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22/08/23
Temas: Conflictos
Regiones: Ecuador
Narcopolítica y necropolítica en Ecuador
Por Misión Verdad

La segunda vuelta electoral en Ecuador tendrá como protagonistas a Luisa González, candidata por Movimiento Revolución Ciudadana, y al empresario Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional. La cita será el próximo 15 de octubre en medio de una constante conmoción producto de la violencia política vivida en los últimos meses.

Luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto, se sumó el del militante del Movimiento Revolución Ciudadana, Pedro Briones, quien murió por impacto de bala el 14 de agosto tras una emboscada en su residencia en el norte del país.

En julio, los homicidios de Agustín Intriago, alcalde de Manta, y de Rider Sánchez, candidato a legislador, ocurrieron asimismo en el marco de la campaña electoral.

Todos estos casos están impregnados por la huella de la violencia política, heredera de la violencia criminal que viene en auge en el país sudamericano. Pero que es oriunda de Norteamérica, desde donde se formó un corredor del narcotráfico que atraviesa la costa del Pacífico hasta el ecuador continental, desde donde se han expandido los mercados hacia los continentes asiático y oceánico.

EL NARCOTRÁFICO EN AUGE

La guerra contra el narcotráfico en las Américas está marcada por las operaciones de Estados Unidos en todo el continente, con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Comando Sur desplegados a lo largo de toda la región, a través de la cooperación con la mayoría de países a excepción de Bolivia y Venezuela en Sudamérica.

El enfoque de la DEA impide ver el narcotráfico como una gestión política del territorio donde se desarrolla el mercado de las drogas y prioriza los datos cuantitativos de drogas incautadas, narcotraficantes capturados y bienes confiscados sin asumir una postura sistémica del asunto. Dicha visión está diseminada en la mayoría de las entidades que se dedican al combate contra el narcotráfico.

Es por ello que tanto Estados Unidos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebran el hecho de que Ecuador fue el tercer país con mayor volumen de incautaciones de droga en 2021, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos. Pero en Ecuador ha subido la tasa de homicidios al menos cuatro veces desde 2017 hasta la actualidad (ver gráfico abajo); para marzo reciente, se contabilizó un promedio de 16 asesinatos por día en este país.

La relación entre el auge del narcotráfico y la tasa de homicidios en Ecuador no parece casual: mientras mayor ha sido la producción y el tráfico de drogas en el último lustro, también así ha subido el calor de la violencia criminal.

Dos factores han sido claves para comprender la expansión del narcotráfico en el país sudamericano: el aumento de la producción de cocaína en Colombia (país vecino) y la migración de dos grandes cárteles mexicanos, de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), para dilatar sus operaciones a través del lavado de capitales criminales y la consolidación de una plataforma aérea y marítima hacia el Pacífico, habiendo instalado estructuras productivas y comerciales ilícitas en el terreno.

Además, la incursión de estos cárteles en la política ecuatoriana (aumentando la cuotas de corrupción institucional) ha dado réditos a favor de la administración del narcotráfico, lo que ha provocado una crisis de seguridad en todo el país. Pero asimismo el catecismo neoliberal aplicado por los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso brindaron un vacío estatal que se ha anegado de los intereses de los cárteles transnacionales.

Geopolíticamente, Ecuador es un centro logístico ideal para el traslado de mercancías ilícitas y cuenta con rutas que desembocan en el Océano Pacífico y tierra adentro hacia Colombia y Perú (segundo productor de cocaína en el mundo), con provecho de los afluentes del río Amazonas que derivan hacia Brasil y el norte de Sudamérica (en donde se lleva a cabo el traslado de las mercancías ilícitas hacia África y luego Europa.

El mayor atractivo para los cárteles se encuentra en las rutas marítimas de Colombia y Ecuador a México, donde el tránsito hacia el mercado estadounidense está asegurado por los grandes grupos criminales que hacen vida en el país norteamericano. Tanto Sinaloa como CJNG tienen operaciones en decenas de países, incluyendo en los continentes europeo y oceánico, y basan su poder en técnicas y patrones de fuerza, intimidación y extorsión.

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Rutas del narcotráfico de Sudamérica a Norteamérica (Foto: El Economista)

El poder que despliegan los grupos narcotraficantes en Ecuador se ha trasladado al campo político bajo métodos de violencia planificada. Los asesinatos políticos en dicho país así lo confirman, mientras las amenazas en el marco de las elecciones confirman que la crisis de seguridad no cesa de producir desestabilización y caos en el país.

NARCOPOLÍTICA Y NECROPOLÍTICA

Los fenómenos que estamos presenciando en Ecuador provienen de todo un acumulado histórico ya consolidado en Colombia y México. La narcopolítica es una realidad en tanto que los grupos criminales se han erigido como actores regidores de las condiciones de gestión de la cosa pública, sea desde el Estado a través de las prebendas, la intimidación y/o la extorsión; sea desde la imposición de una legalidad paralela que sustituye a las instituciones oficiales por otras creadas a imagen y semejanza de los cárteles.

La captación de poder político por parte del narcotráfico incrementa en Ecuador, como lo hicieron durante décadas en Colombia y México, y está teniendo consecuencias en tanto y cuanto la gestión de la vida y la muerte se convierte objetivamente en la razón administrativa fundamental de los grupos criminales para ejercer dominio y control.

De esta manera, la narcoviolencia trae consigo una necropolítica que permea la seguridad propia de los ciudadanos donde el yugo del narco se consolida.

El historiador e intelectual camerunés Achille Mbembe teorizó sobre y acuñó el término necropolítica (así como necropoder) para caracterizar y describir los mecanismos con los que se establece y mantiene control sobre quiénes pueden vivir y quiénes deben morir. Las tecnologías necropolíticas sirven al poder soberano en aras de administrar a un territorio junto con su población, donde la gestión de la muerte se correlaciona directamente con el funcionamiento de los sistemas políticos modernos.

Los conceptos de necropoder y necropolítica nos sirven aquí para ilustrar en qué medida los grupos narcotraficantes ejercen el poder allí donde establecen una soberanía política, así sea de manera directa o indirecta.

En su largo ensayo sobre necropolítica, Mbembe explica la forma en que el necropoder se manifiesta en las guerras contemporáneas, retomando el término máquina de guerra de los filósofos franceses Gilles Deleuze y Felix Guattari para analizar la situación de heteronomía (es decir, donde el soberano es exógeno del territorio donde prevalece su dominio) que rige los espacios bélicos modernos.

Con máquinas de guerra se refieren a facciones armadas que no necesariamente son ejércitos estatales, sino células difusas y polimorfas, que se forman y disuelven según las circunstancias. El terrorismo yijadista y los cuerpos paramilitares y parapoliciales de los cárteles son un vivo ejemplo de este tipo de «maquinaria social», pues -siguiendo a Mbembe- su tecnología de combate y movilidad permite a la guerra moderna ser extremadamente rápida, brutal, rentable y segura para el agresor.

La actividad constante de las máquinas de guerra resulta rentable porque permite el control de espacios con recursos valiosos y porque la actividad bélica genera deuda que resulta lucrativa para intereses privados. Los espacios ocupados quedan gobernados por un entramado de poderes fácticos (ejércitos estatales y privados, caudillos locales, grupos revolucionarios, organizaciones criminales, etc.) que hacen casi imposible determinar quién detenta el poder en un lugar específico.

Esta caracterización resulta eficiente para describir la forma en que los grandes grupos criminales operan en un contexto de extracción de recursos. El control de las poblaciones locales dan lugar a un nuevo modo de gobernar que Mbembe llama gestión de multitudes, con la cual la población es disgregada en grupos «inmovilizados», «desplazados», «neutralizados» o «exterminables», convirtiéndola en una sociedad fragmentada y en situación precaria, gestionada mediante modalidades de campos de concentración y zonas de excepción.

Mbembe analiza que las ocupaciones de este tipo son «más táctiles, más anatómicas y sensoriales», una manera sutil de sugerir que las poblaciones regidas por este tipo de administración brutal del poder está basada en una lógica de la masacre (en Ecuador, entre 2021 y 2023, se han contabilizado 14 masacres en centros penitenciarios, la mayoría originadas por disputas entre grupos criminales).

El asesinato de Fernando Villavicencio muestra la fuerza del narcotráfico, su incidencia en la estabilidad interna tanto política como social y la debilidad institucional ecuatoriana. Además, en julio pasado, líderes de las bandas que operan en Ecuador se han manifestado en redes digitales asegurando que han llegado a un acuerdo de no confrontación entre ellas para «una mejor convivencia en seguridad en el territorio ecuatoriano», aludiendo que se hizo «conjuntamente con la Policía Nacional». El dominio de la dinámica de seguridad en el país sudamericano está supeditado a los intereses de estos grupos delictivos, mientras el miedo se apodera de la sociedad ecuatoriana como una herramienta (más) de control.

El análisis del camerunés está en consonancia con lo que está ocurriendo en Ecuador y en otros países del continente (y del mundo), donde la narcopolítica actúa con las tecnologías de la necropolítica allí donde hay un interés lucrativo de gran propósito y se desea ejercer el control. La política ecuatoriana está atravesada por los mecanismos descritos y resulta un caso ejemplar para comprender los movimientos del narcotráfico continental.

Fuente:
Misión Verdad

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