La denominada “Constitución negra”, fue aquella impulsada por el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno en 1869. En ella se estipulaba que sólo los católicos podían acceder a la ciudadanía del Ecuador. La Iglesia, junto a los terratenientes, fue durante mucho tiempo la dueña absoluta del país del centro del mundo, y con el gobierno del dictador clerical con mucha más razón.

A propósito, estaba en lo cierto el gran intelectual y revolucionario ambateño Juan Montalvo cuando sobre el dictador expresó: “García Moreno dividió al pueblo ecuatoriano en tres partes iguales: la una la dedicó a la muerte, la otra al destierro, la última a la servidumbre…».

Y pese a este ambiente de opresión inaudita, en 1871 se produjo una insurrección campesina que conmocionó la sierra ecuatoriana. Los indígenas del pueblo de Yaruquíes, cerca de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se alzaron en armas contra las autoridades.

Eran tantos los abusos del gobierno, la Iglesia y los terratenientes que la situación se tornaba insostenible para las comunidades originarias. Por ejemplo, García Moreno, dos años antes, había promulgado un decreto por el cual los indios debían trabajar gratuitamente dos días por semana como obreros en la construcción de carreteras; y si no lo hacían, tenían que pagar con dinero de su peculio el valor del jornal respectivo. Como si fuera poco, a esto se sumaba la tremenda carga de impuestos, entre ellos la llamada “contribución decimal” para la Iglesia, que se aplicaba con absoluta discrecionalidad por parte de los inescrupulosos recaudadores. Cuando los “contribuyentes” no podían cancelar sus impuestos, lisa y llanamente pasaban a convertirse en esclavos de los grandes latifundistas.

La insurrección, como consecuencia de todas estas injusticias, fue creciendo paulatinamente en toda la región. Al mando del levantamiento y por elección popular fue designado Fernando Daquilema como «Ñucanchi Jatun Apu» (Nuestro Gran Señor). Otra líder que se destacaría sería la capitana Manuela León.

Ante esta situación, el gobierno respondió con premura y la represión no se hizo esperar. El presidente García Moreno ordenó el estado de sitio en la provincia de Chimborazo, desatándose una feroz “cacería de indios”. Así fue que sin contemplación alguna se implementó el método del terror: masacres, violación, incendio de pueblos y ejecuciones en masa se llevaron a cabo en toda la zona del conflicto.

Ante tanta barbarie perpetrada por el ejército y las autoridades, Daquilema y otros jefes se entregaron a las autoridades pensando que así se apaciguaría la represión. Pero no fue así, como era previsible el «Ñucanchi Jatun Apu» fue declarado asesino y el 8 de abril en la plaza de Yaruquíes, a las 11 de la mañana, fusilado. Unos días antes, el mismo destino tuvo su valiente lugarteniente Manuela León.

Muchos de esos indígenas que combatieron con Daquilema, años después, engrosarán las filas del ejército revolucionario de Eloy Alfaro.

El 5 de noviembre de 2010, el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, por resolución tomada por unanimidad, declaró héroe y heroína del Ecuador a Fernando Daquilema y Manuela León.