Se celebró la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, de la cual se ha desprendido distintos comentarios y análisis surgidos desde la previa (incluidos los publicados en nuestra tribuna), dando señales de lo que pudiera concretarse en tal encuentro.

El presidente colombiano Gustavo Petro, promotor de esta iniciativa, inició la instalación de la Conferencia comentando que existen dos procesos importantes en la región: el proceso de paz en Colombia y el proceso político de diálogo en Venezuela; de la suerte de esos procesos dependen ambos países.

Luego, Petro hizo referencias históricas sobre las luchas latinoamericanas y la época de las dictaduras en el continente, señalando que aquella Convención Americana sobre Derechos Humanos no fue suficiente para responder a esos procesos políticos: «El papel firmado por todos los presidentes y vuelto leyes en los Congresos, y edificado como base en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), fue pura retórica y discursos hundidos por los tanques y los fusiles».

El mandatario hizo un llamado para reconstruir el camino para la paz y la democracia en el continente, proponiendo que debe fortalecerse el SIDH, propuesta y recomendación del gobierno colombiano: «Que sea nuestro gran pacto democrático (…) le he pedido al gobierno venezolano que ingrese a ese Sistema (…) y que por allí podamos encontrar las formas para una mejor democracia».

Al respecto, el mandatario considera que si bien hay «dos rieles» andando al mismo tiempo, como él refiere, hablando del cronograma electoral venezolano con garantías y el levantamiento de «sanciones» contra Venezuela, sugiere que espera que todo comenzara con el reingreso de Venezuela al SIDH.

Llaman la atención los siguientes elementos del discurso de Petro:

1. El enfoque general del discurso fue en torno a la «importancia» del SIDH en la región, mientras que el levantamiento de «sanciones» se trató de manera superficial, tomando en cuenta que es la principal demanda del gobierno venezolano. No es un llamado por capricho, se ha demostrado desde distintos espacios internacionales y nacionales el impacto de las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses a los países objetivos. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021 lo decían: «Las sanciones frenan el desarrollo de los países, frenan también a las personas, y en un mundo en vías de globalización, eso perjudica a todos».
2. Resulta confuso que después de describir los conatos de violación a la democracia latinoamericana en épocas de dictaduras, y de lo poco que hizo el flamante SIDH con su Convención y la coleta que arrastra, ¿cómo podría funcionar ahora ese Sistema? ¿Qué garantías ofrece? Un ejemplo reciente: Perú continúa con una crisis política y no ha salido a relucir ese Sistema; tampoco cuando sucedieron los golpes de Estado en la región en este siglo.
   
   Si el primer paso propuesto es que Venezuela reingrese a ese Sistema, y que esto sea lo que defina lo que viene después en los «dos rieles», se trataría de un paso en falso en torno a un sistema que se quedó corto como mecanismo de solución a las problemáticas de la región, y que además ha sido exprimido por los intereses regionales de Estados Unidos. La historia lo demuestra.
3. Cuando se habla de las garantías electorales y de la publicación de un calendario electoral, tanto a nivel discursivo como con la propuesta de una facción en las negociaciones, Petro expone la percepción de que en Venezuela no se celebran elecciones «justas y libres», quitando el enorme peso político y técnico de los más de 20 comicios en Venezuela desde 1999.

En cuanto a la declaración final, los puntos más resaltantes basados en los «dos rieles» propuestos por el presidente Petro son:

• La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos.
• Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas «sanciones». Se tendría que revisar los pasos acordados, y una vez más, si realmente existen las garantías para ello.
• Y que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela. El Estado venezolano está en espera de esa implementación desde hace más de cuatro meses, lo que ha impedido el avance de los mecanismos de diálogo y negociación en el país norteamericano.

No sería la primera vez que se lleva a cabo una suerte de «Conferencia sobre el Proceso Político en Venezuela»: en 2019, durante el pleno apogeo del «proyecto Guaidó», se hizo una cumbre en Montevideo por iniciativa de los gobiernos de México y Uruguay. El saldo que dejó esa conferencia fue ambiguo, y solo se destaca que de allí surgió un Grupo Internacional de Contacto que participó en algunos acercamientos entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

Esta vez, la Cumbre de Bogotá (así llamada por algunas vocerías) no tuvo una trascendencia oportuna para el contexto y los temas centrales que interesan a las partes, sobre todo al gobierno venezolano, no fueron atendidos como lo solicitaba la convocatoria. Un escenario en el que la Casa Blanca continúe con su política exterior sobre Venezuela y no se comprometa con un cambio relativo a las casi mil «sanciones» firmadas contra nuestro país conduce a la conclusión de que la Conferencia fue un fracaso.

Si bien las intenciones del evento fueron loables, e incluso el punto central (el bloqueo) tuvo protagonismo en el discurso del presidente Petro, cuando afirmaba que «la sociedad venezolana no quiere sanciones (…) América no puede ser un espacio de sanciones sino de libertad», esta no fue la premisa conclusiva en la declaración final.

El levantamiento (progresivo) de las «sanciones» es el único punto de partida para este proceso político, aun cuando en la práctica llevar a cabo tal faena sea mucho más complicado a lo interno de la institucionalidad y la política estadounidenses. Sin embargo, en Washington, D.C. se encuentra la principal toma de decisión para el destrabamiento del diálogo en el conflicto político venezolano.

En ese sentido, la declaración final de la Conferencia es contradictoria. En su segundo punto indica que «los pasos acordados vayan en paralelo con el levantamiento de todas las sanciones» (proposición estadounidense, de acuerdo con las declaraciones del viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer), aun cuando son las sanciones las que impiden que haya «pasos acordados». Se trata de una contradicción fundamental y, por lo tanto, es un signo de que el evento en Bogotá no tendrá una trascendencia inmediata.