es llevar al Estado hasta el final de la guerra, y las discutiría solo si los socios garantizan una votación sin ataques ni bombardeos. La ley marcial las impide y las presidenciales debían haberse celebrado en 2024.
El planteo tiene una lógica interna difícil de refutar, porque con Kiev atacada casi cada hora nadie puede garantizar la seguridad de un centro de votación, y buena parte de la población está desplazada o bajo ocupación. Pero produce un efecto político que Moscú explota y que tanto Putin como Trump han hecho valer al reclamar elecciones, el de convertir la legitimidad ucraniana en un capital que se deprecia con el tiempo. Mijaíl Fedorov, ya destituido como ministro de Defensa, sostuvo que había que hallar una vía legal para votar y Zelenski lo cuestionó en público.
El resultado es un gobierno que negocia, o rehúsa negociar, sin poder someter a su propia sociedad el mandato para hacerlo, mientras la muerte de civiles alcanza niveles que la ONU ubica entre los más altos desde los primeros meses de la invasión.
En Asia oriental el mecanismo se repite con otros actores. Corea del Norte disparó el 12 de septiembre misiles balísticos de corto alcance, un día después de que terminara un ejercicio de cinco días de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, y volvió a hacerlo el 20 con dos misiles lanzados desde Wonsan, el primero de unos 440 kilómetros y el segundo de más de 600, según Seúl, ninguno dentro de la zona económica exclusiva japonesa.
En agosto Pionyang ya había disparado una salva pese a que Trump había ordenado reducir los ejercicios conjuntos como gesto hacia Kim Jong Un, lo que sugiere que esos gestos no alcanzan. Que Corea del Norte responda a una maniobra trilateral es previsible. Más interesante es a quién sirve la escalada. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi encabeza un gobierno que llevó el gasto de defensa al 2% del PIB, desarrolla y despliega misiles de largo alcance, autorizó la exportación de armas letales, pidió un presupuesto récord de más de 70.900 millones de dólares para 2027 y busca reformar la Constitución para incorporar a las Fuerzas de Autodefensa, en medio de las mayores movilizaciones antiguerra en décadas y con un problema aritmético, porque no reúne los dos tercios necesarios en la Cámara Alta.
A eso se suma la disputa con China, que restringió exportaciones de tierras raras y de bienes de doble uso hacia Japón. Xi Jinping viajará a Washington el 24 de septiembre en una cumbre bilateral que no forma parte de la agenda de la ONU, aunque coincide con la semana en que Trump también se reúne allí con aliados árabes, dos canales separados que no hay que confundir ni sobrecargar de simbolismo, más allá de que ambos muestran que Pekín y Washington mantienen abierto un diálogo directo mientras las crisis periféricas se agravan.
Buena parte de las oscilaciones de Trump se explica por el costo interno. El diésel alcanzó un nuevo récord de 6,45 dólares el galón según la AAA, con la nafta ya en 4,47, y ambos siguen subiendo, con elecciones de medio término en noviembre. Mientras el conductor paga, las petroleras cobran. Exxon informó 14.530 millones de dólares de ganancia en el segundo trimestre, más del doble que un año antes, con producción récord de diésel, y Chevron 12.070 millones, más de cuatro veces lo del año anterior, con un negocio de refinación seis veces más rentable pese a procesar menos crudo.
El 3 de agosto Trump exigió públicamente a las dos que bajen los precios y dijo que ganan demasiado por una escasez, después de haber ordenado en junio una investigación del Departamento de Justicia por posible especulación. La paradoja es que la escasez que enriquece a los refinadores estadounidenses es la misma que erosiona la base electoral del presidente, y que la vía más corta para aliviarla pasa por un acuerdo con Irán que Teherán no ofrece en las condiciones actuales, precisamente porque Washington no cumplió lo pactado en junio.
De ahí una Casa Blanca que le pide a Kiev frenar sus drones, rechaza intervenir militarmente en Yemen, le dice a Irán que quiere pactar rápido y destruye sus petroleros al mismo tiempo. Es un gobierno que intenta cerrar frentes por su costo interno y descubre, en cada uno de ellos, que hay actores regionales con intereses propios que no se alinean automáticamente con ese cálculo.
Cada actor golpea donde el adversario tiene menos redundancia, con herramientas baratas contra defensas caras, y cada uno tiene una razón interna para hacerlo, sea una elección, una negociación estancada o una crisis de gobierno. Las redundancias que se agotan son también las del sistema que todos necesitan para seguir funcionando.
El calendario inmediato ofrece pocas señales de desaceleración. Xi Jinping llega a Washington el 24 de septiembre, Trump se reúne esta semana con aliados árabes en la ONU, las elecciones estadounidenses de medio término llegan en noviembre, la zona de exclusión polaca vence el 29 de ese mes y las prohibiciones rusas de exportación de combustibles llegan hasta el 31 de enero de 2027. Antes de que la mayoría de esas fechas se cumplan, alguno de los actores tendrá que decidir si prefiere seguir golpeando la infraestructura ajena o volver a tener combustible propio.
Quiénes quieren la paz y quiénes no
Todo lo anterior permite ordenar, aunque sea de manera provisoria, a los actores según su relación real con el fin de la guerra, que no siempre coincide con lo que declaran. Rusia, Irán, Corea del Norte y China forman el bloque que más tiene para ganar con una paz negociada y no con la continuidad del combate, porque cada uno de ellos ya obtuvo, o está en vías de obtener, el reacomodamiento que buscaba, y porque a partir de ahora cada semana adicional de guerra les cuesta más de lo que les rinde.
Rusia renovó su mandato interno en las urnas pese al bombardeo sobre su capital, lo que le quita a Kiev el argumento de que la presión militar puede quebrarla por dentro, y ahora solo necesita tiempo y menos sanciones para reparar sus refinerías, algo que ningún avance militar adicional le acelera. Irán no negocia la paz desde la necesidad sino desde una victoria política ya consumada, la de haber resistido el intento de decapitarlo en febrero y sostenido después el pulso con Washington sin ceder el estrecho, una victoria que puede consolidarse con la militar y abrirle paso a un devenir de vida social, productiva y comercial dentro de un nuevo equilibrio de poder que la propia guerra que le impusieron terminó por darle, y el corredor que construye con Omán es la prueba de que ya está administrando ese futuro antes de que se firme ningún papel.
Corea del Norte gana margen cada vez que Japón se rearma, porque eso mismo alimenta el discurso de asedio que sostiene a Pionyang puertas adentro, de modo que ni siquiera necesita ganar nada en el terreno para salir fortalecida de esta coyuntura. Y China, cuyo despliegue de infraestructura, su dinámica comercial y su propio ciclo de desarrollo dependen de rutas abiertas y precios previsibles, es hoy el único actor con canal directo y creíble tanto en Washington como en Teherán, un lugar que solo se sostiene mientras el conflicto no escale más de lo que ya escaló. La misma lógica corre para cualquier economía grande y dinámica que viva del comercio y no de la guerra, como la India. Para todos estos, la paz no es una concesión sino la forma más eficiente de consolidar un orden multipolar que la guerra, paradójicamente, ya empezó a instalar.
Estados Unidos y el Reino Unido, el tándem que domina la gestión imperial de Occidente, están en una posición distinta, atrapados en una guerra que no siempre desearon pero de la que tampoco saben salir sin pagar un costo que consideran peor. Trump necesita bajar el precio de la nafta antes de noviembre y sabe que la vía más corta pasa por Teherán, pero cada vez que se acerca a esa mesa queda atrapado por sus propios compromisos con Israel y con los Estados del Golfo, por el peso político de sus propias petroleras, que ganan fortunas con la escasez, y por la lógica de una escalada que él mismo autorizó en febrero y que ya no controla del todo.
Burnham, con su gobierno tambaleando puertas adentro, encontró en su primera semana en el cargo la misma salida, meterse en Yemen para sostener una posición que Londres no puede pagar y que tampoco puede permitirse abandonar. Occidente, sin embargo, está lejos de preferir la guerra, la sostienen las élites que llevaron a Europa, Estados Unidos y al Reino Unido al estado calamitoso en que están hoy, y es la conveniencia de esas élites, su fuga hacia adelante, lo que mantiene el conflicto, no una necesidad objetiva de los pueblos que la pagan con el precio de la energìa y con impuestos que suben mientras las petroleras ganan fortunas.
Arabia Saudita ocupa un lugar distinto en este cuadro. Quiere, más que nadie en la región, que esto termine, porque cada semana de guerra le cuesta ingresos petroleros, rutas de exportación y estabilidad interna, pero no puede imponer esa salida por sí sola, porque depende de un aliado que le niega la cobertura militar que pide y queda entonces obligada a mendigar garantías por varias vías a la vez, con Pakistán, con Turquía, con Israel y con China.
Zelenski y Netanyahu son los dos maniacos de este cuadro, dos liderazgos para los que la continuidad de la guerra dejó de ser una circunstancia y se volvió una condición de supervivencia, no sólo política, que ninguno de los dos puede permitirse abandonar. Zelenski gobierna sin el mandato de una elección desde 2019 y sabe que el día que la guerra termine deberá rendir cuentas, ante su propia sociedad, por el costo humano y económico de estos años, algo que la ley marcial le permite posponer indefinidamente mientras el combate siga. Netanyahu enfrenta juicios propios y una coalición que depende del estado de excepción permanente, y cada apertura de un nuevo frente, en Líbano o frente a Irán, le ha servido hasta ahora para correr el foco de esa cuenta pendiente. Ninguno de los dos necesita que la guerra se gane. Les alcanza con que no termine.
Turquía, Pakistán y la India, por último, son los que miran desde el margen sin apurar una definición. Turquía firma pactos de defensa con Riad pero se niega, por boca de su propio canciller, a que eso la arrastre a una guerra contra Saná, y mientras tanto coloca a sus empresas de construcción y de defensa en cada reconstrucción posible. Pakistán repite frente a este conflicto el mismo cálculo que hizo en 2015, apoyo político pleno y compromiso militar nulo, ocupado como está en sostener su propia relación, a la vez, con Riad y con Pekín.
La India juega en los dos tableros al mismo tiempo, en febrero aceptó reducir sus compras de petróleo ruso a cambio de que Washington le bajara los aranceles del 25% al 18%, sin resignar por eso el vínculo de defensa que la ata a Moscú desde hace décadas, y en paralelo amplía su presencia naval en el puerto omaní de Duqm para asegurarse una salida propia que no dependa de ningún estrecho en disputa.
Los tres esperan a ver de qué lado conviene más quedar parado cuando el tablero finalmente se asiente, y esa misma espera, multiplicada por todos los actores que hoy dudan, es una de las razones por las que el tablero tarda tanto en asentarse. Y el tablero no termina de asentarse, sobre todo, porque ese asentamiento sigue exigiendo algo que ninguno de estos actores controla del todo, la estabilización de Líbano y una normalización en Palestina que hoy no figura en la agenda de nadie con poder de imponerla. Mientras el sur libanés siga bajo operaciones israelíes y Gaza siga sin una salida política propia, cualquier equilibrio que se alcance en Rusia, en el Golfo o en el Báltico va a seguir apoyado sobre una de sus bases más inestables.
Fuente: PIA