“Mi amor, estos hijueputas me mataron”, fueron las últimas palabras que alcanzó a decirle a su esposa Mariella , que lo sostenía entre sus brazos luego de que un sicario le descargara varios disparos con una subametralladora. Fue el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá, y Bernardo Jaramillo Ossa, líder de la Unión Patriótica y candidato a la presidencia de la nación, caía asesinado a los 34 años de edad.

Bernardo había nacido en Manizales el 2 de septiembre de 1955. De muchacho se había incorporado a la Juventud Comunista Colombiana y en 1981, a los 26 años, se graduó de abogado en la Universidad de Caldas.

En 1985 se fundó la Unión Patriótica, agrupamiento político compuesto por varias fuerzas de izquierda, que incluyó a grupos insurgentes que estaban dispuestos a dejar las armas para incursionar en política por la vía pacífica. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, habían protagonizado un proceso de paz con el presidente Belisario Betancur y la UP irrumpió como una herramienta válida para la lucha política sin armas.

Pero la oligarquía colombiana, junto a militares, paramilitares y narcotraficantes, todos y cada uno de ellos asesorados por agentes estadounidenses, se opuso violentamente al surgimiento de esta fuerza progresista que iba ganando adeptos vertiginosamente. La UP nacía en un contexto político de solución al conflicto armado y levantando un programa de democracia política, justicia social, soberanía nacional y reforma agraria.

Al caer asesinado Jaime Pardo Leal, primer presidente y candidato de la UP a las elecciones de 1986, a Jaramillo le tocó ocupar su lugar. Las relaciones entre el gobierno y la insurgencia estaban rotas y los crímenes contra los dirigentes populares se incrementaban día a día.

Lo que se llevará a cabo contra la Unión Patriótica fue un verdadero genocidio. Observen las cifras: dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 de sus militantes fueron asesinados en apenas unos años.

Hoy, a 32 años del crimen, parece que algo comienza a cambiar en Colombia… esperemos que así sea.