Leyó el documento, se asustó, y lo primero que hizo fue llevárselo a Horacio Cartes. Con Cartes armaron un equipo técnico y el 7 de septiembre tres senadores de Honor Colorado, Barrios, el presidente del Congreso Basilio Núñez y Natalicio Chase, le pidieron informes al Banco Central sobre Ueno Bank.
“Cartes fue uno de los grandes impulsores de esto”, dijo. Dos meses más tarde el banco estaba intervenido, casi tres millones de paraguayos se habían quedado sin acceso a su plata, Santiago Peña estaba destituido y preso y en el Palacio de López se sentaba Pedro Alliana, con el hombre del sobre como vice.
El papel tenía autor aunque viniera sin firma. Era el llamado Informe Rivarola, que Fernando Rivarola, gerente de Supervisión del Banco Central del Paraguay, redactó a mediados de año y en el que describía descalces patrimoniales severos y una catarata de sobregiros sin garantía a empresas del propio Grupo Vázquez.
El directorio del Banco Central, que presidía Carlos Carvallo, el mismo que antes había presidido la financiera Ueno, lo cajoneó y corrió a Rivarola de su puesto. Alguien con acceso a la cocina del regulador resolvió entonces que el informe no fuera a parar a la Fiscalía ni a la prensa. Lo mandó a la facción que controla el Partido Colorado. El recorrido de ese sobre ya explica mucho de cómo se procesa el poder en Asunción.
La versión que circula en los medios corporativos, y que la embajada de Estados Unidos convalidó callándose, es la del escándalo doméstico, un banco mal manejado y un presidente enredado en sus negocios al que su propio partido entrega para que la república siga andando. Los datos de esa versión son ciertos y el encuadre es falso, porque deja afuera el orden hemisférico dentro del cual pasó todo esto, que por otra parte salió de la crisis sin un rasguño.
Horacio Cartes recibió el informe, le quitó el respaldo a la candidatura de Alliana el 14 de octubre, se reunió con Mario Abdo Benítez después de años de denuncias cruzadas, sin que hasta hoy se conozca un acuerdo y el 5 de noviembre publicó la carta que selló el juicio político. Pocos políticos del continente dependen de Washington como él.
En julio de 2022 el Departamento de Estado lo declaró significativamente corrupto y en enero de 2023 la OFAC, la oficina del Tesoro que administra las sanciones financieras de Estados Unidos, lo metió en su lista negra junto con sus empresas, con menciones a vínculos con el financiamiento de Hezbolá. Pasó más de dos años desprendiéndose de negocios, afuera del sistema en dólares y sin visa.
El 6 de octubre de 2025, con Trump otra vez en la Casa Blanca, el Tesoro levantó las sanciones con un argumento que hay que leer despacio. Según la vocera de la embajada ya no eran compatibles con la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. En los hechos que se le imputaban no cambió nada. Cambió lo que a Washington le servía. En julio le devolvieron la visa y Cartes le agradeció a Trump su sentido de justicia.
Un político sancionado por el Tesoro vive con la soga al cuello y uno perdonado por el Tesoro también, porque la remoción de la lista no cierra el expediente, lo guarda en un cajón que se puede volver a abrir el día que haga falta. Once meses después de su rehabilitación ese hombre usó un sobre anónimo para decidir la suerte del presidente más alineado con Estados Unidos que tuvo el Paraguay en mucho tiempo.
No tenemos ninguna prueba de una orden y tampoco la necesitamos para entender cómo está armado el asunto, el que arbitró la crisis lo hizo con su prontuario archivado en Washington.
Después está el calendario. El pedido de informes es del 7 de septiembre y ese mismo mes el Banco Central abrió una investigación administrativa sobre Ueno, mientras empezaban a circular documentos filtrados con los préstamos a empresas del grupo.
El 4 de octubre los colorados perdieron Asunción y Ciudad del Este, el 14 Cartes rompió con Alliana y el 16 Fitch Ratings, una de las tres calificadoras estadounidenses que ordenan el crédito global, le puso perspectiva negativa al banco.
Entre el 19 y el 21 el vicesecretario de Estado Christopher Landau estuvo en Asunción con una delegación de empresas norteamericanas y con Juan Pablo Segura, el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, y se reunió con Peña y con Alliana.
Landau vivió en Asunción de chico, entre 1972 y 1977, cuando su padre George Landau era el embajador ante la dictadura de Stroessner. Se tomó el trabajo de aclarar en las redes que su paso por el Paraguay no era una escala camino a Buenos Aires, que se quedaba tres días, uno más que en la Argentina.
Cuando Landau aterrizó, el banco con más clientes del país estaba bajo sumario. Sus bonos, colocados en Wall Street en marzo por J.P. Morgan y Bank of America, cotizaban alrededor de ochenta y siete centavos, la facción que manda en el partido de gobierno había roto con el presidente y el regulador tenía guardado un informe que anunciaba la quiebra.
Para suponer que el número dos del Departamento de Estado llegó a ciegas habría que creer que la embajada, el agregado del Tesoro y los dos bancos que colocaron esos papeles no hablan entre sí. Washington tenía el mapa de la crisis dos semanas antes del derrumbe y no movió un dedo por Peña.
Se sacó fotos con Alliana, que pocos días antes había estado en el Departamento de Estado en la firma del memorando de cooperación nuclear civil entre Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano. Al sucesor lo venían cultivando antes de que cayera el titular.
La insolvencia de Ueno fue durante meses un secreto de Estado en el sentido más literal. Estaba en el Informe Rivarola desde mitad de año, en el pedido del Senado desde septiembre y en la cotización de los bonos desde octubre. Los clientes se enteraron a las tres y veinticuatro de la madrugada del 3 de noviembre, por un posteo del Banco Central en X. Lo que pasó en el medio con esa información todavía no se sabe entero, pero hay indicios de que no se quedó dentro del Paraguay.
El periodista económico argentino Carlos Burgueño difundió que más de mil argentinos con cuenta en Ueno habrían sacado su plata antes de la intervención y habló de una posible cadena de comunicaciones entre autoridades paraguayas y el gobierno de Javier Milei, con menciones al embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen, y al ministro de Economía Luis Caputo, y de gestiones de la embajada sobre fondos de la represa binacional Yacyretá.
Con esto hay que ser preciso porque es muy grave. Hasta hoy nadie mostró registros de esos retiros, ni cuántos titulares fueron ni a qué hora se hicieron las operaciones, y no aparecieron comunicaciones que prueben que Nielsen o Caputo intervinieron. El banco, además, no captaba depósitos de argentinos que buscaran guardar dólares afuera. Tal como fue formulada, la denuncia no está probada.
Lo que la rodea, en cambio, está documentado. La Nación de Buenos Aires, un diario que no tiene ningún interés en complicarle la vida a Milei, informó que la Entidad Binacional Yacyretá, que los Estados argentino y paraguayo controlan en partes iguales, estuvo a punto de depositar en Ueno y se echó atrás meses antes porque el crecimiento del banco ya despertaba sospechas.
En una administración donde el gobierno argentino ocupa la mitad de las sillas alguien evaluó a Ueno como un riesgo inaceptable cuando los ahorristas paraguayos no tenían todavía ningún motivo para dudar, y esa evaluación no se compartió con nadie. En Asunción la diputada Rocío Vallejo dijo tener información sobre retiros anticipados de gente con acceso a datos privilegiados, algunos por encima del tope de la garantía de depósitos, y anunció que la va a llevar a la Fiscalía.
El exministro de Hacienda Manuel Ferreira sospecha lo mismo. Una casa de bolsa argentina, Puente, figuraba como quinto depositante del banco, aunque asegura que su exposición era chica. Y mientras Yacyretá se salvaba por prudencia, la plata de Itaipú, la binacional que el Paraguay comparte con Brasil, quedó atrapada adentro.
Cada pieza tiene que verificarse todavía y aun así la asimetría habla sola. El que estaba metido en los circuitos de información del Estado paraguayo y de la red política que lo une con el gobierno argentino pudo, por lo menos, cubrirse. El jubilado del Instituto de Previsión Social y el repartidor con su billetera electrónica quedaron encerrados en el banco, igual que la binacional asociada a Brasil.
La información sobre la quiebra se repartió según la distancia de cada uno al poder y al alineamiento con Washington. Si lo de los funcionarios argentinos se confirma vamos a estar frente a algo bastante peor que la avivada de unos particulares, un dato reservado de un Estado soberano usado como ventaja privada dentro de la red de gobiernos alineados, que cuidó a los suyos y le dejó la cuenta a Asunción.
Esa red, además, Ueno la financiaba. Tiempo Argentino, el diario cooperativo porteño, publicó que el banco fue el patrocinador principal de la Hispanic Prosperity Gala de febrero de 2026 en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, organizada junto al propagandista español Javier Negre y con la participación, en persona o por video, de Eduardo Bolsonaro, de Milei y de Isabel Díaz Ayuso.
Esa noche Fernando Cerimedo recibió el premio al consultor político hispano del año y le agradeció a Brad Parscale, el cerebro digital de las campañas de Trump, por haberle dado su tecnología. Cerimedo era el representante latinoamericano de las empresas de Parscale, trabajó en las campañas que pusieron a Rodrigo Paz en el gobierno de Bolivia y a la derecha en el de Honduras, y hoy está preso en Bolivia acusado de haber encargado el asesinato de su expareja.
El hilo que va de esa gala a Asunción se llama Andrés Rivas. Socio de Cerimedo, fue durante el gobierno de Peña un consultor sin cargo que acompañaba al presidente y al canciller en sus viajes, se sentaba al lado de diplomáticos de carrera en Washington y entraba a reuniones con el Consejo de las Américas, la Fundación Heritage, el Instituto Republicano Internacional, el congresista Mario Díaz-Balart, la embajada de Israel y la OEA.
En abril de 2024 organizó el viaje a Taiwán de dos diputados argentinos, uno de La Libertad Avanza y otra del PRO, con los pasajes pagados por Taipéi, justo cuando la canciller Diana Mondino y el presidente del Banco Central argentino estaban en Pekín renegociando el swap con China.
La plata previsional de los trabajadores paraguayos, desviada hacia un banco asociado al presidente, terminó sosteniendo el aparato de comunicación del trumpismo en América Latina, el mismo que fabrica gobiernos alineados y que operó en el Congreso argentino contra el swap. A eso que venimos llamando guerra cognitiva hay que ponerle un precio, y en este caso lo pagaron los jubilados del IPS sin enterarse.
Sobre ese fondo se entiende por qué a Washington no le preocupó la caída de Peña, porque la arquitectura formal que construyó en el Paraguay durante su gobierno quedó intacta. En agosto de 2025 Rubio y Ramírez Lezcano firmaron el primer acuerdo de Tercer País Seguro de Estados Unidos con un país sudamericano, que convierte al Paraguay en depósito de solicitantes de asilo rechazados por Washington y que se aplicó sin pasar por el Congreso.
Los primeros deportados llegaron en abril. En diciembre se firmó el SOFA, el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que habilita la presencia temporal de militares estadounidenses con inmunidades parecidas a las diplomáticas y deja bajo jurisdicción norteamericana los delitos que cometan.
El Congreso lo ratificó en marzo, con la queja de Brasil, que sabe perfectamente que esas tropas pueden moverse sobre su frontera. Llegaron lanchas patrulleras para la Armada, en octubre se firmó el memorando nuclear, Peña reabrió la embajada en Jerusalén, defendió a Taiwán con un fervor que ni en Taipéi esperaban y metió al Paraguay en el Escudo de las Américas, el dispositivo con el que Trump agrupa a los gobiernos que le responden en el hemisferio.
Nada de eso dependía de Peña. Dependía del Partido Colorado, que tiene mayoría en las dos cámaras y que votó el SOFA, y de Alliana, que estuvo en todas las firmas. Por eso a la embajada le alcanzó un comunicado de dos frases, unas doce horas después de la jura, que Segura replicó en sus redes. Paraguay era un socio estratégico, amigo y aliado.
Ni una palabra sobre Peña, el aliado que más había viajado a Washington, y ninguna sobre la corrupción, la palabra que el Departamento de Estado había usado con tanto entusiasmo contra Cartes en 2022. En la política exterior norteamericana la lucha contra la corrupción se prende y se apaga según quién la necesite, y esta semana en Asunción nadie la necesitaba prendida.
Washington no tuvo que diseñar la caída de Ueno para quedarse con el resultado. Buena parte de su poder en la región consiste en eso, en convertir las crisis ajenas en reordenamientos propios sin mancharse, y el desenlace paraguayo le rinde por varios lados a la vez. Peña se había vuelto un pasivo.
Sus vínculos con el Grupo Vázquez estaban denunciados desde 2025, el coloradismo había perdido la capital y la segunda ciudad del país y 2028 empezaba a mostrar, por primera vez en años, un desgaste real de la marca. Lo que a Washington le importa es la continuidad del Estado colorado después de 2028 con el alineamiento intacto, y una autodepuración a dos años de las elecciones le da al partido tiempo para recomponerse con otras caras. En PIA Global lo dijimos el 5 de noviembre, en la nota sobre la autodepuración colorada, el aparato entregó un fusible para salvar la matriz. Vista desde el norte esa matriz también es la suya.
Lo que queda en pie, encima, es más dócil que lo que había. Hay una paradoja aparente en que el presidente sea el mismo hombre al que Cartes había dejado sin candidatura tres semanas antes, y se disuelve cuando se separan los planos. Alliana no llegó al Palacio de López por decisión de Cartes sino por la Constitución, que pone al vicepresidente en el lugar del presidente destituido para completar el mandato.
Lo que Cartes le había quitado el 14 de octubre era el apoyo de Honor Colorado para ser candidato en 2028, y Alliana le contestó entonces que su candidatura seguía firme y armó con Peña lo que la prensa paraguaya bautizó peñismo. Cartes podía haberlo sacado también. La oposición quería el juicio político para los dos, y fue Diputados, con los votos colorados, la que rechazó por 48 contra 30 extender la acusación al vicepresidente. Lo salvó el mismo hombre con el que acababa de romper.
Hay razones para entender por qué. Voltear a los dos habría abierto la sucesión hacia el presidente del Congreso y una pelea por el cargo con el abdismo y con la oposición, con la calle encendida y con todo el aspecto de un golpe de palacio. Dejar a Alliana tiene otra ventaja, la de tener en la presidencia a alguien que le debe la supervivencia al patrón que lo había desplazado.
Y como la vacante en la vicepresidencia se produjo en los dos últimos años del período, la Constitución le da al Congreso, por mayoría absoluta, la designación del reemplazante, un Congreso que Cartes controla. El vice es Antonio Barrios, el hombre del sobre. Alliana llega sin votos propios, sin futuro electoral asegurado y con un custodio cartista a su lado.
Es protección a cambio de subordinación. Y el árbitro real sigue siendo Cartes, con un perdón del Tesoro que se puede revocar. Cuesta imaginar un gobierno con menos margen frente a la embajada. Washington perdió un amigo entusiasta y se quedó con una estructura tutelada de los dos lados, por el patrón local y por el expediente que guarda en el Tesoro.
La llave judicial también queda del lado de allá. El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, anunció el 4 de noviembre que el Ministerio Público le va a pedir información a Estados Unidos y a Luxemburgo, donde funciona desde 2023 la controladora del ecosistema Ueno.
Los bonos se colocaron bajo las reglas del mercado norteamericano y la ruta de los dólares pasa por bancos corresponsales norteamericanos. Lo que Washington comparta, cuándo y sobre quién va a definir hasta dónde llega una investigación que según el senador Rafael Filizzola ya rastrea unas sesenta empresas vinculadas y sospecha que buena parte de la plata está afuera. Esa cooperación sirve para apretar a toda la élite paraguaya, y llegado el caso a los argentinos de la red. Es lawfare a distancia, sin jueces propios.
En lo financiero el agujero del IPS, que tenía unos trescientos cincuenta y cinco millones de dólares en Ueno, cerca del nueve por ciento de su cartera, reabre la discusión previsional en el peor momento, con la caja dañada. El grado de inversión que el peñismo exhibía como trofeo queda en observación y Moody’s ya habló de debilidades de gobernanza.
Un país que tiene que recuperar la confianza de los mercados acepta condiciones con más facilidad. Y los casi tres millones de clientes que Ueno había bancarizado siguen ahí, con sus datos y con la infraestructura digital que los contenía, a la espera de que alguien se quede con esa cartera.
Donde la apuesta es de más largo aliento es en el tablero con China. El Paraguay no tiene relaciones con Pekín y sin embargo China ya es su principal proveedor y concentra más de un tercio de sus importaciones, mientras el agronegocio paraguayo reclama hace años acceso directo a ese mercado.
El reconocimiento a Taiwán, el último en Sudamérica, es una de las piezas que Washington más cuida en el Cono Sur y depende por completo de la hegemonía colorada. Un partido que llegara a 2028 arrastrando a un presidente hundido en el escándalo podía perder frente a una oposición más pragmática con China.
Uno que se limpia dos años antes y le carga la culpa a un individuo tiene mejores chances de conservar el gobierno y con él la excepción taiwanesa. Que el operador de Peña haya sido además el que organizaba el lobby taiwanés en el Congreso argentino muestra que esto nunca fue un detalle.
Y está Brasil, que es en realidad el interlocutor de cualquier estrategia norteamericana en esta parte del continente. Con el SOFA la presencia militar estadounidense queda habilitada sobre la frontera brasileña, y la Triple Frontera vuelve a ser presentada como nido de narcotráfico y de financiamiento de Hezbolá, la misma acusación que Washington le hizo a Cartes en 2023 y archivó en 2025 cuando dejó de convenirle.
La narcotización funciona así, como un argumento que se saca y se guarda según lo que pida la militarización. Lula eligió la prudencia, felicitó a Alliana, lo invitó a Brasilia y dejó que el Itamaraty hablara de asunto interno. Es una prudencia comprensible y también bastante resignada, porque Brasilia prefiere un gobierno colorado débil a un vacío que la embajada norteamericana llene sola.
El momento en que todo esto ocurrió dice algo sobre la forma que toma hoy la injerencia. Ueno cayó en las horas previas a las elecciones de medio término en Estados Unidos y Peña fue destituido mientras el trumpismo digería la pérdida de las dos cámaras. Un imperio en declinación, con dos años de gobierno dividido por delante, no gestiona la región poniendo el cuerpo.
Lo hace por delegación, apoyado en gobiernos locales que firman acuerdos de tropas, reciben deportados, sostienen a Taiwán y votan en bloque en los foros, y ese es el corazón del redespliegue hemisférico que venimos llamando doctrina Donroe. Cuando un delegado se quema no se lo rescata, se lo reemplaza. Washington ya no tiene la capacidad, o las ganas, de cuidar la suerte personal de los suyos, le alcanza con cuidar la arquitectura, y Peña lo aprendió en tres días.
En junio de 2012 el mismo juicio político sirvió para sacar en cuarenta y ocho horas a Fernando Lugo, que había incomodado a los terratenientes y había puesto sobre la mesa la renegociación de Itaipú, y Washington se cuidó mucho de llamarlo golpe. Aquella vez la injerencia operó contra un gobierno que se salía del alineamiento.
Esta vez operó adentro del alineamiento, como mantenimiento de rutina. La herramienta es la misma, la dirección es otra, y en los dos casos la potencia del norte salió con lo que necesitaba sin firmar una sola declaración comprometedora.
Ueno fue un saqueo de fondos públicos organizado desde el poder, como nos dijo Carlos Filizzola en la (nota de PIA 6 nov) y fue la gente en la calle, ahorristas, jubilados y laburantes de aplicaciones, la que le cerró a Peña la salida de la renuncia con fueros de senador vitalicio. Lorena Soler y Florencia Prego mostraron en el (nota del 7 nov) cómo la promesa de la democratización financiera terminó convertida en materia del libelo.
Esa irrupción de abajo es lo único realmente nuevo de esta crisis, y justamente por eso hay que mirar el tablero completo. En 2028 hay elecciones. Si la calle paraguaya solo ve a Peña y a los Vázquez, el régimen le va a entregar esas dos cabezas y va a seguir como si nada, con el SOFA vigente, Taiwán en su lugar y Cartes en la calle España. Si ve también el camino que va del sobre anónimo a la vicepresidencia y de las cajas jubilatorias a Mar-a-Lago, la pelea deja de ser por un banco y pasa a ser por la soberanía.
Fuente: PIA