El próximo domingo 20 de agosto, 9,4 millones de guatemaltecas y guatemaltecos , en medio de la pobreza, la violencia y la corrupción, definirán quién presidirá el país los próximos cuatro años en una segunda vuelta electoral entre la conservadora Sandra Torres, que sacó un 15,7% de los votos en la primera ronda, y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que logró el segundo lugar con el 11,8%.
El camino a la segunda ronda introdujo permanentes arremetidas desde el Poder Judicial para intentar inhabilitar al Movimiento Semilla (de Arévalo), de fuerte discurso anticorrupción, en un país donde el 48 por ciento de los niños sufre desnutrición crónica. Ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta en primera vuelta, por lo que se realizará un balotaje el 20 de agosto entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El binomio presidencial de Semilla denunció a escasos días de las elecciones una “sucia”campaña de desinformación en su contra.“Ya basta de desinformación. Estamos viendo una campaña que no solo es sucia, sino que tiene como principal vocera a una candidata presidencial”, señaló el presidenciable ante contenidos que han sido difundidos en diferentes formatos digitales, así como “insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines”.
“Es impresentable que Sandra Torres sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo”, expresó Arévalo y añadió que se trata de “un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral (…). Busca estafarlos para que voten por miedo o por información que no es verídica”.
“Los de Semilla, todos son unos afeminados y una partida de huecos. En la UNE hay hombres y mujeres definidas, aquí no hay medias tintas”, fue parte del mensaje de Torres en un mitin político en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
La mayor organización de veteranos militares de Guatemala -muchos de ellos parte del genocidio- respaldó a cinco días de las elecciones a Sandra Torres,después de haber luchado en su contra durante sus dos primeras candidaturas, lo que muestra hasta qué punto el sorprendente avance de su oponente ha sacudido la política del país.
El envión de los militares fue aprovechado por Torres, quien criticó a Arévalo por no conocer realmente a su país debido a que nació en Uruguay cuando su padre, el ex presidente Juan José Arévalo, estuvo en exilio tras el derrocamiento de su sucesor Jacobo Arbenz, en golpe respaldado por la Agencia Central de Intelgencia (CIA).
“Hoy más que nunca Guatemala está en peligro”, advirtió Torres; y agregó que Arévalo disolvería al ejército, legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo y expropiaría propiedad privada. “No queremos comunismo”, añadió. La amenaza funcionó entre los veteranos presentes, quienes aplaudieron.
Pacto de corruptos
En Guatemala, a los amigos del chanchullo también se les conoce como Pacto de Corruptos. Es decir, se trata de una alianza entre gente que ha hecho de la política un medio para estar en el lugar apropiado desde donde lucrar. Bien situados, estratégicamente colocados, hacen o acrecientan capitales a los que bien se les puede llamar botín, señala Rafael Cuevas.
La red mafiosa que constituye los amigos del chanchullo también quiere hacer mutis por el foro y se consideran injustamente perseguidos porque se les pide cuentas de crímenes que cometieron durante los más de 36 años de enfrentamiento armado en el país. Empezando por firmitas como el general Efraín Ríos Montt, genocida que, sin inmutarse, oyó en el juicio que se le siguió en los tribunales de justicia los testimonios de decenas de sobrevivientes de las masacres que se cometieron en el país cuando gobernó con pasión mesiánica, añade.
El Pacto de Corruptos pasa momentos de apremio, al no haber calculado que un contrincante no deseado, que amenaza con destramar la red de apoyo mafioso que ha construido, llegaría a la segunda ronda de las elecciones presidenciales, sus flancos más débiles se desmoronan y las ratas empiezan a huir despavoridas. En el ámbito internacional es tan grande su descrédito que han dejado de ser útiles para los poderosos de adentro y de fuera del país.
Con el control del sistema de justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, la coalición gobernante activó, después de la primera vuelta electoral, una estrategia para bloquear judicialmente al Movimiento Semilla.
Lo que vendrá
En la próxima semana el futuro de la democracia guatemalteca y del país se dirimirá en varios campos: el judicial, el electoral y en las plazas y calles. El papel de la ciudadanía será crítico y, una vez más, del pueblo dependerá la posibilidad de una nueva primavera para Guatemala, señala el antropólogo y politólogo Ricardo Sáenz de Quejada
“Berny” Arévalo tiene una ventaja de 15 puntos en la intención de voto, 43 por ciento por 28 de su rival, la candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres, en una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y Cid-Gallup, en la cual 22 por ciento respondieron que no apoyará a ninguno de los dos y siete de cada 100 anularán su voto.
El temor es cómo va a gobernar Arévalo si tiene a todas las fuerzas de la derecha corrupta aliadas en su contra. Una semana antes delos comicios,una abogada de la UNE transmitió -según un video que circula viralmente- una orden durante una sesión de capacitaciones de observadores del partido en las mesas electorales: “Es una directriz sí o sí: se van a impugnar todas las mesas electorales”.
Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos. Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios: prueba del racismo y carencia de representatividad del sistema político.
Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11) obtuvo un 15% de los votos y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), del Movimiento Semilla un 12%.
El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de “golpe de Estado técnico…una acción desesperada de grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político”.
El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos.Su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años,
De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.
Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que fue expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano.
A partir del fin de la Cicig, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales, las que determinaron su despido.
Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.
Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.
Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.
