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15/01/23
Regiones: Bolivia
Una mirada más cercana a la extrema derecha en Santa Cruz, Bolivia

La extrema derecha nuevamente está tratando de desatar la devastación desde su bastión en la ciudad más grande de Bolivia, Santa Cruz, en el departamento de tierras bajas del mismo nombre, esta vez para liberar de la cárcel al gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho. El gobernador cerró la ciudad durante más de un mes a finales de 2022 justo después de que los tribunales lo citaran, y no por primera vez, para declarar su versión de los hechos durante el golpe de 2019. Se negó a responder. Sin su declaración, según la justicia, no hay forma de avanzar con la causa denominada “Golpe de Estado I” que acusa a los golpistas de delitos de terrorismo. Camacho fue finalmente detenido el 28 de diciembre por  incumplimiento de cuatro citaciones. En respuesta, sus leales ahora están intentando otro cierre de Santa Cruz.

Existen muchos delitos por los que Camacho podría ser imputado, pero está a la espera de juicio en un penal de máxima seguridad por el golpe de Estado de hace más de tres años. Ese golpe se cobró la vida de decenas de civiles –la mayoría indígenas– y derrocó al presidente izquierdista Evo Morales, también indígena. Camacho lideró el golpe de Estado en el año 2019, asistido por la oligarquía del país que montó un elaborado esquema de mentiras. Los discursos histriónicos y llenos de odio de Camacho enloquecieron a millones de ciudadanos antiindígenas en todo el país. Mientras salían a las calles, Camacho pudo activar la bien engrasada maquinaria paramilitar del golpe. En los últimos días, supimos que aparentemente también financió la traición de la policía y el ejército. La época del terror comenzó meses antes de la destitución del presidente socialista Evo Morales, y Camacho siempre estuvo en el centro de la planificación. La presidenta de facto Jeanine Áñez –ahora cumpliendo condena por usurpación de la presidencia– fue amaestrada por Camacho. Porque siente que él la abandonó, Áñez acaba de revelar que Camacho era un miembro crítico de su gobierno detrás de escena. Camacho espera juicio en el departamento de La Paz.
luis fernando camacho

Un año después de la violenta expulsión de Evo Morales, la prodigiosa organización de la mayoría indígena de Bolivia forzó una votación presidencial que liberó a Bolivia del régimen golpista, en 2020. Desde entonces, los nuevos intentos de golpe con Camacho a la cabeza han sido constantes. La derecha logró que lo eligieran gobernador en Santa Cruz y ahora insisten en que siga gobernando desde la cárcel.

Camacho trajo caos y luto a Santa Cruz en noviembre pasado. La ciudad se paralizó con la violencia paramilitar en los barrios obreros. Los matones de Camacho incendiaron las sedes regionales de dos de los principales movimientos sociales de Bolivia –la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y la Federación de Trabajadores del Departamento– así como la agencia que protege las tierras públicas y los bosques. El edificio del canal de televisión del gobierno en Santa Cruz también fue asaltado, aterrorizando a periodistas y trabajadores. En un eco de la quema de tribunales electorales durante el golpe de 2019, los paramilitares atacaron el instituto encargado del censo y de la recopilación de estadísticas. Mientras iniciaban estos incendios, los paramilitares a sueldo de las élites de Santa Cruz declararon su intención de matar personas.

Algunos analistas dicen que los paramilitares de Camacho rondan los 5.000, contratados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ese club de empresarios de extrema derecha –dirigido por Camacho durante el golpe– ahora está dirigido por Rómulo Calvo, quien estaba bajo arresto domiciliario y dando discursos en la puerta de su casa. Usan el saludo nazi. La élite juvenil forma parte de su ala paramilitar llamada Unión de Jóvenes Santacruceños o UJC por sus siglas en español. Los atacantes también habían sido reclutados “debajo de los puentes”, como dijo un individuo de clase trabajadora a las cámaras de noticias, del inframundo criminal. Los periodistas afirman que las pandillas controlaban los bloqueos de la derecha. Su práctica de extorsión fue encubierta como donaciones a la causa. En un noticiero, un flaco,

La defensa policial de los pobres en Santa Cruz ha sido tibia. El comandante de la policía de la ciudad estaba en una rueda de prensa con Camacho el día del saqueo e incendio de la sede obrera. Mientras se producía esa destrucción, Camacho aseguraba ante las cámaras de los noticieros que estaba siendo perseguido. La revocación de los hechos es un procedimiento operativo estándar para la derecha, aunque su eficacia parece estar agotándose. La policía tiene instrucciones de proporcionar una barrera entre el pueblo y los paramilitares, un papel crucial y una diferencia notable con el año del golpe cuando reinó la represión de noviembre de 2019 a noviembre de 2020 y la policía sirvió como matones a sueldo de la derecha. En Santa Cruz, la derecha ahora insulta a los policías como “traidores” porque han detenido a algunos agresores en diferentes momentos.

Camacho es un maestro de las noticias falsas y la retórica fascista. Es un héroe de la derecha tanto en Miami como en Bolivia. Llamó a sus mercenarios que quemaban edificios “vecinos”, luego dijo que los movimientos sociales infligieron el daño en sus propias oficinas (donde los campesinos se alojan gratis cuando visitan la ciudad). Unas 230.000 personas de clase media abarrotaron el mitin político que consumó la parálisis de Santa Cruz en noviembre, según expertos que miden el tamaño de las multitudes. Los cabildos  o asambleas son la herramienta que utiliza Camacho para reclamar un mandato supuestamente democrático. El senador del MAS William Tórrez, un anciano, explicó: “El 13 de  noviembre un nuevo  cabildo ocurrido que violó el artículo 11 de la Constitución”. En teoría, el artículo 11 “establece una forma de democracia directa con el pueblo”, y al hacerlo, “el  cabildo  posee una característica esencial que es la deliberación”. La discusión colectiva “da a conocer las opiniones del pueblo, sus demandas y sus concepciones”. Sin embargo, en el cabildo de Santa Cruz  , “no hubo absolutamente ninguna intervención pronunciada por una sola persona” de la multitud allí reunida. uno de los  cabildosLas resoluciones de, increíblemente, dieron potestad constitucional a la llamada Comisión Interinstitucional que convocaba a la asamblea. La resolución encomendó a la Comisión Interinstitucional del sector privado llevar adelante un proyecto federalista. También exigieron la libertad de los presos que habían cometido atropellos en los días anteriores. En las semanas siguientes, el federalismo del que hablaban empezó a sonar cada vez más como una nación separada de Santa Cruz.

A lo largo de las últimas décadas, el Comité Cívico Pro-Santa Cruz ha estado golpeando sangrientamente a la gente en cada ocasión que ha tomado las calles. El llamamiento masivo del Comité se basa en el racismo. Los paramilitares violan y matan a los suyos, mucho menos a sus enemigos. Desde la era del golpe de estado que terminó en noviembre de 2020, expertos internacionales en derechos humanos han pedido arrestos y juicios contra la UJC en base a sus acciones crueles y mortales. La mayoría de ellos siguen siendo personas libres bajo la protección de la élite.

No toda la derecha de Santa Cruz está hoy con Camacho. El político conservador Vladimir Peña, exsecretario general del departamento de Santa Cruz, lo critica por creer que podría “derrotar” al gobierno nacional, al repetir la violencia callejera que engrasó las ruedas para el derrocamiento de un presidente electo constitucionalmente en 2019. “Está pensando solo en su propio beneficio político y personal”, dijo Peña, en un momento en que Camacho desafiaba una citación judicial y desafiaba al estado para que lo arrestara en Santa Cruz. “Camacho lleva bastante tiempo en una mala situación, con un pésimo historial de gobernabilidad en Santa Cruz, problemas de corrupción, su secretaria [de Salud] en la clandestinidad, huyó tras la revelación de un audio comprometedor. Con hospitales cerrados, precariedad en todo el sistema de gobierno, deterioro institucional”. Peña concluyó, “en el transcurso de un año y medio” como gobernador, Camacho “no hizo nada”.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, un político de derecha que ha revelado las prácticas corruptas de otros políticos de derecha, es otro crítico abierto de Camacho. Por eso, su casa fue atacada y su familia aterrorizada, incluida su hija embarazada con un diagnóstico de alto riesgo. Dijo que no participará en el último llamado de Calvo y Camacho para cerrar la metrópolis “porque alguien tiene que trabajar en esta ciudad”. Dirigentes de los principales gremios empresariales de Santa Cruz dijeron lo mismo recientemente, mientras observaban la huida de fábricas de la ciudad hacia otras regiones de Bolivia tras pérdidas de 780 millones de dólares estadounidenses provocadas por los bloqueos de noviembre.

Aunque la derecha esté fracturada, su polo más fascista encabezado por Camacho no es motivo de burla. El caos es siempre la palanca que usa Camacho para revivir su relevancia política. El año pasado lanzó el cierre de la ciudad supuestamente para acortar el tiempo requerido para preparar un censo preciso. Ese fue el punto de desencuentro en el que Camacho se separó de todos los alcaldes y gobernadores de Bolivia –muchos de ellos de derecha– para lanzar el llamado “paro cívico”. Fue un cierre de la ciudad por parte de los oligarcas. Trajo hambre a los pobres, mientras las élites mantenían sus fábricas en funcionamiento.

Con constantes llamados a la negociación, el gobierno nacional demostró que la insistencia de Camacho en una fecha de censo distinta iba en contra del consejo de expertos internacionales y la decisión de todos los demás políticos del país. Y antes de los resultados del censo, las autoridades del MAS concedieron mayor reparto de cargos políticos y recursos a Santa Cruz. Una grabación de audio filtrada demostró que la fecha del censo era solo un pretexto, cuando los derechistas en una reunión reconocieron que su demanda de un censo en 2023 “era una imposibilidad”.

Reconfigurando la resistencia de masas: Envolvimiento

En el departamento de Santa Cruz y también a nivel nacional, las masas están generando nuevas estrategias que marcan un cambio respecto al año golpista, y pueden señalar una salida al dominio impuesto por la extrema derecha en la ciudad de Santa Cruz.

Los pobres no intentaron sistemáticamente eliminar los bloqueos de la derecha. En cambio, los residentes del vecindario con su mayor número rodearon las calles bloqueadas.

Las tropas de choque de derecha reciben paga (y también licor y drogas ilícitas que han provocado violaciones en grupo y lesiones –incluso la muerte– en peleas entre ellos). Extorsionan sobornos en los bloqueos de calles para permitir el paso de personas. El gobernador Camacho es el autor intelectual de esta conducta, junto con la extrema derecha de la ciudad, y su llamado a la escalada elevó el número de heridos, como sabían que sucedería.

“Aquí las mujeres estamos haciendo guardia”, dijo una mujer de clase trabajadora en las barricadas levantadas un poco lejos de los bloqueos. “Nosotros también tenemos derecho a trabajar. Nuestros hijos tienen derecho a estudiar. No pueden venir aquí y atacarnos de esta manera”, dijo, rodeada de otras mujeres. “Nosotros no estamos armados, a diferencia de ellos”, mostrando a la cámara las afiladas hojas de un molinillo del tamaño de la palma de su mano y las municiones que les habían arrojado. “Dicen que esto es un paro ‘cívico’. ¡Mentiras! Mira lo que nos han traído, con la intención de matar”.

En octubre, los medios de comunicación apenas informaron sobre la caracterización de Camacho del cierre de la ciudad que estaba planeando; antes de que comenzara, declaró que sería “hermoso”. Maestro de la confusión, insiste en que las acciones de los paramilitares son pacíficas y que él y sus fuerzas son los perjudicados.

Por el contrario, se produjo un alboroto en los medios corporativos cuando los pobres de Bolivia acudieron en ayuda de sus hermanos y hermanas en Santa Cruz, pacíficamente, reclamando su derecho a hacerlo como bolivianos. La UJC los atacó cuando llegaron. Brutalizaron a los manifestantes. Cuando los habitantes de Santa Cruz exigieron el derecho al trabajo, los paramilitares desataron su furia contra ellos en sus comunidades de origen. Las marchas no pararon. De todo el vasto departamento se movilizaron miles de personas con banderas blancas. Su gran número parece haber detenido la mano de los paramilitares en varios puntos.

Cerrando de verdad

Lograr el cierre de la ciudad “con mayor seriedad” fue otra estrategia de la clase trabajadora, aunque en gran parte simbólica. La ciudad es la ubicación del sector industrial más grande de la nación y se mantuvo en el negocio, a plena capacidad operativa, a través de todos los cierres anteriores de la derecha en Santa Cruz. Esta vez, los pobres declararon que monitorearían el cierre de la ciudad por parte de las élites “de verdad”, y procedieron a cerrar el acceso a las plantas de los oligarcas corporativos, mencionando a Coca-Cola y productores nacionales de aceite de cocina y productos lácteos. Los ricos gritaron mal. Llevaron sus denuncias a los foros internacionales de la derecha global, exigiendo que se respete el derecho al trabajo de las élites mientras niegan ese mismo derecho a las mayorías.

La derecha se mantiene a flote con el respaldo de Estados Unidos. A pesar de que los pobres que votan por el socialismo superan masivamente a los seguidores neofascistas de Camacho, el gobierno actual presenta cargos con cautela. Los delincuentes de derecha en Santa Cruz han evadido en gran medida la cárcel. Hasta este momento, el sistema de justicia no ha podido montar juicios exitosos en casos de crímenes atroces contra los derechos humanos cometidos durante el año del golpe.

Unidos en la lucha, la mayoría socialista contra la derecha fascista 

En alerta prácticamente desde hace dos años, los movimientos sociales han previsto escenarios como el cierre de ciudades por parte de la derecha. “No vamos a esperar a que sea demasiado tarde”, dijo un dirigente local al canal de televisión estatal. Delegaciones de cientos de personas se dirigieron a Santa Cruz y rodearon la ciudad.

Ovidio Mamani, ejecutivo regional de la formación dirigencial de los Andes denominada Ponchos Rojos –una especie de vanguardia indígena que ha liderado históricamente insurgencias y, en el presente, sirvió como guardia presidencial y primera línea de defensa del gobierno del MAS– informó a la nación: “Se ha constituido el ejército de la juventud de los Ponchos Rojos”. Se han unido en alianza con la juventud organizada del departamento de La Paz y la juventud de la ciudad de El Alto. Como unidad, el ala juvenil de los Ponchos Rojos está entrenando junto a sus compañeros en El Alto. Lo mismo ocurre con la organización obrera de la “Jóvenes Motociclistas de la Zona Sur de K’ara K’ara” en la ciudad de Cochabamba, que protege a los pobres en lugar de atacarlos como los motociclistas paramilitares. “Están en alerta,

Esta iniciativa responde a realidades como la descrita por una mujer en el Plan 3000 –una vasta subciudad obrera de Santa Cruz– donde “aparecieron veinte matones en mi barrio gritando ‘Vamos a robar todo’. Han reclutado venezolanos, colombianos, quién sabe de dónde están trayendo todos estos delincuentes”. Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron a los paramilitares de Camacho destrozando y rompiendo la cámara. Por todos los delitos que cometieron esa noche en el Plan 3000, “No hubo una sola persona detenida. Nadie dice una palabra.

Neisa Najaya, Presidenta Departamental del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político del Beni, se enfureció: “Este pisoteo y abuso a nuestros hermanos del Plan 3000 tiene que parar. Por favor, hermano Lucho”, –estaba en una asamblea de mujeres donde el presidente “Lucho” o Luis Arce era el invitado de honor– “ayuda a estos hermanos, porque van a defender a muerte el Instrumento Político”. La oradora, una mujer mayor, vestía el vestido verde indígena del Beni. Miles se hicieron eco de sus demandas en todo el país en las reuniones de los movimientos sociales.

Flora Aguilar, jefa nacional de la Confederación de Mujeres Indígenas y Campesinas Bartolina Sisas –siempre acuna o amamanta a su hija mientras se dirige al público o levanta el puño en las fotos– le preguntó al presidente Arce, pregunta que se repite en todos lados fuera de Santa Cruz. : “¿Por qué no envías al ejército?”

El 28 de octubre , indígenas ayoreos en sus tierras ancestrales fueron amenazados por Daniel Velásquez con un látigo en la mano. Es un subgobernador designado directamente por Camacho. Muchos de los ayoreos han logrado evitar el contacto con forasteros en su vida nómada en los matorrales de Santa Cruz, que están siendo arrasados ​​por ganaderos de derecha. El subgobernador llamó a los ayoreos “llaga abierta”. La mayoría de sus víctimas eran mujeres. En varias comunidades rurales, Velásquez, sin camisa y furioso, estaba quemando las casas de las personas que protestaban por el cierre de las élites.

Las mujeres ayoreo no retrocedieron. De hecho, le quitaron su tradicional látigo o chicote  y  le hicieron una pequeña herida punzante en la espalda que, según él, es una violación a los derechos humanos. Los ayoreo han presentado una denuncia por racismo ante los tribunales del sistema interamericano de derechos humanos.

Con los ataques a los edificios del movimiento social, la ira de los trabajadores y campesinos de Bolivia alcanzó un punto álgido. El expresidente Evo Morales –quien ahora dirige el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo o MAS– instó a la población a evitar las “provocaciones” de la derecha. Políticos del MAS a nivel nacional y regional exigieron respeto a la vida e instituciones del pueblo. María Nela Prada, ministra de la Presidencia y miembro de más alto rango del gabinete, dijo a la nación que “el gobernador Camacho y Rómulo Calvo tienen las manos manchadas de sangre”, citando las muertes, el sufrimiento, el racismo, la intolerancia y el hambre que provocaron. en la parada élite de Santa Cruz.

El presidente Luis Arce insistió en que el gobierno nacional no trataría a Santa Cruz con la brutalidad ejercida por el régimen golpista. Una cierta inacción de los niveles más altos del MAS sugiere que creen que una respuesta más fuerte jugaría a favor de Camacho y reuniría a las fuerzas internacionales de la derecha en defensa de Camacho.

Camacho y sus secuaces continúan anunciando que están en camino de derrocar al gobierno nacional, más recientemente a través de un plan separatista. Los indígenas les toman la palabra. Los pobres no son en ningún grado conciliadores. Junto a Bartolina Sisas, otros movimientos sociales exigieron la militarización de la ciudad de Santa Cruz y el estado de emergencia decretado por el gobierno nacional.

“Hoy resistimos a este lanzamiento de otro golpe de Estado”, dijo Flora Aguilar de la Federación Bartolina Sisa. “No podemos darnos el lujo de esperar y ver qué harán a continuación. Queremos prisión para Camacho. Queremos prisión para Calvo. Queremos cárcel para todos los que están matando a nuestro pueblo. Lo que quieren es crear un caos total en nuestro país para dar otro golpe de Estado. El gobierno tiene que despertar. Los movimientos sociales no se pueden fragmentar. Debemos unir fuerzas y defender nuestra democracia, nuestra revolución y nuestro voto que recuperamos en las urnas”.

Hasta ahora, la paciencia del gobierno nacional y la posición de principios de los movimientos sociales han mantenido la línea. Los simpatizantes civiles de Camacho deciden quedarse en casa, en lugar de unirse a las marchas convocadas para liberar a su héroe.

Fuente:
Internacionalistas 360

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