En un momento de máxima convulsión a nivel global, marcados por el retorno prepotente de la hegemonía estadounidense y el avance de la extrema derecha en América Latina, volver a la historia de los movimientos emancipadores, a los recodos más complejos de la lucha de clases y a los héroes de la independencia continental resulta un ejercicio tan urgente como profecético. Y es precisamente en este horizonte donde cada 3 de octubre se recuerda el nacimiento de Francisco Morazán en Tegucigalpa, una fecha que sirve para interrogar el destino político de Centroamérica y el significado profundo de la soberanía.
Para comprender la magnitud de su proyecto y las razones por las cuales sus ideas siguen incomodando a las oligarquías, es necesario detenerse en el complejo escenario geopolítico de las primeras décadas del siglo XIX. La independencia formal de la Corona española, proclamada en 1821, no supuso de manera automática una transformación social, sino la apertura de una pugna feroz entre los sectores que aspiraban a conservar los privilegios coloniales y aquellos que intentaban fundar un orden republicano y soberano.
Para entender a Morazán hay que partir de sus propios orígenes y del territorio desde el que emergió. Nacido en el seno de una familia criolla de clase media, con raíces corsas por parte de su abuelo paterno, estaba muy lejos de las grandes fortunas de la aristocracia colonial o del poder comercial terrateniente. A principios del siglo XIX, la provincia de Honduras era una región profundamente empobrecida, montañosa, marcada por una economía de subsistencia, una minería decaída y una total ausencia de vías de comunicación que la fragmentaba en feudos de caciques locales. Esa condición periférica, lejos de debilitar su visión, le permitió a Morazán comprender antes que nadie que Honduras y el resto de provincias eran inviables como republiquetas aisladas y que su única defensa frente al asedio exterior era la integración regional.
En ese tablero, el istmo quedó atrapado en una encrucijada crítica. Mientras en México los curas revolucionarios Miguel Hidalgo y José María Morelos habían levantado a los indígenas y campesinos contra el sistema colonial exigiendo la abolición de la esclavitud y la restitución de la tierra – anticipando las grandes banderas agrarias que un siglo después volvería a abanderar Emiliano Zapata -, y Simón Bolívar trazaba estrategias continentales para blindar la independencia, las élites centroamericanas actuaron con pánico a la movilización popular.
Frente a los anhelos emancipadores, se impusieron los próceres de cartón piedra que la historiografía oficial suele edulcorar: los firmantes oligárquicos del acta de independencia de 1821 y figuras como Agustín de Iturbide, cuyo imperio mexicano buscó frenar la revolución desde abajo, o el caudillo Rafael Carrera en Guatemala, convertido en ariete reaccionario para dinamitar la federación y restaurar los fueros de la Iglesia.
Desde esa periferia hondureña, la vida revolucionaria de Morazán se labró a pulso mediante gestas militares y políticas de una audacia extraordinaria. Su capacidad táctica quedó demostrada de manera luminosa en julio de 1828 durante la defensa heroica de San Salvador: al frente de un ejército muy inferior en número y recursos, sitiado por las tropas federales conservadoras, logró romper el cerco con maniobras brillantes y derrotar al enemigo en la célebre Batalla de El Gualcho, un triunfo que desató la esperanza popular en todo el istmo. Aquella victoria le abrió el camino para dar el salto definitivo en 1829, cuando marchó al frente del Ejército Aliado Protector de la Ley sobre la ciudad de Guatemala, derrotó al régimen conservador y asumió la presidencia de la República Federal de Centroamérica, uniendo bajo un mismo pacto constitucional a lo que hoy son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Lejos de ocupar los despachos para administrar el statu quo, Morazán desató una profunda revolución social y cultural. Durante su mandato federal, dictó decretos radicales que ordenaban la expulsión de las órdenes eclesiásticas más reaccionarias y el confiscamiento de sus vastas propiedades territoriales y bienes improductivos, destinando esos recursos a crear el primer sistema de instrucción pública gratuita, laica y obligatoria en la región. Su programa abolió los privilegios feudales, secularizó la enseñanza y protegió las tierras comunales campesinas frente a la voracidad de los latifundistas.
Su proyecto compartía con Simón Bolívar —con quien, a pesar de no haber existido constancia de un encuentro personal ni pruebas de que se conocieran directamente, coincidieron en vida durante treinta y ocho años y en una misma visión estratégica— la convicción radical de que América Latina o actuaba como un bloque unificado frente a las ambiciones imperiales o se condenaba a la condición de colonia periférica, acosada tanto por el viejo imperio británico como por la naciente voracidad norteamericana. Sin embargo, la alianza entre la alta jerarquía eclesiástica, el capital comercial y las oligarquías provinciales prefirió destruir la federación antes que perder sus privilegios estamentales.
Traicionado y derrotado militarmente por la reacción conservadora, Morazán fue capturado y fusilado en San José de Costa Rica en septiembre de 1842. Lejos de implorar clemencia ante el pelotón de fusilamiento, mantuvo una entereza revolucionaria absoluta, corrigiendo personalmente a los inexpertos oficiales sobre cómo debían apuntar para asegurar su muerte, y dictó antes de expirar un testamento político profético que advertía sobre el peligro mortal de la desunión. Su ejecución no restableció ningún orden virtuoso, sino que abrió la puerta a la consumación definitiva del fraccionamiento que las élites ansiaban.
La República Federal se desintegró por completo y las cinco provincias se convirtieron en repúblicas soberanas pero estructuralmente débiles, balcanizadas y enemistadas mediante guerras fronterizas fomentadas por los caciques locales. Al romperse el mercado interno unificado, ninguna de estas repúblicas tenía la escala para sostener una verdadera soberanía, naciendo como Estados fallidos administrados por castas terratenientes que usaron el aparato estatal como botín.
En el plano interno triunfó el bloque conservador más reaccionario: se devolvieron los fueros a la Iglesia, se abortó la reforma agraria y las tierras comunales fueron masivamente expropiadas para los grandes monocultivos agroexportadores del café y el banano. La advertencia del testamento morazanista se cumplió de manera quirúrgica cuando Gran Bretaña consolidó su hegemonía comercial imponiendo deudas leoninas y, posteriormente, Estados Unidos tomó el relevo con la diplomacia de las cañoneras y las corporaciones bananeras, convirtiendo al istmo en un archipiélago de factorías neocoloniales.
Esa arquitectura de dominación imperial no ha dejado de mutar para aplastar cada intento de emancipación popular. Tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, la historia contemporánea de Honduras abrió una fase de durísima resistencia que desembocó en la llegada al gobierno de las fuerzas progresistas con Xiomara Castro. Sin embargo, este ciclo de soberanía y dignidad popular chocó de inmediato contra la maquinaria de restauración conservadora. En los procesos electorales, los centros de poder de Washington, la embajada estadounidense y las oligarquías locales perfeccionaron un sistema de fraudes tecnológicos, apagones informáticos en el sistema de transmisión de resultados y manipulación institucional de los órganos electorales. A través de este fraude orquestado y de operaciones de injerencia descarada para blindar los intereses de la derecha tradicional, los herederos políticos de aquellos viejos caciques reaccionarios lograron arrebatar el poder al bloque popular. Con el retorno de los sectores conservadores al Palacio José Cecilio del Valle, se reimplantaron los viejos vicios del vasallaje geopolítico, devolviendo a Honduras a la condición de base militar subordinada al Comando Sur y de territorio entregado al capital transnacional. Demostrando una vez más la vigencia de la advertencia histórica, el despojo institucional y la tragedia de las migraciones forzadas continúan siendo el saldo trágico de una soberanía cercenada. Frente a este panorama de saqueo, la vigencia del morazanismo no habita en los bustos de bronce de las plazas oficiales, sino en las luchas de los movimientos sociales, en la resistencia campesina e indígena por el territorio, y en la convicción inquebrantable de que la soberanía de Nuestra América solo podrá germinar mediante la integración continental y la ruptura radical con el capital.
Fuente: Resumen Latinoamericano